Después del retiro de los patrones frente a la potencia del foco de huelgas obreras de marzo, el gobierno Conte de pronto se ha postrado a los deseos de la gran burguesía, haciendo de todo para reiniciar lo antes posible cualquier tipo de producción y actividad, diciéndonos que al fin se podía también convivir (… y morir) con el Covid-19 gracias también a los hisopos efectuados y los trucos para nuevos contagios. Con la misma modalidad comunicativa, nos quieren hacer creer que los 500.000 millones asignados por la crisis económica, inducida por el coronavirus, serán bien distribuidos, intentando esconder la realidad de los hechos: la cuenta económica la pagarán exclusivamente los pequeños comerciantes, los trabajadores y los desocupados.

Por: Daniele Cofani

Millones para la burguesía, miseria para el proletariado

Desde la mitad de la pandemia hasta el momento en que escribimos este artículo, el gobierno Conte produjo, sin vacilar, una serie de disposiciones económicas contenidas en el interior de los decretos italiano, liquidez y aumento. Podemos tranquilamente resumir las centenas de páginas incluidas en este decreto: miles de millones a granel para los grandes empresarios, migajas para los pequeños comerciantes y trabajadores autónomos, miseria para los trabajadores, precarizados y desocupados.

Recordamos bien cómo el presidente Conte, durante las discusiones con los representantes de la comunidad europea, se retorcía en plena pandemia para acaparar una buen nido millonario, como está viva ahora en nuestras mentes la tentativa de hacer creer que aquella batalla fue llevada adelante por las masas populares italianas. Bien, la historia es otra muy diferente y trataremos de contarla.

Hasta la fecha, entendemos que el gobierno ha asignado cerca de 500 millones para hacer frente a la crisis económica preexistente pero que estalla brutalmente a causa del Covid-19.

Esta lluvia de miles de millones, en parte será pagada directamente por el Estado, otra parte será a través de préstamos bancarios pero todos con garantía pública, o sea, con el dinero de los impuestos de los trabajadores.

Paro los grandes empresarios, que representan un ínfima minoría de la población, el gobierno se ha movilizado rápidamente para proteger su acumulación de capital generado en décadas de explotación. De pronto ha desbloqueado 12.000 millones para saldar los pagos por millares de servicios públicos tercerizados a privados, ha reducido las facturas no domésticas, o sea, las de las fábricas y oficinas (no a los trabajadores en casa, en cuarentena), ha asignado miles de millones para financiar la reapertura con seguridad de las fábricas y de los lugares de trabajo; se habla de créditos de impuesto de 80% hasta un máximo de 80.000 euros: la protección de la salud y la seguridad estarían en manos del empleador que, además de no garantizarla en situaciones de normalidad (tenemos como prueba los datos del Inail sobre los accidentes y muertes en el trabajo), hoy también embolsan fondos ad hoc para continuar produciendo en plena emergencia sanitaria.

Un factor emblemático ha sido la total exención del pago del saldo y del depósito del Irap del mes de junio; se habla de 4.000 millones en impuestos. El Irap siempre ha sido el impuesto con el que se financian los servicios públicos como la escuela y la salud: mientras es cada vez más evidente cómo los cortes multimillonarios que afectan a la salud pública, en favor de la privada, han sido la principal causa de la carnicería que continúa perpetuándose en Italia entre los contagiados de Covid-19, ahora el gobierno no solo corta fondos para los próximos meses sino que muchos de sus representantes, entre ellos el ministro Di Maio, propone la abolición; una abolición –está claro– que beneficiará a las empresas en detrimento de los trabajadores.

El último capítulo es la posibilidad que se dio a los grandes industriales para poder solicitar financiaciones multimillonarias con garantía pública. Entre los ejemplos más representativos está el de FCA de la familia Agnelli que, después de décadas de ayudas públicas y después de haberse asegurado sus propios beneficios en bancos en el exterior, hoy piden un préstamo con garantía estatal de cerca de 6.000 millones, usando como arma de chantaje el cierre de las fábricas con los respectivos despidos.

Para los pequeños comerciantes y los trabajadores autónomos, que representan una conspicua parte de la población, el gobierno ha dado solamente descuentos y bonos, como por ejemplo el crédito para el pago de impuestos sobre alquileres de marzo, abril y mayo hasta 60% de la tarifa (válido también para los grandes industriales), o la exención de impuestos por ocupación de tierras públicas hasta el mes de octubre, y las bonificaciones a autónomos de 600 y 1.000 euros para los meses de abril y mayo. En pocas palabras, para este estrato social el gobierno ha distribuido algunas migajas sobrantes del banquete con los grandes industriales, después de que cada año estos pretenden el pago de impuestos muy salados.

Para los trabajadores, precarizados y desocupados, que representan la amplia mayoría de la población, el gobierno ha asignado un exigua limosna próxima de la miseria. El comité de negocios de la burguesía, el gobierno Conte, y los agentes de la burguesía en el interior del movimiento obrero, es decir, la burocracias sindicales con Landini (Cgil) a la cabeza, nos quieren hacer creer que los millones asignados para los lay-off son ayudas para los trabajadores. Incluso siendo un subsidio para los trabajadores a quienes se les reduce parcial o totalmente el horario de trabajo, las suspensiones siguen siendo un instrumento de acoso en manos de los patrones, los cuales abusan a su gusto para reestructurar la fuerza laboral, hasta que sean despedidos durante períodos de baja productividad. En pocas palabras, es con los financiamientos públicos indirectos que los patrones pueden aumentar la productividad en las propias fábricas, eximiéndose del pago de salarios, haciendo recaer el costo social sobre los impuestos de la comunidad. En otros, la asignación por suspensión cubre a lo sumo 60% del salario y su pago demora mucho tiempo mientras para los patrones la exención del pago de los salarios es inmediato. Para la emergencia del Covid-19 han sido asignadas millones de horas de suspensión hasta el mes de octubre. Otro subsidio otorgado por el gobierno es el ingreso de emergencia, que corresponde al pago de 400 a 800 euros por solo dos meses: pero tal dispositivo podrá ser solicitado solo por un círculo muy restricto de desocupados y trabajadores en negro (camareros, mozos, vendedores ambulantes, etc.), en tanto esté estrictamente relacionado con el ingreso familiar (Isee). Esto deja excluidas sobre todo a las mujeres, que a menudo realizan trabajos informales para sostener a sus familias y su propia autonomía económica, y a los inmigrantes y los nativos más pobres que, viviendo en lugares ocupados, no tienen derecho a la residencia y en consecuencia tampoco al ingreso de emergencia.

Frente a los Estados generales, construyamos el partido que nos conduzca hacia la revolución

Mientras escribimos este artículo, se desarrollan los Estados generales [reunión con sindicatos y empresarios] convocados por Conte, con los cuales, apelando a diferentes agrupamientos políticos e interlocutores sociales, quiere hacer creer a las masas populares, siempre más oprimidas y empobrecidas, que el gobierno tiene la intención de distribuir cerca de 170.000 millones, en su poder, de manera equitativa y compartida entre las varias clases sociales. ¡Basta! Es cada vez más evidente el estado de putrefacción de este sistema; a nosotros trabajadores no nos queda sino repetir las huelgas obreras de marzo, con las cuales imponer a las burocracias sindicales la construcción de una verdadera huelga general de masas, para poder construir al interior de esta experiencia de lucha el partido de vanguardia que pueda conducir hacia la única salida: la revolución socialista.

Daniele Cofani es obrero de Alitalia y miembro del Comité Central del Partido de Alternativa Comunista (PdAC) de Italia.
Artículo publicado en Progetto Comunista n.° 94, julio-agosto de 2020, p. 3.
Traducción: Natalia Estrada.