Vie Mar 29, 2024
29 marzo, 2024

Perú | Acuerdo de Gobernabilidad Congreso-Gobierno

¿Cómo serán los próximos dieciséis meses con el gobierno y el nuevo Congreso desde la perspectiva de la clase trabajadora? El mayor riesgo es que entre falsas confrontaciones terminen imponiéndose los intereses de los corruptos y de las empresas, en perjuicio de los trabajadores y el pueblo. A continuación, una mirada a la situación de los protagonistas y las características del juego.

Un gobierno que lleva la crisis por dentro

El caso Odebrecht volvió a salpicar al gobierno provocando una crisis ministerial que terminó con el cambio de cuatro ministros, y casi se lleva al gabinete en pleno. Esto en parte a causa de la corrupción pero también por el creciente descontento popular ante la desatención de sus demandas; es verdad que su falso discurso anticorrupción y de reformas políticas todavía le provee a Vizcarra algo de popularidad, pero esta puede tener patas muy cortas.

No hay que perder de vista que mientras permanezca como jefe de gobierno, Vizcarra es el poder que los empresarios necesitan para seguir imponiendo despidos y ceses colectivos, continuar las políticas de austeridad para evitar impuestos a los ricos, e impulsar nuevas políticas de abaratamiento de la mano de obra; y como jefe de Estado (función que prefiere esconder) Vizcarra abandona sus responsabilidades de dar salidas a los principales problemas nacionales; todo su accionar en este campo fue impulsar las reformas judicial y política que se han venido desinflando con el tiempo como verdaderos globos de aire.

Una prueba de la funcionalidad del gobierno para con los empresarios, es que promulgó la ley aprobada por el congreso disuelto, que extiende 10 años más la vigencia del régimen laboral del agro, y además los decretos de urgencia que implementan la política de competitividad y productividad, así como los decretos que bloquean el derecho a la negociación colectiva de los empleados del sector público.

La repartija parlamentaria

Por otro lado, cuatro bancadas del futuro Congreso se aliaron para juntar 69 congresistas (mayoría absoluta) y con eso hacerse del control parlamentario como si se tratase de un botín. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos suscribieron como parte de esa jugada un «Acuerdo de Gobernabilidad» que coloca en agenda solo algunos temas de la reforma política impulsada por el gobierno, lo que deja abierta la posibilidad de próximas fricciones entre ambos poderes.

Además, los aliados del Congreso también están vinculados a la corrupción o con otros delitos criminales, por lo menos varios de sus connotados líderes; recordemos que Odebretch dio plata para los principales candidatos presidenciales y a muchos congresistas que ahora son jefes o influyentes de partido; Urresti continúa procesado por el asesinato de un periodista, y Shejade perdió la vicepresidencia con Humala por tráfico de influencias. Además, Acuña de APP, Luna de Podemos y Diez Canseco, que no es congresista pero es influyente de la bancada AP, son propietarios de universidades privadas, y aunque obviamente defienden la privatización y la usura en la educación, son opuestos a la supervisión de SUNEDU.

Gobierno y Congreso: A dos bandas

Estos mismos sectores utilizarán la investigación congresal a la corrupción que involucra a Vizcarra, como un instrumento de presión y no necesariamente por la búsqueda de la verdad y la justicia.

Todos ellos, gobierno y mayoría del Congreso, tienen en común que defienden a los empresarios y al plan económico, y al mismo tiempo cada quien está entregado a sus propios intereses individuales ya sea de sus negocios, su necesidad de controlar el aparato judicial para evadir la justicia o su interés de disputar las elecciones 2021, y eso puede dar pie a confrontaciones particulares.

Bajando a tierra algunas posibilidades, es indudable que el nuevo Congreso evaluará los decretos de urgencia del Ejecutivo con ojos muy a favor de los empresarios, especialmente los decretos de urgencia que atacan los intereses de los trabajadores, y en eso respaldará al gobierno.

Vizcarra, consciente de su debilidad ha retrocedido con algunas actitudes de populismo oportunista, como alargar más el tema Tía María, pero sin cortarlo. Pero también por su debilidad ha mostrado permeabilidad a las presiones de los poderosos, defendiendo sus intereses, como lo muestra la ley del agro.

Salida independiente de los trabajadores

En este marco sería un error para las posiciones de los trabajadores, volver a caer en el juego de esos bandos defendiendo a uno contra el otro. Eso solo ayudaría al gobierno en crisis y a la aplicación de medidas antilaborales.

La verdadera contraposición es la que existe entre el gobierno, el congreso y las demás instituciones sometidas al poner económico, que buscan imponer las reformas y ataques laborales, en un extremo, y la clase trabajadora, en el otro. Por eso la tarea más importante del momento es fortalecer la organización sindical y popular en torno a un plan de lucha contra el gobierno y la patronal.

Derrotar al gobierno y su plan es una necesidad para quienes buscamos detener los ataques antiobreros, pero también es una posibilidad que solo se aleja por la política de conciliación que impulsan desde las propias filas del movimiento obrero y popular.

El Frente Amplio continúa aun hoy su política de apoyo al gobierno que evidenciaron desde el cierre del Congreso, incluso a pesar que el gobierno hoy se apoya en la coalición de la derecha parlamentaria.

En ese sentido, la jornada de lucha convocada para el 19 de marzo solo tiene sentido si se inscribe en el objetivo concreto de derrotar al gobierno y su plan.

 

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