El pasado 21 de enero, al margen de cualquier debate científico y socializando únicamente con sectores fundamentalistas religiosos, el Congreso Nacional (CN) de Honduras aprobó una propuesta de reforma a la constitución denominada “Escudo contra el aborto en Honduras” para blindar desde la constitución la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia. No siendo este el único ataque democrático, en la misma sesión legislativa se prohibió la reforma al artículo 112 que establece que los matrimonios solo pueden ser entre un hombre y una mujer. Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) nos pronunciamos categóricamente contra las reformas al artículo 67 y al artículo 112, reiterando nuestro absoluto acuerdo con la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Por: Kely Núñez

El miedo a la ola verde

En definitiva, el triunfo de la marea verde en Argentina tiene una enorme importancia en Latinoamérica y el mundo, marcando una pauta en la lucha histórica por la legalización del aborto. Pero, esta victoria de las mujeres no solo alentó a los sectores más progresivos, también puso en alerta a los sectores conservadores, y ese es el caso de Honduras.

La propuesta “Escudo contra el aborto” fue presentada por el vicepresidente del CN Mario Pérez, del partido de gobierno, y respaldada por más de dos tercios de la cámara legislativa (86 votos de un total de 128 diputados).

Según Mario Pérez:[1]

“Viendo lo que sucedió en el Senado argentino y dos Estados en México donde ya se legalizo la práctica del aborto en la capital de México y [el] Estado de Oaxaca no tenemos ninguna duda de que nuestra posición geográfica en el centro iba a ser susceptible a esa ola de ideas o, si le quieren llamar de otra forma, de ondas de en algún momento presionar al CN, a los legisladores hondureños, a los que vengan, a los futuros, para legalizar el aborto en el país (…) decidí presentar esta propuesta de ley basado en mis principios cristianos”.

Con su discurso, Mario Pérez claramente hace referencia a la lucha de las mujeres por la legalización del aborto en Argentina, y pretende blindarse contra cualquier proceso de movilización que pueda presionar al CN para que en Honduras también sea ley. Además de demostrar que legisla con la biblia en mano, en un Estado que se supone debería ser laico. El miedo de Mario Pérez a la ola verde lo expresaron también otros diputados, por ejemplo Mauricio Olivia, presidente del CN y precandidato presidencial en las próximas elecciones, expresó:[2]

“Considero que como sociedad debemos fomentar temas que, en lugar de dividirnos, nos unan; que lejos de sembrar el mal, nuestras acciones se orienten a proteger a los más vulnerables”. “No podemos permitir que sigan voces disonantes creyendo que Honduras seguirá los pasos del mal que han seguido otras naciones que han convertido un acto tan infame como quitarle la vida a un feto en crecimiento”.

Se sumó también Tomas Zambrano secretario del CN:[3]

“El objetivo es establecer una prohibición en la constitución contra el aborto, un blindaje a la constitución, sabemos de la ola o reformas que se han venido del sur hacia el norte con partidos de ideología de izquierda”.

La nefasta reforma consiste en la modificación al artículo 67 que ahora incluirá: “prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”. Claramente se trata de una ofensiva reaccionaria y acientífica escudada en preceptos y prejuicios religiosos. Blindar desde la constitución la prohibición del aborto pone cuesta arriba una futura legalización del aborto en el país. Hasta el momento la prohibición del aborto solo era establecida en el código penal de Honduras, donde la interrupción del embarazo esta tipificada como delito y puede significar entre 2 y 8 años de reclusión para la mujer que lo practique.

Decimos que es un blindaje porque es más difícil reformar la constitución que el código penal; la misma reforma al artículo 67 establece claramente que cualquier iniciativa a favor del aborto automáticamente será considerada como nula, y que, además, para reformarse esta nueva disposición será necesaria la aprobación de tres cuartas partes del CN (96 votos), la misma cantidad que se necesita para enjuiciar al dictador de JOH.

También el partido de JOH se encargó de garantizar que la reforma se realizara cuatro días antes del inicio de la IV y última legislatura (25 de enero), que paradójicamente coincidió con el día de la mujer hondureña. La urgencia del cachurequismo consistía en que, de no reformarse en esos días, la iniciativa solo iba a poder ser discutida por el CN electo en las próximas elecciones fraudulentas.

¿Cuá es la situación del aborto en Honduras?

La restricción del aborto ha demostrado que no evita que las mujeres lo practiquen, al contrario, obliga a mujeres y niñas a practicarlo de forma insegura e insalubre, poniendo en riesgo incluso su vida, al tener que recurrir a una interrupción del embarazo en forma clandestina. Siendo más vulnerables las mujeres pobres, que no cuentan con recursos para practicarse un aborto en el extranjero, en países donde la legislación sí se los permita.

Según Guttmacher Institute las tasas de aborto son más altas en países donde se restringe el aborto que en países donde es legal en términos amplios, y son aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados que ocurrieron cada año entre 2015 y 2019, de los cuales 73 millones (61%) terminó en aborto. Y un aborto inseguro representa entre 5% y 13% del total de las muertes durante el embarazo.

En 1985, bajo reformas al código penal, Honduras pasó a penalizar el aborto en su totalidad, y actualmente, junto con Nicaragua, El Salvador, Haití, y República Dominicana, es de los únicos países que prohíben sin excepciones la interrupción –voluntaria– del embarazo, incluso ante una violación, un incesto, un embarazo que ponga en riesgo la vida de la madre, o en casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida. La prohibición total del aborto, además, se hace al margen de cifras alarmantes, y muy a pesar de que la despenalización del aborto es considerado un asunto de derechos humanos por parte de los órganos de derechos humanos internacionales, y por lo tanto parte de las obligaciones del Estado.

La ONU estima que en el país se practican entre 51.000 y 82.000 abortos por año, siendo el país con la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes y en zonas rurales (30%), donde uno de cada cuatro partos es de una adolescente menor de 19 años. En muchos de los casos, el embarazo es producto de una violación o incesto. Prueba de ello es que cinco días después de que se presentara la moción en el congreso, el 16 de enero, Tiempo Digital daba a conocer que una niña de 10 años dio a luz luego de una doble violación que involucraba al padre de la menor.

Por otro lado, las víctimas de violencia sexual son más vulnerables desde que en 2009, con el Golpe de Estado, se prohibió el uso, distribución y venta de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) por considerárselas erróneamente abortivas, siendo el único país de la región que las prohíbe.

Cuando se abrió la posibilidad de reformas al Código Penal, la plataforma SOMOS MUCHAS presentó en 2017 una propuesta de despenalización del aborto por tres causales. Pero la propuesta fue rechazada y no recibió ningún compromiso de apoyo por parte de los partidos opositores en el CN. Contrario a eso, la reforma disminuyó las penas para los violadores. Mientras otros países lograron avances importantes. Ese mismo año Chile, que era parte de la ola de movilizaciones en Sudamérica, conquistó los tres causales, y un año después, en un referéndum con resultados a favor, Irlanda legalizó el aborto.

Hasta aquí es importante subrayar que el derecho a la vida tan defendido por los sectores pro-vida es hipócrita cuando no considera la vida de la madre, que es la única víctima ante la imposibilidad de poder practicarse un aborto en condiciones seguras.

Según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, en un posicionamiento emitido el 25 de enero:[4]

“Las reformas constitucionales aprobadas están basadas en serios errores conceptuales sobre la finalización del embarazo desde el punto de vista científico, bioético y por causales médicas. Lamentablemente esos errores están incluidos en el código penal aprobado en la cámara legislativa. Esta reforma de ley viene a incrementar el deterioro en la salud y la vida de mujeres y niñas, provocando un retroceso en el derecho a la salud reproductiva e impactando aún más en las ya desbordantes cifras de mortalidad materna en nuestro país”.

Es evidente la inexistencia de un Estado laico en el país, al no tomar en cuenta a las personas calificadas y, peor aún, a las propias mujeres, pero sí a la Iglesia católica, la confraternidad evangélica y los pro-vida, en una discusión que no les corresponde. Tampoco olvidamos que estos sectores revisan las guías metodológicas de educación sexual emitidas por la Secretaría de Educación (SE), y en 2018 recomendaron se retiraran ilustraciones sobre los órganos sexuales reproductivos, sugerencia que la SE ejecutó. Una vez se comenzaron a distribuir, la Iglesia católica manifestó que, aunque participa de las discusiones, no está de acuerdo con su distribución porque las guías fomentan las relaciones sexuales a temprana edad, realidad que ellos ignoran.

Además, si una mujer quiere esterilizarse para no tener más hijos, o no tenerlos, se le pide una serie de requisitos que van desde la edad, autorización del esposo, y haber tenido al menos 2 o 3 hijos ya.

El Partido Nacional no respeta la vida

El argumento central de los parlamentaristas es que el derecho a la vida debe defenderse desde la concepción, y los diputados se han autoproclamado defensores y respetuosos de la vida, cuando su legislación lo que menos ha defendido en el país es precisamente eso, y donde son las mujeres de la clase trabajadora las que llevan la peor parte.

La dictadura de JOH, incluso ha asesinado a sangre fría cuando le fue necesario, y con sus políticas nos conduce inevitablemente hacia la muerte. Su mala administración ante la pandemia de Covid-19 y los posteriores huracanes IOTA y ETA es la mejor prueba. La dictadura cachureca ante el saqueo, la falta de insumos y de medidas serias, hace que los hondureños perdamos la batalla contra el Covid-19. Solo el mes de enero cerrará con más de 1.200 muertes según la Asociación Nacional de Funerarias, y fueron miles los que decidieron arriesgar sus vidas en el éxodo migratorio ante las pérdidas que dejaron las lluvias; otros viven en carpas a la orilla de la calle. ¡Hipócritas, no les creemos su discurso doble moral!

Unidad y lucha por el derecho a decidir: sigamos el ejemplo argentino

Penalizar el aborto no impide que este se practique, como legalizarlo no obliga a ninguna mujer a practicarlo; penalizar el aborto sí penaliza la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a elegir el momento o no de su maternidad. Con la legalización del aborto solo se pretende sacar el aborto de la clandestinidad, y brindarles a las mujeres opciones legales, gratuitas y seguras, siendo este un tema de salud pública.

En el PST estamos convencidos de que para contrarrestar esta medida reaccionaria y de odio a las mujeres es necesario hacer trabajo entre las organizaciones sociales y populares para lograr la más amplia unidad, y apostar como en Argentina a la movilización en las calles. Desde ya nos ponemos a disposición de esta tarea. Ningún partido o movimiento social puede llamarse a sí mismo revolucionario y estar en contra del aborto. ¡Qué JOH y sus diputados no hagan una dictadura de nuestros cuerpos! Es urgente que realicemos acciones de protesta por el derecho a decidir, por educación sexual, laica y científica, por la despenalización de las PAE y un mayor acceso a métodos anticonceptivos, en la perspectiva de un 8 de marzo de acciones nacionales para derrotar el “Escudo contra el aborto”.

¡Aborto legal, seguro y gratuito! ¡Educación sexual laica, científica y sin tabúes! ¡Despenalización de las PAE! ¡Mejores condiciones para las que sí deciden ser madres! ¡Matrimonio igualitario! ¡Fuera JOH y sus diputados pro-vida!

Tegucigalpa, MDC
27 de enero de 2021

Notas:

[1] Socialización del proyecto “Escudo contra Honduras” en el que únicamente participó la Iglesia católica, el sector Provida, y la confraternidad evangélica de Honduras.

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Ver pronunciamiento completo en: https://www.facebook.com/Sociedad-de-Ginecologia-Y-Obstetricia-de-Honduras-1769137223407904/