Comité Ejecutivo- Partido Socialista de los Trabajadores
El pasado 11 de noviembre, un comité de las Naciones Unidas aprobó una resolución que hace un llamado a la Corte Internacional de Justicia para que emita su opinión sobre las consecuencias legales de la ocupación violenta del Estado de Israel a Palestina, su política de genocidio y sobre el estatus de la ciudad de Jerusalén. La resolución fue aprobada con 98 votos a favor y 17 en contra, más 52 abstenciones, entre ellas la de Colombia.
El gobierno de Petro, quien en el pasado sostenía que “El Estado de Israel discrimina a los palestinos como los nazis discriminaron a los judíos”, olvidó su llamada Política de la Vida y se alineó en favor del Estado de Israel, que no solo viola a diario los derechos humanos del pueblo palestino sino que ha sido uno de los promotores del paramilitarismo en Colombia.
Todos sabemos que las resoluciones de la ONU no tienen ningún efecto en la realidad del pueblo palestino, que este organismo ha emitido un sinnúmero de resoluciones que solicitan volver a las fronteras anteriores a la ocupación militar de 1967 que han sido ignoradas por Israel y por los países imperialistas. Sin embargo, llama la atención que un gobierno que se reconoce como ‘progresista’ no sea capaz de votar un simple llamado a que se investiguen los crímenes del Estado de Israel.
Pero la explicación está en los acuerdos del Gobierno de Petro con los empresarios sionistas en Colombia, anunciados desde su campaña en la reunión que agenció Jean Claude Bessudo entre la campaña del Pacto Histórico con la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.
El líder progresista que un par de años antes condenaba en reconocimiento de Estados Unidos al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y que condenaba la masacre en Gaza, ahora desde la Casa de Nariño, con su política de hacer pactos con la burguesía para ‘desarrollar el capitalismo’, prefiere mirar a un lado, ignorar el apartheid y el genocidio.
Este gobierno y su bancada son conscientes del papel criminal que ha tenido Israel en Colombia, desde los albores del paramilitarismo cuando el mercenario israelí Yair Klein coordinó la formación de los primeros grupos armados en el Magdalena Medio hasta los acuerdos de Jean Claude Bessudo con los paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo para apropiarse a sangre y fuego de la Sierra Nevada de Santa Marta, que le permitió a la empresa Aviatur tener la concesión del Parque Tayrona, en una alianza con los hijos de Uribe Vélez y el ex gobernador Trino Luna.
Los empresarios sionistas, con sus injerencias en los gobiernos y su apoyo a la extrema derecha han amasado una importante fortuna en Colombia que ha llevado a Jaime Gilinski a ser uno de los mil hombre más ricos del mundo y, según la Revista Forbes, en los últimos diez años su fortuna pasó de 2.600 a 2.800 millones de dólares con un emporio del que hacen parte marcas como Yupi, Rimax, Banco Sudameris, Servibanca y, recientemente, con Sura y Nutresa. Pero estos empresarios, también controlan el sector textil: Pepe Douer con PatPrimo, los hermanos Abadi con Lafayette, Hanoj Perez con Armi y Koaj y Yonathan Bursztyn con Totto.
Esta inmensa fortuna permite comprar las conciencias del ‘progresismo’ que ha sido incapaz de rechazar la posición de Colombia en las Naciones Unidas. Por eso hoy 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, debemos rechazar los acuerdos de Petro con el empresariado sionista y exigir que se rompa el Acuerdo de Libre Comercio con Israel, que no solo reconoce la existencia de un Estado racista y genocida, sino incluso las fronteras de la ocupación después de 1967.