“… basta con decir que entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como consecuencia del conflicto armado… Lo más grave es que 180.000 de esos muertos (el 81%) eran civiles. La guerra colombiana no ha sido una guerra de combatientes, sino que todos han enfilado sus fusiles contra quienes están desarmados…” (Basta ya, Colombia: memorias de guerra y dignidad. Resumen. Bogotá Imprenta Nacional de Colombia, 2013, Pág. 21).
Por: Cote
En nuestro número pasado (El Socialista N.° 694) planteamos que primero era necesario que los victimarios dijeran toda la verdad, proporcionaran los medios suficientes para la reparación a las víctimas y dieran garantías suficientes de no repetición y sólo después, teniendo en cuenta los tres factores anteriores, se decidiera la pena, la naturaleza de la misma, su duración, etc.
Todos estos asuntos están relacionados con la denominada justicia transicional. Lo anterior es necesario exigirlo reiteradamente porque tal como se están adelantando las negociaciones todo está diseñado para tratar de justificar, con el discurso de la paz, un inmenso pacto de impunidad entre todos los victimarios: los empresarios, los políticos, los paramilitares, la guerrilla, y las fuerzas del Estado. Esto ha sido confirmado, una vez más, por el congreso de la rama jurisdiccional que se reunió el 14 de agosto de 2015 y en el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue enfático en afirmar que, tratándose de la justicia transicional, el derecho y las formalidades no pueden ser obstáculo para la paz.
La discusión que ahora es el centro de las preocupaciones es la relacionada con los organismos y mecanismos para traducir en leyes los acuerdos y para refrendar o ratificar por la ciudadanía dichos acuerdos.
Una burguesía profundamente antidemocrática
La burguesía colombiana, en todas sus fracciones y sectores, tiene una larga tradición no democrática, durante décadas mantuvieron el Estado de Sitio y el toque de queda como mecanismos permanentes, con fundamento en los cuales reprimieron a sangre y juego a los luchadores obreros y populares. Luego acudieron al paramilitarismo, falsos positivos, la corrupción y la represión directa para mantener su sistema basado en la explotación sin límites de los trabajadores y sectores populares. Ahora lo que están discutiendo y tratando de acordar con las FARC es el mecanismo que sea más expedito, rápido y menos democrático para tratar de traducir a normas y leyes lo acordado con la guerrilla y para refrendar dichos acuerdos.
Miedo, mucho miedo a que el pueblo discuta y decida
Los cuatro posibles mecanismos que se han mencionado en la discusión son el denominado “Congresito”, la ley habilitante, el referendo y la Constituyente.
El “congresito” o Comisión Legislativa Especial, en la práctica, es delegarle a las Comisiones Primeras del Senado y Cámara funciones legislativas, pero complementadas con delegados del gobierno y de las FARC. Desde luego que sería un organismo profundamente antidemocrático y al servicio de los victimarios.
La denominada ley habilitante sería una ley otorgando facultades especiales al Presidente de la República para que traduzca en decretos y normas los acuerdos logrados en materia de justicia transicional, la participación en política de la guerrilla, la Comisión de la Verdad y los instrumentos para aplicar los acuerdos. Este mecanismo es tan antidemocrático o más que el del “Congresito”.
También se ha mencionado un referendo, es decir una papeleta para que los electores digan si están de acuerdo o no. Aparentemente más democrático que los dos anteriores, descarta cualquier posibilidad de discusión y decisión democrática. Realmente es un mecanismo no democrático que coloca al ciudadano contra la pared, para que simplemente diga sí o no.
El gobierno le tiene miedo a este mecanismo por el problema de los umbrales y el alto índice de ciudadanos que no creen o están en contra del proceso de paz.
La Constituyente que, de los cuatro mecanismos, sería la más democrática, ha contado con la abierta oposición del gobierno y sus negociadores. Ni siquiera ha aceptado la posibilidad de convocar una constituyente con temario específico, que fue una posibilidad que abrió la Corte Constitucional.
Las FARC han planteado el mecanismo de la Constituyente, pero es altamente probable que terminen transándose por algún otro mecanismo menos democrático e incluso arbitrario, a cambio de que les garanticen un tribunal de juzgamiento amañado, que les garantice que no pagarán un día de cárcel y algunas ventajas más. Ya Santos anunció la posibilidad de un tribunal especial para las FARC.
Por una Asamblea Constituyente, democrática y soberana: VOTE EN BLANCO
Las víctimas, la clase obrera, el campesinado pobre, las minorías indígenas y negras deberían exigir, como lo hemos venidos haciendo los socialistas, sin ceder un sólo milímetro, que todo lo acordado por los victimarios en La Habana sea sometido, para que sea discutido y aprobado, desaprobado o cambiado, a una Asamblea Constituyente realmente democrática y soberana.
Cualquier otro mecanismo distinto a la constituyente democrática y soberana, no es más que la voluntad de los victimarios, acordada e impuesta a espaldas y contra la voluntad de la clase obrera, del pueblo y los siete millones de víctimas.
Para lograr la constituyente democrática y soberana sería muy útil que las FARC y toda la izquierda reformista hagan la propuesta y respalden el llamado que hemos hecho a votar en blanco en las próximas elecciones, contra el régimen corrupto y antidemocrático. Un golpe político al régimen puede allanar el camino a la Constituyente.
Artículo publicado en El Socialista n.° 695, setiembre de 2015.-
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