Partes del \u00e1rea metropolitana de Puerto Rico han sufrido interrupciones en el suministro de agua potable a hogares y negocios desde junio. La amenaza de racionamiento se cierne sobre los residentes de Lo\u00edza y Can\u00f3vanas, mientras que las aver\u00edas anteriores en diversas zonas quedaron en segundo plano. Antes de la rotura del Superacueducto, los residentes de Miraflores y Santurce llevaban meses sin agua, dependiendo de camiones cisterna y agotando sus recursos econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n
La infraestructura de agua potable del pa\u00eds, obsoleta y descuidada, pierde casi el 60% de su caudal antes de llegar a los hogares, una cifra que revela que la crisis no es accidental, sino estructural. Las respuestas gubernamentales fueron limitadas e insuficientes, lideradas principalmente por los municipios, mientras que a nivel estatal prevaleci\u00f3 una narrativa medi\u00e1tica que culpaba a individuos en puestos clave y utilizaba a la poblaci\u00f3n como reh\u00e9n en la lucha interna por el poder de la Polic\u00eda Nacional Filipina (PNP).<\/p>\n\n\n\n
En el sector de las peque\u00f1as y medianas empresas, se reportaron p\u00e9rdidas diarias estimadas de entre 18 y 20 millones, seg\u00fan el United Retailers Center. Sin embargo, no se ha estimado la p\u00e9rdida de ingresos de los trabajadores de restaurantes y otros sectores cuyos empleadores, al no poder operar con normalidad, cerraron sus negocios durante esos d\u00edas. Tampoco se ha contabilizado el gasto de los hogares en tanques de agua, filtros, generadores y almacenamiento de agua, ni el impacto en la salud de una poblaci\u00f3n donde m\u00e1s del 20% son personas mayores. El costo econ\u00f3mico y emocional de la crisis del agua potable \u2014la carga que supone para nuestras familias\u2014 no se incluye en los c\u00e1lculos del gobierno puertorrique\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Los habitantes de este archipi\u00e9lago siguen equip\u00e1ndose con tanques de agua, paneles solares y suministros b\u00e1sicos para suplir la falta de un gobierno ausente y una infraestructura abandonada. Cada interrupci\u00f3n en el suministro de agua y electricidad pone en riesgo la salud de nuestra creciente poblaci\u00f3n anciana, as\u00ed como la de la mayor\u00eda que lucha a diario para llegar a fin de mes. Los servicios esenciales, la calidad de vida y el derecho a una vida digna son la raz\u00f3n de ser de cualquier instituci\u00f3n estatal; y nuestro gobierno no ha cumplido esta promesa fundamental.<\/p>\n\n\n\n
Puerto Rico es un pa\u00eds con abundantes recursos h\u00eddricos y valiosos acu\u00edferos, capaces de abastecer tanto a la poblaci\u00f3n como a la industria farmac\u00e9utica que genera sus ganancias aqu\u00ed. Sin embargo, los fondos federales destinados al mantenimiento del Superacueducto y del sistema en general se han desviado para mantener a la clase pol\u00edtica y sus secuaces. La met\u00e1fora es clara: mientras el pa\u00eds se seca, la clase pol\u00edtica bebe de una fuente que solo ellos controlan.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s privatizaciones no solucionar\u00e1n los problemas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ya hemos visto las consecuencias con LUMA (la empresa el\u00e9ctrica privatizada, propiedad de corporaciones estadounidenses y canadienses) y los intentos fallidos de las administraciones del Partido Popular Democr\u00e1tico y del Partido Nuevo Progresista. Lo que se requiere es una aut\u00e9ntica despolitizaci\u00f3n de la agencia, una inversi\u00f3n sostenida en infraestructura y el compromiso de garantizar que nuestra gente pueda quedarse, vivir y no solo sobrevivir. Esta crisis es una oportunidad para unirnos y construir el pa\u00eds que merecemos; no dejemos que se nos escape de las manos como agua.<\/p>\n\n\n\n