La renovación de cargos públicos en el país el próximo 25 de octubre, a saber, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales, constituye para el régimen colombiano un hecho de la mayor importancia. Conseguir que el electorado acuda masivamente a la cita podría aliviar algo la desprestigiada imagen de las instituciones públicas y privadas del país, y en particular del sistema electoral.
Por: A. R.
Legalidad y legitimidad
Las instituciones, que son producto de una legislación y por eso se dicen legales, han venido perdiendo credibilidad de manera progresiva: mantienen un manto de legalidad a la par que pierden legitimidad. Los altos índices de abstención por ejemplo, en los procesos electorales de Colombia, parecen obedecer a diversos grados de desconfianza y desidia del electorado ante las instituciones. Sin embargo la abstención constituye una actitud que en la mayoría de casos es vaga y apática, sin intención de producir hechos políticos. Digamos que con la abstención electoral el régimen político en Colombia pierde legitimidad pero no entra en crisis.
Otras instituciones como el Parlamento, el Ejecutivo, las fuerzas armadas, las altas cortes, los partidos políticos, la educación y la salud, las entidades financieras, los organismos estatales de apoyo a la vivienda popular, al agro y al campesinado, a las víctimas de la violencia y a los desplazados, al igual que los medios de comunicación privados y públicos, etc., se han movido y se mueven aun entre burocracia, corrupción, peculados, contratos ilegales y desfalcos; esto aunado a la presencia del paramilitarismo, el narcotráfico y las bandas criminales. En síntesis, podemos afirmar que el régimen político colombiano ha venido oscilando en las últimas décadas y durante los dos últimos presidentes sobre todo, entre legalidad e ilegalidad, buscando sojuzgar a los trabajadores, al campesinado pobre, a indígenas y a pobladores. Ahora, cuando el fenómeno de la corrupción ha permeado un alto número de organismos públicos y el gobierno trata de limpiar como puede esa lacra, es cuando más debemos ahondar la pérdida de legitimidad del régimen con el voto en blanco.
¿Por qué votar en blanco?
Este recurso previsto por la propia reglamentación burguesa, se convierte en este momento en un instrumento útil para los explotados. Votamos en blanco porque constituye una oportunidad para debilitar el régimen.
¿Por qué debemos debilitar el régimen? Porque es una forma de conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo, atención a salud y educación. De lo contrario los gobernantes seguirán cumpliendo su misión histórica de mantener las condiciones de reproducción del capital y garantizar las ventajas de los inversionistas, a costa del pueblo trabajador. Para ello la burguesía colombiana continuará uniendo el carácter antidemocrático de su régimen, con la demagogia democrático burguesa. Seguirá entregando casas defectuosas y becas para unos cuantos, mientras ajusta el aparato jurídico para impedir la protesta social y continuar restringiendo la participación política de las organizaciones obreras y populares, expresión de lo cual es el impedimento que tiene nuestro partido para participar plenamente en la campaña electoral.
Es necesario que los trabajadores y los sectores populares hagan frente a la situación, aprovechando la ocasión que se presenta con el suceso electoral. El voto en blanco constituye una opción más allá de la inercia abstencionista, contra los partidos y los candidatos que aspiran a mantener el lucro y las ganancias de los capitalistas, además de sus propios intereses personales.
Los candidatos de “izquierda” no son opción
¿En lugar de votar en blanco, por qué no votar por candidatos independientes, dirigentes de masas, dirigentes sindicales que representen un proceso de luchas? Lo cierto es que en este momento las candidaturas de “izquierda” no representan ningún proceso de ascenso de masas, ni un momento de la lucha de clases en que exista posibilidad alguna de poner en jaque al régimen, en caso de que ganen. Más bien se trata de partidos que son la quinta-columna del mismo. Suele pasar adicionalmente, que estos luchadores o dirigentes sean utilizados por los oportunistas de partidos de “izquierda” o de “centro”. Gracias al sistema electoral colombiano, el apoyo a candidatos independientes, aun cuando sean luchadores de la clase obrera, se constituye en un apoyo a los partidos que les dan el aval y a los “caciques” más fuertes de la lista con que se inscriben; es frecuente que estos luchadores honestos no tengan probabilidades de ganar, pero con sus votos se aumenta la votación de la lista completa y los personajes de dudosa procedencia que la componen tienen más posibilidades de ganar su curul.
En cualquier caso, hemos venido asistiendo a un espectáculo desolador por parte de la izquierda que en lugar de enfrentar al régimen, ha sido complaciente y permisivo con él. Así, vimos a sus dirigentes abrazarse y promover el apoyo al señor Juan Manuel Santos para su reelección presidencial. Los vimos entregar la lucha de los maestros, cuidándose de no ir a incomodar al gobierno o a la ministra del sector. El silencio de la izquierda ante los despidos de trabajadores en todo el país es palpable. Y ya escuchamos a uno de sus antiguos militantes que ahora funge como ministro del trabajo, afirmando que la tercerización no es tan mala. Pero lo que es peor, los mandatos de Uribe y Santos, ambos por igual, han agenciado un proceso de contrarreforma laboral cínicamente silenciado por los burócratas sindicales.
Por una Asamblea Nacional Constituyente
Finalmente, ¿es suficiente la acción de votar en blanco para alcanzar las demandas en las que estamos empeñados? No. Una votación masiva en blanco podría provocar una crisis política, pero hay que ir más allá.
El gobierno de Santos está interesado en avalar los acuerdos entre el estado y las FARC, proponiendo para ello unos mecanismos de “participación popular”, bastante antidemocráticos. Si lo que se busca es el pronunciamiento de los trabajadores y el pueblo respecto al cese de la confrontación armada entre los aparatos militares y la participación en política por parte de la guerrilla, debemos imponer una Asamblea Nacional Constituyente donde se examinen los problemas que acosan a los trabajadores y al pueblo, se evalúen los acuerdos de La Habana pero se vaya mucho más allá. Hay muchos asuntos que son competencia del pueblo trabajador, de los campesinos desplazados y despojados de sus tierras a manos de los paramilitares y de la guerrilla. Ni que decir de tantos líderes sindicales amenazados y asesinados. En fin, debemos luchar por que sean representados por sus propios voceros naturales, ya que ni el gobierno ni la guerrilla lo son. En esa Constituyente debemos plantear como salida de fondo la instauración de un gobierno de los trabajadores y los pobres, que tome medidas revolucionarias para solucionar la grave crisis social que afecta a la mayoría de la población.
