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La crisis que golpea al país está lejos de ser superada, al contrario, continúa agravándose, el gobierno de Nicolás Maduro se ha mostrado totalmente incapaz de resolverla en favor de los trabajadores; sus medidas para enfrentar la misma han consistido en descargar un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo pobre, aumentando los padecimientos de estos y tornando la situación insoportable, dicha crisis económica se convierte en combustible para empeorar la crisis política. Cada vez resulta más evidente que cualquier alternativa de solución a la crisis pasa por la necesidad de organizar la lucha para derribar al gobierno.

Por: Leonardo Arantes

Han transcurrido más de cinco meses desde que siguiendo instrucciones del Departamento de Estado norteamericano, Juan Guaidó, se autoproclamase presidente interino de la república, en el marco de una estrategia que procuraba dividir las FF.AA., y de la cual formaban parte los gobiernos de la derecha continental. Recordemos que previo al acto de autoproclamación estos gobiernos agrupados en el llamado Grupo de Lima habían declarado su desconocimiento a la dictadura madurista. Resulta evidente que en este lapso de tiempo esta estrategia viene experimentando un notorio desgaste.

La brutal crisis que padecen millones de venezolanos, evidenciada en el hambre atroz, los bajos salarios, servicios públicos inservibles, escasez de dinero en efectivo y medicinas, entre otras calamidades, hizo que entre las masas se generaran expectativas en esta estrategia planteada por una dirección burguesa y proimperialista, tan enemiga de los trabajadores y del pueblo pobre como el gobierno dictatorial de Maduro. Pero la comprobada incapacidad de esa dirección política para plantear una salida a la crisis económica en favor de los trabajadores (su carácter de clase se lo impide), su inconsecuencia en el enfrentamiento al gobierno, su tendencia a las negociaciones secretas con el mismo (en privilegio de sus intereses particulares), la frustración de las expectativas de unas masas desesperadas y más recientemente el fracaso de la aventura golpista del 30 de abril, han hecho que esas expectativas se vayan disipando.

Mientras, Maduro sigue despachando desde Miraflores, y los trabajadores y el pueblo pobre sienten los rigores de una crisis que se agrava, no vislumbrándose soluciones para sus interminables problemas.

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores, hemos sido enfáticos, en afirmar que los trabajadores debemos organizarnos de manera independiente para salir del gobierno, expulsando a Maduro del mismo, la consigna Fuera Maduro, ha venido siendo uno de los ejes principales de nuestra política; y esa independencia a la que nos referimos significa que en esa lucha no debemos depositar ninguna confianza política en la dirección burguesa de Juan Guaidó ni en el imperialismo y sus lacayos de la derecha del continente (Bolsonaro, Duque, Piñera y demás…), quienes en sus países aplican paquetes de ajuste que descargan el peso de la crisis sobre sus trabajadores, advertimos en no confiar en sus pretensiones “humanitarias” y rechazamos sus sanciones contra el país, así como el secuestro de sus recursos, acciones que no hacen más que agravar los padecimientos de los trabajadores venezolanos, es por eso que otro eje de nuestra política es: No a la Injerencia Imperialista, Ninguna confianza en Guaidó. 

La crisis política continúa, gobierno y oposición buscan oxígeno 

La crisis política continúa avanzando y agravándose, el desprestigio del gobierno es enorme, algunos estudios de opinión hablan de un rechazo que supera el 90%, el fracaso de la estrategia de la oposición burguesa a la que nos referimos anteriormente también ha aumentado y acelerado el desprestigio de esta dirección política, aunque aún despierte expectativas en significativos sectores de la población venezolana.

En este marco pretenden reacomodarse con los diálogos secretos de Noruega, conversaciones que al igual que las anteriores se realizan de espaldas a la población y no traerán ningún beneficio al pueblo trabajador. Con las mismas el oficialismo busca ganar tiempo y la oposición burguesa dar la sensación de que está haciendo algo para enfrentar al gobierno.

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La dirección política encabezada por Guaidó ahora intentan presionar y reposicionarse, convocando a una marcha para el día 5 de julio (día de la conmemoración de la firma del acta de independencia del país) que probablemente carecerá de la masividad (o por lo menos no tendrá ni de lejos la del 23 de enero cuando alcanzaron su cúspide de popularidad), el gobierno seguramente responderá con una contramarcha a la que intentara llevar bajo coacción a los funcionarios públicos y trabajadores estatales. Adicionalmente el gobierno difundió una noticia, haciendo correr la bola de un supuesto atentado contra el Presidente Maduro, la Primera Dama Cilia Flores y el Primer Vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ANC Diosdado Cabello, esto a fin de nuclear su frente interno.

Lo cierto es que la crisis del régimen es enorme y se agrava con la crisis económica y social que está lejos de resolverse, deserciones como la de Manuel Cristopher Figuera (para el momento jefe nacional del servicio de inteligencia SEBIN), en ocasión del  fallido golpe militar del 30 de abril, dejan en evidencia que son significativas las fracturas al interior del gobierno, recientemente hubo una reunión entre un sector del PSUV con sus diputados (sus representantes en la Asamblea Nacional (AN) electos el 2015), sobre la cual se especuló que estarían debatiendo la posibilidad de volver al Parlamento, acordar la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar a elecciones, siendo esto parte de los acuerdos de Noruega. Este sector del PSUV, estaría dispuesto a “sacrificar” a Maduro a fin de preservar sus privilegios políticos y económicos.

La ingobernabilidad es lo característico en el país, la mayoría de las instituciones públicas están paralizadas o semiparalizadas por falta de insumos mínimos para trabajar, lo mismo las empresas del Estado, hacer cualquier trámite es un verdadero vía crucis y no puede ser realizado sin pagar una mordida, la corrupción es protagonista en todos los niveles del gobierno, comerciantes (grandes y pequeños), transportistas, empresarios (tanto boliburgueses como opositores), banqueros y militares, especulan, cometen abusos y amasan fortunas bajo la más completa impunidad (garantizada por los militares, funcionarios policiales y directores de instituciones).

La crisis económica y social nos sigue azotando 

Desde el 20 de agosto de 2018, cuando fue lanzado el “Plan de Recuperación y Reimpulso Económico”, en ocasión del cual el gobierno pidió 90 días para empezar a ver sus efectos positivos, lejos de mejorar, la situación empeoró, y la verdad no hizo falta ese lapso de tiempo para empezar a sentir sus efectos nocivos.

Las megadevaluaciones implementadas por el gobierno destruyeron el salario más de lo que ya lo estaba, de los 30 $ (a dólar oficial) que estaba para el momento de lanzamiento del plan hoy se ubica en apenas 5,3$ (7,6$ si incluimos el bono de alimentación que no tiene carácter salarial), la hiperinflación se ha acelerado lo que significa un nuevo salto en los precios, algunos productos aparecieron en los anaqueles y son como piezas de museos debido a que por los precios prohibitivos no se pueden adquirir, una harina de maíz por ejemplo tiene un costo de 1,5 y hasta 2$, precios de un dólar o más para un kilo de arroz, un pollo promedio puede costar unos 4$, un par de zapatos de mediana calidad cuesta en promedio 30 $ (los de buena calidad pasan de 100$). Todo esto contra un salario mínimo como el antes señalado que es devengado por la mayoría de la población.

La canasta alimentaria asciende a 1.924.265 BS., y la canasta básica los 2.491.159 BS., 274,90 y 355,88 $ respectivamente (datos del CENDAS de abril 2019).

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No hay medicinas y las pocas que están disponibles se expenden a precios exorbitantes, la crisis eléctrica no se supera, miles de barrios y comunidades en todo el país padecen la falta de agua, continua la escasez de dinero en efectivo, la población y las familias tienen que hacer filas de kilómetros (donde se pasan todo el día) para llenar el tanque de gasolina del vehículo, o esperar semanas para reponer una bombona de gas, debido a que no hay gasolina y escasea el gas en un país con enormes reservas petrolíferas.

Al respecto de la gasolina el problema tiende a agravarse debido a que la producción sigue en picada de un millón de barriles diarios de gasolina que se producían en años anteriores hoy se producen menos de cien mil. En respuesta a la problemática de falta de gas el gobierno aplicó la mágica y clásica solución de aumentar el precio del servicio (bien al estilo de lo que propone el denominado Plan País de Guaidó, ante la quiebra de los servicios, privatizarlos y aumentar su costo para hacerlos rentables), pasando la bombona de 10 kilos (la de más común uso entre los trabajadores y la población pobre del país) de 50 BS a 3500 BS (un incremento de 7000%), incrementos similares fueron hechos en todas las demás presentaciones (18, 27 y 45 kilos).

Ante la crisis, ajuste. El memorándum 2792 

El “Plan de Recuperación y Reimpulso Económico” era el inicio de la aplicación formal de un programa de ajuste que ya el gobierno venía aplicando a cuenta gotas, pero firmemente, este plan, bien al estilo del Plan País de Guaidó (y que le adelanta el trabajo a un eventual gobierno de la oposición burguesa) incluye devaluaciones, reprivatizaciones, cargas impositivas mayores para quienes menos devengan y exoneración de impuestos para los empresarios, y dejar las  manos libres a estos últimos para modificar condiciones de trabajo, despedir trabajadores y eliminar convenciones colectivas.

El dólar oficial desde entonces ha venido siendo devaluado reiteradamente llevándolo a niveles similares al paralelo, lo que echó por tierra el argumento del gobierno de responsabilizar de la crisis al “dólar criminal”, y esto ha tenido el efecto que ya vimos de destrucción del salario, hoy la venezolana es la mano de obra más barata del continente y quizás del mundo.

En ciudades como Cumaná y Valencia han sido entregadas a consorcios privados empresas como la enlatadora Fextun y la cadena de Abastos Bicentenario respectivamente, la cadena de hoteles Venetur fue reprivatizada, casos como estos se repiten en todo el país, inclusive en el sector petrolero y se planea avanzar en otros sectores.

Tenemos también el caso de la exoneración de pagar impuesto sobre la renta a las empresas transnacionales, mientras se aumenta el IVA (impuesto regresivo que termina pagado el trabajador y consumidor final) en cuatro puntos de 12 a 16%.

Todo esto lo viene aplicando el gobierno de Maduro como paquete de ajuste, pero también está contemplado en el plan país de Guaidó, bajo las eufemísticas expresiones de “Disciplina cambiaria, Paso a la iniciativa privada, Reforma y disciplina fiscal”.

Pero no se detiene allí el ajuste, también incluye ajustes tarifarios como el mencionado del gas y el que esta decretado de la gasolina (que no han podido llevar adelante por incapacidad técnica, aunque con la escasez del rubro se viene aplicando en los hechos de manera más cruenta que lo decretado), ya han sido ajustadas las tarifas de telefonía e internet y se planea seguir ajustándolas progresivamente, también se prevén ajustes en la electricidad y el agua.

Pero lo más grave es lo que se viene aplicando en empresas del estado y privadas a través de la puesta en práctica del Memorándum 2792, de fecha 11 de octubre de 2018, instrumento diseñado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Planificación, para ser suscrito y aplicado por el Ministerio del Trabajo, a través del cual se deja las manos libres a las empresas públicas y privadas para modificar condiciones de trabajo, abaratar despidos y eliminar contratos colectivos (“Recorte del gasto público y Estímulo a la inversión privada” diría el Plan País).

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A través de la aplicación de este mecanismo decenas de cláusulas de convenios colectivos de empresas estatales y organismos del sector público han sido eliminadas o modificadas, acabando o desmejorando beneficios y conquistas de los trabajadores de este sector, pero también han sido “suspendidos” (es la expresión que usan) cientos de trabajadores de empresas privadas que son enviados a sus casas sin fecha prevista de retorno a sus labores, con las plantas cerradas y los compañeros devengando sueldos de dólar y medio mensual en algunos casos y sin gozar de ningún beneficio contractual, saltándose además toda la legislación laboral vigente en el país tanto en espíritu de la norma como en procedimiento, todo basado en dicho memorándum, específicamente en sus artículos 3 y 4.

Siendo víctimas de la aplicación en el sector público y la empresa privada de este instrumento encontramos hoy en el país a trabajadores del gremio docente, salud, Metro de Caracas, PDVSA, Firestone, Chrysler (Valencia), Hipermercado Modelo (Maracay), Alimentos Polar, Toyota (Cumaná), Coca Cola, entre otros.

Surge Trabajadores en Lucha 

En medio de esta alarmante situación y en parte como consecuencia de ella ha surgido “Trabajadores en Lucha”, como un espacio que intenta construirse en función de unificar y organizar las luchas de los trabajadores de manera independiente.

La capitulación de la dirigencia de la Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela (ITV) a una dirección política propatronal y proimperialista como la de Guaidó, convirtiendo a esta organización en su brazo sindical, hizo imposible la permanencia dentro de sus marcos de los sectores que reivindicamos la movilización autónoma de los trabajadores como herramienta de lucha política, por eso constituimos y estamos construyendo este nuevo espacio para la unificación y organización de las luchas.

Desde la UST hemos expresado nuestra disposición y nuestros llamados a organizarnos para luchar por la salida del gobierno y para derrotar el ajuste patronal y también contra la injerencia imperialista, estamos dispuestos a colaborar en este espacio para contribuir en su avance tanto a nivel de las movilizaciones de calle, como en la discusión programática y política. Nuestro llamado es a los sindicatos, gremios, delegados de prevención, activistas obreros, luchadores y trabajadores en conflictos a acercarse a este espacio para ayudar a construirlo y apoyar las luchas en curso.

¡Organicemos la Lucha Para Derribar al Gobierno! 

¡Fuera Maduro!

Unidad Socialista de los Trabajadores (UST)

Sección Venezolana de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI)