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La violenta detención de Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, el pasado 12 de septiembre, en el marco de la huelga nacional que venían realizando, es hoy el caso más reciente de criminalización de la protesta social en el país.

Por Víctor Montes

Unas semanas antes, Walter Aduviri, actual gobernador de Puno, fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva, por liderar la demanda de los pueblos de nuestro altiplano, que en 2011 se levantó contra el proyecto minero Santa Ana, de la transnacional canadiense Bear Creek.

¿A qué se debe esta actitud represiva de parte del Estado, encabezado ahora por Vizcarra?

El Estado nos persigue

Como indicamos en el número anterior de Bandera Socialista, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica que alrededor de 936 personas han sido procesadas por participar de acciones de protesta desde 2002 gracias a la modificación del artículo 200 del código penal, tipificando como delito de “extorción” la toma de locales o el bloqueo de carreteras.

Ha sido bajo esta norma que se ha perseguido también los líderes amazónicos, por lo ocurrido en Bagua en 2009, los comuneros de Las Bambas y a quienes dirigieron la lucha del pueblo de Espinar (Cusco: 2012) contra Glencore-Xtrata.

Pero también es esa norma la que termina por criminalizar las luchas obreras, como saben los dirigentes denunciados por las empresas durante el transcurso de una huelga.

¿Por qué? Porque el Estado, que siempre está bajo el dominio de la clase capitalista, las/os empresarios, defiende sus intereses contra quienes luchan desde el campo obrero y popular. Así pretende disciplinar a la población e imponer su “principio de autoridad”.

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Defender nuestro derecho democrático a la protesta

Protestar es un derecho democrático consagrado en la Constitución y las leyes internacionales. Sin embargo, cuando los gobiernos se disponen a atacar a la clase trabajadora y al pueblo, siempre buscan condiciones que les permitan reprimir cualquier reacción de la población.

Esa es exactamente la coyuntura que vivimos. Mientras por un lado Vizcarra se presenta como un “demócrata”, por el otro refuerza su aparato represivo, deteniendo a los dirigentes mineros y condenando a Aduviri. Así busca escarmentar a quienes pretenden salir a luchar.

Por eso es urgente, para defender el derecho democrático a la protesta, conseguir tres objetivos inmediatos: 1. Echar por tierra los artículos del código penal que sirven de marco legal para la criminalización de la protesta. 2. Liberar a quienes se encuentren presos, como Aduviri. Y 3. Conseguir que se queden sin efecto todas las denuncias y procesos abiertos contra luchadores/as obreros/as y populares en la actualidad, condición en la que seguramente quedarán los dirigentes de la huelga minera.

En este mismo sentido se inscribe la demanda de terminar con la reglamentación del derecho a huelga, para garantiza su pleno ejercicio por las organizaciones obreras.

NADIE QUEDA ATRÁS

Durante la detención de Jorge Juárez y sus dirigentes, la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, junto a SITOBUR, SITOB y otras organizaciones, realizaron plantones demandando la inmediata liberación de los detenidos y detenias.

Así mismo, organizaciones internacionales, como la CSP – Conlutas de Brasil, la coordinadora “No Auterity” de Italia, y el periódico Em Luta, de Portugal, enviaron cartas al ministro del interior Carlos Morán, demandando la libertad de los detenidos.

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¿CÓMO SE CRIMINALIZA LA PROTESTA?
Legislación: Tipificando como delito hechos que pueden derivarse del enfrentamiento provocado por la policía, el empresariado o las autoridades. Código penal. Artículo 200°. Extorsión“…El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. (…)

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:

(…) 2. Participando dos o más personas (…)”

Código Penal. Artículo 408°. Disturbios.“El que en una reunión tumultuaria… causa grave daño a la propiedad pública o privada es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de doce años.”
Código Penal. Artículo 491°. Asociación ilícita.“El que constituye, promueve o integra una organización de dos o más personas destinada a cometer uno o más delitos…”
Declarando el estados de emergencia como medida represiva. El Estado tiende a declarar el Estado de emergencia, y suspender derechos fundamentales, ante la ocurrencia de protestas (Arequipa 2001, Nacional 2003 y 2007, Puno y Cajamarca 2011, Espinar 2012, Apurímac 2017, Corredor minero 2018…)
Mediante la legalización de la contratación de la PNP al servicio de las empresas. Desde 1994, la Policía Nacional del Perú está autorizada para celebrar contratos particulares para brindar seguridad a las empresas, particularmente mineras y petroleras.

Publicado en Bandera Socialista 118

Septiembre 2019