El Departamento de Seguridad Interna (DHS) lleva a cabo un ataque en gran escala a las libertades civiles de ciudadanos norteamericanos. Varios activistas fueron detenidos por agentes federales equipados con camuflajes militares sin identificación y vehículos sin placas. Por lo menos desde el 14 de julio, oficiales del DHS están en Portland, Oregon, aparentemente sin el conocimiento previo de los departamentos de policía de la ciudad o del Estado.

Por: Em Luta, Portugal

El 16 de julio, agentes federales armados y camuflados recorrieron Portland, raptando un total de nueve transeúntes luego de una protesta pacífica. La Public Broadcasting de Oregon relató que un manifestante corrió cuando fue enfrentado por los hombres, incapaz de distinguir que sería blanco de prisión y no de un rapto.

Esta práctica parece estar extendiéndose nacionalmente y refleja el abuso policial actual de utilización de la “resistencia a la prisión” para justificar detenciones.

En un tweet del 20 de julio, Trump mencionó a Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit, Baltimore y Oakland como otras ciudades donde el envío de “más policías federales” estaba siendo considerado. Afirmó que en Portland “ellos hicieron un trabajo fantástico”.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, designó la práctica como “teatro político del presidente Trump”. Y continuó: “El presidente habla de liderazgo de la nación. Ahora destaca oficiales federales para patrullar las calles de Portland, en un flagrante abuso de poder por parte del Gobierno Federal”.

Las fuerzas usadas en Portland son controladas por el DHS. De acuerdo con varias declaraciones de su responsable, Chad Wolff, la operación fue realizada por agentes federales porque la policía local no recurría al uso de fuerza para “restaurar el orden”. El vicesecretario Ken Cuccinelli criticó la negación de las autoridades locales en usar gas lacrimógeno y disparar sobre manifestantes con balas de goma. Wolff pasó entonces a demonizar a los manifestantes de una manera asustadora, designándolos como “multitud violenta” y “anarquistas sin ley”. La “violencia” descrita por Wolff es relatada como compuesta principalmente por grafitis y pequeños daños a la propiedad.

Esa estrategia del DHS de tildar como violentos a aquellos que se oponen a la desigualdad no tiene base en la realidad, lo que es irónicamente reconocido por un sondeo realizado por el Gobierno Federal, que muestra que 73% de los actos “extremistas” de 2001 a 2017 tenían origen en la extrema derecha. (consulte: https://www.gao.gov/assets/690/683984.pdf).

Atropellando los derechos de la Primera Enmienda

El actual respuesta federal es una evolución derivada del grupo de trabajo “Protegiendo a las Comunidades Americanas”, anunciada el 1 de julio de 2020, supuestamente como una manera de proteger la propiedad federal en respuesta directa a las protestas del Black Lives Matter (BLM). Ese nuevo grupo de trabajo es reclutado por varias agencias bajo el control del Departamento de Seguridad Interna, incluyendo la Aduana y Protección de Fronteras (CPB) y la Inmigración y Aduana (ICE). Esas agencias son conocidas por contornear las reglas y por su crueldad en relación con varias comunidades de inmigrantes.

No es por casualidad que los agentes del CBP y del ICE están siendo usados para liderar el asalto contra los derechos de la Primera Enmienda. La función de ambos departamentos ha sido reunir a inmigrantes en masa para mantenerlos indefinidamente sin juicio. El ICE es especialmente conocido por su crueldad y por sus subterfugios, deteniendo a personas en hospitales, tribunales, y otros establecimientos públicos, generalmente usando falsos pretextos. El CBP tiene una larga historia de, efectivamente, recurrir a grupos paramilitares de extrema derecha para ayudar al patrullaje de frontera. El Departamento de Seguridad Interna como un todo desempeñó un papel importante en la instigación de la violencia contra manifestantes indígenas que luchaban contra el gasoducto Standing Rock.

Mientras el supuesto objetivo del grupo de trabajo es la protección de propiedades y monumentos federales, imágenes y videos mostrando la situación en Portland demuestran una realidad completamente diferente, con fuerzas paramilitares no identificadas secuestrando a manifestantes y, en uno de los casos, golpeando con porras a médicos en la calle. Esa es una continuación y una intensificación del caminar de las administraciones anteriores rumbo al autoritarismo, adoptando tácticas usadas en las calles de Iraq, en las calles de Portland, y, si Trump y el DHS lo consiguen, en breve, en toda la nación.

El vicedirector del DHS, Ken Cuccinelli, afirmó: “Esta es una postura que pretendemos continuar no solo en Portland sino en cualquiera de las instalaciones por las cuales somos responsables en todo el país”.

¿Qué es alcanzado por la jurisdicción del DHS excepto edificios federales específicos? Un área es una zona de imposición de fronteras de 160 km de largo, donde residen dos tercios de la población del país y donde CPB e ICE recibieron amplios poderes de control. De hecho, la mayoría de los grandes centros poblacionales de los Estados Unidos se encuadra en esta zona.

Trump y Obama critican a “terroristas” y “extremistas de izquierda”

La Administración Trump citó el Código 1315 de EEUU y la Ley de Seguridad Interna de 2002, que autorizan al Secretario de Seguridad Interna a enviar “oficiales y agentes” para proteger la propiedad federal y hacer cumplir las leyes pertinentes.

El uso de personal federal para “ayudar en la protección de monumentos, memoriales, estatuas y propiedades federales” también es autorizado de acuerdo con la orden ejecutiva de Trump: “Orden Ejecutiva sobre la Protección de Monumentos, Memoriales y Estatuas Americanas y el Combate a Crímenes Recientes Violencia”, del 26 de junio de 2020. Esa orden sostiene que “anarquistas y extremistas de izquierda intentaron avanzar una ideología marginal que pinta a los Estados Unidos de América como fundamentalmente injustos e intentaron imponer esa ideología a los americanos por medio de la violencia y de la intimidación de las multitudes”.

La orden afirma, incluso: “En medio de estos ataques, muchos gobiernos estaduales y locales parecen haber perdido la capacidad de distinguir entre el ejercicio legal de los derechos a la libertad de expresión y asamblea y el vandalismo. Se rindieron al poder de las masas, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad, permitiendo la violación total de nuestras leyes, y privilegiando los impulsos violentos de las masas sobre los derechos de los ciudadanos cumplidores de la ley”.

Muchos medios de comunicación hacen pensar que el rapto de manifestantes es característico del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la reciente escalada de Donald Trump solo fue posible con una herramienta forjada por el gobierno Obama: la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2012. Esta ley, en sus secciones 1021 y 1022, dio a las Fuerzas Armadas de EEUU el poder de, sin acusación o juicio, detener americanos sospechosos de involucramiento en terrorismo, y encarcelarlos por un período indeterminado. Este proyecto de ley fue promulgado, pues citaba al ISIS como una amenaza que exigía esas revocaciones de derechos.

Obama tranquilizó a ciudadanos y críticos con una declaración pública sin brillo, a pesar de eliminar efectivamente el derecho al hábeas corpus. “Enseñé la Constitución durante diez años, creo en la Constitución, y obedeceré la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Obama. También citó falsamente esa ley como redundante, alegando que era la misma que la Autorización de Uso Militar de la Fuerza Militar, de 2001, que eliminó la necesidad de una acusación o juicio para los sospechosos de colaborar con los terroristas involucrados en los ataques del 11 de setiembre.

¡Luchar contra la violencia del Estado!

Ambas alas de los principales partidos de la clase dominante se oponen firmemente a las libertades civiles de los trabajadores. Los demócratas y republicanos hicieron un gran esfuerzo para atropellar esos derechos siempre que les fue posible.

Los derechos de protesta, asamblea y expresión son todos derechos humanos fundamentales, y cada uno fue conquistado a través de una lucha determinada. Esas escaladas de represión federal contra activistas andan de manos dadas con la censura de los datos del Covid-19, y representan una tentativa de expandir ampliamente la capacidad del gobierno Trump de controlar la disidencia y, si no fueren contestadas, serán usadas contra piquetes y huelgas de trabajadores.

Es esencial la unión de todos los defensores de las libertades civiles, derechos de los inmigrantes, justicia social y sindicatos combativos contra estos actos intolerables de represión estatal, y la lucha conjunta contra una violación más a los derechos democráticos.

Artículo originalmente publicado aqui.

Traducción Natalia Estrada.