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Tras un verano en el que el fútbol ha sido el protagonista en la televisión de muchos hogares y en el que se ha hablado mucho de leyes, sobre todo la de Memoria Histórica, y sobre agresiones tanto machistas como lgtbifóbicas, nosotras no podemos olvidar las exigencias de la FIFA a Rusia en el pasado Mundial para asegurar que se respetaran los derechos del colectivo LGTBI.

Por Nina

Estos hechos evidenciaron, un año más, el constante panorama de desprotección y discriminación que sufrimos el colectivo LGTBI a nivel internacional. El próximo mundial se celebrará en Catar y somos conscientes de las leyes existentes que penan entre un año y tres de cárcel a las personas de sexualidad disidente. No pasa tampoco desapercibida la purga LGTBI-fóbica en Chechenia y las palabras del gobernador Ramzan Kadyrov negando la existencia de homosexuales, después de ordenar a las fuerzas de seguridad secuestrar y torturar cualquier persona que “diera indicios” de ser homosexual, o las agresiones sufridas por un joven en Sitges al que han apedreado este verano al grito de “maricón”, donde la homosexualidad es legal pero aún muy oprimida.

En el caso de la FIFA, encontramos un choque legal entre sus estatutos en contra de la discriminación por orientación sexual y las leyes LGTBI-fóbicas de estos países, pero se maquilla e ignora, ya que interesó en su momento, y seguirá interesando, primar los beneficios del Mundial, incluso sabiendo el riesgo que viven los miembros del colectivo en estos países. Hubo varias agresiones a parejas homosexuales en el Mundial de Rusia, por ejemplo la pareja de dos chicos franceses que sufrieron una paliza en San Petesburgo.1 Sigue recordándose el tiroteo en la discoteca de ambiente de Orlando, no son pocos los países que tienen implantada la pena de muerte por ser LGTBI y, casi semanalmente, podemos encontrar noticias de asesinatos y actos discriminatorios hacia dicho colectivo a nivel mundial.

Legislación existente en el Estado Español contra las agresiones LGTBI-fóbicas

El grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley, conocida como Ley LGTBI, que fue rechazada en septiembre de 2017 por la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso pero se aceptó su tramitación como ley para poder hacer las pertinentes enmiendas. Esto sólo suponía descafeinar una ley que era realmente progresiva y una victoria para el colectivo LGTBI, cuya redacción fue obra de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Se disponía, entre otras cosas, introducir perspectiva de género en las aulas (contenidos sobre diversidad sexual/de identidad y movimiento histórico LGTBI), tratamientos hormonales a partir de la pubertad, cirugía de cambio de sexo a partir de los 16 años, erradicación de la reasignación sexual en los recién nacidos… El PP rechazó el texto al completo, queriendo redactar de nuevo y sobre otras bases la ley, y sólo han tenido que pasar 5 meses para que el propio grupo parlamentario de Unidos Podemos se retracte de un artículo legislado en la propuesta inicial: quiere retirar las multas por las ofensas homófobas en redes sociales, cediendo así a las presiones de todo el Congreso por las polémicas originadas a causa de algunos artículos que conseguían legislar una realidad y disponer sobre papel una mayor igualdad. Se refleja, de esta manera, el cambio de discurso de Unidos Podemos desde su entrada en las instituciones, su descarada desvinculación con las luchas de las calles y se desvela la falsa preocupación para mejorar la realidad del colectivo LGTBI.

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No hay una ley orgánica que disponga los mínimos legales para amparar a todas las comunidades autónomas de una base común de protección hacia el colectivo y, de esta manera, conservar y desarrollar en esta materia. Cada comunidad autónoma legisla, en caso de que decidan hacerlo, los límites de la ley; en caso de decidir no legislar, las personas del colectivo LGTBI de esa comunidad se encuentran en un escenario de completa desprotección. Y aunque exista dicha legislación, debe exigirse la efectividad real de estas leyes: por ejemplo, Cataluña legisló la Ley 11/2014 para garantizar los derechos del coletivo LGTBI y erradicar la homofobia, bifobia y transfobia, y aún así, no han sido pocos los casos de ataques y discriminación por motivo de orientación y/o identidad sexual en los que no se ha aplicado dicha ley de forma efectiva. Esto se agrava aún más cuando la persona se encuentra fuera de los roles normativos dentro del colectivo (hombre, blanco y gay), lo que deja aún más desprotegidas a las personas racializadas LGTBI, cuyas voces no son escuchadas, ni siquiera en los juicios de sus propias agresiones.

Por añadidura, tampoco podemos olvidar la falta de formación y conciencia que hay dentro del sistema judicial sobre la legislación existente en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI a nivel nacional e internacional. Esto lleva a situaciones en los que aun habiendo una ley autonómica que respalda al colectivo, cuando hay un delito de odio LGTBI-fóbico, este no se identifica como tal. Esto muestra que la utilidad de las leyes se ve limitada en su aplicación, ya que depende de los juristas y la formación que han recibido, y en el papel que juegan otras instituciones que, en vez de ser resolutivas, miran hacia otro lado haciéndose cómplices de estas situaciones.

Se vuelve más difícil la lucha por la igualdad real, más allá de las instituciones y lo que puedan llegar a proporcionarnos. Queda demostrado que todo aquello sobre papel no implica la materialización en la vida real, tal y como se ha visto con la desigualdad entre hombres y mujeres.

Para dar otro ejemplo de legislación a comentar, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dispone que: “[…] a) La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo. […] 2. […] a) Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito de la salud sexual y la adopción de programas educativos especialmente diseñados para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales. b) La corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la orientación sexual.” Esto quiere decir que, en los centros educativos, las personas LGTBI siguen siendo desatendidas en educación sexual: todo lo que se muestra se ajusta al rol heteronormativo, es decir, la penetración de un hombre hacia una mujer. Es imprescindible desarrollar un programa real de educación sexual que atienda cualquier tipo de muestra sexual, que vaya más allá de la penetración, que derroque la estigmatización y la hipersexualización de las lesbianas, visibilice la intersexualidad, des-patologice a las personas trans y promueva el autoconocimiento sexual sin tabúes, entre otras cosas.

La Iglesia Católica: un lastre para la emancipación del colectivo LGTBI

Estos tabúes -como otros muchos en este estado que no tienen que ver con la libertad sexual- han sido mayoritariamente impuestos por la Iglesia Católica. El Código Civil legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo pero sigue previendo la forma religiosa matrimonial acorde a los pactos con el Estado (tal y como se contempla en el artículo 16.3 de la Constitución, cuyo objeto recogido es el derecho fundamental de libertad religiosa). La institución religiosa pacta con el Estado para acreditar dicha boda y hacerla “oficial”; sería inconstitucional que la Iglesia se negara a casar una pareja homosexual, dado que la igualdad entre personas sin discriminación por ninguna causa es un derecho fundamental, pero la ideología discriminatoria de la Iglesia queda plasmada en sus actos. Encontramos una contradicción entre estas dos leyes, ya que los múltiples discursos de odio promovidos por varias figuras eclesiásticas deberían haber sido penados, y al ser ignorados vemos un incumplimiento del artículo 510 del Código Penal2, amparado por el artículo 14 de la Constitución que defiende la igualdad de los españoles ante la ley.

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Es más, los delitos de odio al colectivo LGTBI en el Estado Español aumentaron un 36% de 2015 a 2016, pasando de 169 a 2303. ¿Cómo justificar, pues, la protección de esta forma de discriminación ideológica? Sólo puede pensarse que el Estado y sus instituciones quieren seguir siendo el baluarte de la Iglesia Católica y toda su ideología. No ha sido hasta 2018 que un cura ha oficiado una boda homosexual en España, lo que evidencia que sigue siendo una institución envuelta por la LGTBI-fobia. Según el cristianismo más retrógrado las LGTBIs somos seres “antinaturales” (aunque biólogos y científicos hayan desacreditado cualquier tipo de argumento que mantenga esta idea) y se nos vulnera mientras fortifican una institución que, a medida que pasa el tiempo, cae por su propio peso. También en centros educativos religiosos esto se ve reflejado con violaciones y discriminaciones hacia el colectivo LGTBI y con la imposición del modelo de la familia nuclear, todo esto apoyado por un Estado que gracias a la LOMCE destina subvenciones a esos centros.

Múltiples suicidios de personas LGTBI han sido motivados por la inculcación de esta ideología LGTBI-fóbica cuyo estandarte lo lleva la Iglesia Católica. Oprimidas por ser subversivas, relegadas a sectores de mayor explotación (80% de las mujeres trans están desempleadas o destinadas a la prostitución) y desprotegidas ante la justicia. Quedan expuestos los límites de la ley y los órganos que las elaboran, demostrando para quién están hechas y a quién quieren amparar. La lucha debe ir más allá de la exigencia de una protección legislativa efectiva (que no nos van a regalar), debemos luchar también contra instituciones LGTBI-fóbicas ligadas al Estado con ese discurso; la opresión que vivimos diariamente no terminará cuando las leyes estén a favor nuestra-ya que estas se pueden aplicar o no según esas instituciones LGTBI-fóbicas-, sino encabezando un combate constante en las calles para revertir esta situación de vulnerabilidad ante la ideología imperante heredera de un régimen fascista, materializada en cada hogar, centro educativo y de trabajo.

Vulnerabilidad en personas refugiadas LGTBI

Además, cuando hablamos de diversidad sexual y de género tenemos que tener en cuenta que hay sectores menos privilegiados que otros debido a su procedencia y a su clase social, como es el caso de las personas LGTBI refugiadas o migrantes. No es lo mismo un hombre gay, empresario y blanco, que una mujer trans refugiada y de clase trabajadora. Y si no hay una legislación favorable a la diversidad sexual y de género en el país en el que comienzan a residir, se suman las opresiones racistas con las LGTBI-fóbicas, haciendo sus vidas mucho más precarias y marginales.

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Si los miembros del sistema judicial no están formados sobre la legislación actual, tampoco lo están las funcionarias y agentes estatales que deciden si una es refugiada LGTBI, ya que se obliga a este colectivo a demostrar su orientación o identidad sexual. Provenir de un estado donde tu orientación sexual se rechaza, para luego en el país de refugio tener que demostrar que no eres heterosexual es una práctica denigrante e irrespetuosa y esto está pasando en el Estado Español.

Está más que claro que el Estado no se implica con las personas refugiadas, solo hay que ver las cifras: sólo el 18% de refugiadas han sido acogidas4 respecto a la cifra acordada. Si vinculamos este aspecto al hecho de que muchos de esas refugiadas solicitantes de asilo son LGTBI, se trata de una vulneración de los derechos humanos a niveles infrahumanos.

Y después de que en Barcelona fuera deportada una solicitante de refugio que era LGTBI, el Pride comercial, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ada Colau, dedicó su marcha de carrozas a las personas refugiadas LGTBI. Defendieron y defienden los derechos de las refugiadas LGTBI en un acto institucional y festivo pero después estas instituciones actúan de forma opuesta. Esto solo desenmascara una vez más a las instituciones, que no dejan de ser organismos clasistas, racistas y homófobos, y nos hace ver que por muchas leyes que haya, la lucha ha de continuar en las calles junto a otras muchas reivindicaciones de la clase trabajadora. Porque, el mismo Estado LGTBI-fóbico que no garantiza los derechos del colectivo, es el mismo Estado capitalista que está al servicio de las grandes empresas y explota al conjunto de la clase trabajadora, y por lo tanto explota y oprime aún más a las trabajadoras LGTBI.

Notas:

2 “1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por […] su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género […]”