Por mucho que este gobierno intente vendernos lo contrario, estos presupuestos no tienen nada de sociales y tampoco tienen ninguna intención de combatir el aumento de la desigualdad provocado por los recortes sociales que han llevado a cabo durante estos años.
Por Corriente Roja
Violencia machista
El presupuesto para la prevención de la violencia machista para el año próximo crece en un 6,32%. Pero los datos son engañosos ya que el “Programa para igualdad de oportunidades” desciende en un 5,28% y se mantiene el recorte en atención telefónica que el año pasado cayó un 34%. En conjunto, el presupuesto destinado a combatir esta lacra social y a políticas de igualdad sigue siendo un 17% menor que el del 2011. Mientras, la violencia y el acoso sexual que sufrimos a diario sigue aumentando y las cifras de mujeres asesinadas no bajan de 50 ningún año.
Empleo
El gasto para desempleo cae un 21,7%. El gobierno justifica este recorte por el ligero repunte del empleo, aunque este sea en su mayoría precario y estacional. Pero lo que no se dice es que se deja a merced de la caridad o de las ayudas puntuales de unos servicios sociales colapsados, a las millones de personas desempleadas que no cobran ningún tipo de ayuda; una de cada tres según datos de la Fundación 1º de Mayo.
En 770.000 hogares no entra ningún tipo de sueldo, pensión o subsidio, lo que significa también abandonar también a su suerte al 31,90% de niñas y niños que según la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión, viven en situación de pobreza en España.
Pero es que además las mujeres no sólo somos las más afectadas por el desempleo después de la juventud, sino el sector de personas desempleadas con menor protección. Solo un 14% de las desempleadas de larga duración cobra algún tipo de prestación y en general nuestra tasa de protección es ocho puntos inferior a la de los hombres ya que no sólo cobramos menos por igual trabajo sino que la mayoría de los contratos que conseguimos son temporales o a tiempo parcial. La destrucción de los servicios públicos por parte de este gobierno, donde la mano de obra es mayoritariamente femenina, ha supuesto para nosotras más desempleo y precariedad si cabe.
Dependencia
Este gobierno nunca apostó por implantar un Sistema de atención a la Dependencia público y gratuito sino que por el contrario este se encuentra casi colapsado. Actualmente El 37% de las personas con derecho a recibir las prestaciones y servicios que les reconoce la Ley siguen esperando ser atendidas, y 100.000 personas fallecieron desde el 2012 esperando estas ayudas. Con el aumento del 6,4% que recibe esta partida en los presupuestos generales del Estado (PGE) se necesitarían 25 años para terminar de atender a todas las personas que tienen reconocido este derecho.
Esta situación afecta sobre todo a las mujeres, no sólo por ser la mayoría de las personas en situación de dependencia sino también el 90% de las personas cuidadoras. Somos las mujeres dentro de las familias las que atendemos a las y los dependientes, recibamos o no las prestaciones económicas que contempla la ley. Las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio que contempla la Ley, en un 90% son mujeres contratadas por empresas privadas cuyos servicios subcontratan a su vez las administraciones autonómicas para desentenderse así de las pésimas condiciones laborales que generalmente ofrecen estas empresas. Y cuando las cuidadoras son empleadas de hogar, en su mayoría inmigrantes, sólo un 10% tiene contrato de trabajo. Reciben una remuneración muy por debajo del precio del trabajo que realizan y en todo caso sin derecho a recibir ni subsidio de empleo, ni jubilación.
Educación
El presupuesto para educación sube en un 9,3%, pero si examinamos este vemos que la mayor parte se emplea a la implantación de la “Ley Wert” o la LOMCE. Una ley sexista y mayoritariamente rechazada por toda la comunidad educativa. El PP ha recortado el presupuesto de Educación un 25% desde que empezó a gobernar, desmantelando la educación pública mientras se ha dedicado a subvencionar a la privada.
Pero no se destina ni un solo euro a revertir por ejemplo los recortes en los programas educativos para la atención a la diversidad, cuyas partidas han sido recortadas casi en un 90% desde que gobierna el PP. Esto significa entre otras cosas que miles de niños y niñas con discapacidad y con necesidades educativas especiales seguirán sin recibir la atención educativa a la que tienen derecho. Este recorte despiadado también incide especialmente en las mujeres que como madres cargan, muchas veces en absoluta soledad, con la mayor parte de los cuidados a estos menores en detrimento de su salud física y mental y su vida social.
Tampoco hay dinero para la creación de guarderías públicas, que son casi inexistentes y la educación infantil sigue sin ser obligatoria, por lo que la apuesta en la mayoría de las CCAA, es continuar subvencionando los centros privados lo que hace imposible que muchas familias puedan costearse aún con las subvenciones, ni el precio de plazas -que se incrementaron en los últimos años- ni el de los materiales educativos que tampoco son gratuitos. Esto dificulta aún más la posibilidad de las mujeres de incorporarse al mercado laboral después de ser madres, ya que en nuestra cultura machista casi siempre somos las mujeres las que quedamos al cargo de los menores en los primeros años. Además este gobierno vuelve a retrasar el permiso de paternidad de un mes que debería haberse implantado en 2011, hasta Enero de 2017.
En resumen, podemos decir que estos PGE mantienen el ataque de este gobierno a las mujeres en cuyas espaldas hace recaer las consecuencias de la crisis capitalista. Somos las mujeres de la clase trabajadora con cada vez menos recursos para escapar de la violencia machista o para acceder a los servicios privados de atención a menores, personas mayores y dependientes quienes vamos a seguir pagando con nuestro tiempo, nuestra salud y hasta con la vida los recorte sociales que se mantienen para poder pagar la deuda pública. Una deuda que supone el 98% del PIB y cuyo pago sigue siendo prioritario tal y como refleja la partida presupuestaria destinada al pago de la misma.