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Las penurias que sufren las comunidades indígenas como sector más oprimido del país tienen como responsable no solo a la omisión estatal en términos de ausencia de políticas, sino la silenciosa complicidad para favorecer el desplazamiento de comunidades o su exterminio, permitiendo así el avance del agronegocio. 

Por PT-Paraguay

Takuara’i en disputa

Desde el año pasado han saltado varias denuncias sobre la situación de la comunidad indígena Avá Guaraní del distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, que lucha contra el asedio de colonos brasileños por la ocupación de sus tierras ancestrales de las que la comunidad fue desalojada a balazos.

Las tierras en disputa, han pertenecido a la comunidad desde tiempo inmemorial. Las documentaciones y archivos, según fuentes recurridas por organizaciones de DD. HH., dan cuenta de que dichas tierras se hallaban registradas como parte del hábitat histórico de los Avá Guaraní, más allá que hoy estén tituladas a nombre de colonos brasileros, sin saber de qué manera se desafectaron tierras con carácter de reserva.

Los principales dirigentes de la comunidad cuentan con órdenes de captura, otros ya están imputados y los atropellos sufridos por la comunidad de parte de los capangas motivaron el abandono del lugar.

Los colonos brasileros, además de violentar a las comunidades y coaccionarlas, violan sin problema alguno los límites fronterizos al tener títulos sobre espacios que constituyen la franja fronteriza. El gobierno no ha hecho nada para salvaguardar la vida de las y los indígenas, vidas que, hay que decirlo claramente, les resultan sin ningún valor. Las autoridades tampoco  se han inmutado por la instalación de los colonos en los límites fronterizos.

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Desaparición forzosa de Isidoro Barrios  

En septiembre de 2018 se denunció la desaparición del joven indígena Isidoro Barrios (27), quien fuera ejecutado por los sicarios de los empresarios brasileños. Hasta la fecha, la fiscalía no ha aclarado nada sobre su desaparición, ni siquiera existen avances sobre la responsabilidad de los autores materiales como morales del hecho.

La investigación campea en la más absoluta desidia. Las amenazas y actos intimidatorios se siguen registrando en el lugar sin que ninguna autoridad haga absolutamente nada relevante para que cesen las actividades de la mafia sojera.

Desalojos y allanamientos selectivos

En enero pasado, técnicos del INDERT e INDI, acompañados por los líderes de la comunidad indígena, se constituyeron hasta el lugar para realizar la verificación y medición de las tierras de la comunidad en Takuara’i. La tarea consistiría en el georreferenciamiento del lugar. Los técnicos no pudieron ingresar al terreno porque el portón de acceso al lugar estaba candadeado y se encontraron con muros de tierra alrededor para evitar cualquier ingreso. Los funcionarios tuvieron que levantar las coordenadas realizando su trabajo en las inmediaciones del terreno.

Si se trataba de una ocupación de parte de la comunidad indígena a las tierras donde se encuentran los sojales ¿se hubieran limitado las autoridades a tomar datos del perímetro del lugar del conflicto en sus adyacencias o hubieran empleado todo el rigor de la fuerza amparado en sus leyes para desalojar a los y las ocupantes? Los antecedentes de ocupaciones campesinas e indígenas responden por sí solo el interrogante.

Ocupación en Plaza de Armas, desidia y asesinato

Todos los acontecimientos dramáticos que viven las comunidades indígenas ante la indolencia del gobierno motivó una serie de movilizaciones y acampe en plazas de Asunción; tanto frente al INDI, INDERT hasta llegar a la Plaza de Armas frente al Congreso.

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Cuando ya se cumplían 4 meses de las movilizaciones, en febrero pasado, en plena Plaza de Armas; entre el Congreso, el Cabildo y la Comandancia de la Policía, en un hecho poco claro, se produjo una riña con un grupo de jóvenes de la chacarita y los indígenas que acampaban en el lugar, Francisco López (28) hermano de Derlis López, líder de la comunidad indígena Takuara’i, cayó al suelo con una herida de fuego en el abdomen. Todo el aparato de la policía alrededor del lugar no respondió a lo que ocurría en sus narices, como tampoco les importó otorgar un mínimo de seguridad a las familias indígenas ya maltratadas por el propio Estado paraguayo.

Un gobierno cómplice 

El Gobierno paraguayo dispuso que la comunidad se traslade a Salto del Guairá donde otorgó 500 hectáreas de tierra para que puedan asentarse. La extensión no sólo es la mitad de las 1.000 hectáreas en las que vivían antes, pero a cientos de kilómetros de su hábitat ancestral, sino que ni siquiera existe un estudio de factibilidad para hacer temporal la mudanza mientras se recompone el lugar donde anteriormente estaban y siempre les perteneció.

El Gobierno ha dicho que es imposible recuperar aquellos campos porque ahora pertenecen a productores privados de soja, pese a que la comunidad denunció que sus tierras fueron adquiridas de forma irregular. Como último episodio de la insensibilidad del gobierno, fueron reprimidos -una vez más- por la policía en la manifestación llevada a cabo el 21 de marzo pasado frente al Congreso.

Es necesario seguir rodeando de solidaridad a las comunidades indígenas, buscar la unidad de acción entre distintas organizaciones políticas y de DD. HH. para visibilizar las denuncias y tener una política de exigencia hacia el gobierno que no puede seguir rehuyendo a su responsabilidad con meras políticas de asistencia ante la denegación estructural de derechos más elementales a los pueblos indígenas.

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