Mientras crecen las manifestaciones en todo el mundo contra el racismo y la violencia policial, Emmanuel Macron continúa caminando a contramano, queriendo aprobar un proyecto de ley (ya tuvo aprobación inicial en la Cámara) que ataca la libertad de información y permite más violencia policial. Pero los trabajadores y el pueblo de Francia se levantaron en protestas contra eso.

Por: Asdrúbal Barboza

La policía francesa, como la norteamericana, es conocida por su racismo estructural contra los trabajadores y los inmigrantes, particularmente negros y árabes. Por eso, son constantes las noticias sobre golpizas y muertes por parte de los agentes del Estado, del aparato de represión.

Esta semana, dos nuevos casos de violencia policial escandalizaron a los franceses y el mundo. En el primero de ellos, la policía desalojó con violencia un campamento de inmigrantes, improvisado en una plaza del centro de París, persiguiendo a periodistas con cámaras y celulares. En el segundo, las cámaras de seguridad de un predio registraron la golpiza al productor musical Michel Zecler, un hombre negro, por tres policías blancos. El castigo a los agentes solo ocurrió en virtud del registro de la acción por las cámaras de seguridad del predio en que estaban.

Estos hechos ocurren en medio del debate sobre el polémico y absurdo proyecto de “Ley de Seguridad Global” hecho por el gobierno y que reprime la divulgación “malintencionada” de imágenes de policías durante sus operaciones. Este artículo servirá de pretexto para que los policías prohíban legalmente la obtención de imágenes de forma preventiva con el argumento de que ellas podrían ser maliciosas.

Si esta ley es aprobada dará al Estado el derecho de ocultar las ilegalidades que comenten sus agentes, y silenciar escándalos, injusticias y abusos de poder.

Casos como el del responsable de seguridad personal de Macron, Alexandre Benalla, que se involucró en un ataque violento a una manifestación del 1 de mayo de 2018; la muerte de Cédric Chouviat el 5 de enero de 2020, después de ser estrangulado por agentes policiales y las agresiones de Geneviève Legay, herida, con varias costillas quebradas y fractura de cráneo, por la policía, en una concentración de “chalecos amarillos” en marzo de 2019. Hechos que no vendrían a público y no serían pruebas judiciales si no hubiesen sido filmados por periodistas y testigos. En el caso de Chouviat, él mismo grabó en su celular la acción de los policías que lo detuvieron y lo mataron.

En reacción contra este proyecto, millares fueron a las calles este sábado 28 de noviembre contra la absurda “Ley”. Manifestaciones multitudinarias ocurrieron en más de 70 ciudades, desde Lille, Montpellier, Toulouse a París. Como no podía ser de otra manera, manifestantes fueron atacados por la policía y nuevamente se asistió a escenas de violencia contra los que protestaban. Según la policía, al menos nueve personas fueron presas en la capital. Por lo menos dos automóviles fueron incendiados y edificios depredados e incendiados también.

La ley presentada aún depende de aprobación en el Senado. El gobierno francés presenta como justificación para su aprobación el “combate al terrorismo”, pero eso es mentira, es de hecho un ataque más a los movimientos sociales y a los sectores más precarizados de la sociedad que están luchando por sus derechos. Pues no solo limita la libertad de expresión sino, de hecho, impide a los manifestantes producir y divulgar imágenes de policías en acciones violentas, en una actitud de autodefensa.

Partes de la ley fueron inspiradas en solicitudes hechas por los sindicatos de policías al Ministerio del Interior. Las direcciones de estos sindicatos son corporativas, formadas por jefes y agentes íntimamente ligados a la administración del Estado. En este momento, el gobierno Macron está con su prestigio disminuido por las constantes movilizaciones de los trabajadores, por eso, depende fuertemente de las fuerzas de represión; en este sentido, estos sindicatos aprovechan para hacer valer sus reivindicaciones que van contra los intereses de la clase trabajadora.

En particular tres artículos son escandalosos: uno, que permite la prisión de quien divulga imágenes de acción de la policía o de fuerzas de seguridad en general; otro, que permite el uso por la policía de imágenes de cámaras de seguridad sin autorización; y el tercero, que autoriza el uso de drones equipados con tecnología de reconocimiento facial para monitorear manifestaciones públicas.

El artículo 24 pune con un año de prisión y multa de hasta 45.000 euros la divulgación “malintencionada” de imágenes de las fuerzas de seguridad.

Mientras, todos los que actuamos en los movimientos sociales sabemos que muchos casos de violencia policial son denunciados y probados exactamente porque son grabados por las cámaras de los periodistas o por los teléfonos de los manifestantes. Los celulares se transformaron en una herramienta para contener la violencia policial, como afirma David Dufrense, periodista que compiló videos de violencia policial durante las protestas de los chalecos amarillos en 2018 y 2019.

La exigencia de los manifestantes es la derogación total de la ley, pues además de reforzar la arbitrariedad del Estado beneficiará a los que defienden la prohibición de las manifestaciones.

Macron aumenta el carácter autoritario del Estado

Al contrario de lo alegado por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, los que están contra la aprobación de esta ley no son solamente los llamados “izquierdistas islámicos” o los que defienden la “demagogia antipolicial” sino, sí, abogados, defensores de derechos humanos, controladores de la privación de la libertad y políticos de partidos burgueses que ven que están siendo atacados derechos básicos. “Con el pasar del tiempo, por elecciones económicas y sociales, la doctrina de seguridad, que hace cuarenta años es la praxis de los gobiernos conservadores, pasó a prevalecer sobre el liberalismo político. Es una amenaza que sobrevuela la propia idea de democracia”, como afirma Jean-Pierre Mognard, uno de los líderes de la campaña “Justicia” del La Repúblique em Marche (LREM).

Desde 2017, defensores de los derechos humanos, reunidos en la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos (CNCDH) se levantaron contra esa tendencia del gobierno, de ir cada vez más rigiéndose por disposiciones derogatorias de los derechos fundamentales y libertades esenciales. En 2018, el Defensor de los Derechos, Jacques Toubon, denunció el proyecto de ley de “asilo e inmigración”, entonces aprobado por Gérard Collomb, por “hacer los procedimientos más difíciles aún para los más vulnerables”. Este mismo año, Macron atacó también el derecho a la información, descalificando la ley que protegía la libertad de expresión (de julio de 1881) visando garantizar el sigilo y negocios de la burguesía.

En 2019, adoptó la ley “antiquiebra”, que restringe el derecho de manifestación violando el artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre, legalizando la brutal violencia policial contra los chalecos amarillos. Lo que fue denunciado por el Consejo de Europa para los Derechos Humanos y por la Comisaría de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como “uso excesivo de la fuerza” para reprimir la protesta social, y solicitaron al gobierno de Francia “No imponer restricciones excesivas a la libertad de reunión pacífica por medio del proyecto de ley que visa fortalecer y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones”.

Este año de 2020 Macron estableció el estado de emergencia sanitaria, con medidas restrictivas a las libertades, como el certificado de viaje despreciativo [humillante]. Y ahora este proyecto de ley de la “seguridad global”. Y el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, ya anunció la intención de modificar el código de proceso penal para juzgar “odio online”.

Contra la represión del gobierno imperialista de Macron los trabajadores precisan organizar su autodefensa

En virtud de los recientes ataques terroristas por extremistas islámicos, el gobierno Macron presenta proyectos de leyes para aumentar la seguridad del Estado y no busca combatir los elementos sociales que dan base al radicalismo religioso y sus atentados, absolutamente repudiables, pero que, desde el punto de vista estratégico, tienen como telón de fondo la política imperialista del gobierno.

Sus medidas aumentarán la impunidad de los agentes de Estado y refuerzan su tendencia autoritaria. “Con el pretexto de reforzar los valores republicanos, estamos en verdad sirviendo a los oponentes de la república, que tienen una agenda xenófoba”, denuncian los parlamentarios.

Los trabajadores franceses no pueden confiar en ningún proyecto del gobierno Macron, y sí en sus propias fuerzas. Después de asistir a la brutal violencia policial contra los chalecos amarillos, los inmigrantes y los manifestantes que realizaron la huelga general deben apostar en organizar su propia autodefensa, a partir de sus entidades de clase, su organización independiente para combatir la violencia del Estado, creando organismos que sean solidarios entre los diversos segmentos de la clase trabajadora, al mismo tiempo que combaten la represión policial y exigen castigo ejemplar de los agentes que actúen contra los trabajadores, pasando a manos de la clase el control de su seguridad, teniendo siempre la estrategia de sacar este gobierno patronal e imperialista de Macron e instituir un gobierno que sea formado por los representantes de la clase trabajadora.

Traducción: Natalia Estrada.