Vie Mar 29, 2024
29 marzo, 2024

Represión y políticas antipopulares del régimen correísta


Es muy grave el allanamiento de que fueron víctimas el asambleísta Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio.




Como en las peores dictaduras, las fuerzas especiales de la policía entran por la noche sin advertencia y consentimiento de los afectados y se llevan las computadoras y la información que contenían. Los jueces actúan como empleados de la presidencia. No se respetaron derechos básicos como el debido proceso, la libertad de expresión, la privacidad e inviolabilidad de domicilio. No se respetó a la familia, a la mujer, y a los niños que se encontraban descansando. En el caso del asambleísta Jiménez no se respetó la inmunidad parlamentaria. La orden viene de lo más alto.



El presidente Correa aparece en la siguiente sabatina justificando el allanamiento y citando evidencias, lo cual no está permitido en el proceso indagatorio. Les acusa de haber jackeado los correos del Presidente y funcionarios cercanos, siendo evidente que ni Jiménez ni Villavicencio disponen de la tecnología y los recursos para espiar a las más altas autoridades. Ahora se les acusa de haber recibido la información de la Chevron.



Pero, ¿qué tan grave es esa información incautada para que se les arrebate con tanta violencia? ¿No debe ser pública la información sobre los contratos del gobierno? ¿No es obligación de un asambleísta investigar y fiscalizar los actos estatales? Los afectados responden: son investigaciones sobre hechos de corrupción al interior del régimen. Citan algunos temas: los contratos públicos de Fabricio Correa, la presunción de peculado sobre Pedro Delgado, la venta de petróleo a Petrochina y de ésta a la Chevron, las enormes pérdidas para el Estado en el campo Palo Azul, el atraco a los fondos públicos en el caso de Seguros Sucre, la construcción de la infraestructura judicial con sobreprecio, la venta del ingenio Ecudos con sobreprecio para beneficiar al grupo Gloria del Perú, entre muchos otros. La conclusión es clara: Jiménez y Villavicencio son perseguidos por denunciar la corrupción al interior del régimen y porque disponen de información comprometedora sobre diversos casos y funcionarios del gobierno.



Criminalización de la protesta social



No son los únicos afectados por el abuso del poder y la violación a sus derechos humanos. Al periodista conocido como Bonil se le convoca a responder por una caricatura que no le agrada al gobierno. A Humberto Cholango y otros dirigentes indígenas se les llama a indagación por oponerse a los proyectos extractivistas que atentan contra el ambiente y las comunidades. A los estudiantes de los colegios se les amenazó con quitarles el cupo si salían a protestar contra la explotación del Yasuní. Antes hubo la condena a los estudiantes del Colegio Central Técnico y el juicio y la prisión contra los 10 de Luluncoto. A varias asambleístas del propio partido de gobierno se las sancionó con un mes de silencio por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. La fundación ecologista Pacha Mama fue clausurada con base en el nefasto decreto 16. Activistas ambientales e intelectuales como Carlos Zorrilla y el cineasta Pocho Álvarez son denunciados y denostados públicamente por defender la vida y los derechos de la naturaleza. Suman ya 45 los dirigentes sociales sentenciados y 200 los enjuiciados.



Existe un claro irrespeto a los derechos y libertades que son los pilares de la democracia liberal. El objetivo fundamental:amedrentar, generar miedo, impedir que la población proteste, critique, se organice. Lo más preocupante de todo: casi no hay respuesta de la ciudadanía, de la oposición política, de la propia izquierda y los movimientos sociales ante estos hechos que muestran el abuso y la arbitrariedad del poder.



Nuevo Código Penal punitivo y represivo

 

Esta grave situación se acentuará con la aprobación del COIP (Código Integral Penal) por parte de la Asamblea, con un carácter punitivo propio de una concepción autoritaria del Estado. Se busca dar una base legal a la criminalización de la protesta social. Por ejemplo, “en el artículo 345 sobre sabotaje se encuentran tipificadas varias conductas tradicionales de la protesta social, a la vez que el término violencia resulta tan ambiguo que puede abarcar desde la quema de unas llantas hasta la confrontación directa con las fuerzas del orden” (Periódico Opción).



Elecciones locales manipuladas

 

Las elecciones de alcaldes, prefectos, viceprefectos y concejales que tendrán lugar el 23 de febrero están claramente sesgadas y manipuladas por el oficialismo y su poderoso aparato de publicidad y propaganda, de manera que los resultados son predecibles. En Alianza País se han reciclado viejas figuras de la partidocracia como Jimmy Jairala, candidato a Prefecto del Guayas, o Gustavo Baroja, candidato a Prefecto de Pichincha, lo cual muestra la falta de coherencia ideológica del partido de gobierno y la continuidad de las prácticas populistas.



Nuevamente se negocia un tratado de libre comercio con Europa

 

Luego de algunos años de indecisión, el gobierno de Correa ha decidido retomar las negociaciones comerciales con la Unión Europea. Numerosos estudios y las evidencias empíricas muestran que este tipo de tratados favorece a las potencias industrializadas y acarrea efectos muy negativos para los países subdesarrollados como el Ecuador, porque las brechas productivas, tecnológicas y comerciales son muy amplias. Los sectores más afectados por este tipo de acuerdos son los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que se verán en la imposibilidad de competir con los productores de la Unión Europea, los mismos que cuentan con grandes subsidios.



La reciente ola de protestas de los campesinos colombianos evidencian los resultados de este tipo de acuerdos que ya fueron firmados por Colombia y Perú. También la débil industria nacional, los laboratorios farmacéuticos y diversos negocios resultarán perdedores, ya que tendrán que someterse al pago de la propiedad intelectual y las patentes de diversos productos que ahora se obtienen y negocian sin mayores trabas.



La misma biodiversidad del país que tanto pregona el gobierno resultará en beneficio de las empresas extranjeras que cuentan con la capacidad científica y económica para industrializarla. El Estado se debilita y pierde soberanía ya que sus políticas deben adaptarse a las condiciones impuestas por las potencias imperialistas.



Esta decisión contradice el discurso oficial de ir hacia el cambio de la matriz productiva, ya que favorece el modelo primario-exportador y las actividades extractivistas petroleras, mineras y agrícolas.



En síntesis, estamos frente a un gobierno que es la expresión de los intereses del gran capital internacional y nacional y que ha logrado paralizar la lucha social y la organización popular, que ha sido el viejo anhelo de la burguesía. Para lograrlo utiliza la zanahoria de los subsidios, el presupuesto social, la obra pública, y el garrote de la represión y la persecución judicial contra quienes se oponen a sus designios.



Ha llegado la hora de formar un gran frente popular y de izquierda que permita detener el proyecto burgués y autoritario de Correa.



El presente artículo sobre la situación nacional en el Ecuador fue publicado en el Boletín RR, n° 3. 

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