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La situación caótica en Venezuela, inmersa en una profunda crisis económica y social, generó una crisis migratoria en el continente sudamericano. Todos los días, millares de venezolanos dejan su país huyendo de la miseria, del desempleo y del hambre. Colombia, Ecuador y Brasil son los principales destinos de los inmigrantes venezolanos.

Por PSTU-Brasil

En Brasil, esta es la segunda ola migratoria de la última década. La primera empezó después del terremoto en Haití en 2010. Ese pequeño país caribeño, que se encontraba bajo intervención de las tropas de la ONU, lideradas por el Brasil, ha visto su crisis social y económica profundizarse considerablemente después de esa tragedia. Millares de haitianos empezaran a buscar al Brasil, viajando por rutas clandestinas, explotadas por “coyotes” y llegaban al país, muchas veces, únicamente con la ropa del cuerpo. El Estado de Acre, principal ruta de entrada de los inmigrantes haitianos en Brasil, en la primera mitad de la década, ha pasado por situaciones parecidas con las que está pasando el Estado de Roraima en ese momento.

El gobierno Dilma (PT) tardó mucho en organizar una política migratoria y de acogida a los inmigrantes haitianos, que en muchos casos fueron llevados al sur del país por empresas y propietarios de tierras y sometidos a un régimen de trabajo esclavo. Hasta hoy millares de haitianos aun no obtuvieron su pedido de refugio concedido. Los datos del CONARE (Comité Nacional para los Refugiados, un órgano gubernamental) demuestran que más de 12 mil haitianos esperan el análisis del pedido del refugio. Hay procesos de hace 5 años que están esperando análisis.   

La ola migratoria de los haitianos reveló la verdadera intención de la política de intervención brasileña en Haití. El PT (Partido de los Trabajadores), al servicio de los intereses de las multinacionales norteamericanas, ha liderado una intervención con objetivos “humanitarios” para estabilizar al régimen político haitiano y garantizar la sobreexplotación de los trabajadores en las maquiladoras. En el momento en que Haití se ha involucrado en una profunda crisis económica y social, empeorada por el terremoto, el Estado brasileño, con sus fines “humanitarios”, ha dejado los haitianos librados a su propia suerte, llevando al surgimiento de una grande ola migratoria.

La inmigración venezolana

Los datos del propio gobierno federal revelan que la política de Temer es negligente con la situación de los inmigrantes venezolanos y demuestran la ineficiencia de la Operación Acogida y de la política de interiorización. 71 mil venezolanos esperan el análisis del pedido de refugio en Brasil. Solamente en 2018 más de 50 mil venezolanos han pedido refugio. En 2016 fueron cerca de 3 mil pedidos y en 2017 cerca de 17 mil pedidos. De esos pedidos, cerca de 55 mil fueron hechos en Estado de Roraima y otros 12 mil en Estado Amazonas. En total, cerca de 176 mil venezolanos entraron en Brasil, pero solamente 85 mil aún permanecen en el país. Una cantidad muy pequeña en vista de la población brasileña, que tiene más de 200 millones de habitantes. Hoy la migración venezolana representa menos de 1% de todos los inmigrantes del Brasil, que son más de 1,2 millones de extranjeros, que viven principalmente en Estado de São Paulo, cerca de 60%.

Por día, en Roraima, son hechos cerca de 200 a 300 pedidos de refugio y más 200 a 300 pedidos de residencia provisoria. Hay una diferencia importante sobre esas dos maneras de pedido de permanencia en Brasil. El pedido de residencia provisoria, en el caso específico de los venezolanos, fue facilitada por la portaría [decreto] interministerial nº 9, de 14 de marzo de 2018, que amplió a los inmigrantes venezolanos los criterios de residencia firmados por los países del MERCOSUL (que aún no abarcan la Venezuela, aunque sea un país miembro). Esa portaría reglamenta unos de los dispositivos de la ley nº 13.445, de 24 de mayo de 2017, (ley de migración) y permite la permanencia por 2 años del inmigrante extranjero. Sin embargo, aquellos que entran con pedido de residencia provisoria están más sujetos de ser deportador a su país de origen. En teoría, el gobierno federal no podría realizar tal cosa, pero los derechos legales de permanencia en Brasil de aquellos que piden residencia provisora son más frágiles que de los que piden refugio.  

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El instituto del refugio, a su vez, ofrece más garantías legales contra procesos de extradición, pero su actual reglamento tiene algunos límites. Por ejemplo, aquél que ha pedido refugio o tuvo su pedido de refugio autorizado en Brasil, no puede salir del país, pues corre el riesgo de perder inmediatamente la condición de refugiado. Pero hoy, el principal obstáculo para la concesión de refugio a los venezolanos es la política de Temer de dificultar el acceso a ese procedimiento. Actualmente, esperan análisis más de 130 mil pedidos de refugio, pero el CONARE solo consigue analizar de forma individual cerca de 200 a 400 por mes. Con ese ritmo, los procesos han tardado más de 2 años hasta ser analizados.

La ley nº 9.747, de 22 de julio de 1997 (estatuto del refugiado) prevé el reconocimiento del refugio en tres ocasiones: I – debido a fundamentados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o no quiera regresar a tal país; II – no teniendo nacionalidad e estando fuera del país donde tuvo su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él, en razón de las circunstancias descritas en el inciso anterior; III – debido a grave y generalizada violación de derechos humanos, es obligado a dejar su país de nacionalidad para procurar refugio en otro país. El CONARE hasta hoy no ha reconocido el grave proceso de violación de derechos humanos en Venezuela, aunque haya entrado en la pauta de las reuniones de ese comité y de ser una reivindicación de órganos federales como la DPU (Abogados Públicos de la Unión). El reconocimiento de cuadro grave de violaciones de derechos humanos en Venezuela permitiría hacer la concesión del refugio prima face, sin la necesidad de la entrevista y de forma colectiva. Facilitando el acceso de los inmigrantes venezolanos a los derechos sociales asegurados por la ley de migración.

La política de Temer es forzar a los inmigrantes venezolanos a entrar con el pedido de residencia provisoria, que tiene su proceso de análisis y concesión más rápido que el de refugio. La recusa en colocar en pauta en el CONARE el reconocimiento del cuadro de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y la edición de la portaría nº 85 de 21 de junio de 2018 del Ministerio del Trabajo son parte de esa política. La portaría n

º 85/2018 del Ministerio del Trabajo es un enorme retroceso para los derechos laborales de los inmigrantes venezolanos. Esa portaría cambia el proceso de emisión del documento laboral en Brasil, garantizando que solamente a los refugiados con el pedido de refugio deferido obtenga el documento laboral.

La Superintendencia Regional del Trabajo de Roraima (SRT-RR) ha emitido 14.311 documentos laborales para los venezolanos, en el periodo de setiembre de 2017 hasta julio de 2018. Solamente en los meses de enero hasta julio de ese año, la cantidad de emisiones llego a 11.547 documentos laborales, número que supera la suma de documentos emitidos en todo el año pasado para extranjeros en estado de Roraima. Eses dados revelan que gran parte de los inmigrantes venezolanos están en el país sin los documentos laborales. Como los pedidos de refugio tardan cerca de 2 años hasta ser analizados, los inmigrantes venezolanos se quedan todo ese tiempo sin la posibilidad de obtener un empleo formal y son empujados al trabajo informal, sin los derechos laborales y más vulnerables al trabajo en régimen de esclavitud.

Temer intenta obligar a los inmigrantes a pedir la residencia provisoria, pues por ese instituto queda más fácil sacar a los inmigrantes, que solo podrán pedir la residencia definitiva al final de 2 años de residencia provisoria, con la condición de que prueben su capacidad financiera para sostenerse en Brasil. En una situación de desempleo masivo en Brasil y considerando la xenofobia que infelizmente gana fuerza en algunos sectores de la sociedad brasileña, probablemente muchos inmigrantes venezolanos se encontrarán en la informalidad o desempleados y no tendrán las condiciones de alcanzar los criterios para obtener la residencia definitiva.  Ese movimiento del gobierno Temer de dificultar la concesión del refugio también intenta garantizar la creación de un ejército industrial de reserva, muy precario, que sirva de chantaje para los trabajadores, principalmente de los estados de Roraima y Amazonas, a aceptar condiciones peores y sueldos más bajos.

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Operación Acogida y el proceso de interiorización

La Operación Acogida, bajo el comando del ejército, iniciada en marzo de 2018 por el gobierno Temer es muy limitada ante el flujo migratorio de venezolanos. Esa iniciativa es resultado más de la necesidad del gobierno “demonstrar servicio” en razón de la presión de instituciones como ACNUR (Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados), el MPF (Ministerio Público Federal) y la DPU (Abogados Públicos de la Unión) y de la propia sociedad civil, que una tentativa de resolver el problema.

Hoy 13 abrigos están en operación, 2 en Pacaraima (RR) y los otros en Boa Vista (RR). Cada abrigo tiene capacidad para 500 personas, 5.700 personas están acogidas en eses abrigos actualmente. Casi 500 miembros del ejército están ubicados en esa operación y, en convenio con ACNUR y otras ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales), administran esos abrigos que tienen también la presencia de otras instituciones gubernamentales en el proceso de acogida. El proceso de orientación sobre los derechos y los procedimientos para entrar con pedido de residencia o refugio en Brasil es casi todo hecho por las ONG’s y por ACNUR.

Ante un flujo migratorio diario de cerca de 500 personas, la capacidad de la Operación Acogida es muy débil. Además, como fue registrada por la caravana de la CSP-Conlutas (Central Sindical y Popular) que ha visitado Roraima para prestar apoyo a los inmigrantes venezolanos, no es raro casos de humillaciones sufridas por los venezolanos en los abrigos de la Operación Acogida.

Otra iniciativa de esa operación es el proceso de interiorización, que hasta diciembre de 2018 alcanzo solamente 3.271 inmigrantes. Además de ser pequeña para el tamaño del flujo migratorio, ese tipo de iniciativa sirve más para demonstrar alguna “acción del gobierno” que para resolver la cuestión.

Es necesario enfrentar la situación con la clareza de que el cuadro de Venezuela no presenta señales de cambio en el corto periodo.  Eso significa que el flujo migratorio venezolano debe aumentar en los próximos años, con el riesgo que crezca de manera muy rápida, considerando que es enorme la instabilidad política en Venezuela. Una buena parte de los inmigrantes van a crear lazos sociales con el tiempo, y van a querer permanecer en Brasil.  

El estado de Roraima, principal puerta de entrada para los inmigrantes venezolanos tiene una población pequeña y una economía poco diversificada. Sin un aporte decisivo del gobierno federal para ampliar la oferta de servicios públicos, desarrollar la economía y mejorar la infraestructura de las ciudades de Roraima y Amazonas para garantizar los derechos sociales básicos de los inmigrantes venezolanos, la situación de los inmigrantes debe empeorar.

Millares de inmigrantes venezolanos viven en las calles, trabajan informalmente as veces por un plato de comida, no tienen acceso a baños y a insumos básicos para la higiene personal y sufren todo tipo de humillación y discriminación xenofóbica y racista, que está siendo alimentada por los políticos locales del estado de Roraima. Como por ejemplo el interventor nombrado por Temer y gobernador electo del estado de Roraima Antonio Denarium (PSL), del mismo partido del presidente electo Jair Bolsonaro, que dice públicamente que “los refugiados son la escoria del mundo”.   

¿Lo que debemos esperar del gobierno de Bolsonaro sobre la política migratoria?

Bolsonaro y su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, representan un retroceso para la débil política migratoria brasileña y deben atacar algunos de los avanzos conquistados con la nueva ley de migración. Bolsonaro, entre otras tonterías, ya dice que le gustaría cerrar la frontera de Brasil con Venezuela, ha revelado su intención de crear un campo de refugiados para los venezolanos y, de esa manera, excluir los inmigrantes de la convivencia y de una inserción en la sociedad brasileña. Hace poco, Ernesto Araújo, próximo ministro de Relaciones Exteriores, dice que va a sacar a Brasil del pacto global de migración, que fue aprobado por 163 países de la ONU en la primera mitad del diciembre de 2018. E, Antonio Denarium (PSL), gobernador electo de Roraima, que se ha elegido con un discurso contrario a los inmigrantes venezolanos, ya dice que quiere imponer un límite de entrada en la frontera y crear criterios para la entrada de los inmigrantes y refugiados.

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Existen esencialmente 3 grandes retrocesos que se puede generar a depender de las medidas a ser adoptadas por el Bolsonaro. La primera es que la Operación Acogida se convierta en un proceso de creación de un campo de refugiados. La segunda es que Bolsonaro inicie una política de extradición y devolución de los inmigrantes, que puede ocurrir de forma disfrazada. Y la tercera y más probable és que la débil y limitada legislación, basada en portarías ministeriales, que hoy reglamentan el proceso migratorio sean revocadas o alteradas para dificultar las condiciones de residencia y refugio a los inmigrantes venezolanos y intenten forzarlos a salir del país.

La declaración de Ernesto Araújo de que va sacar el Brasil del pacto migratorio global, obedeciendo a las órdenes de Trump, que impulsa el boicoteo a ese pacto, señala que la perspectiva de Bolsonaro é aplicar una política similar a de Trump, que busca criminalizar y organizar una política de extradición masiva. El pacto migratorio global, mientras tanto sea muy limitado y solamente una simples carta de intenciones, que ningún país es obligado a cumplir, propone algunas garantías a los inmigrantes y refugiados, como por ejemplo la imposibilitad de extradición masiva.

Unir la clase obrera brasileña y los inmigrantes venezolanos

Marx y Engels en el famoso Manifiesto Comunista respondían así las acusaciones de que los comunistas querían abolir la patria: “los obreros no tienen patria. No se puede sacarles algo que ellos no tienen”. La verdad es que los trabajadores y trabajadoras venezolanas que migran para Brasil son nuestros hermanos y hermanas. Sufren del mismo mal que los trabajadores brasileños: los bajos sueldos, la falta de servicios públicos, el racismo, el hambre, la violencia urbana, el desempleo, etc. Y además tienen los mismos enemigos: los gobiernos burgueses, las grandes multinacionales y el imperialismo.

Nadie puede ser libre donde el otro es oprimido y, por eso mismo, la clase obrera brasileña debe buscar la unidad con los inmigrantes venezolanos para enfrentar las tentativas de sacar los derechos de los trabajadores y refugiados. Bolsonaro es un enemigo de los trabajadores brasileños y de todos los pueblos oprimidos y explotados del mundo, su política de sumisión al imperialismo norteamericano, fortalece la ofensiva política y social de Trump contra los trabajadores de todo el continente americano. Es necesario que la lucha por los derechos de los inmigrantes sea asumida por el conjunto del movimiento sindical y popular brasileño. Combatir de manera objetiva todo tipo de ideología y practica xenofóbica y racista es una condición para obtener la unidad de clase obrera contra los patrones y los gobiernos burgueses. Como ha dicho Marx y Engels en el Manifiesto: “¡Proletarios de todos los Países, uníos!”