Sáb Jun 22, 2024
22 junio, 2024

Latinoamérica: el avance del dominio imperialista (Parte 2)

En la primera parte de este artículo analizamos la definición del carácter semicolonial de los países latinoamericanos y expusimos el papel que la deuda externa juega en este sentido. Ahora veremos otros aspectos de ese dominio imperialista, concentrándonos en los países de mayor PIB del subcontinente.

Por: Alejandro Iturbe

Uno de esos aspectos es el control de la economía del país desde “adentro” en general. Es decir, el peso directo que tiene en la producción, el comercio y la banca. En la economía de los países latinoamericanos vemos que actúan tanto empresas y bancos imperialistas como un sector de “propiedad nacional”, compuesto por el Estado y las burguesías nacionales. La tendencia es que, en el curso del siglo XX (especialmente en su segunda mitad) y en lo que va del XXI, el peso proporcional del sector imperialista es cada mayor.

No se trata de un proceso lineal: hubo períodos en que el “sector nacional” creció al calor de algunas políticas impulsadas por los movimientos nacionalistas burgueses, a través de nacionalizaciones de empresas extranjeras o de impulso de algunas ramas de la economía y de la infraestructura, como fue el caso del PRI en México, del peronismo argentino en su primera etapa, o del chavismo en Venezuela. En el Brasil, hubo un crecimiento industrial impulsado por Getúlio Vargas y por gobiernos posteriores, incluida la dictadura militar iniciada en 1964, pero en un marco diferente: la asociación subordinada al imperialismo estadounidense.

La tendencia a la expansión del “sector imperialista” da un salto en la década de 1990, al calor de los llamados “gobiernos neoliberales” en muchos países, la “liberación” del comercio internacional y del “flujo de capitales” impulsada por el imperialismo, y la generación de “cadenas de producción (o de valor) globales”. En esta década, se dieron de modo generalizado varios procesos: a) privatización total o parcial de las grandes empresas del Estado, creadas en las décadas anteriores, compradas por capitales imperialistas a “precio de remate”; b) rebaja o eliminación de los aranceles de importación; c) leyes favoreciendo las “inversiones extranjeras” y el retorno de sus ganancias; d) compras de grandes empresas nacionales por parte de extranjeras (así como también cierre de empresas nacionales que ya no podían competir).

Argentina

En el país había un importantísimo peso del Estado en su economía. Ya en 1922 se había fundado YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la primera empresa petrolera estatal de Latinoamérica, que garantizó por décadas el autoabastecimiento de combustibles del país y su autonomía en este sector. El sector estatal da un salto entre 1946-1955, durante los gobiernos de Juan Perón, con la nacionalización de los ferrocarriles (hasta entonces en manos de capitales ingleses) y de la telefonía, así como el impulso a ramas como la siderurgia, la automotriz, la aeronáutica y la aeronavegación. En ese marco, también crecía una burguesía nacional, especialmente en las ramas alimentación y textiles/confección pero también en rubros como la mecánica (la empresa SIAM Di Tella poseía, en la primera mitad de la década de 1950, el conglomerado industrial más grande de Latinoamérica, con 12.000 trabajadores). Además de autoabastecerse en alimentos, el país producía su propio petróleo y su acero; fabricaba autos, barcos y comenzaba a fabricar locomotoras, trenes y aviones (años más tarde llegaron a desarrollarse cohetes y misiles), etc. Hasta inició un programa autónomo de desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos [1].

El desmonte de este “Estado empresario” comienza ya con los gobiernos posteriores al golpe de 1955 que derroca al gobierno peronista. El de Arturo Frondizi, por ejemplo, quiebra el monopolio petrolero de YPF y comienza un proceso de reducción de la red ferroviaria, al servicio de las grandes empresas automotrices internacionales. La dictadura militar iniciada en 1976 bajó abruptamente los aranceles de importación y condenó al cierre a numerosas empresas nacionales. No privatizó las empresas estatales, pero comenzó a minarlas desde adentro (ya vimos el caso de YPF y su endeudamiento), a la vez que “tercerizaba” numerosas áreas de estas empresas.

Pero es el gobierno de Carlos Menem (¡del propio partido peronista!), en los primeros años de la década de 1990, el que da el golpe de gracia al modelo de “autonomía relativa” impulsado por el primer peronismo. Se privatizan YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel (telefonía) y Somisa (siderurgia), la Caja de Ahorro y Seguro y el Banco Hipotecario, a precios muy por debajo de su valor real, pagados en gran parte por papeles devaluados de la deuda externa. Del complejo industrial estatal de Córdoba (que fabricaba motos, vehículos utilitarios y aviones) solo sobrevive el sector de aviones que es entregado a la estadounidense Lockheed Aircraft. Se concesiona (y se reduce aún más) la red ferroviaria. Los gobiernos kirchneristas (2003-2015) reestatizaron empresas como YPF y Aerolíneas, y retomaron los trenes de pasajeros del Gran Buenos Aires, pero se han recibido empresas mucho más deterioradas y de menor valor de capital que las que fueron privatizadas.

Al mismo tiempo, industrias que eran tradicionales bastiones de la burguesía nacional, como la alimentación, pasan a manos de empresas imperialistas: Terrabussi es comprada por la estadounidense Kraft Foods; la francesa Danone crece a través de compras y asociaciones, y así por el estilo. La consecuencia de todo este proceso (y su continuidad hasta ahora) es que en 2011, de las 500 empresas más grandes del país, poco más de 1/3 eran de capital nacional o del Estado [2]. Ese 2/3 de grandes empresas extranjeras había crecido un 50% en las últimas dos décadas, y ya controlaban de modo directo 1/3 del PIB [3]. Pero su peso real en la economía es en realidad muy superior a lo que puede suponerse de este porcentaje, porque controlan sectores claves de la economía, en los que supeditan a los sectores de la burguesía nacional. Por ejemplo, las terminales automotrices son 100% extranjeras y de ellas dependen las autopartistas (parte de las cuales son de capital nacional). Por otro lado, en esas dos décadas su peso en el comercio exterior había crecido del 41,7% al 57% [4].

Brasil

Esta dinámica de profundo avance del dominio imperialista “desde adentro” de las economías también se da, con claridad, en el Brasil. Existió un avance de la industrialización del país (y del sector nacional dentro de él) en el período 1941-1991. Brasil (antes una semicolonia inglesa) pasa a ser un “semicolonia privilegiada” de Estados Unidos Unidos, y reemplaza a Argentina (que había sido la semicolonia privilegiada de Gran Bretaña) como el país económicamente más poderoso de la región. En 1941, Getúlio Vargas firma los Acuerdos de Washington (1941-1942) con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. En ellos, a cambio de su entrada en el campo militar de los Aliados contra el Eje, en la Segunda Guerra (Argentina permanecía neutral), Washington financiaría la construcción de la CSN (Compañía Siderúrgica Nacional), la empresa minera Vale do Rio Doce y otras empresas básicas de infraestructrura [5].

La industrialización da un salto a partir de 1955 con el gobierno de Juscelino Kubitschek, cuando se instalan las filiales de muchas empresas imperialistas, especialmente automotrices, y se consolidó con la dictadura militar iniciada en 1964. La Petrobrás (la mayor empresa del Brasil), por ejemplo, fue fundada en 1953 y consolidó el monopolio estatal en el área, en esa década. Había una “división del trabajo”: las empresas imperialistas controlaban los sectores de mayor valor agregado de la industria, el Estado proveía infraestructura y energía, y la burguesía nacional ocupaba los espacios de proveedor de partes y de abastecimiento del mercado interno en las industrias livianas.

Esta dinámica de crecimiento lineal se termina en la década de 1990: la restauración capitalista en China la había transformado en la “fábrica del mundo” y la economía brasileña comenzó un proceso de reconversión de su estructura económica más adecuado a la nueva división internacional del trabajo. El país seguía siendo el principal centro industrial del imperialismo en Latinoamérica (y plataforma continental de exportaciones de este sector), pero con una tendencia a adaptarse a las “generales de la ley” para el subcontienente: la exportación de alimentos, energía y materias primas (especialmente minerales).

Le cupo a los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) dar varios golpes en esta dirección. En 1997, se privatizó la Companhia Vale do Rio Doce (hoy solo Vale). Es una de las mayores empresas mineras del mundo: es la mayor productora de mineral de hierro, pero también explota otros minerales como níquel y aluminio. Opera en 14 Estados brasileños, posee usinas hidroeléctricas, 2.500 km de vías férreas propias y el control de nueve terminales portuarias. Su privatización coincidió con la gran expansión de la demanda de China por el mineral de hierro. Hoy, sus acciones (y sus fabulosas ganancias) se cotizan en las bolsas de Nueva York, París, Hong Kong y San Pablo [6]. Al mismo tiempo, la privada Vale ha demostrado despreciar totalmente las consecuencias y los desastres ambientales que provoca su explotación desenfrenada [7].

También fue privatizada la Embraer (Empresa Brasileira de Aeronaútica). Nacida a partir de 1953, da un salto en 1969 como empresa mixta vinculada al Ministerio de Aeronáutica, hasta transformarse en la principal fabricante de aviones de Latinoamérica. La empresa es privatizada totalmente y reestructurada en 1995. Su capital está completamente abierto y sus acciones cotizan en la bolsa de San Pablo, aunque el Estado conservó una “acción de oro” con derecho a veto de sus decisiones. En estos años recibió fuerte apoyo crediticio del estatal BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Este año, la empresa ha anunciado un acuerdo para realizar un joint-venture (asociación) con la estadounidense Boeing que, en los hechos, pasaría a tener su control.

La Petrobrás nunca fue formalmente privatizada. Pero en 1997 pierde el monopolio de la explotación petrolera, con la concesión de áreas de explotación a empresas extranjeras, proceso que se ha ido ampliando a través de sucesivos “remates”, especialmente durante los gobiernos del PT (2002-2016). También fue abriendo su capital accionario a través de sucesivas “capitalizaciones”, con ventas en diferentes bolsas del mundo (el último fue en 2010). Actualmente, el capital de la Petrobrás se compone de un 40% en manos del Estado brasileño, un 40% cotizante en bolsas extranjeras y un 20% en la bolsa de San Pablo [8]. El Estado brasileño mantiene en su poder más de 50% de las acciones con derecho a voto y el control de la mayoría de su directorio. Por eso, es presentada como “empresa estatal”. Pero en los hechos ha pasado a ser una empresa de mayoría de capitales privados (mayoritariamente imperialistas) administrada por el Estado. Al mismo tiempo, sus contrataciones y proyectos han sido una fuente permanente de corrupción de los políticos de todos los partidos burgueses [9].

La resultante general de este proceso de avance del control imperialista de la economía brasileña se expresa en la posesión de entre 50% (petroquímica y siderurgia) y 100% (terminales automotrices) de las principales ramas industriales del país. Unas treinta empresas dominan el sector del agronegocio, de las cuales 70% son multinacionales. Si consideramos la composición de las exportaciones del país, vemos que mientras en 1993 62% eran manufacturas y 38% productos básicos; en 2017, esa relación es exactamente la opuesta.      

México

Luego de la revolución mexicana que derrocó al régimen de Porfirio Díaz (iniciada en 1910) y de la guerra civil que la sucedió, se consolidó en México un régimen político encabezado por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), de programa nacionalista burgués. Realizó una reforma agraria parcial, fundó diversos bancos estatales y también creó empresas estatales en ramas centrales de la economía, en muchos casos luego de estatizar compañías privadas (mayormente extranjeras pero también nacionales). En una lista resumida, la CFE (Comisión Federal de Electricidad) fue fundada en 1937; PEMEX (Petróleos Mexicanos) en 1938, luego de la nacionalización del petróleo decretada por el gobierno de Lázaro Cárdenas [10]; Telmex (telefonía) fue fundada en 1947 con la compra de la Ericsson y la ITT por capitales privados mexicanos, y es estatizada en 1972, etc.

A inicios de la década de 1980, el agotamiento de este modelo nacionalista burgués, la dificultad cada vez mayor de pagar la deuda externa adquirida en la década anterior, y una fuerte crisis bancaria llevan al gobierno de José López Portillo a firmar una “carta de intención” con el FMI a cambio de refinanciación de la deuda. Se inicia un claro giro en la política del PRI hacia la aplicación de lo que se llamaban “políticas neoliberales” de privatizaciones, “apertura” del comercio exterior, y “mayor liberación” del ingreso de capitales extranjeros [11]. Al mismo tiempo, el gobierno estatizaba los bancos privados en quiebra (como el Multibanco Mercantil), los que, luego de haberse recuperado con los dólares recibidos del FMI, volvieron a ser entregados al capital privado a inicios de los ’90.

Estos ciclos de refinanciaciones y crisis financieras continuaron a lo largo de más de una década y, como vimos, acabaron derivando en el “tequilazo” en 1995, al que ya nos hemos referido. Las privatizaciones continuaron su curso: la más importante fue la de Telmex, vendida en 1990 a un consorcio formado por el mexicano Carlos Slim, la France Telecom y la estadounidense Southwestern Bell Corporation (AT&T). Sobre esta base, Slim se transformó en el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo.

El caso de Pemex merece atención especial. Es la empresa más grande del país, emplea 125.000 trabajadores directos (llegó a tener 150.000), factura cifras que superan los PIB de varios países latinoamericanos, y es la principal aportante del presupuesto federal. Es indudablemente la “joya de la corona” de las empresas estatales. Si bien aún no ha sido formalmente privatizada, ya ha sido separada en varias ramas y, a partir de la aprobación de la “reforma petrolera” en 2013, se han comenzado a entregar áreas a la explotación privada, rompiendo el viejo monopolio establecido por la Constitución. Es decir, su desmantelamiento y entrega por partes.

Se considera que “Esta ‘modernización de la industria petrolera’ se convertirá en el botín para contratistas nacionales y extranjeros […] Los principales promotores de la reforma petrolera son las multinacionales: Standard Oil, Texaco Oil, Shell Royal Dutch, British Petroleum Company, Mobil Oil, Gulf Oil Corporation, ARAMCO, Halli Burton y Total Repsol” [12]. La reforma fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI (el mismo partido que en el pasado había creado PEMEX y su monopolio). Peña Nieto paseó su “oferta de venta” por el mundo y los foros imperialistas como Davos.

Los tratados de libre comercio

Otro aspecto muy importante del avance de la semicolonización en México fue su integración al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con EEUU y Canadá (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este tratado eliminaba las barreras arancelarias y facilitaba la circulación de mercadería y el flujo de capitales. El Tratado tuvo dos consecuencias centrales en México. La primera es que el país perdió parte importante de su “soberanía alimentaria”: en 1994, importaba de EEUU apenas 18% de los alimentos consumidos en el país; actualmente, importa 50% (principalmente arroz, maíz y frijoles). La segunda fue la instalación de numerosas industrias en los Estados y ciudades del norte del país, fronterizas con EEUU, para aprovechar la mano de obra mucho más barata y las materias primas a menores precios, y así bajar sus costos de producción.

Las principales beneficiarias fueron las multinacionales, especialmente las estadounidenses, que comenzaron a trasladar plantas hacia el sur de su frontera. Por un lado, esto provocó la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas; por el otro, una expansión de ese nuevo sector industrial dominado por el imperialismo. Por ejemplo, las automotrices pasaron una parte de su producción a México. Un estudio del Economist Policy Institute de Washington estima que en estos años, cerca de 700.000 puestos de trabajo se trasladaron de EEUU a México [13]. Otros estudios, como el de la Cámara de Comercio de EEUU (USCC por sus siglas en inglés) estiman que si se consideran los empleos indirectos que la industria genera debe elevarse la cifra a cinco millones [14].

Este hecho, sumado al hecho formal de que México presenta un “superávit” comercial de casi 71,000 millones dólares, llevaron a Donald Trump a decir que el TLCAN era “el peor acuerdo comercial firmado” por su país, y a buscar su renegociación. Decimos que se trata de un “superávit formal” ya que mientras Estados Unidos aumentó sus exportaciones de alimentos, tecnología, servicios y entretenimiento, gran parte de lo que compra de México son en realidad “autoimportaciones” de empresas estadounidenses, al servicio de sus ganancias. Trump finalmente logró su objetivo y el TLCAN acaba de ser reemplazado por un acuerdo bilateral con México, firmado por el gobierno de Peña Nieto (ya “de salida”, y con el visto bueno del actual presidente, López Obrador) [15]. El acuerdo es aún más favorable a Estados Unidos, porque prioriza y favorece la producción agraria estadounidense (incluidas las empresas proveedoras de semillas transgénicas) en detrimento del agro mexicano.

En el caso de las automotrices y autopartistas, su efecto puede ser más contradictorio en México. Por un lado, establece que el salario mínimo que deben cobrar, a ambos lados de la frontera, los trabajadores de las industrias para no pagar aranceles de importación será de 15 dólares (mucho más alto que el que hoy se paga en México, que promedia 2,6). Aunque todavía no es claro cuántos trabajadores realmente serán alcanzados por esta medida en México, es posible que algunas empresas retornen sus plantas a Estados Unidos (y Trump logrará mostrar que su política de America First se está llevando adelante). Por el otro, se establece una “regla de origen” que aumenta el porcentaje de piezas producidas en los países firmantes del acuerdo, que deben componer los automóviles. Se limitan, entonces, las importaciones de autopartes desde China, Japón y Europa, algo que favorece tanto a las empresas fabricantes ya radicadas en México como a las que están en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el gobierno de López Obrador ya ha trascendido que “el incremento salarial de los trabajadores del sector automotriz requerirá, inexorablemente, subsidios del gobierno federal y un gran apoyo de la industria que es la principal generadora de divisas para el país” [16]. Es decir subsidiará los costos y las ganancias de las multinacionales automotrices radicadas en México. Digamos que el gobierno de Trump no es, en realidad, un “honesto” defensor del America First. Sus miembros son parte beneficiada del nuevo acuerdo: su secretario de Comercio, el multimillonario Wilbur Ross es propietario de una industria de autopartes en México, con 2.700 trabajadores.

Nos hemos detenido en el TLCAN y en su renegociación porque es una clara muestra del significado de los “acuerdos de libre comercio” que impulsa la burguesía imperialista estadounidense desde la década de 1990. Si bien debió retroceder con la propuesta global del ALCA (que abarcaba toda América), estableció varios acuerdos regionales como el propio TLCAN, el CAFTA-RD (Centroamérica y República Dominicana) y numerosos acuerdos bilaterales que lo favorecen. Incluso el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que no integra formalmente, está al servicio de las empresas y bancos imperialistas.    

Notas:

[1] No se trata aquí de “embellecer” a los primeros gobiernos peronistas. Sus profundas limitaciones de clase hicieron que este proyecto quedara sin salida. Por ejemplo, no tocó una sola hectárea de la poderosa clase terrateniente agroganadera, que sería uno de los sectores que se aliaron a los yanquis para impulsar el derrocamiento del gobierno de Juan Perón.

[2] https://www.clarin.com/economia/Solo-tercio-empresas-grandes-argentinas_0_rJhEl3PTD7x.html

[3] http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/viewFile/23/4, p. 119.

[4] ídem, p. 120.

[5] Los datos sobre Brasil han sido tomados del artículo de Nazareno Godeiro “Brasil, submetrópoli industrial del imperialismo en América Latina”, publicado en Marxismo Vivo Nueva Época n.° 10. San Pablo, Brasil: Ediciones Marxismo Vivo, 2017.

[6] Datos extraídos de http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/20FDocs/Vale_20F_2017_p.pdf

[7] Un ejemplo en este sentido fue la ruptura de la represa del municipio de Mariana (Minas Gerais), en noviembre de 2015.Ver: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/maior-desastre-ambiental-do-brasil-tragedia-de-mariana-deixou-19-mortos-20208009

[8] Ver el artículo de Edmar Luiz Fagundes de Almeida y Michel Vieiria Lapin, “El papel de la Petrobrás en la integración energética de América Latina”, en el libro Dos modelos de integración energética en América, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (2007), en: https://books.google.com.br/books

[9] Sobre esta corrupción y la Operación Lava Jato que la investiga, ver, entre varios artículos publicados en esta página: https://litci.org/es/menu/opinion/brasil-argentina-todos-somos-odebrecht/ y https://litci.org/es/menu/mundo/latinoamerica/brasil/debate-significado-la-prision-lula/

[10] Sobre este tema, es interesante ver el artículo de León Trotsky: “México y el imperialismo británico”, incluido en la recopilación Escritos Latinoamericanos en: https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/latin/15.htm

[11] Sobre este tema, ver el artículo “Las empresas estatales y el desarrollo de México”, de Armando Javier Sánchez Díaz y Patricia Carmina Inzunza Mejía, en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842015000200013

[12] https://www.sopitas.com/266406-maquina-del-tiempo-recordando-las-privatizaciones-en-mexico/

[13] Ver estudio en https://www.epi.org/about/

[14] Ver estudio en https://www.uschamber.com/

[15] Ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-45323852

[16] Diario “El Universal”, 13/8/2018, en: http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/guinos-entre-amlo-y-trump-sobre-el-tlcan

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