El año anterior durante la lucha contra el Plan Fiscal, la clase trabajadora demostró que aunque solo un sector minoritario salió a luchar, y pese a los errores que pudieron cometer las direcciones sindicales, existe la fuerza suficiente para enfrentar los planes de ataque a los sectores populares que el gobierno de Carlos Alvarado está ejecutando.
Por PT-Costa Rica
Si bien la lucha contra el Combo Fiscal se perdió, lo cierto es que el paquete de impuestos es solo el inicio de una serie de medidas contra la clase trabajadora, medidas que son impulsadas por el imperialismo norteamericano a través del Fondo Monetario Internacional en todo el continente, que además de aumento en los impuestos, tiene una receta que incluye el recorte en gasto social, ataques a las pensiones, cierre de instituciones y aumento en tarifas de servicios. Esa receta se está imponiendo al mismo tiempo en países como Nicaragua, El Salvador, Brasil, Argentina y Chile.
Como el gobierno y los empresarios saben que los trabajadores están dispuestos a seguir enfrentando en las calles esos planes, están buscando la forma de modificar la ley para limitar el derecho a la huelga, atacar los métodos radicales de lucha y garantizar que sectores enteros de la clase trabajadora ya no puedan luchar.
Reformar la ley para deslegitimar y castigar a los que luchan
Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto 21. 049 llamado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. Fue presentado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, y en diciembre anterior fue votado por los diputados para que se tramite por la vía rápida, por lo que podría aprobarse en poco más de 4 meses.
Ese proyecto se entremezcla con otros 3 proyectos antihuelgas, presentados por otra liberacionista Yorleny León (21.097) sobre los servicios esenciales, así como los de Pedro Muñoz del PUSC (21.156) para rebajar salarios y el de la diputada Florida Segreda (20.190) del bloque de diputados de Fabricio Alvarado, sobre rebajos salariales y castigo a los métodos de lucha.
Esos proyectos son una respuesta a la huelga general del sector público contra el Combo Fiscal del año anterior, y algunos de sus elementos principales se describen a continuación:
Eliminar la huelga política
El debate principal para eliminar el derecho a huelga sobre conflictos que se desprenden de las políticas del Estado es impulsado por el proyecto de Carlos Ricardo Benavides. Según la reforma solo podrían existir huelgas sobre conflictos particulares entre patronos y trabajadores.
Con esa modificación a la ley, no se podrían hacer huelgas contra planes de impuestos, contra proyectos de ley que limitan derechos, cambios en las pensiones, y políticas en general que afectan a la clase trabajadora y se impulsan desde el gobierno. En otro sentido, tampoco se podrían hacer huelgas para exigir al gobierno mejoras en derechos o creación de nuevas leyes o instituciones.
Bajo esa visión, las huelgas para crear el Código de Trabajo o la ley del aguinaldo serían ilegales, además los procesos de lucha como el del Combo del ICE, la lucha contra el TLC o los ataques de las pensiones, serían ilegales.
Castigo a los métodos de lucha
El proyecto de Segreda plantea además rebajos de salarios y declaratoria de ilegalidad cuando la huelga “no cumpla los objetivos”, cuando la huelga sea muy larga o provoque “desórdenes y daño al orden público”.
El proyecto de Carlos Ricardo Benavides va más allá, agrega una causal de disolución de los sindicatos que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”. Este es un claro mecanismo de criminalización de la protesta y los métodos de la lucha de la clase trabajadora, en el sentido de garantizar que las huelgas no afecten en nada los empresarios, poniendo en grave peligro las manifestaciones callejeras y demás métodos de lucha habituales en las huelgas.
Castigar el salario de los huelguistas
Otro de los elementos que están impulsando los diputados, es el rebajo a los salarios de los trabajadores que van a huelga y que por una u otra razón esta haya sido declarada ilegal. Sobre esto se enfocan los proyectos de Pedro Muñoz y de Florida Segreda, definiendo una serie de reglas para cobrar los salarios y obligar a los trabajadores a reponer el tiempo “perdido por la huelga”.
Por otro lado, el proyecto de Segreda también pretende adentrarse en el tiempo de la huelga, y el control sobre la actividad de cada huelguista, ya que considera que “si no están en la huelga”, les rebajarían el salario también.
Con eso, se crea una herramienta de coerción a los trabajadores, quienes sin conocer la sentencia del juez, saben que si van a huelga pueden ver en peligro su supervivencia y la de sus familias, lo que provocaría que muchos trabajadores que no confían en los tribunales, se abstengan de luchar.
Limitar el derecho a huelga en servicios esenciales como forma de coartar la participación de un sector importante de la clase trabajadora
Sobre el tema de la ampliación del catálogo de los servicios esenciales se centra el proyecto de ley 21.097 de la liberacionista Yorleny León. Este amplía a 17 la lista de “servicios” y actividades en las que no podrían realizarse huelgas, sin importar que sean brindados por una institución o empresa pública o privada.
La lista completa es la siguiente: la atención y prevención en salud; el suministro y comercialización de alimentos; el suministro y comercialización de medicamentos; el suministro de agua potable y la disposición de aguas servidas; la recolección y disposición de basura; la protección y atención del menor, el anciano y el enfermo desvalido; el suministro y comercialización del servicio eléctrico o de otros tipos de energía o combustibles; la atención médica pública; la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares; la atención de emergencias; el transporte de pacientes; el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades; el funcionamiento de aeropuertos internacionales y nacionales; la función de seguridad pública; la educación pública; la carga y descarga en muelles y atracaderos cuando se trate de bienes de los cuales dependa, directamente, la vida, la salud de las personas o su seguridad; la resolución jurisdiccional de conflictos; la celebración de elección nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares; y, todos aquellos que se lleguen a determinar en la vía judicial o reglamentaria.
Con ese proyecto de la diputada, se eliminaría el derecho a huelga de todos los profesores y maestros, el derecho a huelga en las universidades, en el Poder Judicial, así como de los trabajadores de las municipalidades, personal de RECOPE, el ICE y de JAPDEVA. No es de extrañar que esos sectores hayan jugado un papel central en las movilizaciones contra el Plan Fiscal el año anterior.
Pero además se le garantiza a un sector del empresariado que sus trabajadores no tengan derecho a hacer huelga, como lo son las empresas de autobuseros que tienen los mayores índices de violación de derechos laborales, así como otras empresas de las ramas industriales de los alimentos, en sectores enteros ligados al transporte de alimentos y compañías como Wallmart o de cadenas de restaurantes por ejemplo, y según se defina en los juzgados, podría ampliarse esa prohibición incluso a los trabajadores y sectores ligados a la producción de alimentos.
Proceso rápido para declarar la ilegalidad
Otro de los elementos centrales de la contrarreforma propuesta por Carlos Ricardo Benavides es la creación de mecanismos expeditos para garantizar que las huelgas sean declaradas ilegales y de inmediato se apliquen los rebajos salariales a los trabajadores.
En ese sentido, se propone que en 24 horas los tribunales resuelvan la legalidad de una huelga en servicios esenciales, así como la creación de un registro judicial de correos electrónicos para notificar a los sindicatos, e impide que estos puedan defenderse en el proceso judicial, que además plantea tiempos de 48 horas para poder contestar a demandas de procesos interpuestos por los patronos para solicitar que se declaren las huelgas ilegales.
Todo el montaje del proyecto de ley, tiene como objetivo que los empresarios y el gobierno tengan una pronta solución a los conflictos de huelga, sin importar la opinión y la participación de los sindicatos en esas disputas judiciales.
Por otro lado, hace inmediatos los procesos de clasificatoria de las huelgas, ya que vuelve inmediata la vuelta al trabajo, eliminando el plazo de 24 horas que está en la ley y que permite un periodo de debate en las bases sindicales sobre las resoluciones judiciales, y de organización del regreso al trabajo después del proceso de huelga.
Proyectos anti huelgas ponen en evidencia el carácter capitalista del Estado
Los 4 Proyectos de Ley, cuentan con el apoyo del gobierno del PAC y de las cámaras empresariales, quienes se han unificado para intentar poner muros de contención sobre el descontento cada vez mayor de la clase trabajadora, y sobre los métodos de lucha que el año pasado se pusieron en práctica y lograron evidenciar el verdadero poder que tiene la clase obrera cuando lucha.
De las lecciones de la pasada huelga, los ricos y sus representantes en el gobierno, quieren meter miedo a los trabajadores para que no vayan a huelga sin temer sobre sus salarios y la manutención de sus familias, además desean que ya no hayan manifestaciones masivas ni bloqueos bajo la amenaza de desaparecer las propias organizaciones sindicales, así como la búsqueda de sacar de la escena política a sectores combativos como el magisterio y los trabajadores municipales, colocando el ataque más claro que consiste en la eliminación de la posibilidad de hacer huelgas y movilizaciones contra las políticas que se implementan desde el poder político del Estado.
Ante la unidad de los ricos y su gobierno contra la clase trabajadora, no queda más que luchar por unificar a toda la clase trabajadora en la defensa del derecho de huelga, lo sindicatos y los métodos de lucha de calle.
Si bien la tarea más inmediata es defendernos de los ataques que están pasando en este momento, las y los trabajadoras debemos ver más allá, y comprender que nuestra lucha debe ser contra ese mismo Estado al servicio de los empresarios, colocando la tarea de construir nuestra propia organización política con el fin de tener un gobierno de los trabajadores, que funcione a la inversa de como funciona hoy el gobierno de los ricos y poderosos, que sea un gobierno a favor de los trabajadores.
Foto: Miriet Ábrego. Tomada de Semanario Universidad.
