El 9 de febrero, una de las normas ingresadas en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constituyente de Chile, causó espanto y desató polémica tan intensa que trascendió las fronteras del país andino.

Por Daniel Sugasti

María Rivera, convencional por el Distrito 8 y dirigente del MIT, sección chilena de la LIT-CI, propuso disolver los actuales poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y substituirlos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos, instancia que concentraría el poder y estaría compuesto por representantes electos en los territorios, lugares de trabajo y entre la tropa de las FFAA, sin miembros del gran capital, iglesias ni de la oficialidad militar. Según el documento –inicialmente firmado por ocho convencionales, en su mayoría agrupados en la Coordinadora Plurinacional y Popular y una constituyente del colectivo Pueblo Constituyente–, el nuevo órgano estaría compuesto de 600 miembros, todos con mandatos revocables en cualquier momento, cuyos sueldos no podrían superar el de un obrero calificado de la Gran Minería del Cobre[1].

María justificó la propuesta con la afirmación de que “el Estado que existe hoy y sus instituciones no le sirven al pueblo trabajador y este Estado debe ser reemplazado por uno nuevo en que las decisiones estén bajo la responsabilidad de la clase trabajadora”.

La virulenta reacción, principalmente por parte de los partidos de ultraderecha y de la derecha liberal, no se hizo esperar. Un coro de empresarios, políticos y medios de prensa burgueses, indignados, tildaron la propuesta de María de “disparatada”, “descabellada”, “una locura”, etc. La norma fue rechazada en la comisión por unanimidad de 25 votos contrarios. No solo la derecha se opuso, sino también por el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, además de otros convencionales independientes o relacionados con movimientos sociales. El reformismo, cuando no, cerró filas junto con los partidos burgueses en defensa del orden establecido. La convencional del Frente Amplio, Constanza Schonhaut, escandalizada, exhortó en redes sociales “que no se siembre el pánico”, además de asegurar que la controvertida norma “está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva constitución”. Este hilo de Twitter fue luego apoyado y compartido por el presidente electo Gabriel Boric, que dejó a un lado su papel de “articulador” comedido para atacar a María Rivera.

El análisis de este caso ofrece importantes lecciones para la clase trabajadora, especialmente para los destacamentos más avanzados de luchadoras y luchadores de la revolución chilena: ¿qué revela este episodio acerca de la naturaleza del Estado, el parlamentarismo y, concretamente, sobre la postura y tarea de las y los revolucionarios en el parlamento burgués?

La defensa del Estado burgués a cualquier costo

Una primera constatación es que, cuando se trata de defender el Estado burgués y su principal sostén, las FFAA, la unidad entre todas las facciones de la burguesía nacional, y de estas con el reformismo, es completa.

En realidad, no podía ser diferente: el Estado burgués, con sus instituciones represivas e ideológicas, es el aparato indispensable de dominación en cualquier sociedad de clases. El Estado, que surge históricamente allí donde los antagonismos de clase son irreconciliables, aún bajo sus formas más “democráticas”, no pasa, según el marxismo, de “una fuerza especial, destacamentos especiales de hombres armados…”, “un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases…”[2]. De ahí que la preservación, a cualquier costo, de este aparato, es indispensable para la clase burguesa y sus agentes reformistas.

Los revolucionarios y el parlamentarismo

La polémica, más allá de las posiciones ante el contenido de la propuesta presentada por María Rivera, plantea otro problema capital para quienes nos planteamos la superación revolucionaria del capitalismo: la actitud de las y los revolucionarios ante el parlamentarismo y su actuación dentro de esa institución.

El marco teórico y de principios de la cuestión, entre otros documentos, está sintetizado en las Tesis sobre “El Partido Comunista y el parlamentarismo”, aprobadas por el segundo congreso de la Tercera Internacional Comunista en 1920[3]. Es importante retomar, aunque sea brevemente, algunos de sus fundamentos, puesto que la mayoría de la izquierda, incluso aquella que se reivindica marxista o “comunista”, los ha abandonado.

El marxismo siempre consideró que la participación de los diputados comunistas en los parlamentos burgueses consistía en utilizar esa tribuna para ampliar la agitación revolucionaria, desarrollar la consciencia de clase, en suma, para despertar “…la hostilidad de las clases proletarias contra las clases dirigentes”.

El advenimiento de la época imperialista, marcada por “guerras, crisis y revoluciones”, liquidó cualquier rasgo “progresivo” que el parlamento pudo haber tenido en la época histórica anterior, la del capitalismo no monopolista, y lo transformó definitivamente en “un instrumento de la mentira, del fraude, de la violencia, de la destrucción, de los actos de bandolerismo”.

La traición de la socialdemocracia europea que posibilitó el estallido de la primera guerra interimperialista, en 1914, selló la división infranqueable entre revolucionarios y reformistas dentro del movimiento obrero. Ante el “arribismo parlamentario, la corrupción, la traición abierta o solapada de los intereses primordiales de la clase obrera”, característicos de la socialdemocracia en bancarrota, la Tercera Internacional estableció un criterio basilar: “el centro de gravedad de la vida política actual está definitivamente fuera del marco del parlamento”.

Esto que significa que la actividad extraparlamentaria, esto es, la acción de las masas explotadas en las calles (huelgas, tomas de fábrica, movilizaciones, organización obrera, etc.) debe ser el terreno privilegiado, prioritario, de la intervención de las y los comunistas. En otras palabras, la acción electoral y parlamentaria, aunque importantes, deben subordinarse a intervención directa en la lucha de clases.

“Por eso –continúan las Tesis que venimos citando– el deber histórico inmediato de la clase obrera consiste en arrancar esos aparatos a las clases dirigentes, en romperlos, destruirlos y sustituirlos por los nuevos órganos del poder proletario”.

El parlamento burgués no es una de las formas que admitirá la sociedad futura, no es ni será parte de la concepción de la dictadura de clase del proletariado luego del triunfo de la revolución socialista. Por lo tanto, la Tercera Internacional orientaba que, si bien en general los comunistas están interesados en contar con portavoces, tribunos, de sus posiciones en las instituciones parlamentarias de la burguesía, el objetivo final de los marxistas debe ser “la abolición del parlamentarismo”. El comunismo bien puede “utilizar” el parlamento burgués para agitar sus posiciones, educar a la clase obrera y las masas explotadas en el sentido de sus intereses de clase, alentar la movilización, pero toda utilización de esta institución deberá supeditarse “a los fines de su destrucción”.

La tribuna del parlamento burgués es, en definitiva, uno de los “puntos de apoyo secundarios” de la acción revolucionaria.

Esto quiere decir que la táctica de los comunistas en los parlamentos capitalistas consiste en: “…en usar la tribuna parlamentaria con fines de agitación revolucionaria, en denunciar las maniobras del adversario, en agrupar alrededor de determinadas ideas a las masas que, sobre todo en los países atrasados, consideran a la tribuna parlamentaria con grandes ilusiones democráticas, debe estar totalmente subordinada a los objetivos y a las tareas de la lucha extraparlamentaria de las masas”.

No es necesario ahondar demasiado para comprender cuán alejada está la mayoría de la izquierda de la concepción marxista sobre el carácter del parlamento burgués.

María Rivera y el MIT en la Convención Constituyente

Si tomamos estos criterios generales como punto de partida, es muy sencillo entender la lógica de la actuación que viene realizando María Rivera desde que resultó electa como convencional constituyente.

En el caso que causó tanto alboroto, la compañera María utilizó la tribuna de la Convención para denunciar la naturaleza de un Estado que protege intereses antagónicos con los de la clase trabajadora y de las naciones oprimidas dentro de Chile, como los mapuches, y, en oposición, defender un Estado con otro carácter y organizado de modo diametralmente distinto, es decir, infinitamente más democrático, tal como explicó el MIT: “(…) hoy, todos los poderes del Estado están subordinados al poder económico, a los que tienen dinero. La gran burguesía chilena y las transnacionales controlan los principales partidos, el poder legislativo, los Tribunales, las Fuerzas Armadas y demás instituciones estatales (…) La mayoría de la población, los que trabajamos y producimos la riqueza de este país, no tenemos mayor participación en las definiciones políticas. Nuestro rol es ir a votar cada 2 años por candidatos de partidos totalmente cuestionados (…) La mayoría de la clase trabajadora no tenemos las condiciones para candidatarnos, ya que no tenemos dinero, ni aparatos políticos, ni medios de comunicación. Tampoco tenemos el derecho de revocar a los políticos si ellos no cumplen sus promesas (…) Si bien tenemos la posibilidad de votar para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no tenemos el derecho a elegir a los jueces, ni a los oficiales de las Fuerzas Armadas, ni al presidente del Banco Central, ni a los ministros, nada. Así, las clases dominantes, además de tener el control de la mayoría de los partidos y sus parlamentarios, también mantienen el control de los sectores privilegiados del aparato estatal, como los jueces y la oficialidad de las FFAA…”[4].

En este sentido, la unidad sagrada entre los partidos de la patronal y el reformismo, principalmente el Frente Amplio y el PC, para combatir con virulencia la norma presentada por María Rivera, es una posición coherente con su política para derrotar la revolución que estalló en octubre de 2019; es consecuente, también, con el Acuerdo por la Paz, un pacto contrarrevolucionario para desviar las protestas por el camino electoral e institucional, que dio origen a la Convención Constitucional –con un quórum de dos tercios, en el que la minoría de los constituyentes (53) tiene más poder que la mayoría–; y tiene relación con lo que será el futuro gobierno de Boric, desde el inicio sostenido por medio de acuerdos y pactos espurios con el gran empresariado para retomar la estabilidad burguesa a costa de la derrota de la revolución.

En este sentido, nosotros sostenemos, con orgullo, que la actuación parlamentaria de María Rivera es completamente diferente, porque se basa en una estrategia opuesta a los partidos tradicionales del empresariado y del reformismo chileno. El mandato de la compañera, desde el inicio, estuvo al servicio de defender los intereses de la clase trabajadora y, desde esa ubicación, promover la continuidad de la revolución que estalló en 2019. Esto es evidente si repasamos la posición de María en algunos de los debates más importantes.

1- La soberanía de la Convención Constituyente

Uno de los primeros debates que afrontó, desde la instalación de la Convención Constituyente en julio de 2021, fue si esta instancia poseía o no soberanía efectiva o estaría ceñida a los estrictos márgenes establecidos por la Ley 21.200 (Acuerdo de Paz) que le dio origen.

María Rivera denunció que el principal problema era que la Convenció carecía de poder, es decir, no es verdaderamente “libre y soberana”. Está sometida a la Constitución –sí, la actual, la de Pinochet– y a los poderes del Estado. No puede deliberar ni cambiar, por ejemplo, los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, algo en sí mismo escandaloso. La Convención, una conquista de la revolución, nació deformada por los límites impuestos por el Acuerdo de Paz, que estableció un quórum que, en la práctica, amarra sus decisiones al arbitrio de una minoría (la derecha, el Partido Socialista y otros). Su única potestad es escribir una nueva Constitución, pero bajo las reglas de los poderes actuales y la Constitución que se pretende enterrar. De esta suerte, la Convención no puede responder a las necesidades urgentes de la clase trabajadora y de la revolución chilena.

La única que se opuso consecuentemente a estos límites y defendió la soberanía de la Convención fue María Rivera. Ella propuso, en solitario, que “la Convención Constitucional debería tener el poder y gobernar de forma provisional mientras vaya cambiando las leyes constitucionales. La Convención Constitucional tiene más legitimidad que el Parlamento actual y el Poder Ejecutivo”[5].

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2- La libertad de las y los presos políticos

Esta polémica tiene relación con otra batalla fundamental dentro de la Convención, la libertad para las y los presos políticos. El reformismo, junto con convencionales independientes, presentaron una declaración limitada sobre este problema. Partían de la premisa de que la Convención no puede “interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”, puesto que su misión es “asentar un camino de paz y justicia social…”. Este tipo de posición, en medio de una revolución en curso, es un sinsentido.

Siguiendo esta lógica, los convencionales dejaron el problema de la libertad para las y los presos políticos en manos del mismo Estado que los encarceló. Se limitaron a emplazar al Legislativo y el Ejecutivo para aprobar un proyecto de indulto (que incorpora a los presos mapuche y exige la desmilitarización del Wallmapu, etc.). Sin embargo, esa moción dejaba afuera del pretendido indulto a buena parte de los presos políticos, puesto que no incorporaba las y los presos chilenos de antes del estallido social y los presos posteriores a la fecha señalada en el Proyecto de indulto, finales de 2020.

Maria Rivera

Esta postura, en la práctica, acepta el carácter no soberano de la Convención y deposita confianza en los poderes establecidos, sin decir una palabra sobre qué haría la Convención si esas medidas no eran aprobadas.

Ante esto, María Rivera presentó en solitario una declaración que planteaba que la Convención debería dar 15 días de plazo al Parlamento y Ejecutivo para aprobar la amnistía total e incondicional para todos los presos y presas chilenos y mapuche de antes y después del estallido social[6]. Hizo este planteamiento, reforzando que solo una enorme movilización social podrá imponer la libertad a los presos. En ese sentido, la Convención podía y debía utilizar su autoridad para para convocar a esa movilización y enfrentarse a los otros poderes del Estado. Es inaceptable, para el MIT, escribir una nueva Constitución con presos políticos[7].

3. El debate sobre el quórum de 2/3

La discusión acerca del quórum de 2/3 – impuesto con anterioridad por los Acuerdos de Paz de 2019 y aprobado por la derecha, el PS y el Frente Amplio–, también está ligado a la cuestión de la soberanía de la Convención Constitucional en aspectos tan básicos como determinar sus propias reglas de funcionamiento. En términos prácticos, ese quórum otorga más poder a la minoría que a la mayoría, puesto que nada puede ser definido sin la aprobación de 103 de los 155 convencionales. Además de eso, el Congreso, que opera con las normas de la Constitución de 1980, determinó que la Convención no podrá cambiar esta regla[8]. Es una medida antidemocrática por donde se la mire. El PC, junto con otros convencionales independientes y de pueblos originarios, propusieron un quórum de 3/5, aparentemente más democrático, pero que sigue dejando un poder de veto a la minoría.

María Rivera defendió, en oposición a todos ellos, que lo verdaderamente democrático es que las decisiones sean tomadas por mayoría absoluta, o sea, 50+1% de los votantes, como sucede en cualquier asamblea de trabajadores. La democracia se basa en la decisión de la mayoría sobre la minoría, no al contrario[9].

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4 – El discurso inaugural

Después de los primeros meses de Convención y pasada la discusión Reglamentaria, todos los constituyentes tuvieron un espacio para sus discursos inaugurales. El discurso de María Rivera[10] tuvo gran repercusión.

En su discurso, María hizo un recuento histórico sobre toda la opresión y el saqueo realizado por los países imperialistas a los pueblos indígenas y al pueblo chileno. También realizó un balance de las principales luchas y experiencias del pueblo chileno, como los cordones industriales, embriones de doble poder de la clase obrera que surgieron en el proceso revolucionario de los años 70.

Además, hizo una profunda crítica por la izquierda al gobierno de Salvador Allende, apuntando que su política de conciliación de clases y de supuesta “vía pacífica al socialismo” preparó el terreno para el golpe militar de 1973, puesto que depositó su confianza en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y no en el pueblo, que llegó a pedir armas para defender el gobierno y las conquistas populares.

Luego, María demostró el nefasto rol de la dictadura empresarial-militar en las masacres cometidas contra el pueblo y en la privatización de casi todas las empresas y servicios públicos. De la misma manera, criticó el rol de los partidos de izquierda después de la restauración de la democracia, explicando que todos fueron agentes o cómplices del actual modelo económico capitalista.

Finalmente, María terminó su discurso recuperando la perspectiva del socialismo, del poder para la clase trabajadora y la necesidad de poner toda la economía al servicio de las grandes mayorías. Como no podía ser distinto, María diferenció rotundamente el proyecto revolucionario del marxismo de las experiencias fracasadas como Venezuela o China, que nada tienen de socialismo.

Este discurso, de magnitud histórica, establece las bases programáticas para la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora en Chile.

 5 – La campaña por la nacionalización del cobre, el litio, el agua, con control obrero y de las comunidades

En los últimos meses, el MIT y María Rivera han impulsado una fuerte y amplia campaña para recuperar el cobre, el litio y el agua, entre otros bienes naturales y estratégicos, que fueron históricamente saqueados por las diez familias más ricas de Chile, socias menores de empresas imperialistas. Esta campaña ha ganado fuerza entre sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles. Este trabajo en la base de las organizaciones de nuestra clase, se combina con la iniciativa de impulsar una norma en la Convención Constitucional para que nacionalice, bajo control de los trabajadores y comunidades, estos recursos vitales para el desarrollo nacional. El cobre ha sido la principal riqueza del país durante el último siglo. Cerca de la mitad de las exportaciones chilenas corresponden a este rubro. El litio es otra riqueza natural muy importante que posee Chile, que está entre los países con más reservas de este mineral, un verdadero “oro blanco” utilizado en muchas nuevas tecnologías, principalmente en baterías de automóviles eléctricos. Estos recursos están siendo robados a plena luz del día por un puñado de capitalistas nacionales y extranjeros. Se estima, sin contar las utilidades “normales” de la gran minería, de cifras superiores a 12 mil millones de dólares al año. Actualmente, más de 75% del cobre chileno está en manos de empresas privadas, la mayoría de ellas extranjeras, como BHP Billiton, AngloAmerican, Glencore, FreePort y Antofagasta Minerals (grupo Luksic). Solo con el dinero del cobre se podría solucionar graves problemas sociales como la vivienda, la salud y la educación. Sin embargo, toda esa enorme cantidad de riqueza termina en los bolsillos de grandes empresarios norteamericanos, canadienses, australianos, japoneses o chilenos. La iniciativa del MIT, junto con varias organizaciones y convencionales independientes, está orientada a combatir este saqueo, recuperar esos recursos y ponerlos a disposición de la sociedad por medio de la nacionalización con control obrero y de las comunidades. Como plantea el manifiesto que lanzó la campaña, estas acciones apuntan a un objetivo estratégico que propone cambiar el carácter semicolonial del país: “fundamental que empecemos a discutir la necesidad de cambiar la matriz productiva del país, para que seamos menos dependientes de la exportación de minerales y productos primarios y podamos invertir en desarrollo de nuevas matrices energéticas, ciencia, tecnología, producción de alimentos y también en la industrialización del país, siempre teniendo como prioridad amortiguar los impactos medioambientales y recuperar la naturaleza”[11].

La campaña por la nacionalización, sin indemnización, de la gran minería del cobre y el litio tuvo avances importantes. A inicios de febrero, se aprobó el primer proyecto discutido en la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional sobre este asunto. En breve, será discutida la Iniciativa Popular de Norma impulsada por varias organizaciones sociales, intelectuales, sindicatos y por el MIT. Este proyectó juntó más de 24.000 firmas y cuenta con un amplio apoyo popular[12].

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Mantener la llama de la revolución chilena

El MIT está empeñado en desarrollar la revolución que comenzó en 2019, en las calles, plazas, contribuyendo a la organización de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, los campesinos. Esta es la tarea más importante. Nuestro papel en la Convención Constituyente es, como planteamos, un punto de apoyo secundario a la lucha viva, fuera de cualquier recinto parlamentario.

El proceso constituyente fue una conquista de la revolución. La burguesía tuvo que aceptarla por la fuerza del proceso en las calles. Pero, como sabemos, ese proceso se abrió con sabor amargo, en la medida en que está controlado por el poder de quienes dominan Chile hace siglos. No hay justicia ni castigo a los responsables por la guerra al pueblo. No hay reparación a las centenas de familias y víctimas de la represión y muchos de nuestros compañeros y compañeras siguen en la cárcel. Todas esas tareas siguen pendientes. Por eso, con nuestra compañera en la Convención y junto con centenares de activistas en los territorios y lugares de trabajo, en las escuelas y universidades, seguimos alertando la clase trabajadora y la juventud precarizada acerca de los límites de este proceso institucional, intentando por todos los medios a nuestro alcance avanzar por el único camino capaz de generar cambios reales y duraderos, el de la lucha.

Reafirmamos que la única posibilidad de conquistar cambios en la próxima Constitución, que entierren toda la herencia de la dictadura militar, es movilizándonos en las calles. La revolución iniciada el 18 de octubre de 2019, debe continuar y avanzar, sobre todo en la construcción de organismos de la clase trabajadora que nos permitan ir mucho más allá de la Convención Constitucional, creando, en el calor de la movilización popular, embriones de poder obrero y popular, para que todo el actual aparato estatal sea desmantelado y se pueda construir un Estado obrero que defienda los intereses de la gran mayoría de la población trabajadora y los pueblos originarios. El mandato de María Rivera está y estará al servicio de esta estrategia.

Notas:

[1] Ver: <https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/02/13/convencionales-tildan-de-prematura-propuesta-de-longueira-por-si-gana-el-rechazo-en-plebiscito.shtml >.

[2] Ver: <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja2.htm >.

[3] Tesis, manifiestos y resoluciones adoptados por los Cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista (1919-1923). 2ª edición digital. Valencia: Edicions Internacionals Sedov, 2017, pp. 91-97.

[4] Ver: < https://www.vozdelostrabajadores.cl/maria-rivera-y-la-propuesta-de-una-asamblea-plurinacional-que-es-lo-que-proponemos >.

[5] Ver: <https://www.vozdelostrabajadores.cl/la-convencion-constitucional-podra-solucionar-los-problemas-de-los-trabajadores >.

[6] Aquí se puede leer el detalle de la propuesta de María Rivera: <https://www.vozdelostrabajadores.cl/el-manifiesto-de-la-voceria-de-los-pueblos-y-la-lucha-por-la-soberania>.

[7] Ver: <https://www.vozdelostrabajadores.cl/sobre-la-declaracion-aprobada-por-la-convencion-en-relacion-a-los-presos-politicos>.

[8] El Acuerdo por la Paz, firmado el 15 de noviembre de 2019 por UDI, RN, PS, Frente Amplio y demás partidos del régimen, dio origen a la Ley 21.200, que hizo una reforma a la Constitución para permitir el inicio del Proceso Constituyente. < Capítulo XV: Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República – Senado – República de Chile>.

[9] Ver: <https://www.vozdelostrabajadores.cl/sobre-el-quorum-de-2-3#sdfootnote1sym>.

[10] Ver: <Discurso inaugural de María Rivera, en la Convención Constitucional. – YouTube >

[11] Ver: <https://www.vozdelostrabajadores.cl/recuperar-el-cobre-el-litio-y-el-agua#_ftn1>.

[12] Ver: <https://www.vozdelostrabajadores.cl/nacionalizacion-del-cobre-y-litio-avanza-en-la-convencion-constitucional-a-reforzar-la-organizacion-y-movilizacion>.