La liberación del dictador y asesino Alberto Fujimori, impuesta por la correlación de fuerzas que domina el Congreso y el gobierno, constituye un ataque abierto a la victoria popular que significó su caída, y una clara provocación a un año del inicio de las protestas en el sur.
Por PST- Perú
Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, así como el pueblo pobre, no debemos olvidar que fue bajo su dictadura que se destrozaron los derechos laborales, se inició la reconcentración de las tierras en favor del nuevo latifundio capitalista, se inició también las concesiones mineras y despidió a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado, además de propiciar el cierre de fábricas y despidos masivos en todas las ramas de la economía, sumiendo en la miseria al pueblo, al tiempo que utilizó el pretexto de la “lucha contra el terrorismo” para ejecutar una política sistemática de persecución, asesinato y desapariciones forzadas en el país y de estigmatización de quienes protestaban en su contra.
Fue con el estudiantado a la vanguardia, entre 1997 y el año 2000, que trabajadores y trabajadoras de todo el país se fueron sumando en un amplio frente que terminó echando abajo al régimen que habían construido las Fuerzas Armadas, a cuya cabeza estaba Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Fujimori y Montesinos tras la combativa “Marcha de los Cuatro Suyos”, que hirió de muerte a la dictadura.
Sin embargo la caída de Fujimori, Montesinos y la cúpula de las Fuerzas Armadas no echó por tierra el entramado legal de esa dictadura, ni su modelo económico. A este cometido ayudaron tanto los partidos “democráticos” de la burguesía (el aprismo, el PPC, Acción Popular, Perú Posible…), como la “izquierda” (El Partido Comunista, Patria Roja, el PS de Javier Diez Canseco, etc.), que corrieron a pactar el «retorno a la democracia» bajo los términos de los empresarios.
La posterior captura de Fujimori en Chile, su enjuiciamiento y condena a 25 años de cárcel, por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, forman el corolario de esta lucha, y constituyen una victoria del movimiento de masas.
Por eso su liberación es un ataque contra el pueblo. Contra esa lucha democrática, por justicia y por recuperar los derechos económicos y políticos pisoteados. No debe extrañar, por tanto, que sea el gobierno asesino Boluarte el que corre a ejecutar la sentencia de una Tribunal Constitucional a todas luces digitado por las fuerzas fujimoristas y sus aliados desde el Congreso. Esos mismos aliados que la sostienen en el gobierno pese al flagrante asesinato de 49 personas durante las protestas de principios de año, y las heridas causadas a otros cientos de manifestantes. Es la cereza que corona una alianza reaccionaria, contra el pueblo pobre y trabajador y es imprescindible echarla abajo.
Se hace por eso urgente que las organizaciones estudiantiles, obreras y populares realicen asambleas y aprueben la más amplia movilización contra la liberación de Fujimori, por su internamiento inmediato a una cárcel común hasta que cumpla su condena. En ese sentido, son las direcciones del movimiento obrero y popular las primeras llamadas a convocar esa movilización y a encabezarla de manera combativa y consecuente.
Pero más. La lucha no puede detenerse en el nuevo encarcelamiento del dictador Fujimori. La lucha de principios de año ha sido la más viva expresión de la necesidad terminar de borrar la herencia de la dictadura fujimorista. Ha sido una lucha por echar abajo la Constitución de esa dictadura, y todo lo que esta implica: el autoritarismo, la corrupción, la entrega del país a las grandes mineras y petroleras… en suma, el dominio del país por un puñado de grandes empresas corruptas y el desprecio al pueblo pobre.
Esta es una lucha que no puede estar, por tanto, subordinada al cálculo electoral, y no tiene punto de negociación. Solo la lucha organizada del pueblo trabajador, en alianza con el campesinado pobre y las nacionales originarias del país podrá concretar, además del retorno a la cárcel del dictador Fujimori, las banderas que ya levantó el interior y el sur del país a principios de año (“Fuera Boluarte y el Congreso”, “Asamblea Constituyente”) en el camino de abrir paso a las soluciones de fondo a los problemas que nos aquejan, de la mano de un gobierno obrero, popular, campesino y de las nacionalidades oprimidas del país.
