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La situación de catástrofe económica y social que azota al país está lejos de ser superada, al contrario, continúa agravándose y profundizándose, el gobierno de Maduro es el absoluto responsable de la trágica situación, destruyendo el aparato productivo nacional y conduciendo la economía de manera desastrosa, aparte de descargar contra los trabajadores un ajuste brutal.

Por: Leonardo Arantes

Desde que Nicolás Maduro asumiera la presidencia en 2013, el producto interno bruto (PIB) del país se ha venido contrayendo de manera acelerada, sólo en el recién concluido 2019 la contracción ha sido de 19,2%; con lo cual la caída acumulada desde 2013 hasta la fecha es de 71,4%.

La destrucción de la economía es tan alarmante que el mismo Banco Central de Venezuela (cuyo directorio es de orientación claramente oficialista) se ha visto en la obligación de romper su silencio estadístico de más de cuatro años y revelar una caída de 19,1% en la actividad petrolera durante el año 2019, reconociendo un descenso en la producción de crudo de 3,2 millones de barriles por día (bpd) hace 10 años a 912 mil barriles diarios en promedio. Las cifras del ente emisor también revelan para ese año una caída en los sectores de la construcción (74,1%), manufactura (56,3%) e instituciones financieras y seguros (55,6%) al respecto del mismo período de 2018.

Sin embargo, en su reporte del mercado mundial petrolero, difundido a finales del año pasado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se expone que la extracción petrolera promedio en Venezuela fue de sólo 697 mil barriles diarios durante el 2019, lo que muestra que el oficialista directorio del BCV, estaría inflando las cifras de producción de crudo, para justificar el discurso gubernamental de una supuesta recuperación económica que no se ve por ningún lado.

Más aún un informe de coyuntura económica presentado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a finales de 2019, señala que la producción petrolera registró un retroceso acumulado desde 2013 de 74%, al pasar de 2.894 millones de barriles diarios a menos de 700 mil barriles en el 2019. La mayor parte de esta caída se produjo en los últimos tres años (70,7%) y las razones se relacionan con la completa destrucción la industria petrolera, fallas de gestión, falta de mantenimiento, bajo nivel de inversión, pésimos servicios de apoyo y recientemente a las sanciones internacionales.

Situación similar atraviesan las empresas básicas de Guayana, cuya producción sin excepción está por debajo de su capacidad instalada, todas las empresas estatales productoras de alimentos, manufacturas, servicios y demás se encuentran en estado deplorable.

Esto debido al proceso de desinversión en las mismas, debido a que el de Chávez antes y el gobierno de Maduro ahora priorizaron por los pagos de deuda externa, por garantizar los beneficios a la burguesía local y transnacional, por los negocios de la boliburguesía, la burguesía transnacional y la burocracia roja – rojita civil y militar, quienes fueron los ejecutores y beneficiarios, a través de la asignación de divisas a precios preferenciales para la importación, de la mayor fuga de capitales conocida en la historia del país que algunos estudios como el de Luis Enrique Gavazut, estiman en más de 500 mil millones de $ en los años de existencia de CADIVI de 2003 a 2013, a esto habría que sumarle luego el capital fugado vía Cencoex, Dicom y demás mecanismos de asignación implementados por el gobierno de Maduro.

Con el derrumbe de su vital producción, la petrolera, el país atraviesa la peor crisis de su historia reciente.

La situación de los trabajadores.

En medio de la grave crisis económica y social que atraviesa el país, como no podía ser de otra manera en un país capitalista como Venezuela, los trabajadores somos quienes pagamos sus costos, víctimas del aumento exacerbado de los precios, el desabastecimiento (aunque este no sea actualmente el principal problema), los bajos salarios, el desempleo, los despidos, la falta de vivienda, las condiciones precarias de la salud y la educación y el deterioro de los servicios.

Según el informe de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), la inflación del mes de diciembre del año 2019, se ubicó en 33,1%, arrojando una inflación acumulada para el año de 7.374,4%. De otro lado el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS) señala un incremento en el costo de la canasta alimentaria a Bs. 5.543.084,29 en el mes de noviembre del año pasado, lo que representa una variación intermensual de 30,3%, es decir, un incremento de 1.290.184,76 Bs. Demostrando así que la inflación continúa su tendencia alcista, destruyendo cada vez más los salarios de los trabajadores, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo.

Recientemente, mediante la publicación de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.502, decretos 4.093 y 4.094 el gobierno realizó un incremento nominal del salario mínimo mensual, llevándolo a Bs. 250.000 y los tickets de alimentación a Bs. 200.000, y que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2020; lo que considerando un dólar a 80.000 Bs., representa un salario mínimo de apenas 3$ y un ingreso mínimo mensual de escasos 5,6$. La destrucción del salario es alarmante si consideramos que, para agosto de 2018, cuando el gobierno de Maduro anunciara el lanzamiento del llamado “Plan de Recuperación Económica” el salario mínimo mensual era de 30$.

Al momento de escribir este artículo no contamos con los datos de la canasta alimentaria de diciembre, pero tomando como referencia los datos disponibles, un trabajador requeriría de 22 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta alimentaria, alcanzando el actual salario mínimo para cubrir apenas 4,5% de la canasta alimentaria.

Adicional a esto las trabajadoras y los trabajadores del país padecen condiciones de vida muy adversas, obligados a hacer colas enormes para adquirir gasolina para los vehículos, invirtiendo a veces hasta un día entero en esto, un calvario similar se vive para adquirir el gas doméstico, todo esto producto de la destrucción de la industria petrolera y de las fallas en el suministro de ambos rubros, en un país con enormes reservas petroleras, sin olvidar el deplorable estado del transporte público, la escasez de dinero en efectivo, los constantes apagones y fallas en el suministro de agua.

Durante el mes de diciembre, el gobierno pretendiendo paliar el rechazo y descontento popular asignó a jubilados, pensionados y trabajadores activos de la administración pública central la cantidad de medio Petro (criptomoneda creada por el gobierno, con supuesto respaldo en las reservas petroleras del país y valorada en un barril de petróleo), esto quiso ser presentado por la vocería oficialista como un regalo del gobierno para el pueblo, pero la realidad fue que sometió  a los trabajadores y jubilados a una verdadera calamidad al tener que invertir gran parte del tiempo del asueto y las fiestas decembrinas en hacer largas colas para adquirir alimentos y bienes básicos, con un sistema de pago permanentemente caído y siendo víctimas del abuso inescrupuloso de comerciantes especuladores.

También debemos señalar como un hecho muy grave el aumento de la escalada represiva por parte del gobierno dictatorial de Maduro que amedrenta, detiene y amenaza a dirigentes sindicales y sociales mediante los servicios de inteligencia (SEBIN) y cuerpos policiales, que reprime con violencia inusitada las manifestaciones obreras y para agravar la situación la creación y actuación del denominado FAES (Fuerza de Acciones Especiales, verdadero cuerpo de delincuentes con uniforme, chapa policial y armamento) que criminaliza la pobreza y entra en los barrios para detener, secuestrar y realizar ejecuciones sumarísimas con el argumento de combatir el hampa.

Además, Maduro aplica un paquete de ajuste brutal, que descarga el peso de la crisis sobre la espalda de la clase trabajadora, integran entre otras medidas este paquete antiobrero y antipopular: el mantener un salario mínimo y una pensión de apenas tres dólares mensuales, la bonificación salarial, el ataque a las conquistas y beneficios laborales, la violación y derogación en los hechos de los contratos colectivos con el memorando 2792, tanto en el ámbito público como privado, la desinversión en las empresas estatales y nacionalizadas, así como en los  sistemas de salud y educación, la reprivatización de empresas nacionalizadas, la permanente devaluación del tipo de cambio (con su consecuente efecto de aumento de precios y deterioro salarial), la eliminación en los hechos del control de precios, la exoneración de las tasas aduaneras y de obligación de cancelar impuesto sobre la renta para los importadores, las transnacionales petroleras y de alimentos y la dolarización de las transacciones comerciales, mientras que para cubrir este hueco en las cuentas fiscales se cobra el Impuesto al Valor Agregado (IVA, aumentado en agosto de 2018), se aumentan las tarifas para la obtención del pasaporte, las tasas aeroportuarias, las tarifas del gas y servicios de telefonía pública, entre otros.

Los Límites de la Oposición Burguesa 

Queda claro que, frente a una crisis de tales proporciones, los trabajadores no pueden permanecer en sus casas, es necesaria su movilización autónoma e independiente, poniendo en el centro de la escena sus reivindicaciones para derrotar el ajuste antiobrero y antipopular y expulsar a Maduro del gobierno.

Esta realidad impone límites a la oposición burguesa, que por su carácter de clase y su sumisión al imperialismo no puede ir a fondo contra las medidas de ajuste gubernamentales, de corte neoliberal, con las que al final terminan coincidiendo y realizando afirmaciones del inicio de una prometedora transición económica, que en los bolsillos y la situación de la clase trabajadora no se siente para nada.

Resulta obvio que una dirección burguesa y proimperialista como la encabezada por Juan Guaidó y los partidos del llamado G4, de mayoría en el parlamento, no puede estar en contra de que se paguen salarios de hambre, se reprivaticen empresas, se cumpla puntualmente con los pagos de deuda externa, se aumenten las tarifas de los servicios, se impongan impuestos regresivos y demás. Al contrario, con otras palabras y haciendo uso de eufemismos el llamado Plan País de Juan Guaidó, plantea las mismas medidas que el gobierno viene aplicando en su paquete.

A la reprivatización de empresas la denominan “paso a la iniciativa privada”, a la aplicación de impuestos a los trabajadores y el pueblo humilde la llaman “disciplina fiscal”, al aumento de las tarifas de los servicios le dicen “eficiencia en la gestión pública” a los pagos de deuda y exoneración de impuestos a las transnacionales lo nombran “generación de confianza y atracción a la inversión extranjera” respectivamente.

Por eso esta dirección no puede hacer uso a fondo de la energía movilizadora de las masas y de los trabajadores, y se limita a usarla en ocasiones como un factor de presión para negociar en condiciones más favorables, por tal razón su prioridad son los “diálogos”, “negociaciones” y “acuerdos de cúpula” con el gobierno, de espaldas al pueblo.

El Gobierno Reafirma su Carácter Dictatorial 

El 5 de enero, en ocasión de que correspondía elegir la nueva junta directiva de la AN, el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV, reafirmaron su carácter dictatorial.

Las violaciones a las libertades democráticas han sido una acción reiterativa del gobierno de Maduro, su propia elección como Presidente de la República en 2013, fue un hecho muy cuestionado, luego desde 2015, han venido atacando libertades democráticas fundamentales por la vía de los hechos, ese año hicieron elegir de manera express un Tribunal Supremo de Justicia afecto a sus intereses, en 2016 declararon en “desacato” a la AN, cercenando sus competencias, un año después hicieron elegir la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se dedicó a legislar de forma arbitraria, con plenos poderes y con una duración indefinida, sin que hasta ahora haya redactado un solo artículo de la nueva constitución, que se suponía era su razón de ser.

Haciendo uso de poderes que le son afectos, como el judicial (TSJ) y electoral (CNE) se han dado a la tarea de inhabilitar diputados opositores, allanar inmunidades parlamentarias y montar elecciones fraudulentas como las de Gobernadores, las de Alcaldes y la más reciente de 2018, donde Maduro resultó reelecto presidente.

Adicional a esto, es constante la persecución y criminalización de dirigentes políticos, sindicales y sociales que disienten o protestan, las detenciones a gobernadores, alcaldes y diputados opositores; la aplicación de la justicia militar a civiles por protestar como en el emblemático caso del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González y el mantener encarcelado sin juicio (que lo sentencie o la absuelva) al activista obrero Rodney Álvarez por un crimen que no cometió, y así infinidades de violaciones a las libertades y derechos humanos.

Lo ocurrido el referido día 05/01/2020, fue que en su afán de controlar la única institución del régimen que no le es afecta, el gobierno dictatorial de Maduro urdió e implementó una estrategia para conformar una Junta Directiva del parlamento más afecta a sus intereses, contando con el acuerdo de un conjunto de diputados corruptos de los partidos de la oposición burguesa, donde los diputados que integran la fracción de Juan Guaidó, señalan que hubo sobornos y compra de voluntades, por el orden de un millón setecientos cincuenta mil dólares, lo cual no sería de extrañar siendo que varios de estos diputados ya estuvieron involucrados en un caso de corrupción asociado al manejo de las cajas clap, que llevó a la expulsión de los partidos donde militaban.

Y es que pese a no estar en el gobierno la dirección política de la oposición burguesa es bastante corrupta. Ya el año pasado hubo evidencias de corrupción en el manejo de los recursos enviados por el imperialismo y los gobiernos del Grupo de Lima a esa dirigencia política para la “ayuda humanitaria” y para la atención a los policías, guardias y militares que rompieron con el gobierno y se refugiaron en Cúcuta en el mes de febrero del 2019.

Lo ocurrido en la AN, es una expresión muy clara de la crisis política que atraviesa el país y refleja dos procesos combinados, por un lado, la pretensión del gobierno de construirse una oposición más potable a sus intereses, contando con la alianza de dirigentes y partidos minoritarios de la oposición burguesa y por el otro la profunda división y podredumbre existente en el conjunto de los partidos de dicha oposición.

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), siempre hemos sostenido que la clase trabajadora y los sectores humildes de la población, no podemos depositar ninguna confianza en esta dirigencia política, los Guaidó, Ramos Allup, Claudio Fermín, Henry Falcón, entre otros y los partidos patronales y proimperialistas que representan no son nuestra alternativa, sólo nuestra movilización autónoma en tanto clase trabajadora, poniendo en el centro nuestras reivindicaciones e intereses más sentidos y en alianza con los sectores populares, podrá derrotar el ajuste antiobrero y antipopular de Maduro, expulsar a Maduro del gobierno e implementar un programa que plantee una solución a la crisis en beneficio de los trabajadores y el pueblo.

Los partidos de la oposición burguesa son tan corruptos como el PSUV y la cúpula cívico – militar que hoy dirige al país y que se enriquece usufructuando y dilapidando la renta petrolera, sus compromisos son con el imperialismo, los empresarios, las transnacionales, y los gobiernos reaccionarios de América Latina. Su pretensión es llegar al gobierno para enriquecerse a través de la administración directa de la renta petrolera y otros negocios devenidos de gestionar el aparato del estado. Nada tienen que ver ni les interesan las penurias que hoy padecen los trabajadores y habitantes de los sectores populares del país.

Un Programa para Salir de la Crisis. Fuera Maduro 

Este año 2020 ha comenzado con muy malas perspectivas para la clase trabajadora del país que sigue padeciendo los rigores del paquete de ajuste que Maduro y su gobierno vienen aplicando y que es de manera muy discreta apoyado y dejado correr por los partidos de la oposición burguesa. Mientras estas direcciones políticas, burguesas ambas, se diputan espacios de poder (en este caso específico el control de la dirección de la AN) y ventanas para sus negocios, los trabajadores sentimos los efectos de la devaluación y el incremento exacerbado de los precios de los alimentos y productos básicos, gran parte de la población fue engañada por el gobierno con la asignación del medio petro y las condiciones de vida continúan pauperizándose, mientras el salario se vuelve menos que sal y agua, y seguimos sufriendo hambre y miseria.

Esto nos plantea un escenario donde no nos queda otra alternativa que organizarnos por la base y movilizarnos para defender nuestros derechos elementales, derrotar el ajuste y echar a Maduro del gobierno, esa es la única manera de terminar con esta situación a la que estamos siendo sometidos.

Sólo organizándonos desde los centros de trabajo, discutiendo en reuniones y asambleas de base e implementando planes de lucha unificados podemos construir una gran lucha nacional o huelga general que derrumbe a este gobierno hambreador, corrupto y represivo. Todo esto combinado con movilizaciones masivas en las calles y con total independencia de cualquier dirección burguesa como la de Guaidó y demás dirigentes y partidos de la oposición burguesa. Esta lucha debe estar dotada de un programa que debe partir del Fuera Maduro, pasando por la derrota de su política de ajuste y por un plan económico en favor de los trabajadores y el pueblo humilde.

Fuera Maduro.

Ninguna confianza en Guaidó y los partidos de la oposición burguesa.

No al pago de la deuda externa.

Por la confiscación de los bienes de corruptos e importadores fraudulentos. Repatriación de los capitales fugados.

Nacionalización 100% de la industria petrolera, sin transnacionales, ni empresas mixtas.

Salario mínimo igual a la canasta básica indexado mensualmente de acuerdo a la inflación

Por la defensa de las convenciones colectivas, contra su violación y eliminación.

Por la defensa de los derechos sindicales, no a la intromisión estatal en las elecciones sindicales, defendamos el derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus legítimos representantes.

Por la derogación del memorando 2792.

Contra los despidos y suspensiones en empresas públicas y privadas.

Basta de criminalizar la protesta. Libertad para Rodney Álvarez y Rubén González y demás detenidos por protestar.

Por un Gobierno de los Trabajadores.