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El aumento del precio de la gasolina, en un 8.333.333.233%, anunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la flexibilización de la cuarentena social implementada como medida contra la pandemia del COVID-19, ha reavivado el debate sobre las futuras acciones económicas a implementar por el gobierno venezolano para intentar salir de la crisis que embarga al país, por lo menos desde el 2013, y que se vino acentuando hasta alcanzar proporciones de catástrofe con la hiperinflación iniciada en noviembre de 2017.

Por: Hipólito Cedeño, Unidad Socialista de los Trabajadores (UST)

En efecto, este aumento inusitado del precio “regulado” de la gasolina, aplicaría para los primeros 120 litros mensuales asignados a cada venezolano (60 litros para las motos), luego de los cuales, tendría que pagar un precio internacional de 0,5$, constituyendo un incremento del 165.000.000.000%, considerando el mercado cambiario actual. Un aumento de precios de tal naturaleza sólo se vio en febrero de 2016, cuando el aumento fue del 6.000%, 8 millones de veces menor. El único gobierno que se ha atrevido (lamentablemente con éxito) a aumentar el precio de la gasolina – exigencia fondomonetarista y neoliberal – de manera exorbitante ha sido el de Maduro.

Hasta la oposición, que aplaude en privado la medida, ha dicho “te pasaste macho”, pues ellos recomendaban un “aumento continuo y gradual” hasta llegar a precios internacionales.

¿Cuál es el trasfondo de ese incremento de precios?

Si tomamos en cuenta que el tema “aumento de precio de la gasolina” ha sido tabú desde 1989, cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, como parte de todo un paquete de medidas económicas, lo elevó en un 100%, lo que provocó una cadena de acontecimientos que desembocó en la insurrección popular, llamada “Caracazo”, entonces debemos suponer que dicha decisión es tomada entre la espada y la pared.

La crisis económica que se venía desarrollando por fallas estructurales (por ser Venezuela un país monoexportador de combustible fósil; altamente dependiente de tecnologías foráneas, principalmente de EEUU; importador del 80% de lo que consume), se vio agravada por la repetición de errores del pasado (corrupción, endeudamiento externo), por la implementación de sanciones de EEUU al comercio con el gobierno y por la caída de los precios del petróleo por la recesión  mundial y catapultada en depresión por la pandemia.

El gobierno de Maduro, heredero y continuador de las políticas de Chávez, viene discutiendo desde hace años las variantes que le permitan hacer despegar la economía. En una pugna interna permanente entre los sectores llamados pragmáticos (más proclives a políticas neoliberales) y los denominados ideológicos (más proclives a los controles del Estado, en una adaptación del modelo chino), los resultados de esas pugnas han sido políticas erráticas, zigzagueantes, sin continuidad ni perfil claro, implementadas en un estilo iniciado por el difunto Chávez, donde no se anuncian las medidas o se implementan subrepticia y aparentemente desconectadas entre sí.

Es así que, desde que apareció el primer caso de COVID-19 en Venezuela, el gobierno implementó una cuarentena casi total a nivel nacional, reforzada con toques de queda en los sectores fronterizos, mientras criticaba ampliamente la actitud de sus enemigos políticos Trump (EEUU), Duque (Colombia) y Bolsonaro (Brasil), quienes presionan por una apertura económica y flexibilización de la cuarentena, privilegiando las ganancias de los empresarios sobre la salud de los trabajadores.

Pero las cuentas financieras no dan. La caída del ingreso por exportaciones de petróleo y oro, así como de las reservas internacionales han colocado al gobierno ante la disyuntiva de no poder seguir financiando el déficit con emisión de dinero inorgánico, es decir, sin respaldo productivo, sin desatar aún más la hiperinflación. Ésta se había estabilizado e, incluso, disminuido a causa del subconsumo, pero volvió a levantarse con un repunte del precio del dólar oficial y paralelo, en el último mes, llegando a superar la barrera de los 200 mil Bs/$ (20 millardos de Bs antes de agosto de 2018 o 20 billones de Bs antes de 2007).

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Las sanciones y bloqueos de cuentas y activos del exterior, por EEUU, impiden usar entre 3.200 y 5.500 millones de $, usados regularmente para atender importaciones y servicio de la deuda.

En principio, Maduro, que obtenía préstamos regulares provenientes de China y Rusia, al terminarse esta alternativa, decidió solicitar al odiado FMI, organismo financiero internacional del cual el gobierno de Chávez se había salido en 2007, 5.000 millones de $, lo cual fue negado. Actualmente demandan al Banco de Inglaterra la entrega de parte de los casi 1.400 millones de $ en oro (31 ton) para adquisición de alimentos y medicinas, a través de un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque el PNUD acordó servir de intermediario, el Banco de Inglaterra sencillamente ha ignorado hasta ahora la petición. Estas acciones gubernamentales, diametralmente opuestas al discurso tradicional del “socialismo del siglo XXI”, aceleran el curso neoliberal del gobierno.

Siendo Venezuela el país con las mayores reservas petrolíferas probadas del planeta, sigue siendo de interés geopolítico en la disputa internacional entre la tradicional hegemonía estadounidense y los crecientes planes de expansión de China, secundada por Rusia. Por ello, el interés por mantener las inversiones en el país, son una constante de empresas estadounidenses como Chevron, así como de Rusia, China e Irán. Por ello, este país, quebrado por los cuatro costados, aún conserva bajo el subsuelo (y en almacenamiento no procesado ni exportado) capacidad para seguir endeudándose, a costa de hipotecar la soberanía de su principal activo, el petróleo.

Preparando el terreno, el 28/12/17 la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprueba la Ley de Inversiones Extranjeras, la cual permite que cualquier disputa en los contratos otorgados se dirima en tribunales extranjeros o de arbitraje internacional, y que la inversión extranjera, al igual que sus ganancias, puedan repatriarse hasta en un 100%, violando la soberanía nacional y creando las posibilidades de convertir a Venezuela en una vulgar maquila.

Las miradas en PDVSA

La recuperación económica de Venezuela, en el corto y mediano plazo, depende del futuro de PDVSA, como ente monopolizador de la riqueza petrolera. Como es noticia internacional, ésta empresa, de ser la quinta en el ranking mundial de las petroleras, sale de las principales estadísticas desde antes de 2017.

Del 2008 al 2016, PDVSA mantuvo su producción exportable sobre los 2 millones de barriles diarios (BD), aunque en constante declive. Es a partir de 2017, cuando la producción cae a 1,8 millones de BD. En noviembre de ese año se le dan poderes plenipotenciarios al Mayor General de la Guardia Nacional Manuel Quevedo, quien obtuvo así, mediante Decreto 3.368 publicado el 12/04/18, facultades que nunca tuvo el llamado “superministro” y mano derecha de Chávez, Rafael Ramírez, hoy proscrito por el régimen. Esos poderes le facultaban, entre otras cosas, desde modificar la estructura de PDVSA y filiales, crear normas y comisiones de contratación “para agilizar” los procedimientos, hasta realizar adjudicaciones directas en los contratos nacionales e internacionales (en dólares) sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, algo inconstitucional, permitido por el TSJ con la sentencia No. 156, del 29/03/17 con la que se atribuye las funciones de la AN. Con ellos, Quevedo tenía que elevar la producción en 1 millón de BD. se fijó la meta de elevar la producción en un millón de barriles diarios adicionales a la producción de ese momento. Nunca ocurrió. De hecho, sucedió todo lo contrario: la producción se desplomó desde 1.8 millones de BD a finales de 2017 hasta apenas 718 BD en abril de 2020, según la OPEP.

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Lo que sí ocurrió fue la apertura de las puertas hacia la privatización. Con la firma de contratos de servicios petroleros con empresas, la mayoría ligada al sector construcción, sin experiencia petrolera y sin capacidad financiera demostrada, PDVSA intentó la recuperación de 14 pozos en el Zulia (occidente de Venezuela), cediéndoles el manejo de la producción; con la Ley de los Hidrocarburos Gaseosos se abrió el camino para la entrega del gas costa afuera a las empresas transnacionales, la reducción, en 2016, de la participación de PDVSA, del 60 al 50,1%, en la Empresa Mixta PetroSinovensa y del 83 al 60% en PetroMonagas de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como, la entrega a una empresa de maletín de Malta del Bloque Junín 10, que operaba PDVSA.

A principios de 2020 se creó la Comisión Reestructuradora de PDVSA “Alí Rodríguez Araque” (CRARA), destituyendo a Quevedo y colocando en su lugar a Tarek El Aissami, actual Vicepresidente de Economía. Esta comisión, tiene amplios poderes, al igual que su antecesor, para modificar la estructura de PDVSA.

Si bien, de cara a los trabajadores, se presentó su creación como un acto de justicia contra las acciones antiobreras realizadas por Quevedo y su equipo, creando una comisión que revaluaría los despidos y jubilaciones injustificadas así como los beneficios laborales y contractuales dejados de percibir, bien pronto se vio la falsedad de estas aseveraciones, ante la continuidad de las faltas a las leyes.

Con la promesa de “revolucionar” las relaciones laborales, se crearon los Comités Productivos de Trabajadores, que en el discurso quieren emular los consejos obreros soviéticos de la década de los 20 del siglo pasado, pero en la práctica son estructuras elegidas desde arriba donde sus dirigentes buscan posicionarse en la nueva estructura que resultará de la intervención, a la par que buscan reflotar la industria reduciendo aún más los costos de mano de obra con “trabajo voluntario”.

El papel de la deuda externa en la privatización de PDVSA

Venezuela, en los últimos años, ha recurrido al financiamiento del gasto público a través de emisiones de bonos del Banco Central y bonos de PDVSA, además de préstamos directos por parte de los gobiernos de China y Rusia. Si bien en el discurso Chávez se ufanaba de haber pagado la deuda externa, contraída por gobiernos anteriores y de dudoso beneficio para el pueblo, con el Club de París, Banco Mundial y el FMI, en los hechos se ha endeudado en 162.000 millones de dólares, según publicación del portal web dinero.com.ve, basada en las estimaciones del FMI y en estudios de los profesores universitarios, Ramón Escovar y Ramón Carrasquero, este monto abarca la deuda de la República y la de la estatal petrolera (PDVSA), incluyendo la relativa a sentencias y laudos de arbitraje internacionales por las llamadas “expropiaciones” (más bien compras de empresas, muchas veces muy por encima de su valor de mercado). Sin contar las “inversiones” petroleras, que debemos pagar con petróleo.

El gobierno, ha buscado llegar a acuerdos con los tenedores de bonos. Ya anteriormente tuvo que vender bonos con tasas de interés muy por encima de títulos de igual naturaleza en el mercado financiero internacional, debido al alto riesgo de inversión, por lo que una mora de la deuda genera altísimos cargos por intereses de mora. Según el BCV, más de la mitad de la deuda oficialmente reconocida corresponde al pago de intereses.

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El gobierno entró en default al suspender el pago de intereses de esos bonos, por lo que espera poder renegociarlos, sin obtener hasta ahora respuesta.

La reestructuración de PDVSA

A la luz pública ha trascendido un documento, elaborado por la Gerencia Corporativa de Planificación para la CRARA, en la cual se plantea, entre otras cosas, simplificar la estructura, eliminando organizaciones, con trabajadores y todo, reduciendo a PDVSA en un simple administrador de contratos y aumentando la participación del sector privado en figuras como las empresas mixtas, o la nueva figura de “Contrato de Servicios Compartidos”, donde el Estado comparte el beneficio y el privado el riesgo, cediendo el primero las operaciones al segundo.

La creación de PDV-Puertos el 11 de mayo, encargada de la gestión de los puertos y terminales petroleras del país, que contará ingresos propios y facultad para hacer alianzas con agrupaciones nacionales e internacionales, está amparada en esa nueva concepción.

La venta del 35% de las acciones de la refinería sueca Nynas, pasando de 50% a solo el 15% de los títulos, renunciando su posición mayoritaria, alegando el bloqueo a los activos de PDVSA, pero ya previsto en el Plan de recuperación.

Como ya dijimos, en las próximas semanas veremos la simplificación de la estructura de Pdvsa, el enfoque de sus actividades únicamente en el sector petrolero, la eliminación de los subsidios y la modificación legal que obliga al Estado a tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas.

Sin embargo, tanto las pugnas entre sectores del chavismo por el control del poder, la presión internacional, encabezada por los EEUU y la posible resistencia del pueblo trabajador, en el marco de despidos masivos, crisis económica y desdibujamiento del discurso “socialista del siglo XXI”, pueden hacer revertir o modificar las intenciones de privatización, o los actores que la lleven a cabo.

Un primer paso para impedirlo es el conocimiento del curso neoliberal y entreguista de este gobierno, para luego organizarnos contra los despidos, privatizaciones, entrega y empobrecimiento general que viene. No tenemos que esperar que la crisis, que ya ha tocado fondo, siga cavando hacia un futuro más desesperante. Sólo los trabajadores, organizados de manera autónoma, independiente y democrática, podemos coordinarnos a nivel nacional para salvar a PDVSA y la nación de la rapiña de los buitres “rojo-rojitos” y proyanquis.

Sólo un Gobierno de los trabajadores y el pueblo puede llevar esta tarea. En la Unidad Socialista de los trabajadores (UST) nos empeñamos en construir la dirección que lleve a cabo esta tarea.