Por Lena Souza<\/p>\n\n\n\n
Ecuador se encuentra nuevamente en crisis tras el anuncio del gobierno de Daniel Noboa sobre la eliminaci\u00f3n de los subsidios al di\u00e9sel. La medida elev\u00f3 de inmediato los costos del transporte y los alimentos, y la respuesta popular no se hizo esperar: estudiantes, comerciantes y transportistas salieron a las calles para protestar por el aumento, mientras que la CONAIE (Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas del Ecuador) declar\u00f3 un paro nacional indefinido.<\/p>\n\n\n\n
El 13 de septiembre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 126, el gobierno elimin\u00f3 el subsidio al di\u00e9sel, fijando el precio del gal\u00f3n en US$2,80, un d\u00f3lar m\u00e1s que el precio anterior de US$1,80. La medida estar\u00e1 vigente hasta diciembre, cuando se implementar\u00e1 un sistema de bandas vinculadas al tipo de cambio internacional.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno defendi\u00f3 la decisi\u00f3n como una medida \u00abinevitable\u00bb para apuntalar las finanzas p\u00fablicas, pero para amplios sectores de la poblaci\u00f3n el impacto fue inmediato: aumento de los costos del transporte y de los precios de los alimentos b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n
Desde el inicio de su gobierno, Noboa ha impulsado un paquete de pol\u00edticas neoliberales como ajustes fiscales y reducci\u00f3n de subsidios, primero a los combustibles y ahora con la eliminaci\u00f3n total del subsidio al di\u00e9sel, abriendo la exploraci\u00f3n minera y petrolera en zonas de resistencia social y desconociendo claramente plebiscitos donde la poblaci\u00f3n vot\u00f3 en contra de la exploraci\u00f3n de recursos naturales como el petr\u00f3leo en el Parque Nacional Yasun\u00ed en 2023 o en defensa del agua y contra la explotaci\u00f3n minera en Cuenca.<\/p>\n\n\n\n
Implement\u00f3 una pol\u00edtica de austeridad contra los trabajadores del sector p\u00fablico, con medidas como congelaci\u00f3n de salarios y contratos, externalizaci\u00f3n de procesos y recortes en varios departamentos estatales, bajo el pretexto de la \u00abeficiencia administrativa\u00bb. Adem\u00e1s, se han multiplicado los informes de pagos atrasados \u200b\u200ba trabajadores de la educaci\u00f3n, la salud y la justicia, mientras que los puestos de confianza vinculados al c\u00edrculo presidencial siguen ampli\u00e1ndose.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el sistema de salud p\u00fablica contin\u00faa colapsando bajo su administraci\u00f3n. Hay escasez de suministros b\u00e1sicos en los hospitales, escasez de medicamentos y escasez de m\u00e9dicos para brindar atenci\u00f3n. A pesar de las promesas de \u00abmodernizaci\u00f3n\u00bb, la realidad es que el presupuesto de salud no se ha incrementado, y gran parte de los recursos contin\u00faan desvi\u00e1ndose para pagar la deuda externa y el gasto militar. Las filas en los hospitales aumentan, los pacientes mueren por falta de atenci\u00f3n y el personal sanitario denuncia condiciones laborales precarias. La crisis sanitaria es un reflejo directo de la prioridad que se da al ajuste fiscal sobre el bienestar de los pobres que dependen del sistema de salud p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la seguridad, aunque Noboa aument\u00f3 la tasa del IVA con el pretexto de utilizar los fondos para abordar la crisis de inseguridad, esta se ha agravado desde su toma de posesi\u00f3n, marcada por un aumento de la violencia vinculada al narcotr\u00e1fico y el crimen organizado. Impuso sucesivos estados de excepci\u00f3n, militarizando ciudades y c\u00e1rceles, pero sin abordar las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, el desempleo y la corrupci\u00f3n. Aunque el discurso oficial habla de una \u00abguerra contra las mafias\u00bb, la poblaci\u00f3n trabajadora sigue siendo la principal v\u00edctima, con barrios perif\u00e9ricos bajo el control de grupos armados y una sensaci\u00f3n de inseguridad cotidiana que no se puede resolver con tanques en las calles. La militarizaci\u00f3n, a su vez, tambi\u00e9n ha servido para reprimir las protestas sociales, demostrando las verdaderas intenciones de la pol\u00edtica de seguridad del actual gobierno. Para colmo, contrat\u00f3 la ayuda de la empresa militar estadounidense Blackwater, conocida por proporcionar mercenarios a gobiernos y grupos privados en varios pa\u00edses del mundo.<\/p>\n\n\n\n
Estas medidas apuntan en una direcci\u00f3n clara: descargar la crisis econ\u00f3mica sobre los sectores m\u00e1s pobres, garantizando el pago de la deuda externa y los intereses a los grandes capitales.<\/p>\n\n\n\n
Las protestas comenzaron casi de inmediato, con trabajadores del transporte en Quito, Guayaquil y Loja realizando paros parciales contra el aumento del precio del di\u00e9sel que estaba haciendo insostenibles sus servicios. Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador se movilizaron el 16 de septiembre, junto con profesores y jubilados, exigiendo la revocaci\u00f3n del decreto. Tambi\u00e9n se produjeron varios bloqueos de carreteras en las provincias.<\/p>\n\n\n\n
En Cuenca, alrededor de 100.000 manifestantes salieron a las calles el 15 de septiembre en una multitudinaria marcha en defensa del agua y contra el aumento del precio del di\u00e9sel. Estudiantes, comunidades rurales, grupos ambientalistas y sindicatos marcharon por el centro hist\u00f3rico con pancartas denunciando la amenaza de los proyectos mineros a las fuentes de agua de la ciudad, al tiempo que rechazaban el nuevo precio del di\u00e9sel. La movilizaci\u00f3n se aline\u00f3 con el creciente descontento nacional, dejando claro que la lucha por el agua y contra las medidas de austeridad neoliberales de Noboa forman parte de la misma batalla por la vida y la dignidad de las personas.<\/p>\n\n\n\n
El Poder Ejecutivo respondi\u00f3 reprimiendo las protestas estudiantiles, declarando el estado de emergencia en siete provincias y militarizando calles y carreteras. Esta medida confirma la estrategia del gobierno de criminalizar la protesta social.<\/p>\n\n\n\n
El 18 de septiembre, la CONAIE, tras deliberaciones en una asamblea, anunci\u00f3 un paro nacional indefinido, extendiendo la protesta a nivel nacional. La organizaci\u00f3n ind\u00edgena deline\u00f3 una agenda con varios puntos centrales:<\/p>\n\n\n\n
1. Derogaci\u00f3n inmediata del Decreto 126.<\/p>\n\n\n\n
2. Revocaci\u00f3n de licencias ambientales para proyectos mineros en territorios de recarga h\u00eddrica.<\/p>\n\n\n\n
3. Poner fin al modelo extractivo que destruye comunidades y ecosistemas.<\/p>\n\n\n\n
4. Inversi\u00f3n real en salud, educaci\u00f3n y programas sociales.<\/p>\n\n\n\n
5. Respeto a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y campesinos.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, el gobierno ha endurecido su ret\u00f3rica, definiendo a los combatientes como terroristas y prometiendo penas de prisi\u00f3n de hasta 30 a\u00f1os contra aquellos que \u201calteren la vida\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La lucha que hoy toma las calles de Ecuador es una expresi\u00f3n viva de la resistencia de un pueblo que se niega a cargar con el peso de la crisis generada por los ricos. El fin del subsidio al di\u00e9sel, los recortes al sector p\u00fablico, la precariedad de la atenci\u00f3n m\u00e9dica y la militarizaci\u00f3n del pa\u00eds forman parte de un mismo proyecto neoliberal que busca garantizar las ganancias del capital financiero y las multinacionales, mientras condena a los trabajadores, campesinos e ind\u00edgenas a la pobreza. En este sentido, la movilizaci\u00f3n popular, que resalta la fuerza hist\u00f3rica de la CONAIE, sienta las bases para una lucha que debe extenderse a los pueblos pobres de Am\u00e9rica Latina. Es deber de todos los luchadores y sus organizaciones de clase apoyar incondicionalmente esta batalla del pueblo ecuatoriano, porque su victoria tambi\u00e9n ser\u00e1 un paso adelante en la lucha de todos los pueblos de Am\u00e9rica Latina contra el saqueo de nuestros recursos, las medidas de austeridad y la represi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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