Cuando la política de los sectores florece ante la sobrepoblación penitenciaria, la mirada y respuesta siempre es de clase.
Por Daniel Ruiz
En las últimas semanas es tema nacional, el debate sobre qué hacer con los presos, sin embargo lejos de profundizar en el tema, sólo se escuchan voces de los sectores más reaccionarios, que giran en torno a que con los internos de los penales, lo mejor que se puede hacer es dejarlos pudrirse en sus celdas, avalando de hecho una pena de muerte.
¿Cual es la verdadera realidad de las cárceles?
Más de la mitad de los presos están sin juicio, con prisiones preventivas ordenadas desde el gobierno anterior con arbitrariedad, porque lo que importaba era que la clase media vea ¡Cómo se combate la delincuencia! Sin importarle a nadie que sea a base de atentar contra las libertades democráticas. Es por ello que se duplicó la cantidad de presos en los últimos años y el presupuesto no sólo no se aumentó, sino que se recortó en comparación de la inflación. Esto hizo colapsar el sistema penitenciario.
¿Porque el nuevo gobierno no cambia esta situación?
Justamente, la cárcel se llenó de pobres y con eso pasó a ser un castigo. Los recortes hacen amontonar los presos en pabellones. No hay vacunas ni medicamentos. Se cortan talleres de formación. Se eliminan gimnasios para hacer más celdas. Aumenta la violencia de los guardias por ser poco personal. Colapsan cloacas, sistemas de agua, electricidad. Y por si fuera poco la comida es de menor cantidad y calidad.
Ni hablemos de elementos de higiene y limpieza. Las cárceles y el castigo cumplen una función especial, es un mensaje para los pobres: en cualquier rebelión, los luchadores sociales honestos van a parar ahí, porque la ley pone preso al que lucha.
¿Es justo el reclamo de los presos?
Claro que si, desde el punto de vista de cuidar la vida, de plantear la arbitrariedad de las prisiones preventivas. Muchos llevan años sin juicio, los juzgados solamente dilatan resoluciones. La resolución de la bicameral del Congreso de la Nación del año pasado reglamentó que el penal es el último recurso en las prisiones preventivas para imputaciones menores a 8 años. Sin embargo la justicia y el Gobierno dejan que siga igual, sin siquiera implementar la resolución de la secretaría de derechos humanos de marzo del año pasado, en pleno gobierno macrista, donde se declaró la emergencia penitenciaria.
Por ello apoyamos su reclamo, porque la constitución nacional dice que las cárceles deben ser limpias, sanas y no para castigo.
Los violadores, los femicidas y genocidas deben tener efectiva pena en pabellones comunes
La mayoría de los internos son acusados por robo, venta de drogas o estafas. No pueden solventar abogados particulares, y terminan en vano esperando una resolución o juicio para saber cuando pueden salir. Ellos son quienes soportan el hacinamiento.
Mientras que los violadores y genocidas no comparten pabellón común, son aislados para «protección». Es por ello que no deben ser puestos en las nóminas de libertad condicional o prisión domiciliaria.
Los jueces que son responsables del hacinamiento y de que muchos internos sin juicio se contagien de virus como HIV, tuberculosis o depresión por el encierro, utilizan la libertad de violadores y genocidas para cambiar el eje, y justamente deshacerse de su responsabilidad.
Hay que tener otra justicia, otros tribunales
Queda claro, una vez más que el código penal está hecho para los ricos. Ningún empresario que despide, que obliga a laburar en la pandemia, esconde alimentos para especular precios o es responsable de muertes por accidentes laborales irá preso con este código penal. Queda claro que los juzgados son el sostén del Gobierno y los patrones. Los casos de femicidios y violaciones solamente avanzan por la movilización de las familias.
Esta crisis nos dice que hay que buscar otro tipo de juzgados, que son los tribunales populares y actuar alli, caso por caso, porque en este sistema las arbitrariedades son la esencia de la justicia burguesa.
Está en nosotros cambiarlo, justicia para ricos o justicia para pobres.
Los trabajadores y el pueblo pobre tienen en sus manos cambiar esta justicia, este sistema desigual, de opresión y explotación por uno nuevo donde la voluntad obrera sea la verdadera ley.
08 de Mayo de 2020.-
