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El 8 de marzo, mientras en el mundo cientos de miles de mujeres y hombres se pronunciaban en las calles contra los feminicidios y la violencia cada vez más alevosa de este sistema contra las mujeres, a pocos kilómetros de Ciudad de Guatemala, en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, en San José Pinula, 19 mujeres jóvenes y adolescentes morían calcinadas por el fuego, mientras 21 más eran llevadas a hospitales, donde no pudieron sobrevivir a las profundas lesiones.

Por: Rosa Cecilia Lemus

“No fue el fuego, fue el feminicidio estatal”, titula su comunicado la Red de Sanadoras Ancestrales, una red feminista de la comunidad, quienes denuncian: “Niñas provenientes de familias empobrecidas, algunas también indígenas de varios departamentos a nivel nacional, con historias de violencia sexual, abortos forzados, embarazos por violencia sexual, trata, huyendo del reclutamiento forzado de las maras, o que el crimen organizado había cooptado a falta de oportunidades para una vida digna.”

Estas jóvenes, agregamos nosotros, víctimas ya desde hace años de la violencia machista, fueron asesinadas por responsabilidad política y material de un estado capitalista y su gobierno, que como tantos en el mundo solo se interesan por defender los privilegios de los empresarios y los ricos.

Qué hipocresía tan abyecta. El presidente del país, Jimmy Morales, un ex comediante de televisión, para ocultar su culpa decretó tres días de duelo nacional y destituyó al director del centro, como si con eso se pudiese reparar las vidas de estas mujeres, el dolor y el sufrimiento de sus familias, y el peligro que corren los jóvenes recluidos en estos “centros asistenciales”, verdaderas cárceles del crimen y el terror. Su responsabilidad es enorme, pues ya venían de tiempo atrás las denuncias de las jóvenes –y él las conocía– de que en ese, y suponemos en los otros “hogares seguros”, las jóvenes eran objeto de abuso sexual, de malos tratos y de castigos inhumanos.

Precisamente, el día 7 de marzo cincuenta de ellas habían logrado escapar, porque sus denuncias y sus protestas no eran escuchadas. Fueron recapturadas y hacinadas en un habitación sin comida, según denuncian los familiares, y víctimas de un incendio desatado en el sector del centro en donde se encontraban.

Guatemala es el segundo país del mundo, después de El Salvador, en donde se registra el mayor número de homicidios de jóvenes menores de 20 años, según la UNICEF. Esta es la historia que viven casi todos los países atrasados y más pobres, porque este sistema capitalista-imperialista no ofrece a la juventud alternativas de una vida digna.

Las burguesías, en su afán de ganancia y enriquecimiento, se asocian con las bandas del narcotráfico, corrompen todas las instituciones, porque todas reciben la tajada, sometiendo a grandes sectores de la juventud de las familias trabajadoras y de los sectores más pobres a caer en manos de estas bandas para sobrevivir, o a las mujeres en las redes de prostitución. Como decía Trotsky: “en donde hay privilegios también hay parias”.

Frente a estas tragedias provocadas por el sistema capitalista, los gobiernos no hacen otra cosa que encerrar en cárceles y “hogares seguros” la miseria que alimentan y reproducen a cada paso. 800 jóvenes recluidos en el “Hogar Seguro”, víctimas ya de violaciones, acoso sexual, trata, y algunos de abandono, ¡vivían en un lugar que tenía capacidad solo para 400 personas!

¿De qué derechos humanos nos hablan?, ¿de cuáles políticas de protección a la niñez y la juventud? ¿De cuál respeto a la mujer? Según las estadísticas de los organismos mundiales encargados de “velar” por ellos, en México, país atravesado también por el narcotráfico y la corrupción, 7 mujeres son asesinadas por día, y en Argentina solo en 2016 la cifra de feminicidios ascendió a 296. Brasil se encuentra también dentro de los países que puntean el número de homicidios de jóvenes, y dentro de ellos mujeres negras y jóvenes negros de los barrios más pobres de las grandes ciudades.

Por eso tenemos que rechazar los discursos demagógicos y hasta cínicos que desde la ONU, pasando por el misógino presidente Trump hasta los gobiernos de cada país, hicieron el 8 de marzo.

Exigimos hechos y no palabras. Exigimos a los gobiernos presupuesto para verdaderos hogares de abrigo para las víctimas de la violencia de todo tipo, para los inmigrantes, para los sectores más vulnerables. Demandamos que no se pague la deuda a los bancos usureros; reclamamos salud y educación gratuitas y estatal; reclamamos guarderías; queremos salario igual a trabajo igual; trabajo para todos; queremos castigo para los corruptos, para los violadores, para los asesinos del pueblo trabajador. Denunciamos a la Iglesia y a los sectores más retrógrados que por su machismo ancestral obligan a las niñas violentadas a ser madres prematuras de niños prematuros. Exigimos separación de la Iglesia y el Estado; demandamos derecho al aborto libre y gratuito, al tiempo que defendemos el libre derecho y protección a la maternidad.

Este hecho, calificado por los familiares como una verdadera masacre, no puede quedar en la impunidad. Es necesario que todas las organizaciones feministas, los sindicatos de trabajadores, sus organizaciones políticas, nos pronunciemos de manera categórica.

Es necesario que hagamos llegar a los familiares nuestro apoyo incondicional, que exijamos castigo para todos los involucrados en esta masacre, que exijamos que esa institución sea cerrada y que las y los jóvenes sean trasladados a instituciones con instalaciones y condiciones dignas, que sean atendidos por profesionales y que las familias puedan ejercer un verdadero control.

Hay que hacer una campaña mundial, hacer protestas en las Embajadas de Guatemala en cada país, y apoyar la consigna de destitución del gobierno que ya varias organizaciones levantan. Un gobierno que permite tal atrocidad no puede permanecer. La lucha en todo el mundo contra este flagelo crece cada día, y tenemos que seguir desarrollándola cada vez con más fuerza, porque a cada gran manifestación contra los feminicidios aparecen más mujeres asesinadas.

Otro hecho más que demuestra la barbarie de este sistema capitalista y la descomposición absoluta de la clase dominante. ¿O acaso no estamos presenciando que los “honorables gobernantes” están involucrados hasta la médula en escándalos de corrupción de todo tipo?

Esta realidad espantosa nos confirma la necesidad de la clase obrera, de los trabajadores asalariados, de los sectores más pobres y oprimidos, de organizarnos para hacer una revolución que nos permita construir un nuevo sistema, una nueva sociedad en la que la humanidad pueda vivir en condiciones humanas. Una sociedad socialista, en la cual la enorme riqueza producida no se quede en manos de unos pocos, sino que les sea expropiada para ponerla al servicio de una vida digna para la inmensa mayoría de la población, hoy explotada, violentada, y oprimida.