La divulgación del informe preliminar de la CPI del Senado por Renan Calheiros (MDB-Alagoas) causó una crisis entre el llamado grupo del “G7”, los senadores más influyentes de la comisión. Al principio, Calheiros encuadraba a Bolsonaro en 12 crímenes distintos en la conducción de la pandemia, entre ellos el homicidio doloso (cuando hay intención de matar), genocidio indígena, y la propuesta de llevar la acusación de genocidio al Tribunal Penal Internacional (TPI).

Por: Diego Cruz

La minuta del informe, además, procesaba a 72 personas, entre ellas los tres hijos parlamentarios de Bolsonaro. Parte de los senadores del G7 se levantó contra lo que consideraban “exageración”, principalmente el presidente de la CPI, el senador Omar Aziz (PSD-Amapá). Tras una reunión cerrada, Renan Calheiros aceptó retroceder en las acusaciones más graves, entre ellas la de genocidio, y quitar el procesamiento de Flávio Bolsonaro. Esa versión más blanda del informe debe ser leída este miércoles y votada en la próxima semana.

En medio del tumulto dentro del Senado, el diario O Globo publicó un editorial cuyo título, e intención, son autoexplicativos: “Es un abuso acusar a Bolsonaro de genocidio”. Según el portavoz de las Organizaciones Globo, tal acusación sería “vulgarizar” el concepto de genocidio. “Genocidio no es sinónimo de exterminio en masa”, afirmó el diario, cuyo argumento es el de que el primero tendría la “intención de destruir, en todo o en parte, grupo nacional étnico, racional o religioso”, citando el Estatuto de Roma que creó el TPI. O sea, podríamos decir que hubo un “exterminio en masa”, pero genocidio no, sería un “abuso” acusar de eso a Bolsonaro.

Una policía consciente de asesinato en masa

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro trabajó para negar la gravedad de la crisis (“gripecita”), combatió cualquier medida de distanciamiento social, paseó libremente sin máscara, llamó “maricas” a los defensores del lockdown, y promovió de forma incesante los medicamentos sin eficacia para el virus. Sin hablar de las sucesivas burlas a las víctimas de la pandemia.

Incluso en 2020 era evidente que, más que incompetencia y sadismo, el gobierno tenía una estrategia bien definida: promover la llamada “inmunidad de rebaño”, impedir el cierre de la economía para no desgastarse electoralmente (y no perjudicar las ganancias de la burguesía), y hacer propaganda sobre soluciones mágicas, como la cloroquina, a fin de dar una falsa sensación de seguridad para que el pueblo salga a las calles y continúe trabajando normalmente.

Pues bien, lo que ya era claro de forma empírica fue científicamente comprobado a través del Centro de Estudios y Pesquisas de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo (USP), en asociación con la Conectas. El “Mapeo y análisis de las normas jurídicas de respuesta al Covid-19 en el Brasil” profundizó sobre 3.049 normas federales y 4.427 estaduales, solo en 2020, más allá de discursos y actos del gobierno Bolsonaro, y concluyó de forma inequívoca: “existió una estrategia institucional de propagación del Coronavirus, promovido por el gobierno federal”. Descargue aquí el relevamiento hasta mayo de 2021

Las acciones levantadas por el estudio van desde el veto federal a la obligatoriedad del uso de máscaras; la omisión en el combate a la pandemia, como la obstrucción de medidas adoptadas en el ámbito de los Estados y municipios; a la propaganda contra la salud pública y la diseminación de noticias falsas. Lejos de constituir una serie de acciones dispersas de un gobierno omiso e incompetente, fueron metódicamente coordinadas en el sentido de propagar el virus hasta la inexistente inmunidad de rebaño, tratando las muertes derivadas de eso como una especie de efecto colateral.

Política genocida que colocó al Brasil en el tope del ranking de los muertos por Covid. Mientras en el resto del mundo, la media es de 550 muertes por cada millón en el Brasil son 2.818 muertos por millón. Como afirmó el epidemiólogo Pedro Hallal, el último 13 de octubre: “El Brasil tiene 601.047 muertes confirmadas por Covid-19. Si tuviésemos una mortalidad igual a la media del resto del mundo, serían 117.852”.

Pero, ¿podemos caracterizar esto “solo” como un exterminio en masa, como pretende O Globo? Veamos. La pandemia afectó, sobre todo, a la población pobre y negra, con menor acceso a la vivienda digna y condiciones mínimas de higiene. Datos de la ONG Instituto Polis compilados en 2020, en la ciudad de San Pablo, muestran que, mientras entre los blancos morían 157 personas por cada 100.000, entre los negros eran 250 muertes. Entre las mujeres negras, murieron 140 por cada 100.000, mientras entre las mujeres blancas, fueron 85.

No hubo una política de exterminio indefinida o generalizada. Aunque el virus no escoge color o clase social, la política del gobierno Bolsonaro acertó un blanco muy bien establecido: pobres y, principalmente, la población negra. ¿Qué sería eso si no un genocidio?

Corrupción y cobayas humanas

Ya en 2021, con la segunda ola y el aumento exponencial de los muertos, bajo el clima de perplejidad frente a las muertes por asfixia en Manaus, el gobierno sufrió una dura derrota con la instauración de la CPI en el Senado (que solo comenzó, vale recordar, con una determinación del STF). Ya en el inicio de las investigaciones se reveló un escandaloso esquema de fraudes e intentos de compras sobrefacturadas de la vacuna indiana Covaxin.

A partir de ahí, se sumó un nuevo elemento en la conducción criminal del gobierno: la corrupción. Bolsonaro trabó la compra de vacunas mientras, a través del Ministerio de la Salud, negociaba la adquisición de vacunas sobrefacturadas que siquiera habían sido aprobadas por la Anvisa, con la mediación de oscuras empresas de amigos del presidente.

El capítulo más asombroso de esa pesadilla fue el reciente escándalo involucrando a la Prevent Senior que, aliada al plan bolsonarista de promover medicamentos ineficaces, realizó testes ilegales con cobayas humanas, sin siquiera informar a los pacientes que ellos formaban parte de ese plan macabro. El modus operandi de la empresa incluía la adulteración de expedientes y obituarios, además de la imposición del quite de soporte de vida a pacientes no terminales (mal llamada en la CPI, “eutanasia”), en lo que puede ser definido como asesinato puro y simple.

El genocidio indígena

Otro punto retirado del informe de la CPI, por lo menos hasta ahora, fue el que tipifica el crimen de genocidio indígena. Que fue exactamente lo que el gobierno Bolsonaro promovió. En julio de 2020, por ejemplo, cuando sancionó el Proyecto de Ley 1.142/2020 que definía indígenas y quilombolas como grupos vulnerables a la pandemia, Bolsonaro vetó del proyecto o acceso al agua potable, las canastas básicas, y la distribución de materiales de higiene, limpieza y desinfección de aldeas. Vetó incluso la instalación de equipamiento hospitalario a esos grupos, como unidades de terapia intensiva y ventiladores mecánicos.

Lo que faltó en productos de necesidades básicas y hospitalarios, sobró en cloroquina. Fueron centenas de millares de comprimidos distribuidos en las reservas indígenas, muy por arriba de lo que normalmente es enviado para combatir la malaria, que es justamente para lo que sirve el medicamento.

Si normalmente el gobierno ya promueve una política de genocidio indígena, intentando imponer el célebre Marco Temporal, impidiendo la demarcación de tierras y armando a estancieros, ¿por qué no se aprovecharía de la pandemia para esta que es una de las principales prioridades: acabar con los pueblos indígenas?

Bolsonaro es genocida, y precisa ser sacado del gobierno ahora

El gobierno Bolsonaro promovió, de forma deliberada, una matanza en masa. Asesinato con un foco bien definido entre la población más pobre y negra, lo que ya caracterizaría como genocidio en el Tribunal Penal Internacional. Se aprovechó de eso para robar, combatiendo y después atrasando la vacunación, lo que torna todo aún más perverso. Se alió a experimentos que, sin ninguna exageración, podríamos calificar de nazistas. ¿Por qué, entonces, esa duda en llamar a las cosas por su nombre?

La CPI, más que una batalla del Senado, fue un producto de la propia crisis. A pesar de discursos muchas veces contundentes, no hay allí ninguna perspectiva de derribar a Bolsonaro. ¿O alguien cree de hecho que Renan Calheiros, un notorio corrupto, de una hora para otra se convirtió en un valiente defensor de la salud pública y de la justicia? Calheiros no quiere poner a Bolsonaro en la cárcel, quiere pavimentar su camino hacia la reelección y, en eso, permanecer él mismo lejos de la cárcel. Aziz, por su parte, ni siquiera esconde su intento de aliviar el escenario para el presidente.

Y, junto con O Globo, y parte significativa de la prensa y de la propia burguesía, no están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para acabar con este gobierno. Muy lejos de eso. Quieren “cocinar a Bolsonaro en baño-maría” mientras piensan en 2022. O Globo, no por casualidad, el mismo día que publicaba el célebre editorial, promovía un inédito debate entre precandidatos tucanos [del PSDB]. Una mal disfrazada propaganda electoral (e ilegal, dígase de paso).

Desgraciadamente, ni siquiera la oposición está dispuesta a poner fin al gobierno Bolsonaro, como Lula y el PT; estos están más interesados en mostrarse confiables a los banqueros y grandes empresarios (como Haddad jurando a los banqueros que el PT no es de izquierda) mientras cosen una frente amplio con la burguesía. Y en ese proyecto cuentan con la infeliz adhesión de la mayoría del PSOL. Y aquí sí hay una doble tragedia: al mismo tiempo en que se deja de lado el Fuera Bolsonaro, se cose una política de colaboración de clases y un programa que no va a cambiar la vida de la mayoría de la población.

Si el Congreso Nacional, la oposición, el conjunto de la burguesía y la gran prensa no quieren de hecho derribar a Bolsonaro, ¿por qué, al menos, no llamar a las cosas por su nombre, y decir que Bolsonaro es sí un genocida, algo que O Globo dice que es un “abuso”? Tal vez porque, así siendo, se vean obligados a reconocer otro genocidio, este social, que ocurre ahora mismo con la política económica de Paulo Guedes y que promueve escenas como la de los hambrientos amontonándose en los camiones de basura o disputando pedazos de huesos, mientras latifundistas, banqueros y multimillonarios, como el propio Guedes, se hacen cada vez más ricos.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 20/10/2021.-

Traducción: Natalia Estrada.