Ayer la Convención Constitucional discutió y votó las primeras normas sobre la organización del futuro Estado Chileno. Las normas aprobadas plantean que Chile será un “Estado Regional”, formado a partir de regiones autónomas y gobiernos regionales. Se aprobó también, en primer trámite, la creación de nuevos poderes regionales, como las Asambleas Legislativas Regionales, el Consejo de Gobernaciones y los Consejos Sociales Regionales, además de la ampliación de las facultades de las Gobernaciones.

Por MIT – Chile

El Estado Regional fue aprobado con 112 a favor, 32 en contra y 8 abstenciones. Nuestra compañera María Rivera se abstuvo en la votación de los primeros artículos sobre el Estado Regional y en este texto queremos aclarar nuestra posición y abrir un diálogo con las millones de personas que quedaron contentas con la aprobación de esta propuesta.

El debate en el Pleno de la Convención

El debate de esas normas estuvo permeado por un amplio reconocimiento de los problemas que afectan a los chilenos, chilenas, migrantes y pueblos originarios que viven fuera de Santiago. Varios constituyentes se refirieron a las distintas rebeliones y movilizaciones regionales que se produjeron en la última década: Aysén, Punta Arenas, Chiloé, Freirina y otras. También se reconoció que en la propia ciudad de Santiago las desigualdades son enormes, ya que la vida de un trabajador o trabajadora de Puente Alto, por ejemplo, es muy distinta a la de una persona que vive en Vitacura o Las Condes.

Compartimos el diagnóstico de los problemas que existen en regiones (y también en muchas poblaciones de Santiago): falta de hospitales, altas tasas de cesantía y pobreza, criminalidad, falta de acceso al agua, falta de subsidios para servicios básicos como el gas, etc.

Partiendo de ese diagnóstico, la mayoría de los convencionales que intervinieron plantearon que una de las principales soluciones para acabar con las desigualdades regionales es la descentralización del poder y la construcción de un Estado Regional. Así, con la creación de nuevos poderes estatales, con una serie de atribuciones que van desde el cuidado con los ecosistemas hasta la administración de los recursos, plantearon que se podrán solucionar los problemas regionales.

Nosotros estamos a favor de todas las medidas que vayan en el sentido de democratizar el poder del Estado, ya que entendemos que el actual Estado no representa los intereses de la mayor parte de la población. Por eso, saludamos iniciativas que vayan en el sentido de entregar mayor poder a los territorios y a la clase trabajadora. Sin embargo, creemos que la propuesta aprobada, si bien crea nuevos poderes regionales, no apunta necesariamente a la democratización del poder ni tampoco a la democratización de la distribución de la riqueza que produce el país. Tenemos el ejemplo de países vecinos, como Brasil o Argentina, que son Repúblicas Federativas, con Asambleas Legislativas Regionales, pero que siguen teniendo una enorme desigualdad regional.

Desde el MIT vemos limitaciones y problemas que queremos plantear 

1 – Como resultado de la votación, “Chile será un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. creando para ello una serie de nuevos poderes regionales autónomos. Leyendo a simple vista podemos pensar que cada región será autónoma, pero no podemos obviar que esa “autonomía” es relativa, porque se mantiene el carácter unitario del Estado y la prevalencia del Estado central sobre el Regional. Además estos poderes serán conformados de forma muy parecida a los actuales poderes del Estado (Gobernación, Asambleas Legislativas Regionales). Esto significa que su futura composición podrá ser muy parecida a la del Congreso Nacional, donde hoy domina el poder económico a través de partidos políticos que defienden sus intereses.

2 – Para llevar a lo concreto la autonomía es evidente que se necesita financiamiento. Hasta ahora no existe una discusión sobre los recursos que serán administrados por las regiones.

Desde nuestra convicción este es el nudo central de los problemas. La desigualdad regional no tiene que ver centralmente con el hecho de si existen o no Asambleas Legislativas. El problema central que existe hoy es que las regiones reciben una parte muy pequeña de los recursos, o sea, de la riqueza producida en el país. Estas riquezas terminan concentrándose en la capital, más específicamente en las manos de unas pocas familias y accionistas de transnacionales. Así, las medidas tomadas para “descentralizar” el poder, si no son acompañadas de enérgicas medidas para redistribuir los recursos, pueden terminar generando más instituciones burocráticas y sin recursos, lo que no conducirá a la solución de los problemas ni a la democratización real del Estado. Es por eso que una de nuestras principales propuestas es la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y oro con control democrático de trabajadores y comunidades. La nacionalización permitiría al Estado poner las manos en las principales riquezas que produce Chile y destinar una parte importante de esos recursos a las regiones donde se producen estas riquezas y al conjunto del país, única forma de hacer realidad la equidad y solidaridad que se aprobó por amplia mayoría.

3 – Otro problema que constatamos es que varios artículos aprobados plantean la “unidad” e “indivisibilidad” del Estado Chileno. El artículo 5 (aprobado) plantea: “En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial.” La misma propuesta, en otro artículo, reconoce el “derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas”. Entonces a lo menos debemos preguntarnos: ¿hasta dónde va el derecho de autodeterminación de esos pueblos? Si un pueblo indígena, ejerciendo su legítimo derecho a la autodeterminación, decide separarse del Estado chileno, ¿podrá hacerlo? Según las normas aprobadas, no. Esto nos parece un grave problema en la propuesta y una gran contradicción: Porque si bien reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, es el Estado chileno, en última instancia, quien determina lo que los pueblos indígenas pueden o no pueden hacer.

Debemos recuperar un poco la historia de los últimos siglos y la lucha mapuche. Todos conocemos la legítima reivindicación del pueblo mapuche por la devolución de sus tierras ancestrales (de hecho hay propuestas en la propia Convención que van en este sentido). El Estado Chileno ha sido utilizado como la principal herramienta de opresión y represión sobre el pueblo mapuche, sirviendo como la primera línea en garantizar la usurpación de su territorio por grandes empresarios agrícolas y forestales.  Eso llevó a un sector del movimiento mapuche a reivindicar la recuperación de ese territorio de forma autónoma y en contra del Estado chileno, en una lucha de “liberación nacional”. Sabemos que este es solamente un sector de la población mapuche, ya que hay distintas miradas y posiciones políticas al interior de ese pueblo. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad y obligar a todos los Mapuche a ser parte del Estado chileno cuando existe un legítimo derecho a reconocerse como Pueblo-Nación y un permanente cuestionamiento al Estado chileno.

Creemos que la aprobación del artículo citado anteriormente, junto a varios otros con similar contenido, está lejos de ser un avance para la solución de la demanda del Pueblo Mapuche en el Wallmapu.

Por estos motivos, nuestra compañera María Rivera no tuvo dudas en apoyar todos los artículos que servirán para que las y los trabajadores y el pueblo avancen más grados de democracia y participación, así como se abstuvo en aquellos artículos que teniendo partes progresivas, no son un real aporte; y sin titubeo votó en contra de varios artículos que directamente no garantizan los derechos de los pueblos oprimidos. Creemos firmemente que la verdadera democratización del poder pasa por la democratización del control sobre la riqueza del país y eso solo es posible si recuperamos para los pueblos lo que las familias más ricas nos han saqueado. Esto pasa por la nacionalización de los bienes minerales y también de otras grandes empresas estratégicas, bancos y AFPs, que conforman la estructura productiva del país. Solo de esa forma será posible planificar la economía de acuerdo a las necesidades de todo el pueblo que vive en la capital y en regiones, además creemos y estamos absolutamente a favor del derecho a la autodeterminación real de los pueblos indígenas, sin que la Constitución chilena establezca ningún límite para que se lleve a cabo.