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El 16 de enero del corriente año, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 3264 que reglamenta el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2020. El mencionado decreto establece limitaciones y recortes de beneficios a los trabajadores de los distintos organismos y entidades del Estado, independientemente de cual sea la fuente de financiación, si se trate de empresas públicas que generen sus propios recursos o instituciones que se financien con fondos del tesoro.

Por PT-Paraguay

El decreto representa un ataque y una violación flagrante de los Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo amparados por la propia Constitución Nacional y los convenios internacionales ratificados por el país, relacionados al derecho de la negociación colectiva y a su pretendido “Estado Social de Derecho”.

Con la medida se pretende imponer unilateralmente un marco de contrato más desfavorable para los trabajadores, desconociendo figuras establecidas en los contratos colectivos existentes negociados entre las instituciones y los trabajadores.

Estas medidas neoliberales del gobierno se enmarcan en las recetas del FMI y el Banco Mundial y son impulsadas desde el Ministerio de Hacienda por el nefasto Benigno López, hermano del presidente de la República, apoyados por toda una campaña mediática de los voceros de los sectores de poder económico que son quienes se benefician con estas medidas, para continuar sin aportar impuestos ya sea mediante la evasión que alcanza alrededor de un 40 % en nuestro país o de la amnistía fiscal y las exenciones a sectores empresariales.

Mientras a los empresarios se les devuelve el IVA, como a sojeros y ganaderos, o el fraude que realizan los dueños de grandes supermercados para dejar de pagar lo que les corresponde de impuestos mediante donaciones de los clientes que hacen pasar como propias, el contrabando sideral de mercaderías, el no pago de aporte patronal al IPS, entre otras, la crisis se pretende cargar en los trabajadores.

A través de esta campaña mediática buscan poner a los trabajadores del sector privado -quienes son explotados, precarizados por este mismo sector empresarial que impulsa la campaña-, contra los trabajadores del sector público.

En el sector privado no se permite organizarse a los trabajadores, es decir, la libertad sindical es letra muerta. Es por eso que se ceban contra los trabajadores del Estado, quienes todavía tienen la posibilidad de organizarse en sindicatos y negociar mejores condiciones de venta de su fuerza de trabajo, lo cual el empresariado quiere eliminar, nivelando por abajo e imponiendo en todos lados la dictadura patronal. De esta manera, no quedaría punto de referencia a los trabajadores para conquistar mejores condiciones de trabajo y de vida.

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Desde la prensa burguesa, con sus periodistas estrellas, se instala el discurso de que los beneficios de los que gozan los trabajadores del Estado se trataría, en general, de privilegios, y no del derecho de los trabajadores a vivir dignamente, o en algunos casos incluso a garantizar la continuidad de su vida, por ejemplo, mediante figuras de los contratos colectivos que ahora están siendo afectados por este decreto como el subsidio por reposo y el subsidio por Junta Médica que se aplican en caso de enfermedad o de accidentes laborales y que ahora está siendo recortados criminalmente poniendo en riesgo la propia vida de los trabajadores.

Se recorta además la bonificación familiar por hijo fijando un pago de tan solo 35.000 Gs por debajo de lo que establece el código laboral, así como se limita cualquier concepto de subsidio familiar, subsidio por fallecimiento y otras bonificaciones. En algunas empresas públicas, el recorte incluso afecta al mismo salario, en los casos en los cuales las promociones se cargaban en un rubro de complemento salarial, así como también se limitan los pagos de horas extraordinarias o adicionales.

El objetivo esencial del gobierno y de las patronales es profundizar el ataque a los contratos colectivos y a los propios sindicatos, razón por la cual el blanco principal elegido por los mercenarios de la prensa es el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE) y su Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito con la empresa estatal de electricidad, ANDE.

La mirada puesta sobre SITRANDE obedece a que este sindicato se constituyó en un ejemplo y ha mostrado el camino al conjunto de la clase trabajadora de cómo organizarse para lograr mejores condiciones laborales que dignifican la actividad laboral.

El SITRANDE, el primer sindicato fundado en el sector público, es todo un baluarte por las conquistas históricas que logró arrancar, por su intervención oportuna en los grandes temas nacionales, como en la crisis desatada con la firma del Acta Bilateral que puso en jaque al gobierno (por citar el último hecho político de relevancia nacional), y por su capacidad de convocatoria y articulación con otros sectores gracias al prestigio y la fuerza de su organización.

SITRANDE también cumplió hace poco un papel destacado al demostrar su capacidad para articular la lucha por el rechazo de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, otra receta del FMI que el gobierno pretende volver a presentar y para lo cual necesita debilitar al movimiento sindical en su conjunto, atacando principalmente a la vanguardia.

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Para lograr el objetivo, la prensa burguesa ha iniciado una cruzada contra los trabajadores y para ello recurre a todo tipo de artimañas, desde tergiversaciones y manipulación de la información publicada, a los insultos y ofensas hacia los sindicalistas. Un ejemplo de ello es el titular de ABC Color del viernes 31 de enero donde se aseguraba que los beneficios extras de los funcionarios de la ANDE de los últimos 5 años costaron 1.136 millones de U$S, cuando en realidad la cifra sería nada menos que 5 veces menor es decir, de 227 millones de U$S sumando los últimos 5 años, y el porcentaje total del rubro de Servicios Personales que incluye salarios y beneficios es solo de alrededor de 14 % con respecto al presupuesto total de la ANDE, que es de alrededor de 1.400 millones de U$S, uno de los porcentajes más bajos comparados con otras empresas de las mismas características en la región.

Otro concepto que quieren instalar es que los trabajadores son un gasto, lo que nunca dicen es que son los trabajadores quienes con su trabajo producen no solo el valor de sus salarios y beneficios sino también las ganancias de las empresas.

En el caso de la ANDE, las ganancias producidas en el 2019 fueron de -586.887 millones de guaraníes, siendo el mayor aportante al fisco con 415.224 millones de guaraníes en el año, por impuestos directos e indirectos.

Incluso en los sectores del Estado que no son económicamente productivos, los trabajadores realizan un trabajo necesario para la existencia y el funcionamiento del propio Estado y sus instituciones.

Tampoco es cierto lo que publican los medios con respecto a que el salario de los funcionarios públicos representan, con relación al Presupuesto General de la Nación (PGN), un 76 % o un 97 % cuando lo llaman gastos rígidos, sin mencionar que los gastos rígidos también incluyen la deuda pública, ya que tomando el monto total del PGN 2020, de aproximadamente 86,3 billones de guaraníes, los salarios representan en realidad un 22 % del total.

Todos estos hechos ponen de manifiesto que la orientación política del gobierno y los empresarios tiene como objetivo destruir los contratos colectivos del sector público y con ello a los sindicatos, para posteriormente seguir con la reforma jubilatoria y laboral que afectará al conjunto de la clase trabajadora.

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Los trabajadores del Estado son los que, a pesar de la poca inversión y la precarización, sostienen cotidianamente los servicios públicos. Los salarios y beneficios son generados por el trabajo y no son privilegios, sino derechos conquistados gracias a la lucha organizada.

El trabajo en el sector público fue históricamente utilizado como clientela electoral. Los que dañan la administración del Estado no son los trabajadores en su conjunto, sino aquellos políticos de turno que utilizan a las instituciones del Estado como botín y ubican allí a sus parientes y amigos.

No confiemos más en nuestros verdugos. El presidente de la República, Mario Abdo, está aplicando la política del ex presidente Cartes contra el funcionariado público. Confiemos en nuestra organización y fuerza de movilización y no en los partidos tradicionales que protegen los intereses de otros sectores menos el de los trabajadores.

No debemos dejar que nos dividan. Los trabajadores del sector público y del sector privado debemos estar unidos contra los verdaderos privilegiados que viven de nuestro sudor, que son los sectores empresariales.

O salimos a luchar para frenar esta política del gobierno o se cargarán sobre todos y terminaremos con el modelo chileno donde el aguinaldo es una opción para laspatronales, los contratos pueden hacerlos firmar con plazo de días- y donde la jubilación es una miseria manejada por la empresas privadas (AFP). A ejemplo del pueblo trabajador chileno debemos salir a las calles a movilizarnos contra este gobierno entreguista y hambreador.