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El cambio de gabinete ministerial, con nuevo premier y paridad de género podrá encandilar a algunos, pero todo eso, ¿aleja o acerca de la agenda del gobierno los anunciados ataques a los trabajadores? Es lo primero que se preguntaron los empresarios frotándose las manos conociendo de antemano la respuesta. A los trabajadores no nos queda más que una total desconfianza a sabiendas que el gobierno patronal de Vizcarra optó por renovarse para descargar sus ataques porque el anterior gabinete ya estaba desgastado.

Por PST-Perú

Hay un cambio de rostros, pero el gobierno continúa en lo mismo, impulsando el plan neoliberal que viene de la época fujimorista; el propio premier Del Solar, ministro reciclado del tiempo de PPK, y algunos ministros de su gabinete ya declararon que continuarán la agenda del gobierno, y en particular el «Plan de competitividad».

Como se recuerda ese plan es parte de la “Política Nacional para la Competitividad y Productividad” (Decreto Supremo N° 345-2018-EF) que abre el camino a nuevos recortes de derechos laborales so pretexto de la reactivación económica y la lucha contra la informalidad.

Como se recuerda también esta política recibió una primera manifestación de repudio de los trabajadores con la movilización nacional del 15 de enero, que puso en perspectiva dos salidas: o Vizcarra impone su política antilaboral como lo hizo Fujimori en los noventas, o la clase trabajadora unida abraza un verdadero plan nacional de lucha hasta derrotar al gobierno y su política.

A qué intereses sirve Vizcarra

Es importante dejar en claro que los ataques a los trabajadores por parte del gobierno no solo son los recortes de derechos que están por dictarse sino que hay muchos otros flancos donde esos ataques ya son un hecho; vienen de gobiernos anteriores pero son protegidos por el actual, como son los regímenes “especiales” impuestos abusivamente en minería (con services y contratas), en textiles (con el régimen especial de exportaciones no tradicionales) y en los negocios de agroexportación (con la ley de promoción del agro).

En todos esos casos los empresarios hicieron crecer sus negocios y amasaron grandes fortunas gracias al “cholo barato”, al punto que algunos de esos empresarios hoy se listan en el ranking de multimillonarios del mundo según Forbes (revista norteamericana de negocios), mientras que los trabajadores y sus familias solo llenamos los rankings de tuberculosis, anemia, “enfermedades ocupacionales”, damnificados ante desastres y otros males.

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Pues bien, el gobierno Vizcarra a través de su ministra de Agricultura, ha dicho que revisarán el proyecto de ley que aprobará la ampliación de la Ley de promoción del agro, ya no por diez años más sino por veinte años. De esa manera, con un solo carpetazo, se condenará a unos 400,000 trabajadores a seguir en un régimen precario (mitad de vacaciones, seguro de salud más básico), con un salario semanal de 341 soles (incluye además CTS) que los mantiene al filo de la pobreza.

Por otro lado, en esta época de menor crecimiento de la economía, bajo el gobierno de Vizcarra los empresarios se sienten con carta blanca para imponer ceses colectivos a diestra y siniestra, en medio de fusiones y absorciones de empresas que muestran la voracidad capitalista. En lugar de equilibrar la balanza ante el abusivo poder económico de los empresarios, el gobierno arremete contra los trabajadores.

Una “educación” que empobrece y una “salud” que mata

Como si todo eso fuera poco, Vizcarra también ataca la economía popular al proseguir con la privatización de la salud y educación, que han convertido estos servicios básicos en una verdadera calamidad para los más necesitados. Hospitales y colegios públicos cada vez más se caen en pedazos y la atención y provisión de medicamentos son totalmente deficientes, mientras los mercaderes de la salud y la educación siguen enriqueciéndose amparados por el gobierno.

Damnificados condenados al abandono

En tanto este gobierno protege la voracidad del capital, muestra su total incapacidad e inoperancia para encarar los desastres y dar solución al drama de los miles de familias damnificadas. En un año de gobierno la reconstrucción no avanzó casi nada ante la angustiante espera de los afectados del norte, pero tampoco se hizo nada de prevención ante nuevos desastres a nivel nacional que hoy suman más familias abandonadas.

Existen probadas soluciones tecnológicas de prevención de desastres, pero un plan nacional de prevención implicaría una gran inversión pública que, para financiarla, obligaría a gravar a las empresas y a los que más tienen, pero Vizcarra tanto como sus predecesores no quiere tocar esos intereses y con ello condena al pueblo a su suerte ante nuevos impactos del cambio climático.

Discurso anticorrupción, solo poses para distraer

En lo que va de su mandato el gobierno ha conseguido distraer a la opinión pública de todos estos temas que son fundamentales, valiéndose del discurso anticorrupción. Lo hemos dicho en ediciones anteriores de Bandera Socialista, Vizcarra proviene de un gobierno sumido en la corrupción, el de PPK, y en un momento en que se destapó  el caso de los “cuellos blancos del puerto”, donde aprovechó  la oportunidad de que ese tema golpeaba especialmente al bando fujiaprista para impulsar su plan de reformas del sistema judicial y del Congreso, provocando una grave crisis en ese sector político, mientras que las investigaciones y encarcelamientos a Keiko y compañía renovaron las expectativas en un sistema judicial completamente desacreditado.

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En ese contexto la reubicación de Vizcarra le permitió dejar su posición inicial servil al fujiaprismo (fue investido presidente con el apoyo de este sector), también subir la aprobación a su gobierno y desde esa nueva posición tomar las medidas que le fueron encargadas por la patronal y las transnacionales.

Investigaciones anticorrupción no toca a todos los bandos

A estas alturas del partido el caballito de batalla del gobierno, la lucha contra la corrupción se va despintando. Es evidente que las investigaciones no avanzan en forma equilibrada contra todos los bandos de la corrupción ya que no tocan al bando PPK ni a los empresarios de la Confiep ni del Club de la Construcción.

El Ministerio Público y la Procuraduría con el apoyo del gobierno firmaron con Odebrecht un acuerdo muy costoso para el país y muy ventajoso para esa empresa brasileña, que fue la que nos robó miles de millones de dólares y dejó numerosos peajes que esquilman la economía popular con la complicidad de todos los gobiernos de turno.

La opinión pública, bien estimulada por los medios de comunicación dominantes, ha respaldado ese acuerdo con la expectativa de que las declaraciones de la mafia Odebrecht servirán para conocer toda la verdad de la corrupción en el Perú y conseguir las pruebas que permitan encarcelar a todos los corruptos. Sin embargo, el manto de sospecha sigue creciendo acerca de la utilización política de las investigaciones tanto por parte de Odebrecht como de los sectores del poder que hoy están en el control del gobierno.

Tontos útiles

Por lo mencionado, todos aquellos que apoyan al gobierno y hacen de caja de resonancia de su falsa lucha contra la corrupción no hacen más que empoderarlo y alentarlo en su ofensiva antilaboral, y debilitar la posición de los trabajadores, más aún cuando el respaldo político proviene de organizaciones llamadas de izquierda y de dirigentes de centrales sindicales como parte de una política conciliadora.

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Los trabajadores no podemos alentar ilusiones en un gobierno patronal de ningún tipo

La lucha contra los ataques antilaborales es parte de una misma lucha contra el gobierno y su política neoliberal, por la defensa de la educación y salud públicas en contra de la privatización, la lucha de los pueblos afectados por desastres que se ven abandonados por el gobierno y la de los pueblos a afectados por la minería, la lucha de las mujeres contra el machismo de la sociedad capitalista.

Todas estas luchas se libran en forma aislada por responsabilidad exclusiva de las direcciones, y aún así en algunos casos lograron importantes triunfos haciendo retroceder al gobierno que por otro lado tiene un partido y bancada muy precarios, vive del apoyo político que le endosan sectores “progresistas” y es dependiente de una aprobación popular que le puede resultar muy volátil.

Los trabajadores podemos seguir el camino trazado por la movilización nacional unitaria del 15 de enero, e imprimir la combatividad obrera, inclaudicable y sin conciliaciones, a las próximas jornadas de lucha.