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“Esto aquí era un volcán que no aguantaba más y entró en erupción”. Esa fue la declaración del padre Jesus a la BBC sobre las protestas de brasileños realizadas el último sábado 18/8, en el municipio de Pacaraima (RR), frontera con Venezuela. En la ocasión, un grupo de habitantes de la ciudad invadió un campamento de inmigrantes venezolanos, y quemaron sus pertenencias. Muchos de ellos fueron expulsados del municipio.

Por: Jeferson Choma

El padre Jesus es uno de los pocos en el municipio que busca auxiliar a los millares de inmigrantes que llegan del país vecino. “Son 3.000 o 4.000 personas (migrantes) viviendo en las calles de una ciudad de 10.000 habitantes, sin baño, sin empleo. Estamos hace dos años alertando a las autoridades y buscando aliviar el drama del pueblo venezolano”, dice el sacerdote.

El 14 de julio, una caravana organizada por el CSP-Conlutas visitó Pacaraima, y relató el inminente clima de tensión que había en la ciudad, como se puede ver aquí.

El conflicto del sábado tuvo inicio luego de una manifestación convocada contra el asalto sufrido por un comerciante de la ciudad, supuestamente realizado por venezolanos.

Según lo divulgado por la prensa, las fuerzas de seguridad locales y el Ejército asistieron prácticamente todo el episodio sin realizar ninguna intervención. Solo cuando ya estarían próximos a la frontera, hicieron un cordón de aislamiento para evitar que los refugiados fuesen linchados.

El ataque de Pacaraima fue una salvajada contra los inmigrantes venezolanos que viven en situación de extrema precariedad. El acto de brutalidad fue deliberadamente organizado por políticos locales y latifundistas genocidas. Pero la xenofobia también es producto de la acción de los gobiernos estaduales y de la total inoperancia del gobierno federal.

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Invasores de tierras indígenas

Pacaraima fue emancipada en 1995. El municipio, fronterizo con Venezuela, cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes. Queda dentro de la reserva indígena de San Marcos, vecina de la famosa tierra indígena Raposa Serra do Sol. Por lo tanto, el municipio es producto de una invasión.

Según la periodista Malu Aires, la energía eléctrica de la ciudad viene de Venezuela. “El único puesto de abastecimiento de combustibles, viene de Venezuela. Los habitantes de la ciudad de Pacaraima dependen de Venezuela para estimular el comercio del municipio y para el consumo de energía; sin gasolina, el comercio y el tránsito de Pacaraima paran. Sin compradores venezolanos, el comercio de Pacaraima para”.

La periodista continúa su explicación diciendo que la política local es totalmente comandada por latifundistas, invasores de tierras indígenas, y que intentaron realizar un lobby por la extinción de la reserva indígena. Son esos mismos políticos que estimulan la xenofobia atrás de los votos.

“El vigilante Wandenberg Costa, orgulloso organizador del acto fascista de Pacaraima, consta del recibo de pago de la Prefectura”, explica Malu Aires, que continúa: “Los líderes que provocaron este ataque violento contra los venezolanos ya comandaron un ataque a la sede de la Funai [Fundación Nacional del Indio], ya formaron bandos de pistoleros para atacar contra los indios y hacen enorme lobby en el Congreso Nacional para la extinción de la reserva indígena de San Marcos, con la intención de remarcar el municipio invadiendo más tierras indígenas, y de desmatar la región para ampliación del cultivo de arroz”.

En octubre de 2017, el propio prefecto de Pacaraima, Juliano Torquato, atropelló a dos niños inmigrantes, de siete y once años, que andaban en bicicleta a la noche.

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Gobiernos, medios, empresarios: todos tienen su responsabilidad

La Red Globo local ya “alertó” a la población que la inmigración era un riesgo para el empleo de los brasileños. Para la gran prensa de Roraima el venezolano mata, roba, trae riesgo de epidemia de sarampión, aumenta la violencia, el tráfico de drogas, y todo tipo de desgracias.

Ese tipo de “noticias” tiene como objetivo diseminar el odio y el preconcepto, y también refleja las disputas entre el gobierno de Roraima, las prefecturas y el gobierno federal, que disputan entre sí el control del dinero destinado a la ayuda humanitaria a los venezolanos. Un dinero que ha sido usado de forma nada transparente, dígase de paso, y no es utilizado para efectivamente resolver la crisis migratoria. Al mismo tiempo, promueven la xenofobia para dividir a la clase trabajadora, no responsabilizarse por la crisis social, y facturar votos en la próxima elección.

Fue eso que llevó al gobierno de Roraima, también responsable por la creciente xenofobia, a pedir recientemente al STF (Supremo Tribunal Federal) que la inmigración en la frontera sea suspendida y que los refugiados del país vecino sean enviados a otros Estados de país.

El gobierno Temer, por su parte, presenta una respuesta militarizada con el envío de tropas a Roraima. El gobierno federal destinó R$ 196 millones para la cuestión de la migración en el Estado. De ese monto, R$ 150 millones son destinados al ejército, o sea, cerca de 80% en desplazamiento y gestión de las Fuerzas Armadas, cuando podría ser a la inversa –más inversiones en política públicas y no en militarización–. Y la burguesía local intenta facturar su quiñón en el envío de ese dinero.

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Claro que es preciso concientizar a la clase trabajadora y pobre sobre que la salida de la crisis no es atacar a los más vulnerables. Aquellos que fomentan la xenofobia solo quieren usar a los trabajadores como masa de maniobra de sus proyectos políticos y personales. La crisis que asola la economía venezolana es producto del sistema capitalista y de responsabilidad del gobierno de aquel país. Al fin de cuentas, somos todos víctimas y por eso debemos unir a todos los de abajo, brasileños y venezolanos, para luchar por empleo y derechos. La crisis humanitaria no es venezolana sino de todos los trabajadores y pobres que son chupados y después descartados por el capital.

Traducción: Natalia Estrada.