Habiendo perdido el control de la crisis sanitaria, el plan Vizcarra se orienta ahora a reactivar los negocios dejando correr los contagios para lograr la pronta “inmunidad de rebaño”, aunque esto signifique 250 muertes diarias que es una cifra en aumento principalmente de trabajadores y pobres.

Por Manuel Fernández

La reactivación económica trajo consigo el reinicio de las operaciones productivas de golpe. Las medidas de suspensión perfecta de labores y el inicio de procesos de ceses colectivos empujaron a los trabajadores a regresar a la fábrica, en medio del temor al contagio y la pérdida de sus empleos.

Al inicio las normas obligaban al empresariado a implementar protocolos de prevención y vigilancia con la realización de pruebas COVID a los que reingresaban, pruebas periódicas para su control, licencia con goce a los de grupo de riesgo y cuarentena en casos considerados sospechosos y confirmados, como medidas mínimas. Pero estas medidas resultaron insuficientes para frenar los contagios, poniendo en riesgo la continuidad de las labores productivas. Como además representaban un costo adicional para las empresas, el Gobierno optó por relajar más las medidas de prevención que estaba obligado a cumplir del empleador.

Ahora la norma (R.M. 448-2020) permite el reingreso automático del trabajador sin la realización de pruebas iniciales y periódicas, los considerados grupos de riesgo deberán volver al trabajo asumiendo la responsabilidad de contagiarse y morir, o simplemente quedarse sin empleo, etc. Los centros laborales han pasado así a convertirse en verdaderos centros de contagios masivos.

El reinicio de actividades también trajo el peligro que significa movilizarnos al centro de trabajo en el hacinado servicio de transporte público, pues las empresas en su mayoría no garantizan la movilidad, y cuando la hacen solo se realizan por rutas principales y sin respetar el aforo mínimo.

Reactivar y sostener la producción en los centros laborales de la gran industria requieren la vuelta masiva de trabajadores, por lo que mantener el distanciamiento social obligatorio en las líneas de producción, almacenes y vestuarios, como señala la norma, resulta imposible de cumplirse porque colisionan con la estructura física de las empresas que están diseñadas para maximizar la producción y no para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.

A la fecha, más de la mitad del personal reportan contagios y los muertos van en aumento: 4 fallecidos en Celima, 1 en MARSA, etc. Ante los reclamos exigiendo medidas de prevención y atención médica, las patronales solo nos derivan a Essalud y al Minsa, hoy colapsados, diciendo que “cumplen con la ley”. Y hasta responden con garrote, como el despido de 22 trabajadores en Saga Falabella que exigían protocolos de seguridad, y encarcelamiento del secretario general del Sindicato de Marsa por defender la salud de 800 trabajadores contagiados en la mina.

Reactivación de las ganancias patronales

Vizcarra prioriza la “reactivación” antes que salvaguardar la vida del pueblo y de los trabajadores, lo que es un genocidio en curso. Es cierto que volvemos a contar con nuestro salario, pero no deja de ser insuficiente para cubrir el alza del costo de vida y mucho menos para atendernos ante una emergencia. Cuando hablan de reactivar la economía están hablando de reactivar la máquina de producir ganancias para los patrones. Ellos siguen confinada en sus mansiones y con atenciones en las clínicas más lujosas, mientras nosotros ponemos los muertos para que sigan manteniendo esos privilegios.

Organizarnos para defender la vida

Es falso que no se puede hacer nada. Podemos salvar la vida y la salud de los trabajadores y el pueblo pobre. Esto principalmente pasa por ponernos en pie de lucha con nuestras organizaciones en cada centro laboral.

Exijamos pruebas de descarte obligatorias ante el ingreso de trabajadores a los centros laborales, y que se vuelvan a realizar cada semana. Paralizar la producción para su fumigación y desinfección ante un caso confirmado. Contar con el servicio de recojo y retorno con movilidad a cargo de la empresa, respetando el distanciamiento social. Implementar nuevos ambientes para comedores y vestuarios que cumplan con los aforos respectivos. Brindar facilidad de atención médica en clínicas privadas al personal en labores y los familiares que resulten contagiados. Por último, indemnización especial por muerte de trabajadores con COVID-19 y con beneficios extensibles a los familiares.

Conseguir esto no será fácil, ya que significa invertir en salud y prevención cuando las patronales solo buscan reducir “costos laborales”. Pero no tenemos otra salida ante el genocidio a la que nos empujan. No permitamos que se reactiven sus ganancias y cuentas bancarias a costa nuestra. Volvamos a las calles y, con todas las medidas de seguridad existentes, unificar nuestra lucha contra el plan de Vizcarra y la angurria patronal, y por la defensa de nuestras vidas.

Unidad para luchar

Escribe Jack Reyes, dirigente del Sindicato Celima

La clase obrera y el pueblo pasamos por circunstancias muy difíciles que no tienen cuando acabar y que empeora día a día por la política del gobierno que salvaguarda las ganancias del capital antes que nuestras vidas.

En estos momentos críticos, que quizá sea la más grave de nuestra historia, debemos partir por preguntarnos: ¿qué le dejaremos de herencia a nuestros hijos e hijas? La única herencia que le dejaremos depende de lo que hoy hagamos.

Los ceses colectivos han sido y son hoy, en la pandemia, el arma preferida de las empresas para destruir nuestras organizaciones sindicales. En años anteriores no eran muy frecuentes. Pero ahora el gobierno excusado en la pandemia ha dado carta libre a las empresas para que la apliquen a diestra y siniestra. Ya ha ocurrido en Miyasato, Faber Castell, Papelera Nacional, Minera Raura, Minera Atacocha, y va a extenderse a otras empresas, dejando en el desamparo a miles de trabajadores y sus familias que quedan sin ingresos para enfrentar el hambre y la pandemia.

Esto lleva a acrecentar el desempleo que ya es de más de 3 millones. El desempleo reduce el valor de la mano de obra y crea un paraíso para que los capitalistas vuelvan a contratar pero con menos salario y menos derechos. Así, mientras el Covid-19 se ceba contra nuestra gente, crecerá más el hambre y la pobreza en nuestras filas y los capitalistas se harán más ricos.

Antes que todo esto se consuma lo que nos queda es enfrentar estos hechos y vencerlos con nuestra unidad, organización y lucha en las calles. Ya lo están haciendo diferentes sindicatos y organizaciones en distintos lugares, algunos de manera heroica como el Sitobur. No basta solo pelear en el terreno legal, es necesario sobre todo organizarnos para la lucha, ya que el gobierno es quien permite estas acciones y es contra su política capitalista que necesitamos pelear.

Estos esfuerzos dispersos tienen un desafío en el actual momento: debemos avanzar uniéndonos y coordinando en cada lugar y en cada región, creando verdaderos comités de lucha que actúen y de ahí avancen hacia el desencadenamiento del Paro o Huelga Nacional, que es la respuesta general que necesitamos para derrotar al gobierno de Vizcarra y de la Confiep.