Dólares y ganancias para los empresarios, altos precios y bajos salarios para los trabajadores. Y es que principalmente en el ámbito económico, el gobierno de Nicolás Maduro, viene adoptando las medidas constantemente solicitadas por la oposición de derecha y los sectores empresariales agrupados en la misma, con las nefastas consecuencias para los trabajadores.

 

El grave problema de la inflación

De forma tal que la situación económica no pinta nada sencilla porque, en primer lugar, tenemos que lidiar con una inflación que en los primeros nueve meses del año ya había acumulado una variación de 38,7% y en los últimos doce meses 49,4%. Todo esto se traduce en altísimos precios de los productos básicos como la carne, el pollo, la pasta, la harina de maíz, el arroz, los huevos, entre otros. Ni hablar de la ropa, los servicios médicos, la recreación, los materiales de construcción y los electrodomésticos. El actual salario mínimo que devenga la mayoría de los trabajadores venezolanos no alcanza para cubrir la canasta básica que ya por mucho supera los 8.000 Bs. [bolívares] (1.272 dólares), mientras que el anunciado aumento salarial del 1° de noviembre, con el cual el salario mínimo llegaría a 2.973 Bs. es una ridiculez frente al costo de la mencionada canasta. Los altos índices inflacionarios también desmejoran los beneficios establecidos en las convenciones colectivas, más aún en las que se encuentran ya vencidas; se estima que la inflación cierre al final de año en cerca de 50%. 

El gobierno afloja los controles, libera los precios y la escasez no cede

La flexibilización de los controles en los precios de determinados rubros y la liberación de otros –medidas exigidas por los empresarios y concedidas por el gobierno– no han servido para solucionar el problema de la escasez, al contrario, esta se ha mantenido en un promedio general de 21%. En rubros como el papel higiénico, la escasez llega hasta 70%. Un ejemplo notorio es el de la harina de maíz, que luego que Maduro se reuniera con Lorenzo Mendoza de Empresas Polar y le concediera el aumento de precios, continuó sin aparecer. Queda demostrado que el argumento patronal de justificar la escasez a partir de la existencia de controles sobre los precios es totalmente falso, siendo que en primer lugar ningún empresario respeta dichos controles, fijando los precios como les da la gana y, en segundo lugar, el gobierno tampoco los hace respetar. 

El hambre de dólares y la devaluación

Otra mentira de patas cortas que usa la patronal para «justificar» la escasez, es la falta de divisas para importar bienes o los insumos para producirlos en el país. Lo cierto es que esto no pasa de ser un chantaje hacia el oficialismo, para que les libere más dólares y poder aumentar sus ganancias a partir de sus negocios especulativos. Pero el gobierno, ante estas presiones, responde concediéndoles a los especuladores, más divisas. Sólo para el período enero-julio de este año el Banco Central de Venezuela (BCV) aprobó la emisión de 20.300 millones de dólares, una cifra que representa un incremento de 0,6% respecto de lo autorizado en el mismo lapso de 2012.

Hasta febrero de 2013, el SITME [Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera] asignaba 180 millones de dólares semanales, actualmente el SICAD [Sistema Complementario de Administración de Divisas] subasta 100 millones semanales, 97 millones de los cuales van dirigidos a empresas privadas y 3 millones a personas naturales; adicionalmente CADIVI [Comisión de Administración de Divisas] ha asignado 33 millardos [mil millones] de dólares en lo que va de año. Han participado de estas asignaciones empresas del sector alimentos y 392 empresas de los sectores automotor y caucho, 132 del metalúrgico, 136 fabricantes de papel y productos para artes gráficas, así como de químicos para tintas, 71 del sector químico, 7 del sector exportador y 25 del sector comercio.

Queda claro que las razones del desabastecimiento no es la no asignación de dólares; este responde principalmente a la caída de la producción y al apetito voraz de la burguesía de apropiarse de la mayor parte posible de la renta petrolera mediante mecanismos especulativos. Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno frente a esta situación es de más concesiones al empresariado, tales como el anuncio del ministro de Finanzas, Nelson Merentes, de implementar un tercer sistema de asignación de divisas, donde el precio sería fijado por las casas de bolsa y de cambio de acuerdo con la disponibilidad de divisas en el mercado. En otras palabras, una nueva devaluación, con sus respectivos efectos de incremento en el índice de precios para el consumidor. 

Crisis económica y medidas antiobreras

En líneas generales, pese a los altos precios del petróleo (que ¡ojo! vienen desde hace varias semanas en descenso), la economía venezolana viene en picada, el PIB tuvo un exiguo crecimiento de apenas 2,6% en lo que va de año, sectores como la construcción y transporte y comunicaciones descendieron hasta 6% y 0,9%, respectivamente.

Aunque el sector manufactura experimentó un crecimiento de 5,7% este es un sector muy contraído y que poco aporta al PIB general. Otro aspecto deficitario son las reservas internacionales que ascienden actualmente a 21.500 millones de dólares, varios millones por debajo del nivel óptimo, establecido por el BCV, de 25.000 millones de dólares.

En conclusión, medidas como las adoptadas por el gobierno, es decir, devaluaciones, aumento del nivel de emisiones, eliminación de requisitos para el acceso a las mismas, e implementación de nuevos sistemas cambiarios, flexibilización de controles, liberación de precios y pírricos aumentos salariales –medidas, por lo demás, exigidas y aplaudidas por el empresariado y la derecha opositora (sólo se quejan de que son insuficientes para sus intereses y negocios)– no servirán para sacar al país del descalabro económico ni para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Al contrario, son profundamente antiobreras y antipopulares, mantendrán a los trabajadores víctimas de la voracidad capitalista, disminuirán la inversión en salud, educación, vivienda, industrias básicas, empresas estatales, misiones y pensiones.