Colombia despertó. A pesar de la pandemia y la represión, miles de personas salieron a las calles y obligaron al Gobierno de Duque a retirar la Reforma Tributaria. Pero el Paquetazo con el que la burguesía pretende que sea la clase trabajadora y los pobres quienes paguen la crisis profundizada por la pandemia, continúa su curso en el Congreso de la República.
Lucía M
Una de esas reformas tiene que ver con la salud. Un año después de la pandemia, no se hicieron las inversiones en el sector ni se derogó la Ley 100, al contrario, las condiciones del personal de salud siguen siendo precarias y las EPS han sido las grandes beneficiadas con los recursos.
Esta reforma que es resultado de un acuerdo entre el Gobierno y Cambio Radical, cuyos dirigentes son accionistas de las EPS y cuya cuota en el gabinete es el Ministro Ruiz, se presenta en Octubre del 2020 con mensaje de Urgencia pretendiendo que supuestamente es reglamentación de la ley estatutaria, cuando va totalmente en sentido de esta.
Desde que fue presentada por primera vez, han cambiado varias veces diferentes artículos, si bien se retiraron las multas por falta de “autocuidado”, finalmente el texto tiene una filosofía basada en la gestión del riesgo individual, y no en un sistema de salud con base en la salud pública y colectiva. Es la misma filosofía con la que han manejado la pandemia con resultados hasta el momento desastrosos, ningún problema de salud pública se maneja apelando al comportamiento individual.
El Proyecto 010 de 2020 reemplaza la Ley 100 y empeora sus características, pretende incrementar las ganancias de los intermediaros de la salud y seguir afectando la situación de los pacientes.
EPS reencauchadas y planes de salud recortados
La gran novedad consiste en cambiarles el nombre a las odiadas EPS, con mucha más concentración de capital y mucha mayor autonomía, es decir, profundiza la privatización al disminuir casi a cero el papel del Estado en salud pública, prevención y atención primaria en salud, con lo que se adicionan barreras y se fragmenta mucho más el sistema.
El Gobierno de Duque pretende maquillar la masacre que ha significado la Ley 100 anunciando que se acaban las Entidades Promotoras de Salud (EPS), pero lo que hace es cambiarlas por la figura de Gestores del Servicio de la Salud, que tienen las mismas funciones, como se describe en el proyecto: “personas jurídicas de carácter público, privado o mixto, vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud, responsables de conformar y gestionar su Red de Prestadores de Servicios de Salud dentro de un Área de Gestión Sanitaria para garantizar las prestaciones individuales de Mi-Plan”.
Este Plan de Beneficios Individual de Salud restringe mucho más el acceso a la salud, haciéndolo más dependiente de los intereses financieros de las nuevas “aseguradoras”. El articulado dice: “El plan de Beneficios Individual de Salud, que en adelante se llamará Mi-Plan, incorporará los servicios y tecnologías de salud que hagan parte del núcleo esencial del derecho a la salud, que sean financiables con recursos del Sistema, y requeridos para la promoción de la salud, la prevención, atención y paliación de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas. Mi-Plan estará estructurado con el fin de lograr los mejores resultados en salud con la mejor utilización de los recursos disponibles”.
Varios artículos buscan que se reduzca el paquete de beneficios o de servicios excluidos, porque se aumentan las restricciones respecto de los planes actuales, el segundo elemento es que acaba con los hospitales por vía de asfixia económica, por vía de supuestas fusiones y liquidaciones a las que llaman “alianzas público-privadas”, en la cuales el dinero público pasará por otra vía a los bolsillos de los empresarios. Una vez el dinero se haya transferido a las aseguradoras privadas, se convierte en dinero del que los empresarios disponen, sin que ahora sea ilegal, es decir es la legalización de la corrupción, quedando con vía libre para usar estos recursos para comprar fincas, clubes e invertir en la Bolsa.
De igual manera, la reforma a la salud mantiene la figura de la integración vertical – la capacidad de las EPS de contratar sus propias clínicas y hospitales y asegurar sus ganancias – en el primer nivel de atención. Esto hará que las EPS mantengan a los pacientes en ese primer nivel y se restrinja mucho más el acceso a niveles más especializados de atención médica.
En un capítulo del 010 introducen medidas excepcionales propias del estado de emergencia, es decir, vuelven permanentes medidas que son excepcionales dando facultades al presidente de hacer restricciones, mover dineros, sin controles ni contrapesos.
Trabajadores del sector: más precarización
Afirman que habrá dignificación, pero no existe en el proyecto ninguna garantía de acabar con la tercerización que afecta al menos al 85% de los trabajadores de la salud, menos se habla de garantías salariales o bioseguridad que se va a seguir necesitando por un periodo prolongado. Por el contrario, al mantenerse el modelo privado y mercantil, donde prevalecerá el interés por la ganancia, se profundizará esta situación; además se teme que en la “desaparición de las EPS” y en las “integraciones” (liquidaciones y fusiones) y en su paso a aseguradoras, los propios funcionarios de las mismas pierdan su empleo o sufran un detrimento de sus condiciones laborales actuales.
Se propone que los hospitales universitarios puedan titular a los médicos especialistas, es decir, que buscarán un incremento en la mano de obra con unas condiciones más precarias. Modifica los currículum médicos en violación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, buscan tener mayor oferta de profesionales para precarizarlos. Va en contra de la autonomía médica porque restringe los servicios que se pueden ordenar a cada paciente, y limitando los alcances de lo que puede hacer y ordenar el médico general, sabiendo la dificultad que hay para acceder a un especialista. Los medicamentos o tratamientos de alto costo, prácticamente quedarían inalcanzables.
Lo mínimo que tendría una reforma si quiere mejorar las condiciones de los trabajadores del sector, sería prohibir y sancionar la contratación por OPS, que hoy en día es ilegal al ser personal misional pero que se sigue haciendo mayoritariamente por el mismo Estado; una real dignificación es la contratación directa inmediata de 700 mil trabajadores.
Una reforma que garantice la salud
Con la crisis de la COVID 19, en Colombia tanto EPS, como ARL “se escondieron” y dejaron en manos del Estado y los entes territoriales las medidas más importantes, se limitaron a pedir plata y a atender con las conocidas barreras a los enfermos. Ante una catástrofe entidades privadas se quedaron mirando como los funcionarios del Instituto Nacional de Salud, desfinanciado y todo, se ponían al frente de las necesidades de la población. Las EPS no fueron capaces siquiera de pagar las millonarias deudas que tienen con los hospitales, siendo causantes de muchas de las muertes que pudieron ser evitadas. Este cambio de nombre servirá como “borrón y cuenta nueva”, para desaparecer las deudas y reorganizar los capitales, al tiempo que le lavan la cara a un sistema que más que de salud es de muerte.
La pandemia demostró que era necesario tener un sistema único, centralizado y público estatal de salud, que es urgente dotar de recursos e infraestructura a la red pública, y garantizar los derechos de los trabajadores de la salud. Si realmente se quisiera tener un modelo de salud preventivo, garantizando la salud como derecho y los derechos laborales de los trabajadores, lo primero sería eliminar la intermediación financiera que es un verdadero parásito, además de convertir el modelo de subsidio a la demanda por uno de subsidio a la oferta (financiar directamente los hospitales, incluidas las redes regionales y rurales). Pero al gobierno de turno nada de esto le importa, únicamente ven una oportunidad de negocio en los dineros de la salud, y usan la pandemia para justificar la urgencia de esta reforma.
A sacar el Gobierno y tumbar la reforma con el Paro Nacional
Es decir, en medio de la pandemia, el Gobierno de Duque presenta una reforma para incrementar las ganancias de los empresarios de la salud a costa de la vida de los pacientes, una reforma mucho más nociva que la reforma tributaria. Por ello, el Paro Nacional debe continuar, no será conformándonos con el retiro de los proyectos de ley que solucionaremos la grave situación sanitaria que vive el país.
Con casi tres millones de personas contagiadas y más de 73 mil fallecidas, el manejo de la pandemia por parte del Gobierno de Duque ha sido criminal, la ineficiencia en el plan de vacunación sigue costando 400 muertes al día. Por ello, la solución no es solo que retire la reforma, debemos tumbar a Duque, para detener este genocidio, para poner la vida por encima de las ganancias de los mercaderes de la salud.
