Bolsonaro se inspira en un gobierno de ultraderecha como el de Orbán en Hungría, para controlar el STF, atacar las libertades democráticas e implementar un régimen autoritario.
Por: Jeferson Choma
El inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales estuvo marcado por la discusión sobre la propuesta de aumentar el número de ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). La propuesta fue defendida por el vicepresidente, ahora senador electo por Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão (Republicanos).
“No se trata solo de aumentar el número de escaños en la Corte. Veo que tenemos que trabajar en lo que son decisiones monocráticas, encima de los mandatos para los representantes de la Corte Suprema; creo que no puede ser algo hasta los 75 años o 10 o 12 años”, dijo. “Esto debe ser discutido. Y otra discusión que planteó el presidente Bolsonaro es la de la cantidad de magistrados”, agregó.
Posteriormente, el diputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder del gobierno de Bolsonaro en la Cámara, defendió la propuesta de aumentar el número de magistrados de la Corte Suprema, de los actuales 11 para 16 integrantes. “Es una necesidad de encuadramiento del activismo del Poder Judicial”, justificó, sin ocultar el objetivo del bolsonarismo.
El propio Bolsonaro, en varias entrevistas y lives en las redes sociales, también defendió aumentar el número de ministros del STF. Hasta la fecha, Bolsonaro ha designado a dos de los actuales 11 ministros del STF: Nunes Marques y André Mendonça. De ser reelegido, podrá nominar a dos más en 2023.
En la primera vuelta, el bolsonarismo logró elegir varias figuras deplorables para el Parlamento, especialmente para el Senado, donde el PL tendrá 15 de los 81 escaños en la próxima legislatura, seguido por União Brasil (12) y otros partidos más pequeños del Centrão que Bolsonaro puede alquilar a través de un presupuesto secreto para obtener un mayor control del Congreso. De acuerdo con las normas constitucionales vigentes, es el Senado el que realiza las audiencias y vota los candidatos a las vacantes de ministros al STF designados por la Presidencia de la República. Incluso los ministros de la Corte pueden votar, como defienden muchos bolsonaristas.
La repercusión negativa de la propuesta obligó a Bolsonaro a decir que “no tiene ninguna propuesta”, durante el debate presidencial realizado el 16 de octubre. Pero nadie cree sus mentiras y sabe que su verdadero proyecto es instalar un régimen autoritario en el país, lo que se ha manifestado reiteradamente en decenas de amenazas golpistas. Después de todo, ¡qué esperar de una figura repulsiva que siempre ha defendido la dictadura, a los torturadores, la expulsión o el fusilamiento de los opositores, y cosas por el estilo! Un proyecto que ciertamente puede contar con la ayuda fiel de Centrão, como lo demuestra el intento de Arthur Lira de criminalizar investigaciones e imponer una pena de 10 años a cualquiera que «se equivoque» en el resultado. Esta es solo una pequeña demostración de la disposición de esta pandilla para seguir adelante con Bolsonaro y su proyecto de dictadura.
La última vez que se cambió el número de ministros del STF fue durante la dictadura militar (1964-1985), un período de la historia que Bolsonaro elogia y defiende. El cambio fue una maniobra para que la Corte Suprema tuviera 16 ministros, facilitando el control de la Corte por los militares.
La propuesta de Bolsonaro es gravísima. Pero no porque sea un ataque a la “democracia” en abstracto, como dicen los columnistas de la gran prensa. Después de todo, esta es una democracia burguesa, que sirve a los ricos y poderosos. Todas las instituciones de la democracia burguesa sirven a la dominación de clase de los capitalistas (una ínfima minoría) sobre la clase trabajadora (la abrumadora mayoría). En ella gobiernan distintas fracciones o sectores de la clase dominante turnándose en el control del aparato del Estado. Al igual que el Ejecutivo y el Congreso, el STF también sirve a la dominación burguesa. Recientemente, por ejemplo, el STF cedió al lobby patronal y suspendió la Ley del Piso de los Trabajadores/as de la Enfermería. Si hoy estuviésemos ante una poderosa movilización de la clase trabajadora, capaz de sustituir el régimen por otro mucho más democrático, como una democracia obrera, todas estas instituciones no dudarían un segundo siquiera en lanzar una cruel represión contra el pueblo.
No obstante, la democracia burguesa presupone la existencia de libertades individuales y colectivas: libertad de organización, de manifestación, de expresión, de reunión, etc. Esta es una conquista importantísima, arrancada con mucha lucha por la clase trabajadora. Cuando Bolsonaro amenaza con controlar o cerrar el STF, está tratando de imponer una dictadura del capital, suprimiendo las libertades democráticas.
Y eso no es algo que merezca indiferencia. Para los trabajadores no es indiferente que haya o no libertad para organizarse y luchar. La libertad de prensa, de organización política y sindical, de libre opinión y de asociación son fundamentales, especialmente frente a los ataques a los derechos de los trabajadores que se anuncian. Por eso defendemos el voto crítico a Lula, para derrotar a Bolsonaro y su proyecto autoritario. Pero alertamos: no se debe depositar ninguna confianza en un eventual gobierno Lula y su proyecto. La clase trabajadora debe prepararse para luchar y defender sus reivindicaciones, en la perspectiva de avanzar en un proyecto socialista.
La crisis del capital y la democracia de los ricos
La actual crisis económica mundial es la mayor de la historia del capitalismo, incluso comparada con la famosa crisis de 1929. La devaluación de las mercaderías, de la capacidad productiva, del valor, asociada a la destrucción directa, es la forma en que el capitalismo pretende superar su crisis. Esto requiere la destrucción y devaluación de la fuerza de trabajo (lo que resulta en desempleo, aumento de la explotación y caída de los ingresos), la liquidación de los derechos sociales, la erosión inflacionaria, la privatización de empresas públicas y la apertura de nuevas fronteras para que el capital vuelva a acumularse. Esta es la única forma en que los capitalistas consigan elevar nuevamente su tasa de ganancia.
Sin embargo, la burguesía encuentra una enorme resistencia para aplicar estas medidas cuando se enfrenta a la clase trabajadora en lucha. La profunda crisis de la democracia de los ricos tiene que ver con esto. Durante décadas, partidos reformistas de izquierda o partidos de la derecha tradicional se turnaron en el poder aplicando toda una receta neoliberal (en diferentes grados y escalas) para viabilizar la tasa de ganancia de los capitalistas. El resultado fue la ampliación de la desigualdad social. Según Oxfan, el mundo tiene 2.153 superricos que poseen más riqueza que otros 4.600 millones de personas.
Otro resultado fue el desgaste de los partidos tradicionales, vistos como agentes directos de la aplicación de estos planes y responsables del empeoramiento de las condiciones de vida. El surgimiento de los llamados partidos anticapitalistas en distintas partes del mundo fue una respuesta al deterioro de los partidos tradicionales, pero tuvo un vuelo muy corto, ya que rápidamente pasaron a colaborar con el reformismo tradicional, siendo vistos con un “furgón de cola [o extensión] de estos” : ver Syriza (Grecia), Podemos (España), Bloco de Esquerda (Portugal) y PSOL en el Brasil.
En este contexto emerge la llamada nueva ultraderecha, como Trump en EE.UU., Bolsonaro en Brasil, Viktor Orbán en Hungría, entre muchos otros, que en parte logran capitalizar el sentimiento de rechazo al régimen con el discurso “contra todos los que están ahí”, pero que, al final, sirven para mantener “todo lo que está ahí”, es decir, para crear mejores condiciones para que el capital siga acumulando, atacando los derechos sociales y aumentando la superexplotación.
Para eso, dividen a la clase trabajadora con xenofobia, racismo y opresión, al mismo tiempo que su “ataque al sistema” es, en realidad, un ataque a las libertades democráticas. Quieren agregar características más autoritarias al régimen político, manteniendo una fachada “democrática”, para reprimir cualquier tipo de reacción social e ilegalizar las organizaciones de trabajadores, criminalizando sus luchas.
La extrema derecha y su proyecto autoritario
El bolsonarismo es parte del crecimiento global de la ultraderecha, que recluta para su proyecto a los sectores más desesperados de la sociedad, especialmente a las clases medias en crisis. Una victoria electoral de Bolsonaro lo acercaría a concretar un cambio reaccionario en el régimen. El control del STF sería un paso importante en ese camino, como lo hizo el chavismo en Venezuela. Pero, al contrario de lo que dice, el propio Bolsonaro es el principal agente de la “venezualización” del Brasil, al repartir miles de cargos a militares de alto rango, aplicar una política económica que profundizó la pobreza y el hambre y, ahora, con su proyecto de controlar la Corte Suprema, como lo hizo el régimen venezolano.
Sin embargo, sería más apropiado, incluso ideológicamente, comparar el proyecto de Bolsonaro con el de su homólogo europeo Viktor Orbán, el ultraderechista que gobierna Hungría desde 2010.
Orbán es conocido por atacar sistemáticamente a migrantes y refugiados, LGBTI y mujeres. “No queremos convertirnos en pueblos mestizos”, afirma. Defiende la pena de muerte, la “familia tradicional” y los valores de la Europa cristiana. También ataca a los “globalistas” y a la Unión Europea, mientras toma su dinero y lo canaliza hacia sus aliados corruptos y familiares. La Unión Europea, por su parte, a pesar de todas las condenas formales, sigue enviando dinero a su gobierno, porque sabe que él es útil para frenar el flujo migratorio hacia el continente.
Cuando Orbán fue elegido en 2010, Hungría estaba hundida en medio de la crisis económica internacional. Había una creciente insatisfacción con el partido socialista (en realidad, un partido socialista-liberal*) que estaba en el poder en el momento del estallido de la crisis y aplicaba un programa económico abiertamente neoliberal. Mientras pronunciaba discursos reaccionarios contra los migrantes, las mujeres y las personas LGBT, Orbán llevó a cabo profundos cambios en el régimen que le aseguraron la reelección por tres veces consecutivas, en 2014, 2018 y 2022.
Su gobierno cambió la composición de la Corte Suprema, implementó una reforma electoral favorable a su partido, la Fidesz (Alianza Cívica Húngara), y restringió la libertad de prensa. De esta forma, Orbán tenía el camino despejado para aplicar su política reaccionaria, xenófoba y antiobrera, manteniendo una fachada democrática con ritos como las elecciones periódicas.
Las reformas constitucionales dieron a Orbán la capacidad de nominar más jueces para la Corte Suprema, obteniendo una mayoría alineada con su gobierno. Su gobierno también redujo el tamaño del Parlamento, modificó las reglas de financiamiento privado de campañas a favor de su partido y reformuló y creó nuevos distritos electorales que son responsables por la elección de los diputados. Estas nuevas reglas favorecen mucho a Orbán. “Las fronteras de estos nuevos distritos también parecen trazarse a favor de Fidesz (…). Históricamente, los distritos de tendencia izquierdista se han dividido y mezclado en distritos históricamente de tendencia derechista, creando menos distritos en los que es relativamente seguro que ganarán los candidatos de izquierda”, explica Kim Lane Scheppele, profesora de sociología en Princeton, en un artículo en el New York Times. Vale la pena leer su artículo completo .
La reestructuración del sistema electoral ayudó a Orbán a mantenerse en el poder, aun cuando su partido obtuvo menos votos. Pero esta reformulación de la legislación electoral también hizo posible que el Parlamento tuviera un control aún mayor. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional anuló las leyes que criminalizaban el acto de ser un sin techo, el Parlamento alteró la constitución para incluir lo que el Tribunal había rechazado. En otras palabras, en Hungría no tener hogar y vivir en la calle es un delito.
En plena pandemia, aprovechándose de los poderes dictatoriales votados por el Parlamento, Orbán realizó una serie de detenciones de dirigentes opositores. Varias personas fueron detenidas en sus casas y retenidas durante horas. Con base en la “legislación de emergencia” que sanciona a cualquiera que publique supuestas “informaciones falsas”, “comentarios alarmistas” o por “poner en peligro al público”, la policía monitoreó y reprimió continuamente a los opositores y la circulación de informaciones.
La censura a la prensa no se ejerce directamente, pero el gobierno ha dificultado la vida de los periódicos críticos al suspender los fondos publicitarios estatales e imponer impuestos a quienes no están alineados con el gobierno. En 2017, un estudio de la Universidad Centroeuropea en Budapest señaló que alrededor de 90 % de los medios de comunicación húngaros son ahora propiedad directa del Estado o los mantienen oligarcas vinculados a la Fidesz.
Además, el gobierno llevó a cabo purgas masivas contra los empleados públicos. No se sabe a ciencia cierta el número de despidos, pero jueces, docentes, técnicos, entre otros empleados que manifestaron disconformidad con el gobierno, fueron reemplazados por aliados. “Clientelismo”, “favoritismo”, “nepotismo”… es la norma para ocupar cargos públicos en el país.
Ante el nuevo ciclo de crisis económica, Orbán aprobó una ley que flexibiliza la jornada laboral y el pago de horas extras en el país, denominada “ley de la esclavitud”. La medida provocó paros y movilizaciones, sacando a las calles los mayores contingentes contrarios a Orbán desde el inicio de su gobierno. Según la ley, los trabajadores húngaros ahora pueden cumplir hasta 400 horas extras al año (en lugar de 250) y los empleadores pueden diferir el pago por hasta tres años.
Además de la represión directa, el gobierno impulsó una campaña de difamación y calumnias contra las protestas sociales. Orbán respondió fomentando aún más la xenofobia, utilizando el temor de los húngaros hacia los musulmanes para recuperar el apoyo en un momento en que la Fidesz estaba perdiendo votos en las elecciones regionales. También respondió a las protestas diciendo que todo era una “conspiración” financiada por el multimillonario George Soros, o por las “fuerzas” que quieren inundar a Hungría de “peligrosos” inmigrantes.
Derrotar a Bolsonaro en las elecciones y en las luchas
Es necesario derrotar a Bolsonaro en esta segunda vuelta e impedir el avance de su proyecto autoritario. Una victoria del gobierno lo acercará a intentar imponer el control sobre el Supremo y el Poder Judicial; manipular el sistema electoral mediante el fraude del voto impreso para perpetuarse en el poder; aprobar medidas contra la libertad de prensa y la criminalización de los movimientos sociales y sindicales, calificándolos como “amenazas terroristas”.
Medidas que dejarán al gobierno en mejores condiciones para avanzar en la destrucción de la legislación laboral; en el ataque a los empleados con la reforma administrativa; en la destrucción y entrega de la Amazonía a garimpeiros [mineros de oro], multinacionales y agronegocio; en la apertura de las Tierras Indígenas a la minería; en el saqueo y privatización de nuestras riquezas, y en la represión de las luchas de los trabajadores y de los movimientos sociales.
Además, el gobierno aún podrá utilizar grupos armados fascistas, ampliando su armamento, para atacar huelgas y movilizaciones, lo que intensifica la urgencia y necesidad de que los trabajadores, campesinos e indígenas organicen su autodefensa.
La crisis económica y social tiende a agudizarse el próximo año, según la previsión de los propios organismos del capital. El incendio silencioso que corroe a la sociedad puede estallar en un fuego de proporciones imprevisibles, y Bolsonaro no dudará en promover una brutal represión contra el pueblo, utilizando medios dictatoriales, grupos fascistas e incluso las Fuerzas Armadas para sumir al país en un baño de sangre e impedir que sea despojado del poder.
Derrotar a Bolsonaro en las elecciones es un golpe contra este proyecto. Por eso defendemos el voto crítico a Lula, para derrotar a Bolsonaro y su proyecto autoritario. Sin embargo, es necesario alertar que ninguna elección derrotará definitivamente el bolsonarismo, producto de la crisis del capital y la democracia de los ricos. No será derrotado con la reedición del proyecto del Frente Amplio, en torno a Lula-Alckmin, de gobiernos burgueses de conciliación de clases y de administración del capitalismo en crisis. Por el contrario, este es el camino que conduce inevitablemente al fortalecimiento del bolsonarismo, como lo demuestran los ejemplos del resurgimiento de la ultraderecha en EE. UU., Perú, Chile, Argentina, entre otros países. Necesitamos superar este sistema, acabar con las raíces que dieron origen a la extrema derecha, en una batalla por el socialismo, con independencia de la clase trabajadora de la burguesía, y con el avance de la movilización, de la conciencia y de su organización.
* El socialliberalismo , o “Tercera Vía”, fue el movimiento en el que los partidos socialistas de Europa, en la segunda mitad de la década de 1990, presentaron un proyecto y un programa económico, social y político, supuestamente equidistante tanto del liberalismo como del socialismo. Acogido por el entonces primer ministro británico, Tony Blair, el proyecto obtuvo el apoyo del entonces canciller alemán Gerhard Schroeder y de los primeros ministros Wim Kok, de los Países Bajos, y Massimo D’Alema, de Italia. El socialliberalismo representó la incorporación del neoliberalismo por parte de los partidos socialdemócratas tradicionales: respeto por los “mercados”, adhesión a las políticas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, defensa programática de las reformas laborales y previsionales, entre otras medidas.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 24/10/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.
