Lo que más resalta de las recientes elecciones del 26 de enero es un profundo descontento popular con todos los partidos del Congreso anterior, a manera de voto castigo; todos ellos no sumaron ni la mitad de los votos que obtuvieron en las elecciones del 2016 (5.3 millones frente a 11.2 millones). No solo resultó castigado el fujimorismo que pasó a ser una minoría, y el Apra, que desapareció del Congreso junto con su anterior aliado el PPC; Acción Popular no sacó muchos más votos, pero bajó su votación respecto de las municipales; el partido de Acuña también bajó, e incluso los partidos de la izquierda parlamentaria, que si bien canalizaron parte del voto de las masas trabajadoras, su política electorera y de conciliación con el gobierno la hizo incapaz de canalizar el descontento popular siendo ampliamente superada por el FREPAP y la UPP en número de votos.
Por PST-Perú
La forma distorsionada en que se expresa el descontento en toda elección ha colocado a nuevas deformidades en el congreso que se instalará en marzo: Un ex militar procesado por asesinato, es el candidato más votado y posible presidente del nuevo Congreso. Candidato, además, de un partido (Podemos Perú) cuyo fundador está procesado por corrupción en el caso del ex alcalde Castañeda. Un Partido Morado que apenas al nacer muestra signos de descomposición. Un partido teocrático como el FREPAP que se benefició indirectamente del miedo al voto nulo; y el grupo de Antauro Humala que canalizó el voto de la población más radical principalmente de las regiones del sur del país, aunque con propuestas que juntan la “pena de muerte a los violadores, asesinos y corruptos”, con “no dar empleo a extranjeros” y “sacar al ejército a las calles para la seguridad ciudadana”.
Las razones del voto castigo
Este sentimiento de protesta expresado en las elecciones, tiene una razón de ser que son los constantes ataques del gobierno y la patronal a los intereses de los trabajadores, a través de los ceses colectivos, la prepotencia de los empresarios en las negociaciones colectivas y la imposición de decretos contra los derechos de los trabajadores, así como también la parálisis del Estado ante graves problemas sociales por temas de salud, educación y seguridad ciudadana y la corrupción generalizada desde las más altas jerarquías del gobierno y del Estado.
El gobierno consiguió una válvula de escape a ese descontento social con el cierre del congreso el 30 de setiembre y la convocatoria para nuevo congreso, para evitar el grito de la calle “que se vayan todos”. Sin embargo el nuevo Congreso que se instalará en marzo tendrá una mayoría compuesta por los principales partidos de la derecha, los que ya estaban y los que recién entran. Seis partidos que sacaron 35% de los votos controlarán el Congreso con más del 70% de los congresistas, sin contar a las bancadas del FREPAP, UPP donde obtendrán otros votos para la “gobernabilidad”.
¿A quién servirá el nuevo Congreso?
¿Representa esta recomposición del congreso a la lucha nacional contra la corrupción, en la que se enarbolaron las banderas “Que se vayan todos” y el reclamo de un nuevo orden constitucional que ponga fin a la Constitución fujimorista de los noventas? Evidentemente no.
Lo único que refleja es el éxito del plan de Vizcarra de hacer cambios superficiales para mantener el imperio de la explotación y la corrupción. Ya consiguió reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, disuelto por el escándalo de los “cuellos blancos”, con una Junta Nacional de Justicia que nace con evidentes vínculos con la corrupción.
El presidente Vizcarra obtiene así un congreso “no obstruccionista” para tratar de seguir aplicando su política neoliberal en perjuicio de la clase trabajadora y las grandes mayorías, prolongando los ataques a los derechos laborales y la indolente austeridad del Estado ante derechos esenciales de salud, educación y seguridad públicas.
Continúa la “democracia” de los ricos
Por otro lado, los “cambios” en el sistema político no cambiaron nada, y son las absolutas minorías del poder económico los que acapararán nuevamente el control absoluto del congreso, así como ya tienen al gobierno, para seguir enriqueciéndose a costa de los trabajadores y de los intereses nacionales. Esa es la “democracia” de los ricos.
Una vez más se está confirmando que las elecciones del actual régimen político son un terreno controlado por las grandes empresas ya sea promoviendo candidaturas propias o comprando gobiernos o congresistas electos.
Para los trabajadores y el pueblo, el camino fundamental para arrancar la solución a sus demandas y la solución a los problemas que afectan a las grandes mayorías es el camino de la lucha unitaria e inclaudicable, no el de las elecciones. Es decir, lo opuesto a la política que aplicaron los grupos de izquierda del anterior congreso, de respaldar al gobierno so pretexto de acabar con el fujimorismo, como si ese hubiera sido el único problema; como si el gobierno de Vizcarra no fuera el actual y principal ejecutor del orden fujimorista de los noventas; y junto con eso privar al movimiento obrero y popular de un plan de lucha nacional y unitario, para volcarse a cambio de ello al juego de las ilusiones en el proceso electoral.
Perspectiva de nuevas luchas
Por lo expuesto, la perspectiva luego de la instalación del nuevo congreso será de nuevas luchas de resistencia ante los ataques y amenazas del gobierno y el nuevo Congreso contra las masas trabajadoras, y volverá a estar planteada la necesidad de organizar la lucha unitaria nacional.
