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El Estado es responsable de este hecho indignante.

El Estado paraguayo está sometiendo a tortura a una niña de 10 años, obligándola a continuar con un embarazo producto de un abuso, que además la pone en riesgo de muerte. El Estado paraguayo no solo fracasa en su obligación de ofrecer protección a la niñez, y en particular a las niñas, sino que es responsable y cómplice de la violencia de género y de la exclusión social que niega a las niñas su derecho a acceder a educación sexual, al cuidado, a la salud.

Según UNFPA, el 20% de los embarazos en Paraguay corresponden a adolescentes. Dos de los partos diarios registrados son de niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años. De las muertes maternas registradas, el 29% son muertes de adolescentes, siendo una de las principales causas el aborto.

Sabemos que existe sub registro, pero de igual manera las estadísticas, alarman. Por día, seis mujeres -niñas, adolescentes y adultas- han sufrido violencia en sus casas y la denunciaron. Al menos una de ellas ha sufrido abuso sexual o violación.

La Constitución Nacional no solo reconoce que la salud es un derecho, sino taxativamente en su Art. 54º, establece que el Estado tiene la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso , el tráfico y la explotación.

A pesar del pedido de la madre de la niña, hoy presa como chivo expiatorio de las culpas de un Estado negligente y ausente, y de organizaciones de derechos humanos que pidieron de manera urgente que el Estado garantice la provisión inmediata de toda la información sobre los posibles riesgos físicos y psicológicos del embarazo de la niña, así mismo contar con los servicios necesarios para salvaguardar la vida e integridad física y mental, a corto, mediano y largo plazos; esto no se ha dado.

Este caso trajo al debate público la necesidad de la legalización del aborto. La penalización del aborto no elimina la práctica, la hace clandestina, la hace invisible a los datos oficiales, lo que impide que el Estado se haga cargo de estas muertes como una cuestión de salud pública. El Estado debe garantizar las decisiones reproductivas de las mujeres, no forzarlas a seguir con embarazos no deseados.

La penalización del aborto es una estrategia más del Estado patriarcal, misógino y machista, que aunque asumiéndose laico, disfraza su incompetencia en una cuestión moralista y religiosa para no asumir la necesidad de una política pública orientada a la educación sexual de las niñas, niños y adolescentes, a garantizar su derecho al pleno acceso a la salud y que niega el derecho a la planificación familiar y el uso libre y responsable de métodos anticonceptivos. Bajo una hipócrita pretensión de ‘defensa de la vida’, que intenta imponer una visión particular de la sexualidad y de cómo vivirla.

En nuestro país el debate sobre el aborto es un debate de salud pública y un debate sobre derechos básicos de las mujeres, no sólo sobre su derecho a una vida sexual plena, a una sexualidad sin violencia y a una vida reproductiva libre y responsable, sino sobre su derecho a una vida digna.

Exigimos al Estado tomar las medidas urgentes para proteger la vida de la niña y su integridad física y psicológica, impidiendo todo sufrimiento evitable y atendiendo debidamente el interés superior de la niña. Asimismo, lo responsabilizamos de los inminentes daños que pudiera sufrir la niña, por la falta de pronta respuesta.

Por último, exigimos también la implementación de un plan nacional efectivo de educación sexual y distribución gratuita de anticonceptivos, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales.

DEJÉMONOS DE HIPOCRESÍAS

¡POR LA VIDA DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, EN CALIDAD Y DIGNIDAD! 

Educación sexual de parte del Estado para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir

PT – Comité Ejecutivo Nacional

Asunción, 18 de mayo de 2015

Obligar a una niña de 10 años a parir es tortura

El estado es responsable de este hecho indignante.

El Estado paraguayo está sometiendo a tortura a una niña de 10 años, obligándola a continuar con un embarazo producto de un abuso, que además la pone en riesgo de muerte. El Estado paraguayo no solo fracasa en su obligación de ofrecer protección a la niñez, y en particular a las niñas, sino que es responsable y cómplice de la violencia de género y de la exclusión social que niega a las niñas su derecho a acceder a educación sexual, al cuidado, a la salud.

Según UNFPA, el 20% de los embarazos en Paraguay corresponden a adolescentes. Dos de los partos diarios registrados son de niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años. De las muertes maternas registradas, el 29% son muertes de adolescentes, siendo una de las principales causas el aborto.

Sabemos que existe sub registro, pero de igual manera las estadísticas, alarman. Por día, seis mujeres -niñas, adolescentes y adultas- han sufrido violencia en sus casas y la denunciaron. Al menos una de ellas ha sufrido abuso sexual o violación.

La Constitución Nacional no solo reconoce que la salud es un derecho, sino taxativamente en su Art. 54º, establece que el Estado tiene la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso , el tráfico y la explotación.

A pesar del pedido de la madre de la niña, hoy presa como chivo expiatorio de las culpas de un Estado negligente y ausente, y de organizaciones de derechos humanos que pidieron de manera urgente que el Estado garantice la provisión inmediata de toda la información sobre los posibles riesgos físicos y psicológicos del embarazo de la niña, así mismo contar con los servicios necesarios para salvaguardar la vida e integridad física y mental, a corto, mediano y largo plazos; esto no se ha dado.

Este caso trajo al debate público la necesidad de la legalización del aborto. La penalización del aborto no elimina la práctica, la hace clandestina, la hace invisible a los datos oficiales, lo que impide que el Estado se haga cargo de estas muertes como una cuestión de salud pública. El Estado debe garantizar las decisiones reproductivas de las mujeres, no forzarlas a seguir con embarazos no deseados.

La penalización del aborto es una estrategia más del Estado patriarcal, misógino y machista, que aunque asumiéndose laico, disfraza su incompetencia en una cuestión moralista y religiosa para no asumir la necesidad de una política pública orientada a la educación sexual de las niñas, niños y adolescentes, a garantizar su derecho al pleno acceso a la salud y que niega el derecho a la planificación familiar y el uso libre y responsable de métodos anticonceptivos. Bajo una hipócrita pretensión de ‘defensa de la vida’, que intenta imponer una visión particular de la sexualidad y de cómo vivirla.

En nuestro país el debate sobre el aborto es un debate de salud pública y un debate sobre derechos básicos de las mujeres, no sólo sobre su derecho a una vida sexual plena, a una sexualidad sin violencia y a una vida reproductiva libre y responsable, sino sobre su derecho a una vida digna.

Exigimos al Estado tomar las medidas urgentes para proteger la vida de la niña y su integridad física y psicológica, impidiendo todo sufrimiento evitable y atendiendo debidamente el interés superior de la niña. Asimismo, lo responsabilizamos de los inminentes daños que pudiera sufrir la niña, por la falta de pronta respuesta.

Por último, exigimos también la implementación de un plan nacional efectivo de educación sexual y distribución gratuita de anticonceptivos, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales.

DEJÉMONOS DE HIPOCRESÍAS

¡POR LA VIDA DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, EN CALIDAD Y DIGNIDAD! 

Educación sexual de parte del Estado para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir

PT – Comité Ejecutivo Nacional

Asunción, 18 de mayo de 2015

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