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En días recientes ha sido publicado un artículo bajo el titulo “Venezuela: Chavismo y Coronavirus” firmado por Katu Akonada, donde señala el recrudecimiento de los ataques y amenazas imperialistas contra Venezuela, la resistencia del país frente a estos bajo, la dirección de actual gobierno, que estaría encabezando dicha resistencia y enfatizando “la solidaridad sur – sur de Irán”.

Por: Leonardo Arantes, de la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST) de Venezuela 

Seguidamente el artículo realiza una apología del manejo que el gobierno de Maduro ha venido dando a la pandemia del Covid – 19, resaltando las bajas cifras de contagiados y víctimas fatales en el país, en comparación con sus vecinos continentales y señalando que la mayoría de los contagios serían de procedencia foránea. Se plantea además la interrogante de “cómo es posible que un país que vive una crisis económica importante pueda estar haciéndolo mejor que otros países latinoamericanos integrantes de la OCDE, sean gobernados por fuerzas progresistas, como México, o de derecha como Chile” .

La nota da una respuesta a esta interrogante, asociándola fundamentalmente a tres factores: “medidas estrictas de cuarentena, un sistema de salud (pública deducimos) de proximidad y el uso masivo de la tecnología”, señalando a continuación detalles en los que se expresarían cada uno de estos elementos, que en síntesis se reducirían en un concepto: El chavismo y ofreciendo una explicación para ese concepto.

Queremos acá responder detalladamente y de manera crítica a los aspectos mencionados en dicho artículo, desde una perspectiva de organización de izquierda independiente.

El “antiimperialismo de Maduro y la “solidaridad sur – sur”

Lo primero que consideramos pertinente señalar, es la coincidencia con el autor del artículo en la denuncia de los ataques y amenazas del imperialismo contra Venezuela, manifestando nuestro repudio a los mismos, así como también a las sanciones imperialistas contra el país, como contra cualquier otro del planeta; y en la reivindicación de la resistencia de los trabajadores y el pueblo venezolano en medio de la profunda crisis económica que lo azota, agravada por las sanciones imperialistas.

Sin embargo, sostenemos que reivindicación semejante no puede hacerse al respecto del gobierno Nicolás Maduro, cuyo antiimperialismo se limita a discursos, por cierto cada vez más moderados, mientras continúa pagando la deuda externa (más de 80 mil millones de $ han sido cancelados por el gobierno de Maduro desde 2013 hasta la actualidad por servicio de deuda externa), en detrimento de las importaciones de alimentos, medicinas e insumos para la producción, que sufrieron duros recortes durante todos estos años y a costa de las inversiones necesarias para el mantenimiento y ampliación del aparato productivo del país, lo que trajo como consecuencia la debacle de las empresas estatales y nacionalizadas, la destrucción de la producción nacional, incluyendo la petrolera y minera, así como la agropecuaria, de alimentos y medicinas y el hambre y miseria de los trabajadores y el pueblo venezolano.

Adicionalmente el gobierno de Maduro viene garantizando las ganancias de transnacionales y banqueros, principalmente las de las transnacionales petroleras en la Faja Petrolífera del Orinoco y las transnacionales mineras en el Arco Minero Orinoco y avanzando en la entrega a estas de las reservas petroleras, de hidrocarburos y mineras del país, a través de mecanismos como la Ley de los Hidrocarburos Gaseosos, que abrió el camino para la entrega del gas costa afuera a las empresas transnacionales, la reducción accionaria de la participación de PDVSA, en las empresas mixtas, como en PetroSinovensa  donde en 2016 se redujo del 60 al 50,1%, y/o en PetroMonagas donde se pasó de 83 al 60%, así como, la entrega a una empresa de maletín de Malta del Bloque Junín 10 de la faja petrolífera del Orinoco, que antes operaba PDVSA. Además de la entrega de amplias zonas del Arco Minero Orinoco a la canadiense Gold Reserve que ya en tiempos de Carlos Andrés Pérez depredó la zona sur del país.

El artículo no da detalles, pero suponemos que lo que se califica en el mismo como “solidaridad sur – sur de Irán”, se refiere a la reciente importación por parte de Venezuela de millones de litros de gasolina procedentes de la nación islámica. Es bueno recordar al autor del texto que esta operación ha sido realizada a través de los mecanismos normales de las relaciones comerciales capitalistas, es decir, una compraventa común y corriente cuyas facturas están en propiedad de las empresas iraníes que suministraron el combustible (posiblemente estatales), y que deberán ser canceladas por el Estado Venezolano en divisa extranjera, seguramente dólares.

Pero admitamos por un momento como un acto de “solidaridad” el gesto del Estado y las empresas iraníes de suministrar gasolina al Estado Venezolano, pese a las amenazas de sanciones imperialistas (cabe destacar que el Estado iraní ya sufre sanciones por parte del imperialismo – cuestión a la que reiteramos nuestro rechazo-, por lo que tales amenazas no serían nada novedosas, y lo que además no le ha impedido seguir negociando con sus socios comerciales), lo que no se explica en el artículo es como Venezuela, el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo (hecho al que siempre hace alusión la vocería oficialista), con una empresa estatal petrolera que hasta hace pocos años atrás estuviese ubicada de quinta en el ranking de las principales empresas del ramo a nivel mundial, que incluye cinco refinerías en el país que de conjunto cuentan con una capacidad instalada para refinar casi 1 millón trescientos mil barriles diarios de petróleo, hoy tenga que estar importando dicho combustible y dependiendo de la “solidaridad sur – sur” para garantizar el suministro del mismo a su población.

Vamos a intentar subsanar esta pequeña omisión del autor y ofrecer una explicación: durante años los gobiernos “antiimperialistas” de Maduro y de su antecesor Chávez, priorizaron por los pagos de deuda externa y dejaron de invertir en el mantenimiento y mejoramiento de la industria petrolera y sus refinerías, las cuales hoy se caen a pedazos, el Complejo Refinador Paraguaná (CRP – segundo más grande del mundo), compuesto por las refinerías de Amuay, Cardón y Bajo Grande, con capacidad instalada para refinar 955 mil barriles de crudo, hoy opera a 10%  de la misma, las refinerías de Puerto la Cruz (Estado Anzoátegui) y El Palito (Estado Carabobo) con capacidades de refinación de 190 mil y 140 mil barriles de crudo diarios respectivamente, tienen cuatro años paralizadas. Esta es la causa de la escasez de gasolina en el país, agravada hoy en día por el efecto de las sanciones imperialistas.

Cuestionamiento a las cifras y represión

El COVID-19 hoy se expande por todo el planeta, cobrando hasta ahora miles de vidas, amenazando a la humanidad con el peligro de millones de muertes, agravando además las consecuencias de la crisis económica, aumentando la profundidad de la recesión de la economía mundial, acelerando las posibilidades de una depresión similar a la de 1929, en este sentido la burguesías y sus gobiernos adoptan mayormente medidas que priorizan por resguardar sus economías, más precisamente orientadas a intentar salvaguardar sus ganancias.

En este marco refirámonos a los resultados del manejo de Maduro al problema de la pandemia expuestos en el artículo y a las razones esgrimidas por el autor para explicarlos.

Según las cifras reveladas por la vocería gubernamental, Venezuela presenta un número de contagios y muertes por Covid 19, significativamente más bajo que sus vecinos continentales y otros países miembros de la OCDE como bien dice la nota de Katu Akonada.

No obstante estas cifras han sido muy cuestionadas por periodistas, profesores universitarios y trabajadores de la salud, quienes argumentan que no se realizan la cantidad de pruebas necesarias para detectar casos de Covid – 19, o que las que se realizan no son las más adecuadas y que además se ocultan reportes de casos. La respuesta del gobierno de Maduro ha sido la detención y sentencia a prisión, bajo los cargos de instigación al odio y de instigación pública  para quienes se han atrevido a cuestionar las cifras oficiales; como es el caso del periodista Darvinson Rojas (Caracas), el médico Rubén Duarte (estado Táchira), los trabajadores de la salud del estado Monagas Carlos Carmona, Julio Molina y Magalys Mendoza y la trabajadora de la empresa estatal Ferrominera, en el estado Bolívar Tania Rodríguez (esta última por rettwitear una información donde se cuestionaban las cifras oficiales). Pero también han sido detenidos trabajadores de la salud por denunciar pésimas condiciones laborales para el manejo de la pandemia, como falta de equipos de bioseguridad e insumos para el tratamiento de la misma como escasez de pruebas.

Más allá de la veracidad o no de estas denuncias, es preciso denunciar esta acción represiva y este ataque a la libertad democrática de expresarse, aspecto que el artículo en cuestión ni menciona.

Genera además mucha suspicacia que en medio de la tremenda escasez de gasolina, cuando aún no habían llegado los buques iraníes con el combustible y los ánimos de la población comenzaban a calentarse el gobierno empezó a revelar un incremento en los casos de contagio de manera repentina y consecutiva, haciendo llamados a extremar la cuarentena lo que hace pensar en dos posibilidades, o eran casos inventados para sembrar pánico y evitar protestas, como pensaba una parte importante de la población, o como es más probable, el gobierno habría estado ocultando información y se vio obligado a revelar estos casos haciendo el antes mencionado uso político de los mismos. La continuidad del incremento en los casos de contagio parece indicar esto último.

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Otro elemento que artículo destaca pretendiendo minimizar la responsabilidad gubernamental es la “foraneidad” de los contagios. En un país con las fronteras cerradas y con los pasos entre ciudades también cerrados y controlados y en el que en sus fronteras se están realizando las pertinentes pruebas a quienes ingresan por las mismas (son las afirmaciones de los voceros oficiales), no deja de resultar curiosos que estos casos “foráneos” se detecten en los lugares de residencia de los supuestos inmigrantes, se podría alegar que eran casos asintomáticos, pero es que el gobierno afirma que coloca en cuarentena a todo el que ingresa al país en las mismas fronteras, en albergues dispuestos para tal fin. Entonces, o el gobierno miente descaradamente al calificar a de “foráneos” (que sin duda existen) todos los casos de contagios, tratando de evadir sus responsabilidades para con los mismos o los controles sanitarios en las fronteras no son tan efectivos.

El gobierno sostiene que muchos de estos casos ingresan al país por pasos fronterizos ilegales, burlando los controles sanitarios, lo que no es sino la confesión de que la seguridad fronteriza es un desastre, con lo que en este contexto de pandemia la seguridad sanitaria de la población estaría en un franco riesgo.

¿Medidas estrictas de cuarentena o cuarentena con garantías?

Es un hecho innegable que, conocidos los primeros casos de Coronavirus en el país, Maduro, a diferencia de otros presidentes del continente, se apresura a decretar cuarentena, cierra las fronteras con sus países vecinos, principalmente con Colombia y en coordinación con las autoridades regionales prohíbe los pasos de una ciudad a otra a lo interno del país, orientando al aislamiento social como manera de prevención, circunscribiéndose a seguir las orientaciones de la OMS.

Pero dos cosas se obvian en el artículo en cuestión, la primera es el trato irresponsable que durante el mes de febrero, dio Maduro al tema del Covid19, sin tomar ninguna medida preventiva para el enfrentamiento de la pandemia, llegando a  afirmar, haciéndose eco del discurso de la burocracia China que: “el coronavirus es un arma imperialista contra china” (DW 22/03/2020), el otro aspecto es, recién llegado el coronavirus a territorio venezolano, la solicitud de un préstamo al imperialista FMI, por el orden de 5 mil millones de dólares, pretendiendo continuar el endeudamiento crónico del país y además hacer pasar la idea de que los efectos de la pandemia en el país serian producto de la negativa de dicho préstamo, evadiendo la responsabilidad gubernamental.

Contrario a lo que pretende expresar Akonada en su nota, el carácter “estricto” de la cuarentena decretada y aplicada por Maduro, lejos está de significar la adopción de medidas tendientes a ofrecer garantías para una cuarentena real en condiciones adecuadas,  el elemento central para Maduro hacer cumplir la cuarentena ha sido la represión. ¿Será que a esto se refiere el autor cuando habla de estricto?

Lejos del gobierno garantizar por lo menos el abastecimiento de comida suficiente y el acceso a servicios básicos para los trabajadores y habitantes de los sectores populares, la cuarentena en el país comenzó sacando el ejército a la calle y poniendo en manos de militares y cuerpos policiales todo el operativo de enfrentamiento a la pandemia, hay infinidades de testimonios de enfrentamientos que se generaron entre los cuerpos represivos y habitantes de barrios populares cerrados a quienes se les impedía llegar al centro de las ciudades para abastecerse de alimentos, durante los primeros meses (marzo – abril)  hubo reiteradas protestas y manifestaciones de calle por hambre y falta de acceso a servicios básicos que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado, con un saldo significativo de detenidos, heridos, allanamientos de vivienda y al menos un muerto (en la ciudad de Upata, estado Bolívar).

En conclusión, el gobierno de Maduro al igual que muchos gobiernos, pretende controlar la pandemia y aplicar medidas que son reconocidas sanitariamente como correctas, como el aislamiento social, sobre la base de mecanismos represivos y coercitivos contra la población y no sobre la base de brindar una solución real a los problemas que obligan a la población a salir de sus casas, como es la necesidad de proveerse de alimentos, medicinas y servicios básicos.

Como se dice en la nota, en su alocución en cadena nacional del día 22/03/2020 Maduro anuncia radicalización de la cuarentena, imponiendo restricciones a la movilidad y el uso obligatorio de mascarillas y guantes, pero lo que no menciona es que el Estado no garantiza para nada la dotación de estos implementos de bioseguridad entre la población e incluso ya nos hemos referido a las denuncias por parte del personal que labora en el sector de la salud de las fallas en las dotaciones de los mismos entre ese personal.

En la misma alocución, Maduro para implementar la cuarentena, anuncia además una serie de medidas que disfrazadas con el discurso de proteger al pueblo en el fondo lo que persiguen es preservar las ganancias de empresarios y comerciantes, tales como la exoneración del pago de salarios por seis meses, los cuales fueron asumidos por el Estado venezolano, la suspensión por igual periodo de tiempo del pago de capital e intereses de créditos (siendo que la población de bajos recursos hace más de dos años que no recibe créditos) y el direccionamiento de la cartera crediticia estatal para financiar a la burguesía de los sectores alimentos, fármacos, higiene, entre otros.

Akonada hace destaque en tres anuncios específicos que a su juicio estarían “protegiendo los derechos sociales y laborales del pueblo venezolano” como son: la emisión de un decreto para ratificar la inamovilidad laboral en todo el país hasta el 31 diciembre de 2020 por lo menos, la activación de un plan especial para el pago de las nóminas de la pequeña y mediana industria y comercio a través del sistema patria, por un lapso de 6 meses, desde marzo y hasta agosto para todo el sector privado y la supresión del pago de alquileres de locales comerciales y viviendas principales, de manera inmediata y también por 6 meses. Detallemos:

En primer lugar la medida de ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31/12/2020, no pasa ser un anuncio demagógico, todos en el país somos testigos de los reiterados despidos de trabajadores tanto del sector público como privado, bajo el amparo del Ministerio del Trabajo, violando dicho decreto, y a sabiendas además de que con el memorándum 2792[1] el gobierno dejó a los patronos públicos y privados la manos libres para violar convenciones colectivas, modificar condiciones laborales y reducir personal, esto vienen los patronos aplicándolo, dejando en la calle y sin salarios a centenares de trabajadores.

La activación del plan especial para el pago de las nóminas de la pequeña y mediana industria y comercio, así como a los trabajadores del sector informal, aparte de que exonera a los patronos (incluso a los de grandes empresas que también se apegan al plan) de pagar salarios durante seis meses, libera a los patronos de pagar los bonos basados en la referencia del dólar (sin incidencia salarial) que venían cancelando para retener a su personal en medio de la brutal crisis que golpea al país.

Los pagos de la nómina pasan a ser asumidos por el Estado, al igual que los pagos a los trabajadores informales. Ambos pagos se realizan través de asignación de bonos a quienes tienen el llamado “Carnet de la Patria” (práctica que ya tiene varios años), lo cual introduce un componente discrecional y clientelar, debido a que para recibir dichas asignaciones el requisito previo es ser portador de dicho carnet, por lo que no necesariamente “los 6 millones de trabajadores del sector privado y de la economía informal”  serían beneficiarios de dicha medida, además del consabido elemento de control social. Estas asignaciones son garantizadas mediante la emisión de dinero inorgánico, con sus consabidas consecuencias de agravamiento a la hiperinflación que azota al país y cuyas víctimas principales son los trabajadores y habitantes de los sectores populares, quienes ven disminuida su capacidad de consumo, debido a que la inflación avanza más rápido que el ingreso promedio de los trabajadores, siendo que estos pagos apenas alcanzan los 2,5$ al mes, lo cual es totalmente insuficiente para cubrir una cesta básica que supera los 300$ .

En cuanto a la exoneración del pago de alquileres, aunque bien podría ser una medida que beneficiaría  a cientos de miles de trabajadores y humildes habitantes de barrios y urbanizaciones que viven alquilados, esto se queda en el discurso y la demagogia, debido a la ausencia de mecanismos que la hagan realmente efectiva, siendo además insuficiente al no contemplar el problema de los cientos de miles de venezolanos que carecen de lugar para vivir y que no tienen condiciones ni siquiera de alquilar, a diario se continúan sucediendo los desalojos de viviendas y habitaciones por falta de pago de arriendo, sin que las victimas de los mismos tengan donde ir a quejarse, problema que se agrava con unos niveles de ingreso mensuales que no alcanzan para comer, menos para pagar alquiler y servicios.

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Los realmente favorecidos por la medida son los sectores del empresariado nacional y transnacional que arrenda grandes locales comerciales e industriales y la burguesía asociada al negocio inmobiliario y arrendatario que se vera beneficiada con las anunciadas compensaciones y donde seguramente tendrá lugar más de un fraude, y posiblemente de rebote algunos comerciantes minoritarios que alquilan pequeños locales y que con la moratoria se verían exentos de pagar alquiler por el periodo anunciado.

Otra cosa que no menciona el artículo en cuestión, es que ahora cuando los casos en Venezuela comienzan a aumentar con mayor rapidez (actualmente se habla de 2814 casos confirmados y 23 muertes) y cuando se hacen estimaciones acerca de que el epicentro de la pandemia se estaría trasladando a Latinoamérica, Maduro, de manera similar a los gobiernos del que el autor lo diferencia en su texto, anuncia medidas para flexibilizar la ya poco garantizada cuarentena, incorporando mayor cantidad de sectores de trabajadores de vuelta a las labores y presionando para la “vuelta a la normalidad”, preparando incluso el terreno para que se incorporen a la actividad laboral los trabajadores de la administración pública, lo que aumentaría el peligro de contagio y pondría más en riesgo sus vidas.

¿Un sistema de salud pública de proximidad?

Este es un segundo elemento de importancia que el autor señala como explicación para las bajas cifras de contagios y muertes por Covid 19 en Venezuela. Más allá de nuestros sinceros deseos de que Akonada tuviese razón en este aspecto, tenemos que decir que esto no pasa de ser una falsa ilusión que nada tiene ver con la realidad.

Todos los venezolanos conocemos el desastre del sistema de salud, los casi trescientos hospitales públicos del país están en condiciones deplorables, sin medicinas, ni los insumos necesarios para que el personal médico, de enfermería y de limpieza pueda llevar a cabo sus labores; con su infraestructura totalmente destruida y hasta sin agua, en esas condiciones están inclusive los 46 hospitales a los que se les dio la denominación de “centinelas”, por ser los “centros pilotos” de atención a la pandemia. Las “572 clínicas populares creadas por Hugo Chávez”, los llamados CDI que Akonada menciona en su texto, si alguna vez existieron en tal cantidad, hoy están totalmente desaparecidas y las que existen carecen de la dotación mínima necesaria.

El autor hace mención a haberlos visto en funcionamiento en el año 2003, durante su estadía en Venezuela, no está demás recordarle que estamos en 2020 y que durante 17 años mucha agua ha pasado por debajo del puente, años de desinversión en el sistema de salud (priorizando los pagos de deuda externa), recortes en su presupuesto tanto para gastos de infraestructura, dotación de insumos y medicinas y pagos de personal, desmantelaron el sistema de salud pública, los médicos cubanos ya escasean en el país, muchos han tenido que repatriarse y otros que abandonar la misión ante la imposibilidad de seguir viviendo con sueldos miserables y debido a los recortes en sus condiciones de hospedaje, comida y estadía, los CDI populares hoy carecen de medicinas e insumos para hacer incluso la atención preventiva, muchísimos de ellos han pasado a ser viviendas familiares o de algunos médicos que anteriormente los atendían, esto en el mejor de los casos, otros han degenerado en basureros comunitarios y guaridas de antisociales (en menor medida cabe decir gracias a la acción de la comunidad que aún los preserva y no por meritos del gobierno que al contrario los abandono a su suerte).

“El uso masivo de la tecnología”

Para describir el tercer elemento, el tecnológico siendo usado de manera masiva, Akonada se refiere al arribo al país el 30 de marzo de 2020, de un avión procedente de China “cargado con medicamentos, respiradores, máquinas portátiles de ultrasonido de color, kits de pruebas de acido nucleico, mascarillas médicas y trajes de protección” así como personal de salud chino para el apoyo y asesoría técnica, más de un millón de test rápidos que se estarían aplicando masivamente y afirma junto con la vocería oficialista que hasta ahora se han aplicado “700 mil pruebas de detección de Covid 19, más de 23 mil pruebas por millón de habitantes una de las tasas mas altas del mundo”.

El arribo al país de la misión china, es innegable, ha sido público y ampliamente divulgado por voceros gubernamentales a través de medios oficiales, así como también por medios privados, aunque algunos elementos no concuerdan, por ejemplo el autor hace mención a la llegada de más de un millón de test rápidos, mientras la Vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez habla de la llegada de apenas de 500 mil test de este tipo (AFP 30/03/2020).

Pero obviemos este detalle numérico menor, algo que no se explica en la nota es adonde fueron a parar esos insumos, porque somos testigos y ya hemos mencionado las permanentes denuncias de trabajadores de la salud, sobre la falta de insumos de ese tipo en los hospitales y centros de salud, aparte de que en estos – y esto no nos lo ha contado nadie, para usar las mismas palabras del autor, lo vemos a diario con nuestros propios ojos quienes vivimos en Venezuela y acudimos a los hospitales públicos – es notoria la falta de respiradores, camas de terapia intensiva, equipos de ultrasonido, entre otros (en el país por ejemplo, existen sólo tres tomógrafos operativos en la red hospitalaria pública), así como es evidente la escasez de equipos de bioseguridad para los pacientes e incluso para el personal médico y de enfermería, que la mayoría de las veces tienen que procurarse de los mismos por sus propios medios.

Como testimonio de esta última situación podemos señalar los esfuerzos del Sindicato de Trabajadores de la Salud Distrito Capital (Sintrasalud – Capital) que ha usado sus finanzas para comprar equipos de bioseguridad y ha realizado jornadas de entrega de los mismos en diferentes centros de salud de la ciudad de Caracas.

En cuanto a la gran cantidad de pruebas realizadas “una de las tasas mas altas del mundo”, en primer lugar debemos decir que el número está por debajo de las ofrecidas por Maduro, que en su conocida alocución del 22/03/2020, demagógicamente anunció la realización de 2 millones de pruebas semanales.

Akonada no aclara si estas 700 mil pruebas son pruebas rápidas o de las llamadas pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), sin embargo un informe de la ONU, coincidiendo con la cifra de las setecientos mil pruebas en general, sostiene que para el 21/05/2020 sólo se habrían realizado 16.577 pruebas PCR para detectar Covid-19, representando un 2,3% del total de pruebas realizadas, aunque menciona a partir de esa fecha un aumento de 100 a 600 pruebas diarias de ese tipo, que según los expertos son las más efectivas para la detección y las que arrojan los resultados más veraces. Si esto lo relacionamos siempre con las constantes denuncias de los trabajadores del sector sobre la escasez de la realización de pruebas, tiene mayores signos de veracidad.

El papel de China

Otro elemento que se menciona en el artículo es el papel de China como socio clave, pretendiendo la nota mostrarnos esto como un elemento progresivo e incluso antiimperialista, nada más alejado de la verdad, hay que explicarle al autor que China es en la actualidad un Estado capitalista, dirigido por la burocracia del PCCH, mediante una represiva y sangrienta dictadura, que es garante y socia de las actividades comerciales, industriales y financieras de una poderosa burguesía, que hoy tiene negocios en todo el mundo, sin distinciones ni problemas ideológicos. Así como hacen inversiones en Venezuela,  la hacen el Brasil de Bolsonaro y en la Argentina, aun en tiempos de Macri.

Sus inversiones en Venezuela son a través del mecanismo de una pesadísima deuda (que asciende a más de 40 mil millones de $), que se cobran en petróleo y con la apropiación de una gran parte de las reservas de hidrocarburos y minerales del país, además de imponer condiciones laborales brutales contra los trabajadores venezolanos, en la Faja petrolífera del Orinoco, por ejemplo, tienen zonas donde las relaciones laborales que establecen no están regidas por la legislación venezolana en materia del trabajo.

El supuesto antiimperialismo chino, evidencia su falsedad cuando mostramos hechos como el que las empresas chinas CNPC, CNOOC y SINOPEC en sus negocios en Venezuela (y en otros países) están asociadas con empresas imperialistas. SINOPEC mantiene varias asociaciones con la Exxon, CNPC con la Shell y CNOOC con Chevron, además de ser directamente asesorada por el banco Goldman Sachs.

La actual guerra comercial entre EE.UU. y China, fue abierta por Trump y tiene más que ver con el afán de este último de obtener mejores condiciones y beneficios en la relación comercial con China de los que ya tiene en la actualidad, que con las pretensiones del Estado chino de cuestionar la hegemonía gringa, China siempre ha actuado en esta guerra comercial reaccionando a los ataques norteamericanos, llamando a no dañar el comercio internacional y mostrándose dispuesta a aceptar condiciones.

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El papel de China en Venezuela, no tiene nada de antiimperialista y menos de progresivo, se limita a servir de sostén a una dictadura represiva como la de Maduro, similar a lo que hacen con regímenes dictatoriales como el de Angola y Zimbabwe.

Chavismo: “el retorno a lo público y el Estado fuerte”

También se refiere Akonada al chavismo, asociándolo con el retorno a lo público y a un Estado fuerte y que gracias a su existencia y pese a las sanciones, se estaría “derrotando al imperialismo y a la pandemia que azota al sistema mundo”.

Sería pertinente preguntarle al autor a qué retorno a lo público y a qué Estado fuerte se refiere (salvo que por Estado fuerte haga alusión a un Estado represivo). Si bien es cierto que durante varios años de los gobiernos Chávez se llevó adelante un proceso de nacionalizaciones de empresas, estas no excedieron más de 1500 empresas, de poco peso en la estructura económica del país y en muy malas condiciones tanto financieras como de infraestructura, salvo algunas excepciones como las empresas básicas de Guayana (que dicho sea de paso también estaban en muy malas condiciones operativas y financieras), la empresa de telecomunicaciones y la empresa eléctrica (donde ya el estado tenia una considerable participación).

Pero en la industria petrolera, principal y casi exclusivo sostén de la economía del país (96 de cada cien dólares que ingresaban al país vienen – y continua siendo así -, por esta via), desde 2007 se abrió la puerta para el proceso hacia su privatización, siempre bajo el discurso de nacionalización, que es lo que quizás confunde al autor; con la constitución de las empresas mixtas, donde las transnacionales pasaron de ser prestadoras de servicio a ser socias, convirtiéndose en copropietarias de las reservas y usufructuando directamente la renta petrolera.

Este proceso no ha parado de avanzar desde entonces, ya anteriormente mencionamos algunos ejemplos de 2016, pero no son los únicos, para esto también se han valido del remate de la industria a través de la emisión de bonos de deuda, y en este año 2020, continúan profundizando el proceso, como por ejemplo, con la constitución de la empresa PDV-Puertos el 11 de mayo del año en curso, encargada de la gestión de los puertos y terminales petroleras del país, que contará ingresos propios y facultad para hacer alianzas con agrupaciones nacionales e internacionales; y con la venta del 35% de las acciones de la refinería sueca Nynas, pasando de 50% a sólo el 15% de los títulos, renunciando a su posición mayoritaria, bajo el alegato del bloqueo a los activos de PDVSA, pero en realidad todo esto forma parte de un proyecto de reestructuración de la industria, hacia su privatización, que incluiría además la simplificación de la estructura de PDVSA, el enfoque de sus actividades únicamente en el sector petrolero, la eliminación de los subsidios y la modificación legal que obliga al Estado a tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas.

Además todas las empresas estatales (las que ya eran como PDVSA y las nacionalizadas), como en general todo lo público ha sido objeto de un durísimo ataque, a través de un fuerte proceso de desinversión y recortes presupuestarios, es así como todas las empresas estatales están casi en su totalidad quebradas, desmanteladas, produciendo por debajo de su capacidad instalada y la mayoría no produciendo directamente nada y en la más completa debacle, proyectos de obras publicas hoy yacen abandonados sin culminar (pero con el presupuesto bien agotado claro está) por toda la geografía del país.

Los sistemas de salud, de educación y las universidades públicas están el suelo, todas las instituciones de la administración pública se caen a pedazos, careciendo hasta de las cosas más elementales como material de oficina, papelería y material de limpieza, y ni hablar de los servicios públicos por demás ineficientes y privatizados en los hechos, debido a que para adquirir por ejemplo una bombona de gas doméstico y/o una comunidad tener acceso a agua potable a través de cisternas (debido a que en una infinidad de comunidades no llega agua por tubería), el ciudadano o la comunidad respectivamente deben desembolsar considerables sumas de dinero, generalmente en divisa extranjera.

Todo esto ocurrido mientras se pagaba la deuda externa incluso por adelantado y se continúa hasta hoy priorizando por sus pagos.

Lo más reciente en este proceso ha sido el aumento de la gasolina, tomando como referencia el valor del cada vez más elevado dólar oficial, llevándola a 0,025$ la gasolina subsidiada; y la privatización de su suministro, a través de la autorización de 200 estaciones de servicio para operar como estaciones de servicio Premium, donde se expende la gasolina al precio internacional de 0,50 $; y donde se autoriza formalmente el pago en esta moneda extranjera (y también en otras como el Euro), lo que además abre las puertas para avanzar hacia una dolarización formal de la economía, más allá de la que ya viene ocurriendo por la via de los hechos con los precios de las mercancías.

Además Maduro aplica un brutal paquete de ajuste contra los trabajadores venezolanos que incluye devaluaciones sucesivas de la moneda y la destrucción del salario que hoy apenas supera los 2,5$ mensuales, violaciones y en muchos casos eliminación de las convenciones colectivas, implementación de tablas salariales de hambre, despidos y ataques a los derechos y libertades sindicales.

Cabría preguntarse si esto es lo que Akonada llama derrota al imperialismo, porque en lo que al enfrentamiento a la pandemia respecta, como ya hemos visto el gobierno burgués de Maduro, lejos de brindar garantías para una cuarentena en condiciones adecuadas, aplica medidas represivas, de salvaguarda a las ganancias de los capitalistas y además pretende flexibilizar la cuarentena a riesgo de la salud y la vida de millones de trabajadores, nada diferente a otros gobiernos burgueses del continente y del mundo.

Las sanciones imperialistas

A este respecto, no queda claro en el texto, si Akonada atribuye a estas la responsabilidad de la crisis venezolana, pero por si acaso debemos mencionar, que las sanciones económicas contra el país, el embargo de activos de la nación en el extranjero, principalmente los de la filial de PDVSA en EE.UU, CITGO, así como del oro venezolano depositado en bancos del Reino Unido y dinero venezolano depositado en bancos extranjeros producto de la exportación petrolera; son medidas que empezaron a adoptarse en agosto de 2019 (el autor erróneamente señala como fecha de inicio el año 2018), mientras que la crisis que azota al país, la peor de su historia reciente, se arrastra desde 2013, y el proceso hiperinflacionario desde 2017. Por lo que queda claro que no son estas la causa de la crisis como pretende hacer ver el gobierno y como repiten sus apoyadores a nivel internacional.

Estas sanciones, constituyen un factor agravante en la brutal crisis que padecen los venezolanos, por eso reiteramos nuestro repudio hacia las mismas y exigimos su cese inmediato, así como también rechazamos cualquier tipo de injerencia proveniente del imperialismo en alianza con sus títeres de la oposición patronal venezolana.

Sin embargo, consideramos equivocado pretender plantear algún tipo de solución a la crisis venezolana, sin derrocar al gobierno de Maduro, los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela deben movilizarse con independencia del imperialismo y de la oposición burguesa del país, con el objetivo de expulsar a Maduro del poder, como punto de partida para la implementación de un plan económico desde la perspectiva de los intereses y necesidades del pueblo trabajador, sólo así será posible superar la crisis económica en nuestro favor y derrotar al imperialismo y la pandemia.

Nota:

[1] Instrumento discutido entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Trabajo y al final firmado, asumido y ejecutado por este último, a través del cual se deja a potestad de los patronos públicos y privados la posibilidad de “revisar y modificar” condiciones de trabajo establecidas en convenios individuales o colectivos si están se consideran onerosas y consideran que implican un riesgo para la existencia de la fuente de trabajo, en base a este instrumento muchas empresas publicas y privadas han reducido personal, despidiendo o suspendiendo “trabajadores”  y eliminado beneficios contractuales.