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Este 20 de mayo, miles saldremos a las calles nuevamente, no solo para recordar y reivindicar a nuestros compañeros, sino también para exigir justicia y el fin de la impunidad. ¿En qué marco se dará esta nueva movilización?

Por: IST – Uruguay

En 2016 fue el robo en la Facultad de Humanidades del material de investigación sobre los desaparecidos. Quienes lo realizaron dejaron una amenaza: un mapa con los domicilios marcados de investigadores y activistas de los Derechos Humanos. Posteriormente fueron encontrados archivos en el domicilio del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, durante la dictadura militar, Elmar Castiglioni.

Esos documentos comprueban que hasta el día de hoy prosiguen las infiltraciones, los seguimientos, escuchas clandestinas en sindicatos, organizaciones sociales, activistas y partidos de izquierda. En enero de este año, ocurrió la farsa de los juicios en Roma.

La justicia patronal italiana dejó sin condena a los militares uruguayos que formaron parte de la coordinación en el llamado Plan Cóndor, que llevó a miles de personas a la desaparición, torturas y asesinatos. En febrero de este año un comando denominado “Pedro Barneix”*, amenazó a activistas de DDHH y personalidades políticas.

¿Por qué suceden estos hechos?

El aparato represivo se ha reforzado, y no solo bajo el gobierno de Colorados y Blancos. El FA ha robustecido el mismo con el software de espionaje “El Guardián”, la potestad de la policía a desalojar calles o rutas, entrenando al ejercito que es enviado a reprimir en Haití y el Congo, con los operativos saturación en los barrios populares y permitiendo el “gatillo fácil” que asesinó a jóvenes inocentes, como fue el caso de Sergio Lemos en el Cerro a finales de 2013. Y estos son apenas unos pocos ejemplos.

El FA, que fue parte del llamado Pacto del Club Naval a la salida de la dictadura, luego de pasar unos pocos casos a la justicia, ha tenido una política de dar “vuelta la página”. Para ello Tabaré Vázquez intentó instituir el 19 de junio como el día de “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Allí se abrazó con Pedro Bordaberry, como muestra de su voluntad de olvidar el pasado. Luego vino el gobierno de José Mujica que con la mano de Víctor Semproni, lograron mantener la Ley de Caducidad, y así evitar que se investigue la gran mayoría de las violaciones a los DDHH.

Fue también Mujica quien propuso dejar libres a los pocos torturadores y asesinos detenidos porque según él “estaban viejitos”. A ellos el gobierno les construyó una cárcel especial, una cárcel VIP, como lo es Domingo Arena e increíblemente siguen cobrando sus jubilaciones privilegiadas de más de 100 mil pesos.

Necesitamos una gran lucha para terminar con la impunidad

Ha sido sólo por las grandes movilizaciones que ese pequeño puñado de asesinos están hoy presos. Pero está lucha debe tener continuidad, no solo debe ser una o dos veces al año. El silencio se debe romper, se necesita más que nunca la continuidad en la pelea para derrotar el pacto de impunidad y meter en una cárcel común a quienes hoy amenazan, espían y a todos quienes estuvieron vinculados a la pasada dictadura militar.

¿Qué fue el pacto del Club Naval?

En 1983 la dictadura uruguaya comenzó a ser acorralada por las movilizaciones, había posibilidad de hacerla caer sin condiciones. Los militares, que ya no podían contener las luchas, llamaron a dirigentes de los partidos políticos para negociar una transición.

El partido Colorado corrió a su auxilio y el partido Nacional por tener detenido a Wilson Ferreira Aldunate, se negó a participar. Los militares necesitaban otro representante. La dirección del Frente a pesar de las diferencias que existían en las bases, decidió concurrir a las negociaciones que se desarrollaban en el Club Naval.

De esta manera, a fines de 1984 Colorados, el FA y la Unión Cívica, negociaron la salida electoral, aceptaron la proscripción de Liber Seregni, la de Wilson Ferreira, entre otras, y se liberaron a los presos políticos. Los militares, tras el pacto consiguieron no ir presos y que continuaran en las Fuerzas Armadas la gran mayoría de golpistas y genocidas, este fue el acuerdo de impunidad negociado en el Club Naval. Este acuerdo se plasmaría en el parlamento con la Ley de Caducidad, votada luego de restablecidas las libertades democráticas y ahora apoyada y defendida por el partido Nacional y su líder, Wilson Ferreira Adulnate.

Barneix: responsable de tortura y asesinato

El general Pedro Barneix fue director de inteligencia militar durante el gobierno de Jorge Batlle. En 2005, el gobierno de Vázquez y el FA lo incorporaron a la Comisión que investigaba el tema de los desaparecidos.

Barneix fue uno de los pocos casos investigados por la justicia y se lo halló responsable de tortura y asesinato del militante comunista Aldo Perrini en 1974.

Centenares de violadores de los DDHH continúan libres, el comando “Barneix” y sus amenazas de muerte son una muestra de hacia donde nos ha llevado la política de pacto, conciliación e impunidad.

Jurados Populares

Inversión de prueba a los Crímenes de la dictadura La justicia patronal ha dejado en evidencia que no es independiente y ha mostrado su supeditación política al gobierno de turno, acatando sus órdenes. Una muestra elocuente es que a más de 30 años de restablecidas las libertades democráticas, permitió que golpistas, torturadores y asesinos sigan impunes.

Los trabajadores, estudiantes y militantes de DDHH, debemos darle continuidad a lucha por Juicio y Castigo e imponer la conformación de jurados populares. Hay que pelear para que se establezcan Jurados Populares, que estén integrados por los Organismos de Derechos Humanos, los sindicatos y los familiares de las víctimas de la dictadura. Deben ser juicios orales y públicos donde se aplique la inversión de la carga de prueba. Es decir, todos los militares y civiles que participaron de la dictadura son culpables hasta que demuestren su inocencia.

A más de 70 años tras el fin de la II Guerra Mundial, Oskar Gröning, de 95 años, fue acusado de complicidad por asesinatos cometidos en Auschwitz. El proceso judicial contra el “contador de Auschwitz”, cambió el formato de la acusación, ya que aún cuando no existieran pruebas de que haya cometido una muerte concreta, fue inculpado de complicidad con los asesinatos.

Muestras de impunidad: Mermot y Hartman

El teniente general (r) Raúl Mermot, en un acto de reivindicación a la dictadura de “homenaje a los caídos”, dijo que no se puede “confundir tortura con apremio físico”, dando ejemplos de lo que se ha permitido con la impunidad.

El año pasado el edil suplente del Partido Nacional, y coronel (r) Ruben Hartman en otro acto en Florida envió su saludo “a los camaradas retirados que por el fatalismo agrio de mezquinas circunstancias en que les tocó servir, hoy se encuentran privados de su libertad”, en referencia a los militares presos en Domingo Arena por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar.

Artículo publicado en Rebelión n.° 37, mayo de 2017.-