Por Víctor Montes
Fracasada, sin pena ni gloria, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente presentada contra Dina Boluarte por las bancadas que se autodenominan de izquierda en el Congreso (Juntos por el Perú-Cambio democrático e incluso Perú Libre), ha quedado bastante clara la absoluta impotencia de estos grupos parlamentarios en la lucha contra el gobierno.
Más aún, su actuación muestra la más absoluta desconexión con las organizaciones obreras y populares, a las que imponen su estrategia e intentan subordinar permanentemente.
Por eso vale la pena volver a preguntar ¿Qué papel juegan estos grupos políticos, que dicen representar al pueblo en el Congreso, en la lucha contra el gobierno asesino de Boluarte? ¿Cuál debe ser el papel de una verdadera representación parlamentaria de los trabajadores y trabajadoras, y del pueblo?
Otra vez sobre el parlamento
El Congreso de la República, el parlamento, es una de las instituciones que componen el Estado peruano. Un estado que desde su origen, representa y defiende los intereses de las clases dominantes, racistas y discriminadoras, absolutamente sometidas al poder de las potencias imperialistas (primero Inglaterra y luego Estados Unidos), de las cuales reciben las migajas del festín que significa el saqueo de nuestras riquezas. Y con esas migajas, han hecho su fortuna.
Esta característica no es exclusiva del Estado peruano. En todo el mundo los estados representan los intereses y el poder de la clase que vive de la explotación del trabajo ajeno: la clase de los capitalistas, la burguesía, dueña de los bancos, minas, fábricas, pozos petroleros y todas las grandes empresas que existen en el mundo. Y ese Estado está diseñado para resguardar por la fuerza de sus leyes y de las balas ese poder.
En ese marco, el Congreso es el escenario donde se desarrolla la más triste de las pantomimas: mientras la burguesía y el imperialismo tienen asegurados los votos para aprobar todas las normas que deseen, le hacen creer al pueblo que también hace parte de la toma de decisiones. Para eso, necesita la existencia de alguna representación parlamentaria “popular”, que por algún poder misterioso, podrá ‘convencer’ a los demás partidos la aprobación de medidas ‘favorables’ a la clase trabajadora y al pueblo pobre.
Sin embargo la historia ha demostrado más de una vez que esto no es posible. El ejemplo más reciente lo tuvimos en el hermano país de Chile, donde el poderoso estallido iniciado en octubre de 2019, una poderosa revolución contra 30 años de neoliberalismo, saqueo y desigualdad creciente, impuso por la vía de la movilización la convocatoria a una Convención Constitucional (asamblea constituyente).
La elección a dicho organismo, una justa demanda del pueblo trabajador chileno que expresaba su deseo de echar abajo el orden económico y social legado por la dictadura de Pinochet, dio una clara mayoría a los partidos ‘de izquierda’ y grupos independientes nacidos del estallido popular.
Sin embargo la burguesía supo mantener control de la situación a través del acuerdo adoptado por esos partidos de la ‘democracia’ chilena, desde los derechistas Renovación Nacional y la UDI, hasta el ‘izquierdista’ Partido Comunista y el Frente Amplio, de solo aprobar aquellos artículos que obtuvieran los 2/3 de la votación de la Convención. Así aseguraron que la mayoría independiente no tuviera opción a cambiar nada por sí misma.
Esto, porque en la llamada ‘democracia’ (en realidad democracia burguesa, de los ricos) el verdadero poder proviene de quienes tienen el dinero. Ellos, la burguesía, han consagrado en la Constitución su derecho a explotar y enriquecerse con nuestros recursos naturales con nuestro trabajo. Y desde su mirada, ninguna institución puede siquiera intentar arrebatarles ese derecho. Ni siquiera las de la propia ‘democracia’.
El Congreso ante el levantamiento del sur
El otro ejemplo claro, y más cercano aún, que evidencia la incapacidad de las representaciones ‘de izquierda’ en el Congreso, es su desempeño ante el levantamiento de los pueblos del sur, durante los primeros meses de 2023.
Entonces, la lucha heroica y revolucionaria de del Sur, puso sobre la mesa la posible caída de Boluarte y todo el Congreso, y la convocatoria inmediata a elecciones generales.
En ese marco, mientras los pueblos del sur y los demás sectores que salieron a luchar contra el gobierno (mineros artesanales en Arequipa, trabajadores de la agroindustria en Ica y La Libertad, por ejemplo) exigían su caída inmediata junto a la del Congreso, los partidos del régimen, incluidos aquellos que se dicen ‘de izquierda’, jugaron a negociar los votos para el “adelanto de elecciones”. Como si fuera posible olvidar las masacres de Ayacucho (14 y 15 de diciembre de 2022) y Juliaca (9 de enero de 2023), defendidas y aplaudidas por la mayoría del Congreso. El resultado: Boluarte, con 70 muertos encima, 49 de ellos por ejecuciones extrajudiciales, capeó la oleada de luchas y se mantuvo en el poder.
Acto seguido, esa ‘izquierda’ se entregó a la convivencia con Boluarte y sus aliados en el Congreso. Finalmente esta política se ha traducido en un conjunto de cálculos electorales que llevan a estos parlamentarios y parlamentarios a votar en diversos bloques según sus intereses de grupo, colocando siempre en segundo plano la acción directa de la clase trabajadora y el pueblo. La muestra más palpable -y rastrera- de esta convivencia es el acuerdo de Perú Libre con el fujimorismo y Avanza País, para conformar la mesa directiva del Congreso.
Estos grupos parlamentarios son adictos al juego electoral que identifican con la democracia. Y en los hechos han abandonado completamente la necesidad impulsar y fortalecer la movilización unitaria y nacional contra el gobierno retomando los métodos del Sur que tenían un carácter insurreccional y revolucionario. Y más de fondo, hace mucho que desecharon la concepción clasista (marxista) del Estado, que justamente sostiene que este es un instrumento que usa la violencia para garantizar la dominación de la burguesía sobre la clase trabajadora y el pueblo. Y que por tanto sus instituciones, sea el parlamento, la presidencia o el poder judicial, siempre están al servicio de resguardar ese orden.
¿Es posible para la clase trabajadora y el pueblo utilizar el parlamento?
Al abandonar la concepción marxista del Estado, estos partidos y grupos han renunciado a toda posibilidad de ser un instrumento útil para la lucha obrera y popular, no solo contra el gobierno asesino de Dina Bolurate, sino en general.
Esto, más allá de las buenas intenciones que pueda tener cualquier persona individual. Prueba máxima de esto es el triste final de Isabel Cortés, otrora dirigente del Sitobur, querida y apoyada por la vanguardia sindical, que hoy se ha desvelado como partidaria de la lógica del ‘vale todo’ político, sin principios, incluso aceptar sonrisa en el rostro el reconocimiento de la asesina Boluarte, con tal de, asegura “Chabelita”, ‘llevar la voz de los trabajadores’.
¿Qué actitud debemos asumir entonces los trabajadores y el pueblo su vanguardia consciente ante el parlamento? ¿Es que no existe ninguna forma de entrar al terreno electoral desde una postura clasista y revolucionaria?
A diferencia de todo lo que dicen los actuales ‘izquierdistas’, ‘progresistas’ y supuestos demócratas que se autodenominan ‘de izquierda’ en el Congreso (en realidad una izquierda bamba), una representación parlamentaria obrera y popular genuina, debe como mínimo utilizar permanentemente el altavoz que le proporciona el Congreso con dos propósitos:
El primero, desenmascarar la falsedad de la democracia burguesa, haciendo todo lo posible para que el pueblo trabajador vea que no hay nada bueno que sacar del Congreso ni de ninguna elección.
El segundo, subordinar toda acción parlamentaria al impulso y fortalecimiento de la acción directa de las organizaciones obreras y populares. A su movilización creciente y cada vez más organizada y consciente.
Esto es lo que hizo, recientemente, nuestra compañera María Rivera, del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT) en Chile, durante el funcionamiento de la Constituyente, llamando al pueblo pobre de Chile a no abandonar la movilización, exigiendo que se rompa el pacto de los ⅔, o proponiendo la nacionalización de toda la minería chilena y la expropiación de la riqueza de las 7 familias más ricas de Chile. También, a finales de los 70’s, lo hicieron Hugo Blanco, Magda Benavides y Ricardo Napurí, en la Asamblea Constituyente de 1978.
Pero para lograrlo, justamente, es central que cualquier representación ‘de izquierda’, que se precie de revolucionaria, en el parlamento, actúe como brazo de un partido obrero, marxista, que integre las voluntades individuales en una acción consciente y organizada, para contrarrestar la acción corrosiva de la democracia burguesa, llena de lobbies y ofrecimientos que tienden a corromper a quienes llegan a esas instancias de poder.
Solo así, cualquier representación parlamentaria que exprese genuinamente los intereses del pueblo trabajador, podrá desenmascarar la podrida democracia de los ricos e impulsar y fortalecer la lucha directa de las organizaciones obreras y populares.
Nada de esto hace la actual ‘izquierda’ en el Congreso. Por eso, su triste papel, se resume en la convivencia con un gobierno asesino, al que llaman dictadura, pero con el que se reparten comisiones, mesas directivas y votaciones. Negocian y “arremeten” solo cuando la situación les conviene. Esa mal llamada ‘izquierda’, esa izquierda bamba, solo merece el repudio de las organizaciones del pueblo trabajador, cuya vanguardia debe avanzar a la construcción de su propio partido de clase: un partido revolucionario que retome las bases del marxismo para guiar su actuación, dentro y fuera del parlamento, siempre ligado e impulsando la lucha directa del pueblo con una estrategia revolucionaria.
