Gobierno femenino, no es sinónimo de feminista

Un gobierno con mayoría de mujeres no es “en sí mismo” feminista. Lo que define un gobierno no es su composición, sino las políticas que aplica. Qué intereses defiende y para quién gobierna.

Por Laura R. Ángel L. Parras, Felipe Alegría

Con este gabinete, Sánchez consigue un “golpe de efecto”, similar al del gobierno socialista de Zapatero que también en su día afirmó que haría de la lucha por la igualdad, una de sus “señas de identidad”. Un gobierno que aprobó una serie de leyes “progresistas y feministas” que quedaron en papel mojado (…) Y que fueron acompañadas de otras, como la reforma laboral o de las pensiones.

Nosotras no creemos que éste ni ningún gobierno del PSOE vayan a significar una mejoría para las condiciones de vida de las trabajadoras, por muchas ministras que tenga. Feminismo no es que una minoría de mujeres “rompa el techo de cristal” a costa de la opresión y sobreexplotación de la mayoría. (…)

Exigimos entre otras medidas, una estrategia integral para acabar con toda violencia machista. Garantía de una vez por todas y para todas, de aborto público, libre y gratuito en la sanidad pública. Eliminación de la vergonzosa brecha salarial y en pensiones y planes de igualdad obligatorios en empresas públicas y privadas. Aumento drástico del gasto público en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios Sociales, acabando con los privilegios y la injerencia de la Iglesia católica en ellos.

¿Qué cambios se pueden esperar de este gobierno sin derogar las reformas laborales? 

Pedro Sánchez prometió antes de llegar a la Moncloa que derogaría la Reforma Laboral del 2012, la del PP, mientras guardaba un estruendoso silencio sobre la más demoledora de las últimas reformas laborales, la del 2010 que llevó a cabo el gobierno del PSOE presidido por Zapatero.

Pero ahora en virtud del “pragmatismo” (ese de la vieja y la “nueva” política que grita desde la calle “si se puede” y cuando se llega al gobierno ya “no se puede”) Sánchez, junto a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, informaron “a los agentes sociales que renuncia a derogar completamente la reforma laboral”. Ahora el Gobierno, buscará “algunos cambios parciales siempre que cuenten con el consenso de los agentes sociales y del Congreso”.

Esas afirmaciones, el primer incumplimiento nada más llegar, lejos de provocar la indignación en los dirigentes de las grandes centrales sindicales, ha generado una salida entusiasta de los dirigentes de CCOO y UGT al rescate de Sánchez, resolviendo “rebajar la presión al nuevo Gobierno” y se limitarán a reclamar “cambios y retoques” en la legislación del mercado de trabajo.
Las dos reformas laborales, la del PSOE (2010) y la del PP (2012) fueron seguidas de sendas huelgas generales.

Los dirigentes de CCOO y UGT, arrastrados a esas dos convocatorias pese a su poco interés en las mismas, decían de la del Gobierno Zapatero, que era una reforma laboral que “solo aumenta la desregulación del mercado de trabajo (bajo el eufemismo de flexibilidad laboral) y no sirve para crear empleo, no reduce la dualidad del mercado laboral y aumenta la temporalidad, abarata el despido, porque se amplían las causas para hacerlo más fácil y reduce los derechos indemnizatorios de los trabajadores. Además refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo (jornada laboral, horario laboral, movilidad geográfica, funcional…), debilita la negociación colectiva, facilitando a las empresas la adopción de medidas de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos previamente en los convenios colectivos, privatiza la gestión del desempleo y amplía el campo de actuación de las Empresas de Trabajo Temporal a los sectores de riesgo y al empleo público”

Otro tanto se dijo de la reforma del 2012, la de Rajoy, que venía a ahondar en el camino de facilitar el despido (causas objetivas…) abaratarlo más aún, potenciar la bajada de salarios vía la contratación a tiempo parcial, etc.

Ahora, de lo dicho nada y pretenden que con una “revisión” y unos “retoques” se mantenga una legislación laboral que ha bajado los salarios a niveles de miseria, extendido sin límites la precariedad, generalizados los contratos a tiempo parcial y ahondado el desempleo estructural.

Los pocos y limitadísimos cambios que puedan originar semejantes “retoques”, así como los “acuerdos salariales” que tejen en estos días no tendrán otro propósito que vender mediáticamente las “mejoras” en aras de la paz social a cambio de alguna migaja, no al conjunto de la clase obrera y menos aún a los/as más desfavorecidos, sino a la aristocracia obrera en la que se sustentan los burócratas de CCOO y UGT. Su santo y seña “recuperar la negociación colectiva”, es eso de negociar convenios donde se imponen las dobles y triples escalas salariales, que abren la división de la plantilla, donde las empresas se llenan de trabajadores/as que trabajan en subcontratas o ETTs y están abandonados/as a su suerte porque “no son de la empresa”.

No hay cambio para los trabajadores/as sin la derogación de las reformas laborales y eso debe convertirse en una exigencia de toda la clase obrera al nuevo gobierno.

¿A qué espera el Gobierno para derogar la Ley Mordaza, liberar a los presos políticos catalanes e indultar a los jóvenes de Altsasu?

Hace tres años, estando en la oposición, el PSOE se comprometió a abolir por completo la Ley Mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). Firmó con otros grupos un recurso al Constitucional exponiendo que dicha Ley vulneraba 12 artículos de la Constitución, entre ellos los que garantizaban el derecho a una tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

No aceptamos el discurso de Sánchez desdiciéndose de sus palabras y declarando que sólo va a derogar los artículos más llamativos de la ley. Tarea que deja, además, en manos de su ministro del Interior, el siniestro Grande Marlaska, conocido entre otras cosas por ser el juez instructor en seis de las últimas nueve condenas dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por negarse a investigar denuncias de tortura.

Tampoco le hemos oído ni una palabra criticando el juicio y la sentencia de la Audiencia Nacional contra los jóvenes de Altsasu, condenados a entre 13 y 9 años de cárcel por una trifulca de bar con dos guardias civiles. Un juicio, como dice la Plataforma Altsasukoak aske, “basado en la mentira, la manipulación, la tergiversación, la exageración, la sobreactuación y sobre todo, el abuso de poder, de un poder despótico, el de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y algunos medios de comunicación”. Mientras tanto, de manera infame, los miembros de la Manada, a 15 días de los Sanfermines, han sido puestos en libertad por la Audiencia de Navarra.

Exigimos al gobierno Sánchez:
-que derogue por completo y sin más tardanza la Ley Mordaza
-que ponga ya en libertad a los presos políticos catalanes
-que indulte de inmediato a los jóvenes de Altsasu
-que derogue los artículos del Código Penal que vulneran derechos democráticos elementales:
-El artículo 573 (aprobado a iniciativa de Rajoy y Sánchez) que permite a los fiscales acusar de terrorismo por una pelea de bar (Altsasu) o por cortar el tráfico (Cataluña).
-El artículo 578 que convierte la libertad de expresión en delito de terrorismo o apología de terrorismo (más de 60 personas procesadas entre 2016 y 2017).
-Los artículos 490.3 y 491 que persiguen “las injurias al jefe del Estado y la Corona”
-El artículo 315.3 contra los piquetes de huelga, por el que hay ahora mismo 300 trabajadores encausados

Migrantes y refugiados: hacen falta medidas de verdad, no gestos publicitarios: ¡Derogación de la Ley de Extranjería, cierre de los CIEs!

El acogimiento de los 629 migrantes del Aquarius rechazados por el gobierno racista italiano ha sido, ante todo, una medida publicitaria ante la opinión pública.

Pero más allá de esta medida cosmética y puntual, el Gobierno Sánchez no piensa modificar las bases de la política española ante los migrantes y refugiados. No piensa cuestionar la postura cada vez más racista de la UE, decidida a cerrar fronteras y a promover campos de detención en los países africanos, sobornando a sus gobernantes. Ni pretende modificar la Ley de Extranjería. La única promesa que ha hecho es la universalización de la sanidad suprimida por el PP.

Lo que el Gobierno ha ofrecido a los 629 del Aquarius es, en realidad, 45 días de tregua, a partir de los cuales “serán tratados como los demás”. Es decir, si no pertenecen a esa pequeña minoría a la que se concede asilo, serán encerrados en los CIEs y expulsados o deambularán sin papeles ni medios de vida.
Por eso, con los compañeros que se encerraron en Barcelona el 21 de abril, exigimos al gobierno:

-Derogación de la Ley de extranjería que obliga a las personas inmigradas a tres años de clandestinidad.
-Cierre de los CIEs, que son una prisión sin condena y pieza básica de la política de la UE contra los migrantes.
-Recepción y atención digna a los refugiados, que no son acogidos y que cuando lo son, es en condiciones de precariedad extrema.
-Papeles sin el requisito del contrato. No como actualmente, que exigen un contrato de un año y de 40 horas, creando dificultades insalvables.
-Empadronamiento sin restricciones y garantizado, pues es requisito necesario para cualquier trámite.
-Concesión de nacionalidad sin examen. No puede ser que después de 10 años de residencia se impongan unos exámenes casi imposibles de aprobar.
-Sanidad Universal ¡ya!
-Despenalización de la venta ambulante