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Este 19 de julio se conmemoró el 40 aniversario de la heroica gesta revolucionaria del pueblo de Nicaragua, aquel 19 de julio de 1979 la revolución armada y la movilización popular expulsó al dictador Anastasio Somoza Debayle y puso fin a una de las dictaduras más extensas y sanguinarias de la historia latinoamericana.

Por PT-Costa Rica

Este año los actos de conmemoración de la caída de la dictadura tuvieron como antecedente inmediato el proceso de lucha popular que se ha extendido desde abril del año anterior y que ha obligado al gobierno del FSLN mostrar su verdadero rostro dictatorial y represivo para poder sostenerse en el poder.

El gobierno organizó un acto público donde juntó a varios miles de personas, trajo en transportes pagados por el estado de todo el país hasta Managua, con la ya conocida obligatoriedad de los funcionarios públicos y sus familias de participar en las convocatorias del FSLN bajo pena de perder sus trabajos y recibir represalias.

Desde abril de 2018 la juventud y diversos sectores del pueblo de Nicaragua salieron a enfrentar la implementación de una serie de medidas neoliberales que venía aplicando el régimen del FSLN como parte de la receta que el FMI está destinando a los demás países de Centroamérica, esa lucha fue duramente reprimida lo que abrió un proceso de insurrección generalizada que trajo consecuencias muy profundas para la realidad nicaragüense.

Las acciones de lucha y resistencia se mantienen hasta la fecha, pero con el paso del tiempo, la ausencia de una fuerza política revolucionaria que logre organizar la lucha del pueblo contra el régimen de Daniel Ortega es notoria, mientras el dictador busca sostenerse en el poder a pesar de la crisis política y económica que atraviesa el país.

Durante los últimos meses la situación en Nicaragua ha sido marcada por un proceso de fortalecimiento de la dictadura, producto de la represión de toda una generación de luchadores en todo el país y de los acuerdos que ha tomado con las cúpulas empresariales.

El panorama político resiente ha estado marcado por la ruptura total del diálogo entre la dictadura, la Iglesia Católica y un grupo de empresarios y otros actores denominado “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” que se autodenominó representante del pueblo en lucha, que se mantuvo en negociaciones en los primeros meses del año.

Ese diálogo tenía como principal tarea contener el ascenso de la lucha del pueblo y generar algún tipo de acuerdo para estabilizar el régimen apostando a unas elecciones adelantadas que el dictador se negó a aceptar, tal como señaló Ortega en el discurso del acto 19 de Julio, las elecciones serán hasta que termine su mandato en 2021, y el diálogo se ha cerrado completamente.

Recientemente han ocurrido dos acontecimientos políticos importantes, por un lado, la liberación de la mayoría de los presos políticos que tenía en sus manos la dictadura, pero además la promulgación de una Ley del perdón, que marca una nueva etapa en la lucha y que debe ser analizada detenidamente, sumado a la profunda crisis económica que está viviendo el país.

Hay que celebrar la liberación de las presas y presos políticos, una victoria del pueblo y no del “diálogo”

Durante la madrugada del pasado 11 de junio, un grupo de 56 presas y presos políticos fueron liberados.

El proceso de liberación de presos inició en febrero y para junio ya habían sido liberados más de 650 activistas, pero el último grupo liberado fue el más significativo ya que contenía varias de las caras más reconocidas del proceso de lucha.

Entre los presos liberados están personajes como los dirigentes campesinos anti canal Medardo Mairena y Pedro Mena, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineada del Canal 100% Noticias, además de varios dirigentes estudiantiles como Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Yubrank Suazo, Byron Corea y Kevin Espinoza. La mayoría de estos dirigentes estaban siendo acusados por diversos cargos como terrorismo u homicidio, algunos ya incluso habían sido condenados a cientos de años de cárcel en procesos judiciales parcializados.

La liberación de presos políticos se ha mostrado como parte de los acuerdos que se habían tomado entre la Dictadura y la “Alianza” durante el llamado “Diálogo Nacional”, pero la realidad es que a todas luces mantener a ese grupo de dirigentes y periodistas encarcelados era una situación insostenible para la dictadura, desde finales del año pasado el centro de las movilizaciones internas y la presión internacional estaban basadas en la exigencia de libertad de los presos.

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La libertad de los presos políticos es una victoria de la movilización popular, la organización de las madres y sobre todo la resistencia de los presos, quienes mantuvieron una moral alta en todo momento, realizaron diversas acciones de denuncia y combate contra todas las formas de violencia y tortura de la que fueron víctimas.

Aun así, diversos organismos de derechos humanos, los comités de presos políticos y organizaciones populares denuncian que aún quedan más de 80 personas detenidas en la cárcel “La Modelo” y de los cuales no se tiene noticias.

F.S.L.N. aprueba Ley para perdonar crímenes de su Dictadura

El pasado 10 de junio entró en vigencia la llamada “Ley de Amnistía”, que fue diseñada y aprobada por la mayoría absoluta de diputados Orteguistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Con un plausible esfuerzo de síntesis, la Ley N◦ 996 en solo 4 artículos crea las reglas para una amnistía que está a la medida de los verdugos de la dictadura y que impone un mecanismo de control para la dirigencia del movimiento popular que mantuvo encarcelada por varios meses.

Según los diputados sandinistas, la Ley indica que “es voluntad del Estado la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz, y el mejoramiento de las condiciones económicas», el artículo 1 crea una «amplia amnistía para todas las personas que han participado en los sucesos acontecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley”.

Según ese primer artículo; “La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de las sentencias».

Con esto se declara la impunidad para los policías, miembros del ejército y paramilitares, que persiguieron a los luchadores en todo el país, queda impune la tortura de los presos políticos, los altos mandos de la policía que entraron en guerra contra el pueblo, los jueces y fiscales parcializados que condenaron sin pruebas a los luchadores, y así todo el montaje de represión que nunca fue investigada por tales hechos a pesar de estar ampliamente documentados.

Los únicos que fueron encarcelados, investigados y sentenciados, fueron los cientos de dirigentes que permanecieron en la cárcel, acusados de múltiples delitos, y sufriendo crueles torturas ejecutadas por profesionales cubanos y venezolanos.

El artículo 2 de la ley, habla de que “la amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos”. Con eso quedarían en el olvido los delitos que se acusan a los detentadores del poder, que incluso han sido catalogados por la CIDH como delitos de lesa humanidad.

El artículo 3 se refiere a la «No repetición» señalando que «las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados».

Los culpables que nunca fueron investigados quedan impunes, mientras a los inocentes que sufrieron la cárcel y la tortura, quedan en un tipo de libertad condicional y régimen de “buena conducta” que le obliga a dejar la lucha contra la dictadura, so pena de volver a incurrir en los “delitos políticos” contra el régimen de los que ya se les ha acusado, como los delitos “contra la seguridad común y tranquilidad pública” por participar en manifestaciones.

El artículo 4 y final, habla de la entrada en vigencia de la ley a partir de la publicación el 10 de junio.

Con esa Ley, la dictadura pretende mostrarse ante el mundo como un régimen benevolente, cuando en realidad está buscando enterrar un año entero de muerte y violencia contra el pueblo de Nicaragua, que habría dejado cerca de 594 muertos y decenas de miles de desplazados políticos que debieron abandonar el país, en un número cercano a los 70 mil.

Un mes después de puesta en vigencia la amnistía las redes sociales muestran como el uso de sicarios paramilitares para el ajusticiamiento de estudiantes, campesinos y diversos líderes es cosa de todos los días, así también se dan detenciones ilegales, secuestros y torturas de personas que hoy participan en actos contra la dictadura o participaron el año anterior.

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Ortega ataca a la clase trabajadora para atender la crisis económica que vive el país

Liberar los presos políticos y aprobar la Ley de Amnistía, es una movida del régimen para intentar liberar la presión política interna y externa, con el fin de avanzar en la estabilización de la economía que ha venido en descenso desde el inicio de la crisis política del año anterior.

Diversos medios internacionales han reproducido los informes de organismos financieros internacionales y de los mismos organismos nicaragüenses como el FUNIDES, que reflejan la peor crisis económica en Nicaragua desde los años 80’s, situación que pone en grave peligro la permanencia de Ortega en el poder.

Durante los últimos 10 años, Nicaragua era un modelo de crecimiento económico en la región, con crecimientos anuales de un 5%, pero durante 2018 y 2019 el ritmo más bien se ha desacelerado al punto de llegar a un decrecimiento de un −2%.

En los últimos meses se habrían perdido cerca de 170 mil empleos permanentes en el sector comercio, mientras que sectores como el turismo se han visto muy afectados, según la Cámara de Turismo de Nicaragua se calcula que el país ha dejado de recibir 600.000 visitantes extranjeros sumando pérdidas superiores a los 400 millones de dólares, reportando el cierre del 80% de los hoteles de pequeños propietarios.

La agencia internacional EFE dio a conocer un informe del Banco Central de Nicaragua a la Asamblea Nacional, donde se señala que durante el 2018 se redujeron varias actividades económicas, la construcción que perdió un 15% y el comercio un 11%, además de un decrecimiento del 14% en las importaciones y casi un 3% de las exportaciones, generando pérdidas hasta de $1255 millones.

Otro de los elementos que está manejando la dictadura, es que se disparó el endeudamiento público, que pasó a representar un 53% en relación al PIB, situación que hace pocos años no representaba problema alguno para Nicaragua que mantenía niveles de deuda prácticamente inexistentes.

Para buscar salir de esa crisis fiscal, el gobierno de Ortega impulsó la receta del FMI que consistió en una reforma fiscal que entró en vigencia a inicios de marzo cuando la Asamblea Nacional aprobó la llamada “Reforma a la Ley de Concertación Tributaria”, que modificó la carga tributaria con la imposición del IVA de un 15% para la mayoría de productos de consumo popular e insumos agrícolas, lo que significó un duro golpe para la economía de las familias nicaragüenses.

Esa reforma también aumentó el impuesto del 1% a las ganancias del sector industrial, uno de los más bajos del mundo, por un 2% o 3%. Con ese aumento de impuestos el gobierno señaló que esperan recaudar más de $300 anuales para intentar pagar la deuda.

La crisis económica podría quitarle el apoyo del empresariado a la Dictadura de Ortega, que durante los últimos años les había garantizado altos niveles de crecimiento económico, así como múltiples garantías de libre comercio y exenciones fiscales.

A esto se suma, el peligro de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que afectarían los intereses económicos de la familia Ortega Murillo y la cúpula Sandinista por medio de la implementación de la “Nica Act”, que en la práctica no ha sido implementada por el congreso estadounidense a pesar de amenazar con eso desde hace años.

A pesar de que el FSLN está en el poder desde hace 13 años, la pobreza en Nicaragua no ha dejado de aumentar, según los datos actuales un 32% de las familias nicaragüenses estarían en la pobreza lo que significa que cerca de 2 millones de personas viven con 1.7 dólares al día, situación que empuja a la migración a miles de trabajadores y campesinos hacia Costa Rica y otros países de la región.

Adelantar las elecciones no es la salida

Desde el inicio del proceso de lucha contra la dictadura, diversos sectores del empresariado, la embajada de Estados Unidos y la OEA han empujado como principal salida a la crisis la necesidad de adelantar las elecciones que están previstas para el año 2021, año que se cumpliría el quinquenio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La política de adelantar las elecciones no ha sido aceptada por Ortega, pero si ha sido colocada como principal elemento de discusión política por las cúpulas que se han colocado como “representantes del pueblo”, quienes llaman a las masas movilizadas a pensar en las elecciones como la salida a todos los males que agobian al pueblo.

El problema principal, es que adelantar las elecciones con la Dictadura ocupando todos los poderes del Estado y las fuerzas armadas, no garantizaría ningún tipo de transparencia, y muy posiblemente el FSLN volvería a ganar las elecciones con fraude y violencia, como lo ha garantizado en las últimas 3 elecciones.

La salida sigue siendo la independencia y unidad para luchar contra la dictadura. Es necesario un partido socialista y revolucionario.

Después de un año de lucha permanente, la debilidad económica y política de la familia Ortega Murillo es más que evidente, pero el pueblo de Nicaragua no ha logrado crear las organizaciones que tenga el peso suficiente para guiar el proceso de lucha hacia la victoria final sobre la dictadura.

En la nueva etapa de la lucha con los dirigentes de nuevo en las calles, la tarea principal del pueblo de nicaragua es profundizar la lucha para sacar al Dictador por medio de la huelga general y la movilización de todos los sectores, pero manteniendo completa independencia de los sectores empresariales, que hasta el momento han demostrado que su único interés es que no haya huelgas, tranques, ni paralizaciones para poder seguir comerciando sus mercancías y mantener sus niveles de ganancias.

Desde al año anterior, los militantes de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT−CI), y en particular los militantes nicaragüenses de nuestra organización hemos estado haciendo un llamado por la construcción de un partido socialista y revolucionario en Nicaragua, como única herramienta capaz de dotar de un programa político adecuado para no solo guiar la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega si no también de posicionar al pueblo de Nicaragua en la lucha contra los ricos, empresarios y terratenientes que aún después de caída de la dictadura seguirán explotando y apropiándose de las riquezas de todo el pueblo.

Esa tarea se debe realizar con independencia de las cámaras empresariales y políticos oportunistas, que no quieren que los obreros paren las fábricas y los barrios siguan sosteniendo métodos de lucha callejera y las grandes marchas campesinas, que son las que pueden tumbar la dictadura, como se demostró en el pasado.

Hoy una de las tareas principales para los cientos y miles de estudiantes, trabajadores y campesinos probados en las luchas de los meses anteriores contra la nueva dictadura, es sacar las mejores lecciones del proceso de lucha revolucionaria que hace 40 años logró derrotar vieja dictadura en ese país, y para eso ponemos a disposición todo el acerbo de análisis y experiencia de nuestra corrientes política internacional que en aquel 1979 de victoria, también estuvo en primera línea en la lucha contra Somoza con la Brigada Internacionalista Simón Bolívar.