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La liberación de Jesús Santrich por orden de la Corte Suprema de Justicia y su posesión en la Cámara de Representantes –al tiempo que la Corte Constitucional niega las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP– es una tregua a la crisis interna de las FARC, pero las causas que la generaron siguen allí sin resolverse. La crisis de la FARC tiene causas de distinto orden, pero la principal de ellas es la democracia interna. Ni como grupo insurgente, ni en el proceso de negociación, ni como partido, la FARC ha tenido en cuenta a las bases ex guerrilleras y mucho menos a los sectores populares que dice representar.

Por Antonio Romero

Como guerrilla, las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, fue una organización militarista, jerárquica y autoritaria, que impuso una disciplina férrea no solo a sus miembros sino a las comunidades en las que actuaban. No en pocas ocasiones, agredieron a los sectores populares y las organizaciones sociales con las que tuvieron contradicciones políticas, en buena medida, muchos de los reclamos que hoy hace un sector de las víctimas proviene de esta concepción de las FARC-EP.

En las negociaciones fue igual, en los diálogos del Caguán hicieron desfilar a sindicatos, asociaciones estudiantiles, campesinas y de mujeres por su campamento, para que les hicieran entrega de sus reivindicaciones, que ellos negociarían como sus representantes. En La Habana no pudieron hacer lo mismo, pero su negociación estuvo orientada por ONG internacionales, colectivos de abogados y, en general, asesores de proyectos de cooperación internacional e incluso de instituciones estatales. El papel de sus bases fue esperar a ser informados por su comandancia.

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Hoy como partido, la FARC vive su crisis, sin las armas con las que siempre se impusieron y lograron disciplina interna, afloran sus discusiones y diferencias. Al parecer, un sector del partido sigue las directrices de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien está por cumplir el acuerdo firmado con Santos e incluso aceptar las condiciones de implementación del acuerdo planteadas por el uribismo. Por otro lado, está Iván Márquez, quien ha planteado críticas al acuerdo –para él, el problema estuvo en el cronograma de dejación de armas y no en la falta de democracia– y aspira a presionar al gobierno a cumplir, marginándose de su proceso de sometimiento a la JEP.

Mientras tanto, las bases guerrilleras siguen sufriendo no solo los incumplimientos del gobierno en la implementación de los acuerdos, sino una política sistemática de exterminio que ha costado la vida a más de 150 exguerrilleros.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos deben reclamar como un triunfo la liberación de Santrich, pues ha sido la movilización contra los montajes del Fiscal y contra el asesinato de líderes sociales lo que ha llevado al régimen, en particular a las altas cortes, a firmar esta orden de libertad.

Sin embargo, el sector de Timochenko y el reformismo –en particular el Polo Democrático y la Alianza Verde– frente a la llamada ‘crisis institucional’ que el uribismo y el santismo pregonan, siguen pidiendo hacer parte del Pacto Nacional al que llama Duque.

La clase trabajadora y los sectores populares, a pesar de que las FARC hicieron un proceso de desmovilización a espaldas incluso de sus bases guerrilleras, debemos cerrar filas contra las intenciones del uribismo de modificar los acuerdos de paz, de restringir aún más las pocas garantías jurídicas y políticas. Pero debemos también plantear que no es pidiendo espacio en un nuevo pacto nacional que se defienden los acuerdos, sino con un frente obrero y popular para la lucha contra los planes de Duque y el imperialismo.