El régimen impone persecución y criminalización a sindicalistas y defensores de derechos humanos.
El Salvador vive un proceso de involución democrática desde la llegada del actual gobierno, que cada día que pasa muestra un talante antidemocrático y su vocación fascista.
Por PLATAFORMA DE LA CLASE TRABAJADORA EL SALVADOR
A la fecha el gobierno ha impulsado la perdida de derechos fundamentales a la población, a través de la implementación de un duro régimen de excepción, que ya cuenta con 12 prorrogas, medida que el pasado 27 de marzo cumplió un año de implementación, bajo el pretexto del combate a las maras, se han eliminado las garantías del debido proceso, con lo que cualquier persona podría terminar fácilmente encarcelado como mínimo por 6 meses sin ser culpable de nada.
Miles de capturas, violaciones a los derechos fundamentales y muertes en las cárceles.
Al mes de febrero se contabilizan cerca de 65 mil capturados bajo estas condiciones especiales, miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, e incluso se denuncian muertes bajo la supuesta “custodia” del estado de personas que fallecieron en condiciones inhumanas en las cárceles de nuestro país.
La persecución política a la disidencia sindical y social es una realidad
Sin embargo lo que inició como parte de la llamada “Guerra contra las pandillas” ha dado un giro peligroso al empezar a perseguir y encarcelar a dirigentes sindicales, sociales, indígenas y del movimiento popular, y es que el hecho básico y lógico de reclamar el pago de salarios caídos, ha sido motivo de encarcelamiento, la simple protesta laboral por un beneficio social no entregado ha significado la acusación de delitos de desórdenes públicos y el encarcelamiento, ésta situación significa un preocupante retroceso sobre todo en un país que tiene en su historia reciente antecedentes de autoritarismo extremo, persecución política y criminalización de los luchadores por los derechos humanos.
Presentamos un recuento de los principales casos de encarcelamiento de dirigentes sindicales, sociales y populares a raíz de la aplicación del régimen de excepción a los luchadores:
- Dolores Almendares, dirigente sindical de la Alcaldía de Cuscatancingo y dirigente nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños-CNTS, capturada luego de la participación de la marcha del primero de mayo día internacional de la Clase Trabajadora.
- Giovanni Guerrero, miembro del Sindicato de la Alcaldía de San Salvador y parte del movimiento social, capturado luego de la marcha del primero de mayo día internacional de la Clase Trabajadora.
- José Leónidas Bonilla Torres, dirigente sindical de la alcaldía de mejicanos, e integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, quien falleció por falta de suministro de medicamentos en la prisión.
- Rodolfo Pereira, líder de la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños, ANTRAIVEAS, integrante de la Coordinadora Nacional de Vendedores e integrante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, fue capturado en el pasado junio de 2022.
- David Melquisedec Castillo, trabajador de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), también se encontraban junto a él David Castillo; Francisco Ayala, de SITICOR; y Óscar Bolaños del Sindicato de Trabajadores de ANDA (SITRAANDA), quienes también fueron detenidos y dejados en libertad horas después.
- Leví César Morales, hijo del líder indígena Silverio Morales, del Movimiento Unificado Indígena, fue capturado el 11 de noviembre de 2022
- Miguel Ventura, sindicalista de la alcaldía de San Marcos, quien fue capturado y sigue su proceso en detención por haber reclamado el cumplimiento de un beneficio económico que siempre se había entregado en dicha municipalidad en el mes de diciembre.
- Ana Joma, Edwin Lobez y Ovidio Hernández, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA) fueron capturados por reclamar el no pago de salarios de diciembre de 2022. y aguinaldos.
- Cinco trabajadores miembros del Sindicato de la Imprenta Nacional (SEPIN) fueron detenidos Emilia de Paz Santa Maria, secretaria general del sindicato; Veraliz Martinez, secretaria de la mujer; Esteban Galdamez, secretario de organización; Sergio Ramos, afiliado al sindicato y José Abraham Torres, miembro de la Junta Directiva. Por protestar contra la actitud de un gerente.
- Benjamin Castillo, miembro fundador del Movimiento Indígena para la Integración de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, quien fue capturado el 8 de febrero.
- Antonio Pacheco, director de ADES, el jurídico Saúl Rivas y los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, todos luchadores por la defensa de la tierra en contra de los proyectos mineros en El Salvador.
- El pasado 22 de febrero el Coordinador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda quien encabezara recientemente una movilización importante de trabajadores hacía casa presidencial denunció el intento de captura por parte de miembros de la Policía Nacional Civil.
Esta larga lista solo es una muestra de las constantes violaciones de los derechos humanos laborales a los líderes sindicales y sociales, pero a diario también se dan despidos de dirigentes sindicales, acoso laboral, discriminación sindical, obstaculización al ejercicio de la libertad sindical y del derecho de protesta en El Salvador.
Es por esta razón que llamamos a la comunidad internacional, a las organizaciones políticas, sindicales, populares, juveniles, indígenas, organizaciones de derechos humanos y personalidades a desatar una campaña por la Libertad Sindical y por la No Criminalización de la Protesta Social y de los Luchadores en El Salvador.
¡Luchar no es Delito!
¡Libertad a las y los luchadores!
Solidaridad internacional YA
