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La Unidad Socialista de Los Trabajadores (UST) ante las protestas y manifestaciones contra el hambre y falta de combustible en Venezuela.

Por: Leonardo Arantes.

El advenimiento de la pandemia del Covid – 19 en Venezuela, ha traído consigo el agravamiento de la brutal crisis económica y social que viene azotando al país, los trabajadores y trabajadoras viven una verdadera tragedia social, quedando aún más al desnudo la profundidad de la crisis y el carácter burgués y dictatorial del gobierno de Maduro.

Conocidos los primeros casos de coronavirus en el país, el gobierno procedió a cerrar las fronteras con Colombia y al cierre de los pasos internos entre ciudades y municipios, así como a implementar una serie de medidas sanitarias orientadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales como la cuarentena y el aislamiento social, pero sin brindar las garantías mínimas para que la población, principalmente los trabajadores y habitantes de los sectores populares, pudieran cumplir con dichas medidas sin penurias, como garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas implementos de bioseguridad, el acceso a los servicios básicos, telecomunicaciones, entre otros. Es decir, el gobierno, ha pretendido hacer cumplir las disposiciones sanitarias no a partir de solucionar efectivamente los problemas asociados a ellas sino fundamentalmente a partir de la represión.

Contrariamente, para preservar las ganancias de empresarios y comerciantes y disfrazados con el discurso de proteger al pueblo, realizó un conjunto de anuncios, tales como la exoneración a estos del pago de salarios por seis meses, los cuales fueron asumidos por el estado venezolano, la suspensión por igual periodo de tiempo del pago de capital e intereses de créditos (siendo que la población de bajos recursos hace más de dos años que no recibe créditos) y el direccionamiento de la cartera crediticia estatal para financiar a la burguesía de  los sectores alimentos, fármacos, higiene, entre otros. Previamente solicitó un empréstito al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual le fue negado, con lo que seguiría hundiendo al país en el abismo del endeudamiento externo.

La vocería oficialista, haciendo uso de todo su aparataje mediático, pretendió en un principio subir un poco la paupérrima popularidad de Maduro mostrándolo como un ejemplo en el manejo de la pandemia, apoyándose para esto en la celeridad en la implementación de la cuarentena y el aislamiento social y las relativamente bajas cifras de contagios y fallecidos (cifras que han sido bastante cuestionadas), pero esta pretensión le duró poco por la agudización del hambre, los padecimientos y el desespero de la población trabajadora y de los sectores populares.

También el rechazo a la cada vez más violenta represión, las detenciones arbitrarias y el incremento del uso de mecanismos de coerción, chantaje y control social han aumentado el desprestigio del gobierno.

Los Trabajadores y el pueblo venezolano, en las últimas semanas hemos sido castigados por la elevación exacerbada de los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad, producto de la continuidad del proceso hiperinflacionario que atraviesa el país desde hace tres años.

A esto se han sumado la reaparición, ahora más generalizada y con mayor gravedad de la escasez de gasolina, como consecuencia de la completa destrucción de las capacidades de extracción y refinación en la industria petrolera (y ahora agravada con el efecto de las sanciones imperialistas), producto de años de desinversión en la misma, debido a la política del gobierno de dar prioridad a los pagos de deuda externa y a las ganancias de las transnacionales; y la  acelerada devaluación del Bolívar frente al dólar, que ya se cotiza en el mercado paralelo en más de 200 mil bolívares, con las consabidas consecuencias inflacionarias en una economía totalmente dependiente de las importaciones.

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Protestas y manifestaciones por hambre y escasez de gasolina estallan en Venezuela

El desespero de los trabajadores y el pueblo humilde ante esta situación, ha sido mayúsculo, lo que ha llevado a que al menos en 15 de los 23 estados del país estallen manifestaciones protestas y revueltas por hambre y escasez de combustible, incluyendo saqueos en al menos cuatro de esos estados, como es el caso de los estados Monagas, Bolívar, Sucre y Portuguesa. La represión del gobierno a estas protestas ha dejado un saldo de al menos un fallecido, decenas de heridos, decenas de detenidos y otros tantos allanamientos a viviendas.

Hasta ahora esta ola de manifestaciones y protestas han tenido lugar mayoritariamente en poblaciones más periféricas de estos estados, como consecuencia lógica de la mayor desatención gubernamental a las mismas,  como es el caso de los saqueos en Upata, estado Bolívar (donde ocurrió la muerte del manifestante y donde otros manifestantes escribieron en el asfaltado que murió por hambre), Punta de Mata, estado Monagas, las protestas por falta de gasolina en Araya, estado Sucre y los saqueos en Cumanacoa y Rio Caribe en esa misma entidad federal. También hubo protestas por falta del combustible en Socopo Estado Barinas.

Sin embargo expresiones del malestar también han tenido lugar en algunas capitales de estado como en el caso de Guanare, Estado Portuguesa, donde los pobladores saquearon mientras gritaban “tenemos hambre, queremos comida”, o las manifestaciones por hambre en algunos barrios de Barquisimeto capital del Estado Lara y más recientemente en Cumaná, Estado Sucre, fuertemente reprimidas por la Guardia Nacional, el recrudecimiento del elemento represivo también ha venido a ser un detonante para la radicalización de algunas de las protestas, por tratar los manifestantes de evitar detenciones e irritados a causa de las heridas recibidas por sus compañeros.

Semanas más atrás hubo conatos de disturbios en Valencia, Estado Carabobo por falta de gasolina y cacerolazos en algunos barrios de Caracas por fallas en el servicio eléctrico.

El desplome de los precios del petróleo a 8,7$ por barril así como la política del gobierno de continuar pagando la deuda externa y priorizar por las ganancias de empresarios, comerciantes y banqueros nacionales y transnacionales le dejan al gobierno cada vez menos margen de maniobra para paliar la situación, reduciendo sus capacidades de importación por lo que es posible prever que el malestar crecerá, ya comienzan a haber retrasos en el suministro de las cajas clap a las comunidades y esto puede seguir agudizando el problema del hambre lo que puede hacer crecer la ola de protestas.

Así pues los trabajadores y habitantes de los sectores populares del país se debaten entre la disyuntiva:  “nos mata el virus o nos mata el hambre”. Las recientes protestas parecen mostrar que estos no están dispuestos a dejarse matar por el hambre y por la política de la dictadura de Maduro de implementar una cuarentena sin garantías de alimentos, medicinas y servicios básicos.

La respuesta del gobierno ante esta situación es similar a la de ocasiones anteriores, culpar de los aumentos de precios a la “guerra económica” y los planes desestabilizadores que estaría siendo llevando a cabo por empresarios y comerciantes “especuladores”, así como la de hacer promesas de mejoría, entregar algún sumistro de comida de emergencia en algunas de las comunidades en conflicto y emprender algunas acciones repetidas afirmando que esta vez si conducirán al mejoramiento de la situación.

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Especulación y acaparamiento cierto que los hay, pero no son esta la principal causa del aumento de los precio y de la crisis en general como quieren hacernos creer Maduro, sus ministros y voceros, para intentar ocultar su responsabilidad en la verdadera causa que es la destrucción por parte del gobierno de todo el aparato productivo nacional, la brutal caída de la producción de alimentos, productos básico y servicios, incluyendo la producción de las empresas básicas y la petrolera, con el consecuente recorte de recorte unilateral de las importaciones de bienes, servicios y productos necesarios para los venezolanos, priorizando por garantizar recursos para los pagos de deuda externa y ganancias de las transnacionales, en detrimento de las necesidades de los trabajadores y el pueblo venezolano.

Dentro de las acciones gubernamentales está el anunció de un plan que contempla la  ocupación temporal de la empresa de alimentos Coposa, las supervisiones para la venta y la negociación de  “precios acordados” con empresas productoras de alimentos y bienes básico como Polar, Plumrose y otras similares, así como con productores de carne (mataderos), pollo, entre otros. Medidas que en otras oportunidades han tenido los resultados conocidos por todos, legitimación de la “especulación” debido a que se acuerdan precios similares o mayores a los existentes en el mercado, relativa estabilización temporal (una o dos semanas) pero hacia arriba de los precios, desaparición de los anaqueles y escasez de los productos “regulados” y su venta a precios más elevados en el mercado paralelo, constituyéndose esto en una fuente de negociados y de enriquecimiento para empresarios y comerciantes especuladores, militares y burócratas gubernamentales, y alimentando el procesos hiperinflacionario.

El reciente aumento de salario mínimo decretado por el gobierno está lejos de servir como una solución a las necesidades de la población, al contrario debemos denunciarlo como una verdadera estafa al pueblo trabajador.

La oposición burguesa, representada por Guiado y sus seguidores, también ha quedado muy mal parada, cuando en medio de una  situación de las protestas por hambre la agencia internacional de noticias Associated Press (AP), reveló una información sobre la discusión secreta entre los diputados opositores para aumentarse el sueldo en cinco mil dólares mensuales, retroactivo al  mes de enero y con un bono especial de 25000 $ en el mes de mayo, sueldos que se cancelarían con 80 millones de $ de la “Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela”, recursos provenientes de los activos venezolanos confiscados por Donald Trump con el apoyo de Guaidó y el conjunto del sector de la oposición patronal que el representa.

El escándalo generado por esto en un país donde los trabajadores devengan un salario mínimo de apenas 4,6 $ (con el reciente incremento nominal, porque antes de mismo y cuando se reveló la información estaba en 2$), obligó a Guaidó a salir a desmentir que habrían acordado dicho aumento, sin negar la eventual discusión, el carácter de esta oposición no nos deja lugar para dudar de que si planeaban dicho aumento pero que por el escándalo generado salen a decir que no es así.

Desde la Unidad Socialista de los trabajadores afirmamos que para superar la crisis económica y también la sanitaria es necesario movilizarnos para imponer un giro completo a la economía del país  a través de un plan que ponga en el centro las necesidades de los trabajadores y del pueblo humilde, que arranque por cesar de pagar la deuda externa e invertir esos recursos en la recuperación del aparato productivo nacional, y para la atención a la pandemia, reactivar la producción petrolera y de las empresas básicas, la producción de alimentos y bienes esenciales, así como de medicinas y otros insumos, como única manera de derrotar la inflación y poder garantizar condiciones mínimas para cumplir con la cuarentena y el aislamiento social.

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Para atender con inmediatez la crítica situación actual y la emergencia del hambre que azota a los trabajadores y el pueblo humilde y evitar que mueran por esta causa, es necesaria la importación masiva de alimentos, medicinas e insumos productivos y garantizar su distribución entre estos sectores de la población.

Se deben repatriar los capitales fugados y confiscar los bienes de los corruptos y especuladores, hay que poner fin a los gastos en pertrechos y ejercicios militares. Fuerte impuesto progresivo a los grandes grupos empresariales, banqueros y transnacionales, utilización de estos recursos para el enfrentamiento de la crisis.

La renta petrolera no puede seguir siendo destinada a garantizar las ganancias de las transnacionales, para eso necesitamos de una PDVSA cien por ciento nacionalizada y bajo control de los trabajadores sin transnacionales ni empresas mixtas.

Exigimos salario mínimo igual a la canasta básica, cese de los despidos y el reenganche inmediato de todos los despedidos. Por la defensa de los derechos y conquistas sindicales, laborales y sociales.

También es necesario exigir la libertad de los presos políticos y de todos los detenidos en las recientes protestas y saqueos, así como la indemnización a los familiares del manifestante fallecido y de las decenas de heridos.

Ninguna de estas medidas será adoptada por el gobierno burgués y dictatorial de Maduro, ni tampoco son parte del programa político de Guaidó y sus seguidores, ni de los planes del imperialismo, por lo tanto el llamado es a las organizaciones sindicales, estudiantiles, juveniles populares y políticas de la izquierda independiente a movilizarnos con independencia de la oposición patronal y del imperialismo, para imponer un plan económico al servicio de los trabajadores y los sectores populares, que incluya las medidas arriba mencionadas e incorpore las que hagan falta, pero también a movilizarnos para poner fin a este gobierno hambreador, corrupto y represivo colocando como exigencia central el FUERA MADURO.