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El gobierno ha decidido una primera flexibilización de la cuarentena desde este lunes 13 de abril con relación al sector de la construcción civil. Esta medida implica en los hechos un quasi levantamiento de la cuarentena atendiendo a la cantidad de mano de obra que moviliza el sector, así como al resto de la cadena productiva y de comercio que se moviliza con el mismo; hablamos de las cerámicas y olerías, empresas que proveen materiales de construcción, ferreterías y los comercios que dan alimentación a los trabajadores del rubro, conllevando además la regulación del transporte público para garantizar las actividades citadas.

Por PT-Paraguay

Por otra parte, la prolongación del plazo de cuarentena para el resto de la población, decretado por el Gobierno hasta el 19 de abril resultará insuficiente hasta tanto no se tenga la infraestructura hospitalaria relacionada con las UTI, suficientes respiradores, así como los insumos para la realización de los test para cuando la curva de contagios empiece su ascenso más pronunciado, que, a ciencia cierta, no se sabe con la precisión debida cuando sucedería, existen estimaciones que el pico empezaría a fines de mayo y se extendería hasta fines de junio aproximadamente.

Sería un completo desatino flexibilizar la cuarentena y exponer a miles de trabajadores a la exposición masiva que supondría la aglomeración desde el transporte público a los lugares de trabajo. El acatamiento de medidas de higiene sanitaria no alcanzaría para evitar el crecimiento de infecciones en el marco de una flexibilización que no considere tener la suficiente capacidad de respuesta desde lo sanitario, más aún teniendo en cuenta que por la estación del año que atravesamos las apariciones de enfermedades respiratorias son comunes.

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La otra cara de la crisis

El gobierno no responde al otro extremo que acarrea la crisis sanitaria, la crisis socioeconómica. Son miles de empleos los que se han perdido, miles de trabajadores suspendidos que no acceden aún al seguro de desempleo, a todo lo cual debe sumarse la ineficiencia para los subsidios a trabajadores informales como la previsión de alimentos de primera necesidad a las miles de familias en situación de vulnerabilidad.

A la ineficiencia de la gestión gubernativa para contener a la población más vulnerable hay que señalar que los montos y plazos establecidos por el gobierno para cubrir los efectos de la crisis son absolutamente insuficientes. Los montos establecidos para los programas “Ñangareko” e Pytyvõ son absolutamente insuficientes en materia de subsidios y lo mismo vale para el seguro de desempleo que alcanza apenas la mitad del salario mínimo. Estas tres formas de asistencia social, hasta ahora, sólo se tienen prevista la cobertura de 2 meses, es decir, dos desembolsos míseros.

Los programas de asistencia del gobierno como mínimo debieran garantizar el salario mínimo, el cual está a la fecha desajustado en un 30% en atención a los precios de la canasta básica familiar.

¿Dónde están los 1600 millones de dólares?

Por otra parte, del endeudamiento aprobado por el gobierno con la Ley de Emergencia se desconoce la cantidad ejecutada y los objetivos invertidos conforme a los destinos establecidos en dicha ley.

No es posible que a la fecha el reclamo de los trabajadores de la salud siga siendo la provisión de insumos básicos para la atención, no se conozca la cantidad de suministros adquiridos para la realización de los test, la cantidad de respiradores adquiridos, como la cantidad de personal de blanco contratado, etc.

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Además, lo más grave es que parte importante del empréstito será destinado al pago de vencimientos de parte de la deuda externa contraída en años anteriores. Es decir, ante tamaña crisis al gobierno no se le ocurre la inviabilidad de seguir pagando la deuda en las precarias condiciones financieras del país. La moratoria al pago es una medida mínima para intentar sobrellevar la crisis de la mejor manera posible. Pero para Benigno López sería una herejía plantear dicha propuesta a los acreedores usurarios internacionales.

Si el Estado sigue encontrando trabas del sector privado para garantizar la provisión de alimentos a los sectores más golpeados por el hambre debe proceder a la confiscación de productos alimenticios y de primera necesidad de los grandes supermercados y distribuidores para evitar el desborde y contagios masivos.

En síntesis, a como estamos hoy, no hay ninguna condición para flexibilizar la cuarentena hasta tanto no se obtengan los medios suficientes para parapetar suficientemente al sistema de salud así como para asistir a la población que ya no aguanta la incompetencia del gobierno para enfrentar la situación de hambre que viven miles de familias trabajadoras.