Lun Ene 30, 2023
30 enero, 2023

Pronunciamiento de la Articulación Revolucionaria de los Trabajadores (ART) frente a la Consulta de Lasso.

El 5 de febrero dile NO a la consulta tramposa del gobierno de Lasso

El presidente Lasso convocó en noviembre del 2022 a una consulta popular (referéndum) que se realizará el 5 de febrero del presente año,  la misma fecha en que se efectuarán las elecciones de las autoridades seccionales (alcaldes, prefectos y juntas parroquiales rurales) y también para elegir a los siete nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que según la Constitución tiene como funciones la lucha contra la corrupción y la organización de concursos para designar a más de 70 autoridades de control.

La consulta contiene 8 preguntas que se refieren a tres temas fundamentales: la inseguridad, la institucionalidad democrática y el medio ambiente. Se realiza en un ambiente político de claro rechazo a la gestión del gobierno de la mayoría de la población (80% o más según las encuestas).

Razones del rechazo de la mayoría de ecuatorianos al gobierno de Lasso

El descontento generalizado de la población es una respuesta  a las políticas neoliberales de un gobierno que en estos 19 meses de gestión se ha puesto al servicio de una reducida élite de banqueros y grandes empresarios, sumiendo a las grandes mayorías en el desempleo, la carestía de la vida, el temor por la creciente inseguridad y la incertidumbre en el futuro. El rechazo se produce por el incumplimiento de las demagógicas ofertas de campaña del tiktokero Lasso,  ya  que el gobierno ha dado prioridad al pago de la deuda externa y la reducción del déficit fiscal, dejando de lado la obra pública que es la mejor forma de generar empleo. También por haber expedido leyes como la Ley Tributaria, aprobada por la Asamblea que redujo los sueldos de la clase media y gravó con nuevos impuestos a las mayorías.

Hay indignación frente a la reducción del presupuesto destinado a los sectores sociales, la falta de medicinas y equipos en los hospitales públicos, la imposibilidad de cientos de miles de jóvenes para acceder a las universidades como ofreció el banquero en su campaña. Existe una enorme incertidumbre por la situación que atraviesa el IESS, la institución social más importante del país, de cuyas prestaciones dependen millones de ecuatorianos, frente a su quiebra premeditada a fin de justificar medidas como el aumento de la edad y los aportes para jubilarse, así como su parcial privatización.

Uno de los temas que más preocupa a la población en la actual coyuntura es el desate de la violencia delincuencial y en general de la inseguridad en todos los aspectos, situación  que prácticamente está fuera de control del Estado. La Policía, principal institución encargada de la seguridad, luce impotente y además está cuestionada por la infiltración de los delincuentes y narcotraficantes en sus propias filas. A este tétrico panorama se suma la corrupción en las más altas esferas del gobierno como el caso denominado “El Gran Padrino” que involucra al banquero Danilo Carrera, cuñado y mentor de Guillermo Lasso desde su temprana juventud, quien supuestamente era la cabeza de un grupo dedicado a robar en las empresas del sector público. 

Los objetivos reales que el gobierno pretende con la consulta

Este es el marco que nos permite entender cuáles son los objetivos del gobierno en esta consulta: el primero es tratar de recomponer su alicaída imagen pública generando el falso discurso de que si gana el SI en la consulta se contribuirá a resolver los graves problemas de inseguridad, caos institucional y destrucción del medio ambiente que azotan al país. El segundo objetivo, el más importante para Lasso y su grupo, es controlar funciones como el Consejo de Participación Social, para de esa manera asegurarse que las autoridades de los principales organismos de control del Estado se alineen con el gobierno y le guarden las espaldas. 

Por eso podemos clasificar a las preguntas del referéndum en dos grandes tipos: 1) las preguntas anzuelo que responden al sentido común de la población pero que no producirán verdaderos cambios en el país y, 2) las que permitirán un mayor concentración de poder en el Presidente para controlar y tener injerencia en otras funciones del Estado como la función judicial y la de control social.

En el primer caso están las siguientes preguntas: 1 (extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional), la 3 (reducción en número de integrantes de la Asamblea Nacional) la 4 (exigencia a los movimientos políticos para contar con un número de afiliados equivalentes al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción), la 7 (incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la 8 (compensaciones a personas, comunidades y pueblos por su apoyo a la generación de servicios ambientales).

En el caso de la pregunta 1, a más de ser anticonstitucional, la extradición de ecuatorianos al exterior no aporta ni un ápice al problema de la inseguridad y la violencia. Es una muestra de sumisión al imperialismo norteamericano y el reconocimiento de que la justicia ecuatoriana no tiene capacidad para  juzgar al crimen organizado. La extradición de ecuatorianos no soluciona la violencia criminal pues delitos como el narcotráfico no dependen de condiciones individuales sino estructurales, y un ejemplo es México, que ante el apresamiento de los capos de la droga desata una violencia imparable como represalia.

La pregunta 3 se aprovecha de la baja popularidad de la Asamblea Nacional, generando la falsa imagen de que reduciendo el número de asambleístas se puede mejorar el funcionamiento de esta función, desconociendo que el problema fundamental no es el cuantitativo sino el cualitativo. Además se reduce el número de representantes de las provincias pequeñas y medianas, pero se aumenta el de los asambleístas nacionales, de manera que el resultado final será la subrepresentación de las primeras en beneficio de las provincias más pobladas. Lo más grave en esta propuesta es que los migrantes podrían quedarse sin representantes porque se exige que exista medio millón de personas en cada jurisdicción para poder elegir un representante, a sabiendas de que esa cifra es muy difícil alcanzar, puesto que existen muchos compatriotas ilegales que no se registran por temor a la deportación.

En el caso de la pregunta 4, resulta intrascendente debido a que el requisito del 1,5% de adherentes para la creación de movimientos políticos ya consta en el Código de la Democracia y su proliferación se debe a que estos pueden constituirse a nivel parroquial, cantonal o provincial, realidad que no cambiará con las modificaciones propuestas. Situación similar ocurre con las preguntas 7 y 8 sobre medio ambiente, puesto que ya existe una legislación como las consultas previas a la población que permite proteger las áreas hídricas y los hábitats naturales, y que no lo respeta el gobierno, a más de que el compensar por los servicios ambientales nos lleva a la lógica capitalista de “pagar por contaminar”: pago por cuidar un bosque, por ejemplo, pero eso me da derecho a contaminar otra zona. El problema de la acelerada destrucción del medio ambiente se debe a la falta de voluntad política de los organismos del Estado encargados de cumplir con las normas existentes, debido a la interferencia de poderosos intereses económicos y políticos como es el caso de la minería, tanto a gran escala como la ilegal.

Son las preguntas del segundo tipo, que tienen que ver con una acumulación de poder del ejecutivo, las que tienen un mayor interés para el gobierno. Es el caso de la preguntas 2, 5 y 6. La 2da pregunta busca desplazar al Consejo de la Judicatura en sus competencias constitucionales de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los funcionarios judiciales y también de la Fiscalía. Dichas tareas pasarían a un nuevo organismo llamado Consejo Fiscal, cuyos integrantes serían designados por la o el Fiscal General. En definitiva el gobierno apuesta a que la actual Fiscal, la misma que  actúa bajo los intereses del gobierno de Lasso, sea la que asuma las funciones que por mandato constitucional le corresponde al Consejo de la Judicatura, anulando de esa manera la autonomía de este organismo fundamental para el ejercicio de la justicia.

La quinta pregunta busca eliminar la facultad que actualmente tiene el CPCCS de designar autoridades de control a través de concursos públicos, para que sea la Asamblea Nacional la que nombre dichas autoridades. Sin embargo si leemos el contenido de los anexos de esta pregunta, el organismo que va a tener la capacidad para seleccionar a dichas autoridades es una comisión técnica que será conformada por delegados de las diferentes funciones del Estado donde el ejecutivo tendrá posibilidades de presión para imponer a personas afines. La trampa de esta crucial pregunta es que en las disposiciones transitorias se establece un plazo de un año y medio para que este proceso sea ejecutado y mientras tanto se prorrogarán en su funciones las actuales autoridades. El gobierno es quien ha logrado controlar a los integrantes del actual Consejo de Participación y lo que pretende continuar con el control de este crucial organismo para protegerse frente a las denuncias de corrupción.

La sexta pregunta pretende que los integrantes del CPCCS ya no sean elegidos por votación popular, sino por la Asamblea Nacional en base a los 20 candidatos seleccionados por una comisión técnica de selección. Es decir, para los organismos más representativos del Estado como Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, Consejo de la Judicatura, etc., será la Asamblea Nacional la que nuevamente nombre a sus integrantes según sus fuerzas políticas, a quien mejor se oriente a sus intereses, es decir, a sus incondicionales.

En conclusión, esta mal llamada consulta popular es tramposa y engañosa porque no resolverá los graves problemas del país en materia de inseguridad, funcionamiento de la democracia y medio ambiente, sino que responde a una estrategia del actual gobierno para recuperar su maltrecha imagen y principalmente para lograr mayor poder y el control de otras funciones del Estado, como la judicial y el CPCCS. Consideramos que Lasso únicamente busca tomar un respiro y recuperar en algo su legitimidad, para festinar lo que falta y robar de forma descarada los recursos del Estado. Por eso nos unimos a las voces de las organizaciones sociales y políticas de la clase trabajadora y los sectores populares con la finalidad de proclamar nuestro rechazo a este referéndum, a las políticas neoliberales y hambreadoras del gobierno inepto y decirle que votaremos 8 veces NO.

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