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¡NO AL INCREMENTO DE EFECTIVOS Y PRERROGATIVAS DE LAS FUERZAS REPRESIVAS!

Pasados 18 días desde el inicio de las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno de Vizcarra, el saldo de la epidemia de COVID 19 en el país es de 1414 personas infectadas detectadas y 47 muertos. Pero más: el pueblo trabajador, encerrado en su casa, sin trabajo, y millones, sin salario, comienza a sentir que lo que está en cuestión, sea por la enfermedad o por la miseria, es su subsistencia. La cuarentena ha comenzado a mostrar sus problemas.

Por PST-Perú

EL GOBIERNO NO VA HASTA EL FINAL

Vizcarra intenta convencer a la población de que todo está bajo control… pero la realidad es más compleja que lo que dice Vizcarra.

El gobierno ha anunciado medidas sanitarias y médicas, como la compra de más de un millón de pruebas para la detección de la enfermedad. Pasadas dos semanas del anuncio, apenas llegaron 150 mil “pruebas rápidas”, y que las más efectivas “pruebas moleculares” ni siquiera se habían comprado, haciendo imposible detectar eficazmente a las personas infectadas. Para que tengamos una idea, los países que mejor controlan los efectos de la enfermedad, como Corea o Alemania realizan entre 20 mil y 50 mil pruebas moleculares diarias.

No hablemos de los implementos que requieren los trabajadores y trabajadoras de salud. Sin la protección adecuada este sector abre otra brecha para la expansión del virus, como ya viene ocurriendo con el grave caso del hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores.

En todo el país, los hospitales carecen de camas y equipos que permitan mantener vivas a las personas que desarrollan la enfermedad.

Esto tiene una explicación de fondo: hasta ahora, para enfrentar la crisis, Vizcarra solo ha reasignado dinero del mismo presupuesto 2020. Es decir, a pesar de la emergencia, sigue primando la austeridad fiscal.

EL “APOYO SOCIAL” NO ES UNA SOLUCIÓN

Mientras las familias ricas del país pasan sus días en una cómoda cuarentena, en nuestros barrios obreros y populares vivimos otra realidad: la de la falta de dinero.

En ese sentido, las medidas de “apoyo social” del gobierno tampoco han logrado dar solución a esta problemática. El famoso bono de S/380 se ha mostrado ser insuficiente: no ha llegado a miles de familias que viven en situación de pobreza extrema, y quienes lo recibieron, ya los consumieron para reabastecerse de lo que las familias hayan podido encontrar.

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La liberación de un porcentaje de la CTS, así como la devolución del aporte que abril debía hacerse a las AFP’s tampoco ha sido una salida. Es claro que tener acceso a ese dinero trae algo de calma en un sector de la población (el que tiene CTS y aportes a un sistema de jubilación). Sin embargo, el problema de fondo es que nos obligan a “meter mano” a un dinero que debieran servir para “mañana”. Además, deja en el aire al sector de la población, informal o independiente, que no tiene ni CTS’s, ni aportes a la AFP.

Por eso, cada vez que se anuncia el reparto de víveres en algún punto del país, como pasó la semana pasada en el Rímac, y hoy en Villa El Salvador, la gente se aglomera, rompiendo las medidas de aislamiento social, para intentar conseguir algo más para comer.

No exageramos: ninguna de las medidas del gobierno otorga salida a la desesperación que comienza a recorrer los barrios obreros y populares. Por eso hay dirigentes obreros que afirman que si no nos mata el COVID 19, nos matará el hambre.

OTROS ATAQUES…

A este cuadro se suman otros ataques y amenazas a los sectores populares: Millones de trabajadores han quedado en la calle. Los afiliados a las AFP’s observan cómo sus fondos de pensiones se pulverizan por efecto de la crisis económica y la caída de las bolsas, agravada pero no generada por el coronavirus. Los comerciantes especulan con el precio de los alimentos, y otros productos esenciales, como el agua, a la que millones de personas no tienen acceso en sus casas.

…Y REPRESIÓN

Previendo un posible estallido, el gobierno intenta un endurecimiento de la presencia represiva de la policía y las fuerzas armadas en el control del orden interno.

No solo ha llamado al servicio activo a los licenciados de las promociones 2018, 2019 y 2020 del ejército, para “resguardar el orden interno” durante la cuarentena. Tambipen ha reforzado la impunidad para la policía y las fuerzas armadas que disparen contra la población.

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Si bien los gobiernos de García y Humala ya habían blindado a las fuerzas policiales facilitando el uso de armas letales en acciones de represión social (D.L. 1095 y D.L. 1186), la nueva ley 31012 (“Ley de Protección Policial”), aprobada por el anterior Congreso y promulgada hace unos por el nuevo Congreso, incorpora a las fuerzas armadas al “beneficio” de ser librados de responsabilidad penal, detención preliminar y prisión preventiva, si en uso de sus armas u otros medios causan lesiones o muerte… Esto no es otra cosa que tener “licencia para matar”.

Es cierto que Vizcarra no promulgó esta ley en su momento, pero tampoco la observó y dio pie a que el Congreso la promulgara, y por tanto es también responsable de que esa ley sea utilizada para matar impunemente a personas en el contexto de la actual crisis del Covid-19.

NECESITAMOS FORTALECER LA ORGANIZACIÓN OBRERA Y POPULAR PARA GARANTIZAR NUESTRA SALUD Y DIGNIDAD

El problema del COVID-19 es demasiado importante para toda la clase trabajadora y el pueblo como para confiar en un gobierno burgués proempresarial como el gobierno Vizcarra.

No solo los riesgos de ataques económicos y represivos son muy grandes en el marco de la emergencia. Los patrones ya están exigiendo que se flexibilicen las medidas de aislamiento social para que sus fábricas y empresas vuelvan a producirles ganancias, sin importantes nuestra salud y la de nuestras familias.

La única forma de garantizar nuestra salud y la de nuestras familias es comunicarnos y organizarnos, incluso estando cuarentena y aislamiento social, y demandar que se solucionen los problemas que ha puesto al descubierto esta emergencia:

  • Continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
  • Licencia por cuarentena con goce de haber no compensable, ni con horas extras ni vacaciones, ni ningún otro medio.
  • Subsidio monetario igual a un salario para todos los trabajadores independientes e informales que no recibirán ingresos durante el aislamiento.
  • Aumento general de salarios para enfrentar los costos de la crisis para las familias.
  • Control del abastecimiento y de los precios, sanciones ejemplares a los especuladores.
  • Impuesto de emergencia a las grandes empresas para financiar la emergencia sanitaria.
  • Contratación de todo el personal necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis.
  • Compra inmediata de equipos médicos de cuidados intensivos para los hospitales del país. Expropiación de clínicas privadas para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia.
  • Plan urgente de vivienda social y acceso universal al agua y saneamiento. Suspensión del pago de alquileres, deudas bancarias por hipotecas de vivienda.
  • Reemplazo integral del sistema privado de pensiones por un sistema público solidario de pensiones que asegure una jubilación digna para todas las personas.
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Los trabajadores y trabajadoras no queremos morir de COVID 19, pero tampoco estamos dispuestos a morir de hambre.