Los números son alarmantes y muestran que el pico pandémico tiene aún otra variante: el hambre. Más allá de la violencia a que son sometidos cotidianamente, pobres aquí y palestinos bajo ocupación están en este momento entre morir porque no tienen qué comer o por falta de vacuna.
Por Soraya Misleh, 8/4/2021.-
Conforme la Investigación Nacional sobre Seguridad Alimentaria en el contexto de la pandemia de Covid-19, realizada en diciembre de 2020 por la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, más de la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria. Son 116,8 millones sin acceso pleno y permanente a alimentos. Para 19,1 millones de ellos –9% de los brasileños– la situación es grave: están pasando hambre. El cuadro se agrava en las regiones más pobres del país: en el Norte, en 18,1% de los hogares las personas no tienen qué comer. En el Nordeste, son 13,8%.
En Palestina bajo ocupación, conforme la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mitad de la población tiene dieta nutricional comprometida y 32,7% enfrenta el agravamiento de la inseguridad alimentaria en medio de la pandemia. En Gaza, la situación de dos millones de habitantes es aún más dramática en función del cerco israelí deshumano, desde hace casi 14 años, y los bombardeos frecuentes, son 68,5%. Mitad de los niños vive cuadros de desnutrición crónica. Más de un millón depende de ayuda humanitaria para alimentarse.
El hambre también tiene género y raza. De acuerdo con las mismas fuentes, en Gaza, 54% de las familias sustentadas por mujeres enfrentan inseguridad alimentaria. En el Brasil, 11,1% está sin tener qué comer, y entre negros y pardos, 10,7%.
Inseguridad hídrica
El informe brasileño constata que incluso que “el hambre viene acompañada de muchas otras carencias, destacadamente la falta de agua. La inseguridad hídrica […] alcanzó en 2020 40,2% y 38,4% de los domicilios del Nordeste y Norte, respectivamente, porcentajes casi tres veces superiores a las de las demás regiones. El abastecimiento irregular de agua es una de las condiciones que aumentan la transmisión […] del Covid-19, ocurriendo con mayor frecuencia en domicilios y regiones más pobres del país”.
En Palestina, la ocupación sionista, como denuncia la organización de derechos humanos Al Haq en informe, mina la capacidad de la población “de prevenir y mitigar adecuadamente los impactos de la pandemia”.
“El acceso de los palestinos al agua en la Cisjordania ocupada es negado en favor del suministro a asentamientos israelíes ilegales. Así, casi 50.000 palestinos que residen en el Área C [bajo control militar sionista, en la división hecha por los desastrosos acuerdos de Oslo en 1993] viven sin acceso al agua limpia. Además, son impedidos de construir y renovar su propia infraestructura de agua, a través de severas restricciones de construcción impuestas por la administración israelí, tornando difícil tener agua suficiente para consumo doméstico y para mantener la autosuficiencia e independencia alimentaria”, apunta Al Haq.
Y continúa: “Frente a esto, en 2016 los palestinos en la Cisjordania ocupada consumían en media apenas 73 litros de agua por día, bien debajo de los 100 litros recomendados por la OMS [Organización Mundial de la Salud], mientras los colonos israelíes consumían aproximadamente 369 litros por día, más de tres veces la media recomendada”. Según la organización, hoy, esos residentes ilegales consumen tres a ocho veces más agua que toda la población palestina de Cisjordania.
La situación en Gaza, como continúa Al Haq, es “particularmente preocupante”. En su texto, demuestra: “De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a partir de 2019, solo una de cada diez familias de Gaza tiene acceso al agua limpia y segura. Apenas 5% del abastecimiento es suministrado por Israel, la potencia ocupante, mientras el resto viene del acuífero costero, que está ampliamente contaminado, o de pozos privados, inaccesibles para la mayoría de los palestinos. Además, menos de 4% del agua dulce de Gaza es apropiada para uso y consumo humano”.
En los campos de refugiados en la región de Medio Oriente, en los que viven cinco millones de palestinos impedidos de retornar a sus tierras, la situación también es de extrema vulnerabilidad. Se desarrollan la pobreza, condiciones insalubres y falta de agua potable en moradas y calles estrechas que recuerdan las favelas brasileñas.
Una visita realizada a uno de ellos, relatada por Philippe Lazzarini, comisario general de las Naciones Unidas a Estados miembros durante un encuentro online, el 7 de abril, da una muestra: “La semana pasada estuve en el campo Ein El Hilweh, en el sur del Líbano, y un joven refugiado palestino desempleado me dijo que constantemente se pregunta si morirá de Covid, de hambre o intentando atravesar el Mediterráneo en un bote. Las personas luchan diariamente para garantizar una refección para la familia. […] Nadie debería tener que escoger entre esas tres opciones mortales”.
La Nakba (catástrofe) continúa. No obstante, el Estado racista de Israel sigue presentándose como bueno en la lucha contra el hambre en el Brasil. La iniciativa de dar migajas para limpiar su imagen mientras sigue el régimen institucionalizado de apartheid, no pasa de propaganda para encubrir los lugares en que el sionismo habla de matar de hambre, donde armas y tecnologías militares israelíes están en manos de las policías. Derraman la sangre joven y negra en las periferias brasileñas, después de testadas en las cobayas humanas palestinas.
Apartheid sanitaria y genocidio
Mientras tanto, la vacunación camina a pasos trágicamente lentos. En el Brasil, el Sistema Único de Salud (SUS) tiene capacidad de vacunar a más de dos millones de personas por día; poco más de 10% de la población tomó la primera dosis desde el inicio de la campaña, en enero último. El responsable directo es el desgobierno genocida de Bolsonaro, que optó por el camino del valle de la muerte –al no comprar las dosis necesarias y actuar contra las medidas de contención recomendadas por la ciencia, haciendo incluso campaña contra ellas–. El saldo es de más de 340.000 muertos –cuatro de cada cinco podrían haber sido evitadas en 2021, con vacunación y lockdown, según afirmó en una de sus lives semanales el biólogo, investigador y doctor en virología Átila Iamarino–.
En la Palestina ocupada, en que hasta el momento la inmunización alcanzó el irrisorio porcentaje de 0,2% de una población de cinco millones, el Covid-19 ha sido un instrumento más de punición colectiva, combinada con limpieza étnica planificada y selectiva –apartheid sanitario como capítulo de los crímenes sionistas contra la humanidad en curso hace más de 72 años–. El impacto político en la salud de la población es demostrado por la médica palestina Samah Jabr en live promovida por el movimiento BDS Brasil el 18 de marzo último, como parte de la Semana contra el Apartheid Israelí.
El sionismo ha usado la vacuna como moneda de cambio, chantaje, punición colectiva, limpieza étnica, y también propaganda. Ahora el marketing se volvió para el llamado “proyecto S” del Instituto Butantan en Serrana, interior paulista, ciudad de poco más de 45.000 habitantes, escogida para estudio sobre inmunización en masa. Conforme divulgado por los medios, el cónsul general de Israel en San Pablo, Alon Lavi, se reunió con el alcalde del municipio, Léo Capitelli (MDB) el 6 de abril para “producir conocimiento” sobre el asunto y firmar un acuerdo de cooperación técnica que puede extenderse para áreas como innovación, agricultura y gestión del agua.
El “estudio” es la disculpa perfecta para avanzar en acuerdos que en nada beneficiarán a los brasileños, mientras servirán para sostener la ocupación criminal.
Fuente: www.monitordooriente.com
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
