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Con la disolución del Congreso Nacional el pasado 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra puso fin a una confrontación con la mayoría opositora comandada por fujimorismo y el aprismo, que archivó la reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, la fórmula con la que el gobierno eligió para acomodarse frente al incontenible descontento popular por la corrupción generalizada de los gobiernos de las últimas dos décadas. Siendo la corrupción el factor dinamizador de la crisis, no fue el único, hubo otros factores más determinantes que forman parte de las confrontaciones de clase de las últimas dos décadas.

Por PST-Perú

La corrupción: Una clave de la crisis

El «fujiaprismo», la alianza del fujimorismo y el aprismo no solo destaca por su participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht o Lava Jato peruano, sino que además estaba estrechamente vinculado a una organización criminal formada por gran parte de la alta jerarquía del sistema judicial, bautizada «Cuellos blancos del puerto» o escándalo «Lava Juez», cuyo develamiento a mediados del 2018 echó más combustible al fuego de la indignación popular. Desde esa fecha el fujiaprismo usó su mayoría del Congreso para proteger a la mafia judicial y con ello definió la dinámica política que primó hasta la disolución y es una de las claves para entender el desenvolvimiento de la crisis.

Vizcarra fue elegido vicepresidente en la fórmula del derechista Pedro Pablo Kuczynski, también involucrado en el escándalo Odebrecht y obligado a renunciar al cargo. Vizcarra asumió en su remplazo en marzo 2018 con el respaldo del fujiaprismo, y se distanció de este tras el escándalo Lava Juez (primeros encubrimientos del Congreso a jueces implicados), con el anuncio de reformas del sistema judicial y el sistema político que fue tomado como una declaratoria de guerra. Con ello Vizcarra consiguió superar su propia crisis como gobierno anodino digitado por el fujimorismo, y además despertó la expectativa popular de lucha contra la anticorrupción, a pesar de haber sido parte del gobierno PPK, de estar él mismo implicado en un caso de corrupción en el proyecto de un nuevo aeropuerto en el Cusco, y de haber tenido como primer jefe de gabinete ministerial a un exgobernador regional que recibió sobornos de Odebrecht cuando era gobernador.

El referéndum de diciembre 2018 convocado por el gobierno para aprobar las reformas fue respaldado con amplia mayoría.

En ese mismo periodo se precipitaron los primeros resultados de las investigaciones del Lava Jato peruano contra cuatro expresidentes, varios gobernadores regionales y dos alcaldes de Lima, ciudad capital. De ellos Alejandro Toledo espera en prisión en Estados Unidos su extradición a Perú; Alan García se suicidó antes de someterse a una orden judicial de prisión preventiva; Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva de la que pudo librarse con un recurso de amparo, pero continúa procesado; y Pedro Pablo Kuczynski está con prisión preventiva de tipo domiciliaria. Todos ellos están acusados de haber recibido coimas o sobornos de Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas a cambio de beneficiarlas con la concesión y continuidad de grandes obras públicas, por un total superior a los 10,000 millones de dólares que incluyen 1,400 millones de sobrecostos según estimados de IDL Reporteros.

Asimismo, desde hace un año también está con prisión preventiva Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori que cumple prisión por sus crímenes, y actual jefa del fujimorismo. Su partido, Fuerza Popular, que logró la mayoría absoluta del parlamento en las últimas elecciones, es sindicado por la Fiscalía como una organización criminal de lavado de activos. Keiko Fujimori habría recibido alrededor de 1 millón de dólares de Odebrecht y aunque nunca estuvo en el gobierno, su influencia en el Congreso en la época de Alan García (2006-2011) fue imprescindible para viabilizar grandes obras públicas a través de normas legales ad hoc.

El proceso contra Fujimori viene del 2017 y explica el involucramiento del fujimorismo con la mafia judicial para anular el proceso, objetivo que se frustró por el destape de la mafia, pero el fujimorismo defendió lo indefendible profundizando su deslegitimación política, y concentrando para si el peso de la corrupción a pesar de lo variado de sus protagonistas.

La popularidad de Vizcarra había descendido de niveles cercanos al 70% después del referéndum a alrededor del 40% en julio, debido a los factores políticos de su propia crisis, principalmente la desaceleración económica, sus medidas entreguistas respecto de proyectos mineros, el anuncio de una reforma contra los derechos laborales y una ola de ceses o despidos colectivos en las empresas, mientras que la opinión pública a favor del cierre del Congreso superaba el 75%, reforzada por casos de congresistas implicados en delitos que permanecían impunes amparados en la inmunidad parlamentaria, y hay un prófugo de la justicia. En mayo, el Congreso había archivado sin debate el proyecto presentado por el Ejecutivo que proponía cambiar la inmunidad parlamentaria.

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En su mensaje presidencial anual de julio, Vizcarra anuncia el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones para el 2020, como una respuesta al reclamo popular “que se vayan todos” (“nos vamos todos”, propuso) y una salida a la profunda crisis política.

Dos meses después el fujiaprismo no solo archivó el proyecto sin debate, sino que se dispuso a tomar el control del Tribunal Constitucional con la elección express de nuevos magistrados lo que no hizo más que profundizar aún más la crisis. 

El desenlace

En el momento culminante de la crisis, el gobierno pidió al Congreso tramitar con urgencia el pedido de confianza presentado para detener y cambiar el mecanismo de elección de nuevos miembros del Tribunal, el Congreso negó en los hechos la confianza y el gobierno apeló a la facultad constitucional de disolver el Congreso anunciando en el mismo acto la convocatoria a elecciones de un nuevo Congreso para enero 2020.

En los mismos instantes el sector fujiaprista y nuevos aliados del Congreso disuelto denunció “golpe de Estado”, y con 84 de 130 votos declararon la suspensión de Vizcarra por incapacidad temporal y proclamó Presidente a la vicepresidenta y también congresista Mercedes Aráoz, tratando de crear una dualidad de poderes contra el Ejecutivo. Ese mismo día las instituciones autónomas permanecieron en una neutralidad que favoreció a Vizcarra, y la OEA tuvo reacción similar; los jefes militares respaldaron al gobierno, al igual que el 80% de la población según los sondeos inmediatos.

Solo el gremio patronal Confiep emitió un pronunciamiento de “rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el presidente Martín Vizcarra”. Sin embargo, cuatro días después la Confiep y otros gremios patronales saludaron la designación de la ministra de Economía en el nuevo gabinete ministerial, y más aún, pocos días después la presidenta de Confiep declaraba “hoy nos reunimos con el premier y nos ha garantizado que el país va a continuar por la senda en la que está, no va a haber ningún viraje hacia ningún lado”.

El golpe de Estado de 1992

No es la primera vez que se disuelve un Congreso en Perú. En 1992 Fujimori cerró el parlamento también con gran respaldo popular, y fue para iniciar una de las más sanguinarias y corruptas dictaduras de la historia. Fujimori no solo cerró el Congreso en la figura de un autogolpe de Estado, sino también otras importantes instituciones del Estado y los medios de comunicación, con el ejército en las calles y procedimientos de secuestros selectivos, y de la mano con el imperialismo y las grandes empresas preparó las bases de un nuevo orden constitucional que instauró un plan neoliberal a ultranza, que arrasó con los derechos laborales, liberalizó completamente la economía, incluso liquidando el rol empresarial del Estado heredado de décadas pasadas mediante la privatización que abarcó gran parte de la salud y la educación, pulverizó el sistema de pensiones como carga económica del Estado e instauró un ciclo de recaudación tributaria y un nivel de gasto público incapaz de dar solución a las necesidades esenciales de la población.

Las masas obreras, juveniles y populares derrotaron a la dictadura en el 2000, pero los siguientes gobiernos lejos de desbaratar el orden fujimorista continuaron y llevaron a nuevos extremos el plan neoliberal, aprobando el TLC con Estados Unidos y otros países, aplicando políticas más entreguistas a la inversión extranjera, impulsando políticas de precarización laboral en nuevos sectores de expansión como la minería, la industria textil y la agroindustria, lotizando todo el territorio nacional para las concesiones mineras y petroleras, cercenando los derechos de los pueblos a decidir sobre sus entornos ambientales, y de otro lado aprobando leyes de criminalización de las protestas sociales.

Este proceso no se dio sin grandes luchas obreras y populares, en muchos casos exitosas, y aunque no revirtieron el curso general del proceso sí propinaron derrotas a proyectos de privatización del gobierno de Toledo, colocándolo al borde de una caída; doblegaron la criminal prepotencia de García derrotando su política entreguista con los proyectos mineros Conga y Tía María, así como la denominada Ley de la Selva, previsto en el TLC con Estados Unidos, que provocó el desborde de las comunidades nativas particularmente de Bagua (el “baguazo”) que salieron victoriosas a pesar de una masacre que ocasionó decenas de muertos. Humala volvió a la carga con Conga y Tía María y no le fue diferente, y también fue derrotada su reforma de empleo juvenil o Ley Pulpín.

Cabe destacar que cada uno de esos gobiernos, enarbolaron en sus campañas discursos radicales de rechazo al TLC, a los regímenes de empleo precario, de rechazo a la minería, de crear impuestos a las sobre ganancias mineras solo para ganar votos con el apoyo de la izquierda reformista especializada en sembrar ilusiones en proyectos burgueses.

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Las otras claves de la crisis

Veintisiete años después de la disolución del Congreso de 1992, esta vez la disolución del Congreso no viene acompañada de un cambio en el régimen político o un nuevo proyecto, y si bien el gobierno concentra las facultades ejecutivas y legislativas hasta la instalación de un nuevo Congreso en febrero 2020, su curso sigue sometido a los factores de fondo de la situación política, las cuales proporcionan otras claves para entender la crisis.

Primero hay que resaltar que no se trata de un gobierno con vocación democrática ni mucho menos, y tampoco una garantía de lucha contra la corrupción ni un gobierno con voluntad y capacidad de dar solución a las demandas populares acumuladas. Es un gobierno burgués sometido al imperialismo y al plan neoliberal como todos los anteriores, tal como lo revela su apoyo incondicional a las principales iniciativas del gobierno de Trump en la región; seguirá atacando la economía popular al servicio de los poderosos, y en esa medida recibirá también radicales luchas de resistencia.

Algo de detalle al respecto. Vizcarra pisoteó los derechos de las poblaciones de Cotabambas en la región andina Apurímac, aledañas al proyecto minero Las Bambas propiedad de la transnacional MMG, para favorecer a este con la habilitación de una carretera ajena al proyecto, con alto impacto ambiental; para imponer su medida apresó a los dirigentes y asesores y volcó tropas policiales y militares; solo retrocedió como resultado de una combativa y heroica resistencia popular que terminó imponiendo nuevos compromisos igualmente incumplidos hasta la actualidad.

El gobierno también aprobó una licencia de construcción del Proyecto cuprífero Tía María, a pesar de tratarse de un proyecto declarado inviable ambientalmente, que sus predecesores García y Humala pretendieron imponer con varias víctimas mortales y que fueron derrotados por la movilización. La respuesta esta vez tampoco tardó en llegar, y a pesar de una salvaje política represiva, las masas impusieron la suspensión del proyecto y motivaron un acto de capitulación del presidente ante autoridades regionales que se hizo público por filtración de audios a los medios: «Nosotros aquí no queremos imponer el proyecto minero. (…) Queremos hacer ese proceso para que finalmente (…) se caiga (la licencia). Encontremos la salida», se le escuchó decir a Vizcarra. No está demás decir que una de sus bases de apoyo más cercanas desde que inició su mandato son los gobiernos regionales y municipales, a quienes compensa con limitadas transferencias presupuestales, aunque significativas para las cúpulas regionales.

Por otro lado, el gobierno viene mostrando una cómplice tolerancia ante la proliferación ilegal de ceses o despidos colectivos en las fábricas, y además impulsa una reforma contra los derechos laborales que apunta a disolver beneficios tradicionales como gratificaciones, compensaciones indemnizatorias, vacaciones, etc. Y también a abaratar los costos de los despidos, crear nuevos medios de explotación con las poblaciones juveniles, el trabajo a tiempo parcial y los trabajos en línea.

El gobierno reprimió con salvajismo una movilización de trabajadores mineros en el marco de una huelga nacional del gremio, y los dirigentes fueron denunciados penalmente.

A todo eso se suma que el gobierno no tiene la voluntad ni crea la capacidad suficiente para cambiar el caótico y paupérrimo estado de los servicios de salud y educación pública, por obra de la privatización y el repliegue del Estado en el financiamiento de estos servicios; tampoco en el tema de la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres y menos para brindar niveles esenciales de seguridad ciudadana frente a una delincuencia criminal que crece imparable.

Por eso, el único medio que encontró Vizcarra para enfrentar su debilidad y sobrevivir fue hacerse eco de la demanda popular de cierre del Congreso y que se vayan todos, sin perder de vista su propia estrategia de ganar legitimidad para insistir con el plan económico.

La perspectiva inmediata

Está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del cierre del Congreso, siempre y cuando admita a trámite una demanda competencial remitida por el presidente del disuelto Congreso, lo cual se presenta como algo muy improbable, así como un pronunciamiento contrario sobre el tema de fondo. El hecho parece ya consumado; y a pesar de sus debilidades habría sido aceptado por los poderosos como la carta más viable.

En perspectiva, lo que puede esperarse del gobierno y el actual régimen político va de mal a peor pues los ataques se irán intensificando a medida que el entorno económico internacional siga golpeando como hasta ahora, con una persistente desaceleración interna y el empresariado siga pugnando por salidas de superexplotación que aseguren la continuidad de sus ganancias o la minimización de sus pérdidas.

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Eso responde a la pregunta de cuán democrático puede ser este gobierno. Y con relación a la lucha contra la corrupción, Vizcarra tampoco es garantía de nada, implicados como están sus allegados y él mismo en las investigaciones. Los avances en este campo se deben principalmente a los logros de las acciones judiciales de Brasil y otros países. La reforma judicial permanece estancada desde diciembre, y no se puede albergar ninguna confianza de que el gobierno no imponga su control en el nuevo aparato judicial.

Dirección: La clave decisiva

Vemos cómo las banderas de lucha de las masas trabajadoras conforman una plataforma viva que impulsa luchas de resistencia muy radicales en el país, que incluyen también la lucha frontal contra la corrupción y una salida radical a la crisis del régimen (“que se vayan todos”). Si bien consiguen triunfos importantes no logran cambiar el curso del proceso, ya que enfrentan obstáculos muy grandes y lo hacen en forma increíblemente desarticulada. Y esto no es casual, es el resultado lógico de una política sistemática de colaboración de las direcciones políticas y centrales sindicales con el gobierno, so pretexto de la lucha contra el fujiaprismo como enemigos y peligros más importantes.

El Frente Amplio y Nuevo Perú, los partidos de la izquierda del disuelto Congreso, siguiendo la larga tradición de colaboración de clases de la izquierda reformista, recargada en la época post muro, apoyaron la elección de PPK en la segunda vuelta y lo defendieron de los proyectos de vacancia en diciembre 2017 y marzo 2018, aunque él finalmente renunció ante las evidencias de sus vínculos con Odebrecht. Esa izquierda también formó parte del consenso en el Congreso para la sucesión de Vizcarra y la investidura de su gabinete ministerial, y estuvieron entre los aliados más activos desde que Vizcarra tomó distancia del fujiaprismo. Es decir, son fervientes defensores del régimen político hasta en las peores crisis.

La izquierda no asume la plataforma de demandas con miras a asegurar su cumplimiento, y por tanto no concibe una estrategia de lucha independiente y centralizada de las masas trabajadoras como la necesidad exige. Se limita a levantar algunas demandas democráticas aisladas, como una nueva constituyente o que se vayan todos, pero completamente enganchadas a proyectos de colaboración con el gobierno y otras fuerzas burguesas. ¿Qué asamblea constituyente puede resultar de un consenso con partidos de la patronal y en ausencia de una lucha centralizada del movimiento obrero y popular? Pues una completamente incapaz de cambiar nada.

Sin embargo, ese es su proyecto, y la base de su plan electoral para el Congreso 2020 y las elecciones generales 2021. Y con ello no hacen más de introducir mucha confusión o ilusiones vacías entre las masas que luchan, en una nueva versión del mal menor como salida política.

El Partido Socialista de los Trabajadores, en cambio, propone tomar la solución de la plataforma integral obrera y popular como un problema central que requiere una estrategia política independiente de todo partido patronal, de impulso de la centralización de las luchas. Eso significa en principio ningún apoyo ni confianza en Vizcarra y sus medidas; continuar en la línea de que se vayan todos ellos para acabar con esta falsa democracia de explotadores y corruptos, y con el modelo económico que enriquece a los más ricos a costa de los pobres; para detener los despidos y la prepotencia patronal. Lo que hace falta es una revolución que instaure un nuevo poder, un gobierno de los trabajadores basado en una asamblea popular.

19/10/2019.