El asesinato de Genivaldo y la masacre en Río de Janeiro conmocionaron al país por el bárbaro nivel de violencia y traen al primer plano un debate sobre la actual política de seguridad pública en el Brasil y a quién esta sirve.
Por: Júlio Ansemo
Brasil es un país violento y desigual. En 2021, hubo más de 41.100 muertes violentas, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Solo para comparar, en la Guerra de Afganistán el promedio de muertes por año se estima en 12.000.
Hoy se vive entre la naturalización de este alto grado de violencia y el uso populista del tema para defender medidas engañosas, como hacen Bolsonaro y la derecha. Para ellos, bastaría con más armas para la policía, más muertos y más detenciones. Incluso abogan por armar a los ricos y tienen relaciones con las milicias [parapoliciales]. También apoyan la violencia de garimpeiros [buscadores de minerales], estancieros y madereros en la Amazonía contra ribereños e indígenas. La reciente desaparición del periodista británico Dom Philips y del trabajador de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Bruno Araújo Pereira, plantea la posibilidad de que hayan sido las nuevas víctimas de este sector. En Río de Janeiro, el gobierno inició una distribución aleatoria de armas y municiones para que la policía hiciera algunas “changas” [trabajaos ocasionales].
La brutalidad policial y la burguesía brasileña
Los casos recientes de Genivaldo y de la masacre de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, fueron crímenes cometidos por agentes de seguridad pública que supuestamente deberían proteger a todos los ciudadanos. Y no son casos aislados; hay unas 6.133 muertes provocadas por policías solo en 2021. De 2013 a 2020, la evolución de las muertes violentas por la policía aumentó un absurdo 190%. La población negra tiene tres veces más probabilidades de ser asesinada por la policía.
El caso de Genivaldo conmocionó. Además de que el asesinato fue realizado por la Policía Federal de Caminos (PRF), con una cámara de gas improvisada, fue una tortura cobarde contra alguien que no representaba un riesgo para nadie. En otras palabras, reveló en todos sus contornos el carácter de la política de seguridad brasileña: el sadismo, la tortura y la brutalidad contra los pobres y negros.
La solución pasa por el necesario castigo de los policías implicados, pero el problema no acaba ahí. Esta política de seguridad pública racista y elitista está en el corazón de la formación del Brasil como nación y refleja la fisonomía misma de la clase dominante brasileña.
Si no, ¿por qué la primera reacción de la cúpula del PRF fue reivindicar la acción? Tras la gran repercusión, la amplia difusión del video, el discurso cambió.
Ni los defensores de la violencia policial como Bolsonaro y la ultraderecha consiguieron defender esta ejecución. Incluso entre los que se llaman de izquierda, hay mucha hipocresía. Por ejemplo, mientras Lula cuestiona correctamente la actuación de la PRF en el caso Genivaldo, la letalidad policial en el gobierno del PT en Bahía ha aumentado absurdamente.
Después de que 28 personas fueran asesinadas en Vila Cruzeiro, los altos mandos policiales y los gobiernos pronto salieron en defensa de la acción policial. Justificaron que se trataba de un enfrentamiento con bandidos, y que todos los muertos estarían involucrados.
Pero según la Fiscalía, tres de las 28 muertes resultaron ser ejecuciones sumarias de la policía. Algunas con adulteración de la escena para dificultar las investigaciones y falsificación de flagrantes, como pistolas cerca de los cuerpos. También se comprobó que dos víctimas no tenían relación con el crimen. Una sufrió un ataque epiléptico durante la acción y la otra no estaba físicamente capacitada para sostener un arma.
Para los fiscales, del total de víctimas, solo 13 muertos fueron considerados legítima defensa de los policías. Los demás casos de esta brutal matanza fueron archivados porque no se pudo probar nada. Incluso considerando que la fiscalía estuviese en lo cierto (lo que ya es difícil de creer dado el papel de la justicia en evaluar las acciones de los gobiernos), ¿qué pensar de un operativo policial que no logra explicar la mayoría de las muertes? ¿Esto es seguridad pública?
Han sido al menos cuatro décadas de “guerras a las drogas” que, además de no acabar con el tráfico, ni siquiera han reducido las muertes. Las operaciones policiales en las comunidades cariocas [de Río de Janeiro] no sirven para combatir el crimen o el tráfico. Solo traen consecuencias lamentables para el pueblo, que sufre en la encrucijada de la violencia del tráfico, de la milicia o de la policía. Pero también para los propios policías que sirven de carne de cañón de la cúpula de la corporación, de los gobiernos y de la burguesía. Esto no es una política de seguridad, es una política de exterminio.
El rol de la policía: matar a los pobres para sostener la propiedad de los ricos
De hecho, podemos remontarnos a la formación del país para entender el papel de la policía. La Policía Militar de Río de Janeiro fue creada en 1809 con la llegada de la Corte Portuguesa al Brasil. Sus actividades estaban directa y abiertamente vinculadas a la represión de los esclavos y los delitos sociales relacionados con el control de los explotados y oprimidos.
Tras el fin de la esclavitud, el objetivo siguió siendo el mismo. De diferentes maneras, el objetivo siempre ha sido la criminalización y la represión de los pobres, trabajadores y negros. No es casualidad hoy 81,5% de los asesinados por la policía son negros.
La violencia es un recurso institucional y estatal fundamental para la burguesía brasileña, que logró sostener el capitalismo y sus exorbitantes ganancias ofreciendo migajas al pueblo. Y así pudo contener cualquier revuelta popular por condiciones mínimas de vida o por algunos derechos democráticos básicos como el acceso a la tierra, que por determinación legal estaba vetado a los recién liberados de la esclavitud.
Desmilitarización de la policía y autodefensa de los trabajadores
La ejecución de Genivaldo por la PRF solo demuestra cómo toda esta política, método y concepción reaccionaria y militarizada se ha extendido mucho más allá de las PMs y es parte de todas las policías e instituciones, incluida la Justicia.
Por eso, el problema no se resuelve solo con el dilema entre policías buenos y malos, o con más inversiones en inteligencia, o simplemente con la reforma de los currículos de las academias. Es necesario un profundo proceso de desmilitarización de la policía, con la garantía de los mismos derechos democráticos y sindicales de las otras categorías para los policías.
Mientras exista el capitalismo, la policía no dejará de cumplir este papel de garantía de los intereses de los capitalistas. Tener una policía al servicio del pueblo y de los trabajadores choca con los intereses de la clase dominante y presupone una revolución en este país que acabe con el poder de la burguesía y garantice el fin de la actual política de seguridad.
Parte de esta lucha es también garantizar la legítima defensa de los trabajadores contra los abusos del Estado. El pueblo y los trabajadores no pueden ser rehenes ni del tráfico ni de las milicias o de la policía. Tampoco es posible quedarse callado viendo cómo la extrema derecha se arma, lanza amenazas autoritarias y utiliza las Fuerzas Armadas. Es necesario que el movimiento social, los trabajadores y las comunidades organicen su autodefensa de manera colectiva y democrática. Y eso también significa hacer un llamado a los soldados y suboficiales para que no obedezcan a sus comandos y dejen de reprimir y matar a su propio pueblo. Que vuelvan sus armas contra los ricos y poderosos.
Acabar con el hambre y la miseria para combatir la violencia
Las causas del aumento de la violencia y de la criminalidad están ligadas al problema de la desigualdad social y a la situación de miseria creciente. Según la Fundação Getúlio Vargas (FGV), 13% de la población vive en la extrema pobreza, ganando R$ 260 por mes. En 2021, más de la mitad de los hogares brasileños experimentaron inseguridad alimentaria y 36% aún se encuentra en esta situación. Mientras tanto, el número de multimillonarios creció en el país, con un aumento de su riqueza de 71%, totalizando más de R$ 1 billón.
Por eso, según la Defensoría Pública de Salvador (BA), los robos de alimentos saltaron de 11,5% en 2017 a 20,25% en 2021. Además, también aumentan las muertes violentas vinculadas a la desagregación social.
Pero hay una forma de robo que es legalizada y está en la base del sistema. Se llama explotación y expolio. Mientras los ricos facturan millones, falta empleo, salarios, educación, salud, saneamiento y vivienda para el pueblo. Con el gobierno usando fondos públicos para garantizar exenciones fiscales y todo tipo de beneficios para los multimillonarios, los ricos y poderosos exigen más violencia estatal para mantener a los hambrientos tranquilos, sin que los molesten.
Legalización de las drogas. El crimen organizado es un negocio capitalista
Los jóvenes son bombardeados todos los días con ideas de la burguesía de que tienen que emprender, tienen que esforzarse, correr atrás, para triunfar en la vida. Ante el gigantesco desempleo en el país, muchos no ven otra opción que entrar en el negocio delictivo del tráfico. Pero sirven de carne de cañón para quienes controlan este negocio multimillonario, que no viven en las favelas y están conectados con los bancos y las grandes empresas que lavan este dinero, con la cúpula de la policía y del Estado.
Combatir y reprimir a los pequeños traficantes minoristas de las comunidades tiene como único efecto aumentar su precio. No será con un operativo policial que se acabe con el tráfico.
Es necesario encarar el problema. Para acabar con el tráfico, hay que sacar este negocio de las manos de los traficantes. Y esto se hace legalizando las drogas, para que el Estado pueda garantizar el control y el monopolio estatal de la producción y su comercialización. Además, tratar a los dependientes químicos como casos de salud pública. De esta manera, sería socavado el tráfico como un gran emprendimiento que tiene el poder de las armas y atrae en masa a la juventud.
No se trata de “defender a los bandidos”, como acusaría un político de derecha. Quienes ayudan al tráfico, que es un negocio capitalista, son en realidad los defensores del propio capitalismo, que ganan dinero con la llamada “guerra a las drogas”. Nuestra lucha contra la violencia, por lo tanto, debe estar vinculada a la lucha por acabar con este sistema. Sin eso, la violencia no acaba.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 8/6/2022.-
Traducción: Natalia Estrada.
